Viuda enjuicia al gobierno de Estados Unidos
Por: Proyecto Censurado
La viuda de una de las víctimas del 11-S, Ellen Mariani, rehusó una oferta gubernamental de un millón de dólares para renunciar a un juicio en el que acusa de traición a George W. Bush.
Esta es la novena historia periodística de los 25 temas más censurados por la gran prensa de Estados Unidos, de acuerdo al informe 2005 del ‘Proyecto Censurado’ de la Universidad Sonoma State de California, Estados Unidos.
La primer pregunta que se hizo la viuda fue: ¿A quién benefició el 11-S?
Ellen Mariani perdió a su marido, Louis Neil Mariani, el 11-S y rechazó una oferta del gobierno por un millón de dólares. Louis Neil Mariani fue uno de los pasajeros que murieron cuando el vuelo 175 de United Air Lines fue estrellado contra la Torre Sur del World Trade Center.
Ellen Mariani ha estudiado por casi dos años los hechos de ese día y está convencida de que la Casa Blanca "permitió intencionalmente que el 11-S sucediera" a fin de justificar su "guerra al terrorismo". Su abogado, Phillip Berg, ex comisionado de la Fiscalía General de Pennsylvania, acumuló en una corte federal de distrito un expediente de 62 páginas con cargos contra el presidente Bush y otros funcionarios, incluyendo a Dean Cheney, Donald Rumsfeld, Condoleeza Rice y John Ashcroft.
Afirma que éstos:
1) Tuvieron un conocimiento cabal y oportuno sobre el 11-S sin advertírselo al país ni procurar impedirlo;
2) Desde entonces han estado encubriendo la verdad sobre ese día;
3) Por lo tanto, incitaron al asesinato del marido de la demandante y violaron la Constitución y múltiples leyes de los Estados Unidos; y
4) La demandante acusa de conspiración punible, obstrucción a la justicia y muerte ilícita, invocando la ley Civil Racketeering, Influences, and Corrupt Organization (RICO Act, Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organización Corrupta) VER NOTA AL PIE DEL ARTICULO.
El abogado Berg convocó a ex empleados federales con gran conocimiento y experiencia en asuntos de inteligencia militar para que le proporcionaran las bases para fundamental los cargos formulados al amparo de "la ley RICO". Mariani intenta probar que los demandados se sujetaron a un "patrón de actividad criminal y de obstrucción a la justicia" violando la confianza y las leyes públicas de Estados Unidos y embarcando al país en una guerra sin fin contra el terror por objetivos personales y de lucro.
El juicio documenta detalladamente las advertencias de gobiernos extranjeros y de agentes del FBI sobre la inminencia del ataque; la ineficacia sin precedentes de la defensa aérea; la inexplicable media hora en que el comandante en jefe permaneció en una escuela primaria sabiendo que la nación estaba bajo mortal ataque enemigo; la invocación incesante de la seguridad nacional y de los llamados "privilegios del poder ejecutivo" para evadir los hechos; y la obstrucción de cualquier esfuerzo tendiente a que el desastre fuera investigado. Concluye que toda esa evidencia será utilizada en este caso para probar a través de testimonios que los demandados, sabiendo que los ataques le posibilitarían desencadenar una guerra internacional contra el terrorismo, no actuaron para impedirlos.
Berg cree que el demandado Bush bregará por suprimir la base misma del juicio, exigiendo un procedimiento estándar especial e invocando la seguridad nacional y los privilegios del Poder Ejecutivo.
Hace un año, el 26 de noviembre de 2003, Berg ofreció una rueda de prensa para ofrecer información completa de las implicancias de estos cargos. Sólo la cadena Fox News concurrió y grabó 40 minutos de video, pero la noticia jamás se transmitió. W. David Kubiak preguntó: "¿Qué es lo que se está comunicando?', cuando usted presenta cargos documentados de traición oficial en torno al desastre más grande de la seguridad nacional de la historia moderna, la prensa no muestra nada, no escucha, ni escribe".
Hoy, Kubiak agrega: "Tres mil muertes sin resolver, significativas evidencias de traición y un horizonte de guerra sin fin siguen siendo todavía temas de capital preocupación. El escenario de complicidad alegado en el juicio RICO, de Ellen Mariani, sigue siendo una señal más fuerte y creíble que la narrativa oficial del 11-S ofrecida a través de la TV.
La demanda presenta los hechos con tanta lógica que incluso la gente ordinaria puede entender su evidente concatenación con claridad, de modo de comenzar a hacer sus propios análisis. Por lo visto, ese es el peligro mortal del que los grandes medios huyen como de la peste.
