Esquel. Ejercicios militares en campo de ex Coronel que fue pasado a disponibilidad por hechos de corrupción
El pasado fin de semana fuerzas del Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” con asiento en la ciudad de Esquel, realizaron ejercicios militares en cercanías de la ciudad, pernoctando una noche en un campo en la zona de alto Río Percy, cuyo propietario es un ex Coronel del Ejercito Argentino que fue pasado a disponibilidad por la Ministra de Defensa Nilda Garre en el año 2008, por haber sido denunciado por asociación ilícita y malversación de caudales públicos dentro de la fuerza militar.
Se trata del ex Coronel Néstor Hugo Korbs, quien fue pasado a disponibilidad acusado de asociación ilícita y malversación, además de vender destinos y ascensos.
Según la denuncia el coronel Néstor Hugo Korbs que dependía del Batallón de Intendencia, en connivencia con otros militares vendería destinos y ascensos por tarifas que iban de 2000 a 20.000 dólares. La denuncia sugiere que actuaba autorizado por el entonces jefe del Ejército Roberto Bendini– y lo señalaba como propietario de casas y campos en Esquel, inversiones en Bariloche, plazos fijos dentro y fuera del país y numerosos viajes. En Defensa registran más de cincuenta viajes de Korbs al exterior en siete años.
“Una estructura para delinquir”
El fiscal Eduardo Taiano solicitó al juez que llame a declarar como sospechosos a los involucrados en la denuncia por asociación ilícita y malversación que hizo la ministra Nilda Garré. También propuso estudiar cuentas bancarias.
El documento del fiscal afirma que la auditoría presentada por la ministra Garré “daría cuenta de la existencia de una estructura destinada a delinquir que operaría dentro del Ejército Argentino”.
El fiscal federal Eduardo Taiano pidió la indagatoria de 30 militares y 71 civiles sospechosos de haber participado en al menos 25 contrataciones del Ejército plagadas de maniobras fraudulentas destinadas a “favorecer a determinadas empresas” y “defraudar al Estado”.
La fiscalía sostiene que los elementos recolectados por esa cartera ya permiten suponer que los imputados participaron en varios delitos: asociación ilícita, administración fraudulenta, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y falsedad ideológica.
Entre los militares con pedido de indagatoria hay cuatro generales, siete coroneles, cinco tenientes coroneles, dos sargentos, cuatro mayores, dos capitanes, cinco suboficiales y un teniente primero. Todos fueron pasados a disponibilidad a partir de la denuncia judicial de Defensa. Entre ellos figura el general Héctor Mario Giralda, que era director de Asuntos Históricos; el coronel Andrés Andreotti, jefe del Batallón de Intendencia 601, y el ex comandante de Operaciones Terrestres Raúl Horacio Gallardo. La investigación también compromete a altos jefes, como Mario Fernando Troncoso, director de Personal del Estado Mayor, y al director de Logística y Material, Jorge Eduardo Gómez.
El documento de la fiscalía propone un listado de diecisiete medidas de prueba complementarias para la pesquisa. Una de ellas es el estudio de las cuentas bancarias de los funcionarios y de los proveedores implicados, quiénes están autorizados a operarlas y los movimientos que tuvieron durante 2007, el año en que fueron cometidas las irregularidades detectadas. También sugiere pedir datos a la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) para analizar a los proveedores, ya que se presume que algunas de las firmas serían empresas fantasma utilizadas como pantalla de operaciones ilegítimas y pagos desviados. En los 25 contratos analizados (algunos directos y otros con licitación) se detectaron “mecanismos similares” y la participación de las mismas personas. Las irregularidades que se repiten son desdoblamientos de contrataciones para que figure un monto menor y evitar controles (por ejemplo, de la Sindicatura General); falsificaciones de firmas; adulteraciones de documentos; adjudicaciones a oferentes con dudosa situación fiscal y sin experiencia en los rubros adquiridos; adjudicaciones a proveedores vinculados entre sí y/o ligados a los funcionarios intervinientes.
A través de datos de la AFIP, la ANSeS y la ONC se detectó que distintas sociedades (invitadas a concursar o contratadas) compartían domicilio, casilla de e-mail y teléfonos. A su vez, se identificó las coincidencias entre los domicilios de una decena de militares y varios proveedores. A eso suma que en numerosos casos se invitaba a cotizar y/o se adjudicaron contratos a algunas empresas en rubros bien distintos de su especialidad. Una proveedora de librería y papelería cotizó para mantenimiento y reparaciones; otra de ferretería, electricidad y telefonía cotizó para la provisión de cuero para calzado; una de vigilancia y seguridad también se postuló para la adquisición de cuero; y sigue la lista.
La decisión de citar a los militares y civiles a indagatoria y convalidar las medidas que pidió la fiscalía queda ahora en manos del juez Canicoba Corral.
La columna vertebral del escrito del fiscal intenta demostrar que dentro de las filas del Ejército había una asociación ilícita dedicada a armar y digitar licitaciones.
Se trata de lo que podría ser el mayor hecho de corrupción cometido dentro del Ejército desde el retorno a la democracia.
Según el requerimiento del fiscal, se indica que Korbs “fijaría una tarifa de 10 mil dólares para el ascenso a coronel” y que tendría montada “una operatoria que reside en vender los destinos por valor de 2 mil a 20 mil dólares, siendo los más onerosos aquellos que tienen un Servicio de Administración Financiera (SAF) importantes, cuyo costo variaría según las partidas asignadas a cada repartición. Estos puestos serían ocupados por tenientes coroneles como jefes del SAF y/o auxiliar, que se encuentran en la segunda fracción (elegidos por Korbs), es decir, a dos años del ascenso a coroneles”.
Con ello, Korbs “se aseguraría una renta mensual y al cabo de dos años se haría de cifras millonarias”, se lee en el requerimiento.
La investigación señala que “en ese sistema de corrupción estarían involucrados los jefes de SAF y también comandantes de Brigada, comandantes de Cuerpo, directores, jefes. Y aquel que no cumple es amenazado y “verdugueado” por Korbs hasta que le paguen el canon, para luego compartir las ganancias con Bendini.
Fuentes: Noticias de Esquel
http://noticiasdeesquel.wordpress.com
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-111092-2008-09-06.html