Perspectivas industriales del área Defensa en Argentina (II)
19/03/2013
(x.com) Gustavo E. Andrés Saralegui*, Buenos Aires - El costo de oportunidad de una elección define el intercambio y éste la necesidad de un mercado. La oferta que producen las industrias argentinas de defensa es igual a la cantidad demandada por el Estado pero no por el mercado, por tanto el precio del producto no responde a un criterio de producción que maximice beneficios o al análisis marginal de producto. Es un valor sostén para hacer viable la producción frente a la competencia.
El conglomerado de estas industrias en Argentina se comporta como un monopolio, donde no hay sustitutos cercanos a esa producción y están protegidas por licencias gubernamentales (barreras legales). Frente a ese monopolio hay un monopsonio, el mismo Estado, que es el único comprador de la producción. En esta situación el precio no es función de oferta y demanda sino de una negociación, la cual puede hacer ineficiente el importe del producto frente a la oferta internacional. El caso más cercano es la reparación del rompehielos 'Alte. Irizar'.
El grupo STX Europe cotizó en 2008 la reforma en 97 millones de euros y determinó un plazo de 30 meses para ejecutar la obra. Tandanor fue quien finalmente se adjudicó la obra con un presupuesto dividido en cuatro alícuotas anuales y consecutivas de 82 millones de pesos cada una equivalentes a cerca de 80 millones de dólares. Mientras el Gobierno no giró fondos, el astillero no pudo avanzar y quedó demostrando que la sociedad no tiene capital de giro propio. A la fecha los Presupuestos Nacionales desde el año 2009 a 2013, acumulan previsiones equivalentes a 132 millones de dólares para este ítem y el buque aún no está entregado a la Armada Argentina.
En el mundo, las compañías de Defensa constituyen un oligopolio, donde las cantidades vendidas dependen del propio monto y de los precios y cantidades vendidas por otras empresas. Respecto al comercio internacional hay dos argumentos a contemplar para la protección de la industria nacional. La industria naciente y el desarrollo tecnológico propio como estrategia de independencia tecnológica. En relación al primer aspecto, sería más eficiente un subsidio a las empresas financiado vía impuestos, como en el caso de Brasil y no con protección de la competencia del exterior. Los mercados son eficientes porque dirigen los recursos hacia donde más se valoran, pero una empresa puede ser aún más eficiente, si presenta costos de transacción más bajos y economías de escala y alcance. Además el monopolio protege la I&D ya que ninguna otra empresa puede producir el desarrollo logrado por la innovación.
Considerados estos aspectos para encuadrar la situación y observando algunos importantes planes de investigación y desarrollo se puede evaluar el comportamiento que podrían tener si son industrializados.
i. Programa de submarinos.
Fue avalado por la promulgación de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) N° 768/1973, N° 956/1974 y N° 336/1978. En el marco de este esquema se realizó un contrato de ingeniería, procura y construcción con Nordseewerke Emden GmbH (NSWE) por seis unidades. El convenio disponía la manufactura integral en Argentina de cuatro de ellos. Actualmente hay en gradas dos cascos con el 50% y 30 % de avance respectivamente.
La obra está paralizada desde 1994, pero es factible continuar la ejecución. El coste de ambos submarinos en una configuración clásica (diesel eléctrica) pero actual, (v.g. baterías ion litio, contramedidas electrónicas, mejorar firma acústica, nuevos torpedos.) estaría en no menos de 200 a 300 millones de dólares.
El cronograma debería estimar dos años para la revisión del proyecto, otros cuatro para la ejecución y dos más para las pruebas de mar, o sea un período no inferior a 8 años entre la decisión de retomar el proyecto y la entrega. Este línea industrial es sumamente interesante, debido a que la patente es argentina y la clase TR 1700 es un diseño de submarino (SSK) oceánico con características especiales a pesar de estar concebido en la década del 70.
Continuar la serie implica la elaboración de cero de estas unidades y considerar al menos dos años más de la ingeniería de proyecto y calcular al menos un año más de la fase constructiva. También exige integrar las últimas innovaciones en propulsión y configuraciones de combate. Para incorporar el sistema Air Independent Propulsion (AIP) debe agregarse una celda de combustible (hidrógeno), para generar electricidad o el sistema diesel de ciclo cerrado (CCD) con depósito interno de oxigeno líquido.