La máxima presunción de la Comisión 11-S sobre "negligencia" e "incompetencia" presupone preguntas triviales sobre conocimiento previo o complicidad que la investigación no respondió. La comisión se debate forzadamente en formulaciones políticas, errores de comunicación, defectos de organización y una letanía trágica sobre deplorables errores burocráticos.
Al examinar esos mismos hechos del 11-S desde el punto de vista de un detective que pone su lupa sobre un crimen oscuro y sin resolver, emergen intríngulis preocupaciones más profundas. Las preguntas primarias se vuleven insistentes machacando acerca del motivo, la oportunidad y los medios:
¿Quién salió ganando con los ataques?
¿Quién tenía poder para incitarlos y permitirlos?
¿Quién preparó o incluso creó la ocasión para que ocurrieran?
El caso de Ellen es simple: fue la primera en preguntarse la pregunta obvia: ¿A quién benefició?
Su lectura de las mentiras y de las contradicciones de la historia oficial durante junio-septiembre 2004 hizo brotar en su cerebro la frase mágica: “¡Es un chantaje sin precedentes!".
Cualquier sheriff pudo haberse planteado la misma pregunta elemental y relacionarla con los importantes cambios experimentados en las leyes y el orden público.
Hoy comienza a aflorar otra verdad, a la luz de las revelaciones de este año de Paul O'Neill (ex secretario del Tesoro), Richard Clark (ex consejero antiterrorista), Sibel Edmonds (ex traductor del FBI) y la precoz conexión de Ellen con los puntos oscuros. Hasta el momento, esos puntos parecen ajustarse a un patrón perfecto: las ansias -públicamente reconocidas- de los neoconservadores sedientos de guerra, la tesis (poco conocida, de los 'ideólogos' del Pentágono) que clamaron por "Un cierto acontecimiento catastrófico y catalizador como un nuevo Pearl Harbor", así como las innumerables advertencias que fueron ignoradas, las investigaciones que fueron reprimidas y la extraña parálisis de la defensa aérea.
Puesto que las acusaciones de Ellen no implican sólo la existencia de una conspiración criminal, sino, literalmente, de una traición, podría reestablecer rápidanente el debate sobre un 'impeachment' (acusación presidencial). Una encuesta nacional de ‘Retro’ -de abril 2004- demostró que el 39% del público apoyaba una acusación contra Bush sólo por haber mentido para obtener su guerra en Irak. Este aumento de la objeción popular fue notable pero difícilmente conduciría al 'impeachment' porque la acusación debería debatirse en la misma Cámara de Representantes que suscribió la guerra. Sin embargo, como la credibilidad de Bush siguió cayendo en las encuestas, sería más plausible que por lo menos unos pocos estuvieran dispuestos a criticar a sus líderes si estos perdieran las elecciones.
Hacia mayo de 2004 esas sospechas burbujeaban en los ámbitos contrarios a la guerra e inspiraron parcialmente las ruidosas demandas de la verdad sobre el 11-S de Ed Asner, Howard Zinn, el partido verde de EEUU, el teólogo David Ray Griffin y la agrupación de los desilusionados familiares de las víctimas. Estos llamados fueron reforzadas por algunos hechos sorprendentes. El ‘Toronto Star’ del 26 de mayo citó una encuesta nacional donde el 63% de los canadienses cree que el gobierno de EEUU tuvo "conocimiento previo sobre los planes para el 11-S y que no fue capaz de adoptar acciones apropiadas".
Para transformar esta nueva conciencia en acción, los líderes del movimiento vieron en "el juicio RICO" iniciado por Ellen Mariani una plataforma ideal. Encarnaba la promesa de alcanzar un "momento de enseñanza nacional" que permitiera visualizar cómo utilizó el crimen el monolítico complejo militar-petrolero-industrial. Finalmente, la acusación 11-S ofreció a los progresistas una posibilidad de energizar, con un arma letal contra Bush, la desvaída campaña de Kerry.
Todo este fermento, sin duda alguna, alcanzó algunas cumbres y golpeó las columnas de sostén de la mentira.
NOTA:
Respecto a la Ley RICO, Philip J. Berg -el abogado de Ellen Mariani-, aclara que el Congreso de los Estados Unidos creó la ley RICO en los años 60 para combatir a la mafia.
“El juicio RICO -afirma Berg- es el mejor vehículo disponible para sacar a la luz lo sucedido sobre el 11-S. Estuvimos impulsando el juico RICO durante seis meses, lo sacamos de Philadelphia y logramos que se traslade a la Corte Federal de Washington, D.C., de modo que los acontecimientos del 11-S podrán analizarse cuanto antes en la Corte”.
---- Fuente: Nueva Sión - www.nuevasion.com.ar ----
Saludos,
Por: Proyecto Censurado
La viuda de una de las víctimas del 11-S, Ellen Mariani, rehusó una oferta gubernamental de un millón de dólares para renunciar a un juicio en el que acusa de traición a George W. Bush.
