Sanciones de Garré provocan malestar
Dicen que el sistema de contrataciones del Estado es malo y se preguntan por qué se apunta sólo al Ejército.
Carlos Paillet
De nuestra Redacción
Aunque se muerden los labios por no hablar en público, no son pocos los cuadros superiores del Ejército que han quedado con la sangre en el ojo por las sanciones que aplicó la ministra de Defensa, Nilda Garré, contra algo más de 40 oficiales del arma, entre los que se cuentan cuatro generales.
En esa seguidilla de descabezamientos, dispuestos en dos tandas, fue pasado a disponibilidad el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, con sede en la ciudad de Córdoba, general de brigada Gustavo Schurlein.
Pero el malestar excede esas cuestiones por presuntos casos de corrupción en los cuarteles que investiga la Justicia Federal.
Según fuentes militares de Córdoba –una de ellas en actividad– que accedieron a dialogar con La Voz del Interior bajo total reserva de sus nombres, la inquietud abarca otras cuestiones, más allá de las referidas sanciones. A saber:
Desmesurados porcentajes “en negro” en la liquidación de los salarios castrenses, lo que afecta de manera directa a los retirados y jubilados.
Falta de una política de Estado para la defensa, que en materia de renovación armamentista ubica a la Argentina a la cola de otros países de la región, como el cercano Chile.
Escasa atención presupuestaria para los soldados voluntarios, que una vez instruidos en los cuarteles optan por ingresar a la Policía de la Provincia de Córdoba, con sueldos que triplican a los que perciben en el Ejército.
Malestar por la difusión pública que hizo el Ministerio de Defensa de la nómina de 44 militares pasados a disponibilidad por presuntos casos de corrupción, antes de que fueran notificados los propios involucrados.
El caso Schurlein. Schurlein fue incluido en la segunda tanda de sanciones que ordenó la ministra Garré, en el marco del escándalo por supuestas anomalías en las compras y en contrataciones de proveedores del Ejército. La primera nómina se había conocido el 8 de agosto, cuando Garré elevó una denuncia a la Justicia, que hoy tramita el juez federal porteño Adolfo Canicoba Corral.
“Schurlein se enteró por la página web del Ministerio de Defensa (un sitio que es de acceso público) sobre su pase a disponibilidad, pero fue notificado de manera oficial 10 días después de que su nombre apareciera en los diarios como un corrupto”, relató la fuente.
Además, confirmó que el ahora ex jefe del Tercer Cuerpo mantuvo un “entredicho” con Garré durante una reunión de la ministra con altos mandos. Schurlein habría dicho que el sistema de contrataciones del Estado es malo en general y que se presta a maniobras para eludir controles, lo que fastidió a Garré.
En ese escenario, el malestar radicaría, además, en que se cargaron las sospechas “sólo sobre el Ejército” y no se investigó, por caso, a otras fuerzas, como la Aeronáutica, la Armada o Gendarmería Nacional.
Además de Schurlein, en el Tercer Cuerpo de Ejército fueron separados de sus cargos, por la misma causa, los coroneles Horacio Mones Ruiz, Ángel Saverio Lapillo y Adrián Ricardo Cortés, y dos tenientes coroneles.
“El sistema de contrataciones del Estado, de acuerdo al decreto 515 (del Ministerio de Economía de la Nación) es malo para toda la administración pública, no sólo para el Ejército”, evaluó el militar que habló con este diario.
Sueldos informales. Otro capítulo que mereció críticas es la situación de irregularidad en la liquidación de los haberes de los militares. “Yo cobro 350 pesos de jubilación y no recibimos una mejora desde el gobierno de (Raúl) Alfonsín”, comentó, con el recibo de haberes en mano, un jubilado con el grado de sargento primero.
El subalterno que dialogó con este diario no es Roberto Zapatelli, quien motorizó una protesta por el mismo tema frente al Tercer Cuerpo, en camino a La Calera.
Una de las fuentes consultadas dijo al respecto, que los militares cobran “65 por ciento” de sus salarios “en negro”, una situación impensada tratándose de dependientes del propio Estado nacional.
El rubro soldados voluntarios que se enrolan en la Policía en busca de mejores remuneraciones (un tema que fue motivo de un artículo de este diario tiempo atrás) también ha sido puesto en la lista de preocupaciones de los miembros del Ejército.
Pruebas al canto: “Un soldado voluntario cobra 1.100 pesos por mes y en la Policía llegan a cobrar 3.200 pesos. Se instruyen acá y se van”, graficó el vocero.
Fuente: La Voz de Interior