El primero desarrollado por Siemens y Howaldtswerke Deutsche Werft (HDW) y el segundo por la ex NSWE actual Schaaf Industrie AG (SIAG). Se hace especial hincapié en estos desarrollos porque serían los competidores directos del sistema francés MESMA (Module d'Energie Sous-Marin Autonome) posiblemente adoptado por la industria naval brasilera. Este sistema es una turbina de vapor alimentada por la combustión de etanol y oxígeno líquido almacenado a presión.
Con el sistema AIP la performance en inmersión para patrullar, se incrementaría cinco veces al pasar de 3 días sin snorkel a 14 días a la velocidad de 8 nudos. Sus competidores directos serían la clase S -80 de España y Scorpéne de Francia. Los españoles si bien utilizan una celda de combustible con membrana, el hidrogeno catalizado para generar energía eléctrica proviene del reformado de etanol almacenado.
Para los sistemas integrales de combate se necesitara la colaboración de empresas proveedoras renombradas como las americanas Raytheon, Lockheed o la alemana Atlas Electronics. Estos navíos deben contar con la posibilidad de disparar misiles anti buque (SSM) y silos verticales para el lanzamiento de misiles crucero. Esta configuración propia del S-80 y Scorpéne definiría un presupuesto por unidad no inferior a 450 millones de dólares.
La fabricación de la serie TR 1700 no puede ser viable sin pensar en un socio comercial (business partner), un fabricante con amplia experiencia en submarinos y socios externos menores que provean los sistemas y equipos inherentes al desarrollo. El CINAR sería el constructor del casco e integrador de tecnologías propias y ajenas.
ii. Producción de los Patrulleros Oceánicos Multipropósito (OPV)
Este plan surge de la concepción de un proyecto binacional, surgido inicialmente en Chile, para el desarrollo de un Patrullero Marítimo Regional que cumpliera los requerimientos de la Armada Argentina (ARA) y Chilena. La idea fue la adopción de un mismo diseño en cuanto a propulsión y navegación. En el 2005 se seleccionó el diseño OPV 80, ingeniería de proyecto de Fassmer GmbH, Berne, Alemania. En el inicio se preveía una serie de 5 unidades, con un costo básico de 25 millones de dólares por navío. En Latino América está muy difundida esta clase de patrulleros oceánicos de diseño “stealth”.
Colombia construye el segundo OPV de Fassmer, mientras Chile tiene dos en servicio y sus planes son construir bajo licencia cinco más. Brasil ha adquirido a BAE Systems tres de la clase Port Of Spain y calcula construir cinco. Venezuela adquirió a los españoles de Navantia cuatro, llamados buques de acción marítima (BAM). México es un especialista en este tipo de navío, y sus diseños más actuales son la clase Sierra (3 unidades) y Durango (4 unidades) construidas por cuenta y orden de la Secretaría de Marina. Si bien la construcción de los mismos resulta imprescindible, no aparece como una idea industrial con un gran potencial de producción.
iii. Nuevo proyecto aeronáutico
El proyecto IA 73 de FAdeA corresponde a un entrenador básico, cuyo prototipo demandaría una inversión cercana a los 12 millones de dólares. Actualmente los competidores son el Embraer 312 Tucano, con cerca de 30 años de vida activa y más de 500 aviones producidos. Entre los usuarios se destacan Brasil, Francia y Egipto con 100, 50 y 50 unidades respectivamente y en América, Argentina, Colombia, Venezuela y Perú utilizando entre 25 y 40 unidades. Estos países serían los potenciales clientes del futuro avión argentino.