Esta es la novena historia periodística de los 25 temas más censurados por la gran prensa de Estados Unidos, de acuerdo al informe 2005 del ‘Proyecto Censurado’ de la Universidad Sonoma State de California, Estados Unidos.
La primer pregunta que se hizo la viuda fue: ¿A quién benefició el 11-S?
Ellen Mariani perdió a su marido, Louis Neil Mariani, el 11-S y rechazó una oferta del gobierno por un millón de dólares. Louis Neil Mariani fue uno de los pasajeros que murieron cuando el vuelo 175 de United Air Lines fue estrellado contra la Torre Sur del World Trade Center.
Ellen Mariani ha estudiado por casi dos años los hechos de ese día y está convencida de que la Casa Blanca "permitió intencionalmente que el 11-S sucediera" a fin de justificar su "guerra al terrorismo". Su abogado, Phillip Berg, ex comisionado de la Fiscalía General de Pennsylvania, acumuló en una corte federal de distrito un expediente de 62 páginas con cargos contra el presidente Bush y otros funcionarios, incluyendo a Dean Cheney, Donald Rumsfeld, Condoleeza Rice y John Ashcroft.
Afirma que éstos:
1) Tuvieron un conocimiento cabal y oportuno sobre el 11-S sin advertírselo al país ni procurar impedirlo;
2) Desde entonces han estado encubriendo la verdad sobre ese día;
3) Por lo tanto, incitaron al asesinato del marido de la demandante y violaron la Constitución y múltiples leyes de los Estados Unidos; y
4) La demandante acusa de conspiración punible, obstrucción a la justicia y muerte ilícita, invocando la ley Civil Racketeering, Influences, and Corrupt Organization (RICO Act, Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organización Corrupta) VER NOTA AL PIE DEL ARTICULO.
El abogado Berg convocó a ex empleados federales con gran conocimiento y experiencia en asuntos de inteligencia militar para que le proporcionaran las bases para fundamental los cargos formulados al amparo de "la ley RICO". Mariani intenta probar que los demandados se sujetaron a un "patrón de actividad criminal y de obstrucción a la justicia" violando la confianza y las leyes públicas de Estados Unidos y embarcando al país en una guerra sin fin contra el terror por objetivos personales y de lucro.
El juicio documenta detalladamente las advertencias de gobiernos extranjeros y de agentes del FBI sobre la inminencia del ataque; la ineficacia sin precedentes de la defensa aérea; la inexplicable media hora en que el comandante en jefe permaneció en una escuela primaria sabiendo que la nación estaba bajo mortal ataque enemigo; la invocación incesante de la seguridad nacional y de los llamados "privilegios del poder ejecutivo" para evadir los hechos; y la obstrucción de cualquier esfuerzo tendiente a que el desastre fuera investigado. Concluye que toda esa evidencia será utilizada en este caso para probar a través de testimonios que los demandados, sabiendo que los ataques le posibilitarían desencadenar una guerra internacional contra el terrorismo, no actuaron para impedirlos.
Berg cree que el demandado Bush bregará por suprimir la base misma del juicio, exigiendo un procedimiento estándar especial e invocando la seguridad nacional y los privilegios del Poder Ejecutivo.
Hace un año, el 26 de noviembre de 2003, Berg ofreció una rueda de prensa para ofrecer información completa de las implicancias de estos cargos. Sólo la cadena Fox News concurrió y grabó 40 minutos de video, pero la noticia jamás se transmitió. W. David Kubiak preguntó: "¿Qué es lo que se está comunicando?', cuando usted presenta cargos documentados de traición oficial en torno al desastre más grande de la seguridad nacional de la historia moderna, la prensa no muestra nada, no escucha, ni escribe".
Hoy, Kubiak agrega: "Tres mil muertes sin resolver, significativas evidencias de traición y un horizonte de guerra sin fin siguen siendo todavía temas de capital preocupación. El escenario de complicidad alegado en el juicio RICO, de Ellen Mariani, sigue siendo una señal más fuerte y creíble que la narrativa oficial del 11-S ofrecida a través de la TV.
La demanda presenta los hechos con tanta lógica que incluso la gente ordinaria puede entender su evidente concatenación con claridad, de modo de comenzar a hacer sus propios análisis. Por lo visto, ese es el peligro mortal del que los grandes medios huyen como de la peste.
La máxima presunción de la Comisión 11-S sobre "negligencia" e "incompetencia" presupone preguntas triviales sobre conocimiento previo o complicidad que la investigación no respondió. La comisión se debate forzadamente en formulaciones políticas, errores de comunicación, defectos de organización y una letanía trágica sobre deplorables errores burocráticos.