Otro oponente es el Beechcraft T- 6 Texan II utilizado por la USAF, US Navy y USMC además de Alemania y Canadá. Supera las 400 unidades operativas. También es un contrincante con aproximadamente 140 unidades vendidas el ENAER T-35 Pillán, operado actualmente por España (40 unidades), Chile (33 unid.) y El Salvador, Ecuador, Guatemala, Panamá, Rep. Dominicana y Paraguay en número no superior a la docena. EADS realiza su comercialización para otras regiones. Es un mercado atractivo para introducir una propuesta técnica nueva y si Argentina logra unificar criterios en la UNASUR, la misma sería un vehículo propicio para fidelizar potenciales clientes.
El marco regulatorio actual en cuanto a incentivos para las industrias del sector a fin de estimular la colaboración de empresas extranjeras y la radicación de una filial, es el siguiente: El Decreto Nº 1026/2012 para bienes de capital establece un arancel del 2% para las importaciones extra MERCOSUR. Otro incentivo son los Decretos 493, 496, 615, 733 y 959/2001 que articulan la reducción del impuesto al valor agregado (IVA) del 21% a la mitad 10,5%. Asimismo la normativa comprendida por la Ley N° 22.415/1995, Decreto N° 1001/1982 y Disposición de la Dirección General de Aduanas (DGA) N° 34/1998 y el Decreto N° 142/2010 describen la importación temporal de bienes de capital con exención impositiva por un tiempo máximo de tres años, renovable por un período similar.
Entre los incentivos a la radicación de factorías en el territorio nacional, las provincias presentan exenciones a los impuestos provinciales (II.BB) por un determinado tiempo, reducción de tarifas de servicios públicos y facilidad de compra de terrenos fiscales. La Ley N° 24.331/1994 referida a Zonas francas, de las cuales hay once en el país facilita que las mercaderías que ingresan y egresan a la Zona Franca no están sometidas al control aduanero, ni gravadas con el pago de tributos (salvo de servicios).
Existe también un conjunto de normativas para la promoción de exportaciones integradas por los Decretos N° 177/1985, 1012/1991 y 2182/1991, 313/2000 y Resoluciones N° 177/1991, 288/1995 y 1041/1999. Estas normas benefician al exportador con la restitución de los Derechos de Importación, la Tasa de Estadísticas y el Impuesto al Valor Agregado; que se han pagado por los insumos importados para la elaboración del producto exportable. Incluso existen reintegros, Decretos N° 1011/1991, 2275/1994 y 690/2002 hasta un 6% del valor final de productos exportables que hayan sufrido pago de tributos durante la manufactura.
Sin embargo, para el desarrollo de proyectos industriales en la Argentina se necesita además un clima previsible. Resulta imprescindible para un propósito como podría ser la construcción de submarinos donde se necesitan inversiones superiores a mil millones de dólares en un plazo superior a 10 años, saber para un socio extranjero que las reglas de juego al final del proceso constructivo son las mismas del inicio, aun considerando los imponderables que puedan surgir durante el desarrollo.
El estado argentino como consecuencia de la política nacional que diseño en el último decenio, se ha transformado en un empresario con activa participación en todas las áreas, pero ineficiente en la búsqueda de renta. El resultado probable es que jamás contará con los excedentes monetarios necesarios para financiar estos proyectos militares. La importante entrada de divisas al fisco durante estos años, secuela de los gravámenes a la valía de los “commodities” agrícolas y energéticos exportables, alentó la participación estatal en todo los niveles de la economía argentina. A partir del 2011 con un saldo de la balanza comercial negativo se aleja cada vez más la posibilidad de mantener este estado empresario.
El mundo se mueve por intereses, que se transforman en objetivos como resultado del efecto logrado. Solamente con recursos y capacidad, los objetivos devienen en esfuerzos materiales y no simbólicos.
Argentina debería solucionar su relación comercial con el mundo, cumpliendo las obligaciones soberanas que se comprometió a respetar. Así se podrá acceder de nuevo a los mercados de capital, imprescindibles para financiar el re equipamiento militar, que impulsa a las industrias del sector y son potenciales negocios de exportación.
De no ser así, los programas de I&D los cuales son solventados exclusivamente por el erario publico, difícilmente se transformen en proyectos de ingeniería y construcción rentables, que aseguren el desarrollo de las industrias de defensa en el país.
*Magister en Defensa Nacional. Escuela de Defensa Nacional de Argentina.
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