Al examinar esos mismos hechos del 11-S desde el punto de vista de un detective que pone su lupa sobre un crimen oscuro y sin resolver, emergen intríngulis preocupaciones más profundas. Las preguntas primarias se vuleven insistentes machacando acerca del motivo, la oportunidad y los medios:
¿Quién salió ganando con los ataques?
¿Quién tenía poder para incitarlos y permitirlos?
¿Quién preparó o incluso creó la ocasión para que ocurrieran?
El caso de Ellen es simple: fue la primera en preguntarse la pregunta obvia: ¿A quién benefició?
Su lectura de las mentiras y de las contradicciones de la historia oficial durante junio-septiembre 2004 hizo brotar en su cerebro la frase mágica: “¡Es un chantaje sin precedentes!".
Cualquier sheriff pudo haberse planteado la misma pregunta elemental y relacionarla con los importantes cambios experimentados en las leyes y el orden público.
Hoy comienza a aflorar otra verdad, a la luz de las revelaciones de este año de Paul O'Neill (ex secretario del Tesoro), Richard Clark (ex consejero antiterrorista), Sibel Edmonds (ex traductor del FBI) y la precoz conexión de Ellen con los puntos oscuros. Hasta el momento, esos puntos parecen ajustarse a un patrón perfecto: las ansias -públicamente reconocidas- de los neoconservadores sedientos de guerra, la tesis (poco conocida, de los 'ideólogos' del Pentágono) que clamaron por "Un cierto acontecimiento catastrófico y catalizador como un nuevo Pearl Harbor", así como las innumerables advertencias que fueron ignoradas, las investigaciones que fueron reprimidas y la extraña parálisis de la defensa aérea.
Puesto que las acusaciones de Ellen no implican sólo la existencia de una conspiración criminal, sino, literalmente, de una traición, podría reestablecer rápidanente el debate sobre un 'impeachment' (acusación presidencial). Una encuesta nacional de ‘Retro’ -de abril 2004- demostró que el 39% del público apoyaba una acusación contra Bush sólo por haber mentido para obtener su guerra en Irak. Este aumento de la objeción popular fue notable pero difícilmente conduciría al 'impeachment' porque la acusación debería debatirse en la misma Cámara de Representantes que suscribió la guerra. Sin embargo, como la credibilidad de Bush siguió cayendo en las encuestas, sería más plausible que por lo menos unos pocos estuvieran dispuestos a criticar a sus líderes si estos perdieran las elecciones.
Hacia mayo de 2004 esas sospechas burbujeaban en los ámbitos contrarios a la guerra e inspiraron parcialmente las ruidosas demandas de la verdad sobre el 11-S de Ed Asner, Howard Zinn, el partido verde de EEUU, el teólogo David Ray Griffin y la agrupación de los desilusionados familiares de las víctimas. Estos llamados fueron reforzadas por algunos hechos sorprendentes. El ‘Toronto Star’ del 26 de mayo citó una encuesta nacional donde el 63% de los canadienses cree que el gobierno de EEUU tuvo "conocimiento previo sobre los planes para el 11-S y que no fue capaz de adoptar acciones apropiadas".
Para transformar esta nueva conciencia en acción, los líderes del movimiento vieron en "el juicio RICO" iniciado por Ellen Mariani una plataforma ideal. Encarnaba la promesa de alcanzar un "momento de enseñanza nacional" que permitiera visualizar cómo utilizó el crimen el monolítico complejo militar-petrolero-industrial. Finalmente, la acusación 11-S ofreció a los progresistas una posibilidad de energizar, con un arma letal contra Bush, la desvaída campaña de Kerry.
Todo este fermento, sin duda alguna, alcanzó algunas cumbres y golpeó las columnas de sostén de la mentira.
NOTA:
Respecto a la Ley RICO, Philip J. Berg -el abogado de Ellen Mariani-, aclara que el Congreso de los Estados Unidos creó la ley RICO en los años 60 para combatir a la mafia.
“El juicio RICO -afirma Berg- es el mejor vehículo disponible para sacar a la luz lo sucedido sobre el 11-S. Estuvimos impulsando el juico RICO durante seis meses, lo sacamos de Philadelphia y logramos que se traslade a la Corte Federal de Washington, D.C., de modo que los acontecimientos del 11-S podrán analizarse cuanto antes en la Corte”.
---- Fuente: Nueva Sión - www.nuevasion.com.ar ----
Saludos,
-Juana de Arco-, e incluso llegó a EEUU (Salem). Todo esto se basaba principalmente en un factor para todos los participantes: acusados, acusadores, testigos, denunciantes, curiosos. El MIEDO....
, se ve que el escrirbir seguido en el foro le mejoró notablemente su cocoliche inicial.
