Comienza juicio contra exjefe de la Armada por espionaje ilegal
13 /02 / 2015 1:24 am Leido 106 veces
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El exjefe de la Armada Jorge Godoy y su entonces segundo Benito Rótolo comenzarán a ser juzgados a partir del miércoles próximo por el espionaje a civiles desde la base Almirante Zar en Trelew.
El juicio que comenzará en los Tribunales de Comodoro Py el 18 de febrero, día en que se convocó una marcha por la muerte del fiscal de la AMIA Alberto Nisman, estará a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Fernando Gélvez.
Ambos serán juzgados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, el cual prevé una pena de hasta dos años de prisión, teniendo en cuenta que se trataba de los máximos responsables de la Armada al momento de los hechos.
Denuncia del CELs
La acusación estará en manos del fiscal Gélvez y la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y se harán un total de cinco audiencias orales que estarán a cargo de un juez, pues se trata de un juicio correccional.
La causa se inició en 2006 y se comprobó que desde la base militar en Trelew se realizaron tareas de espionaje sobre dirigentes políticos, sindicales, sociales y periodistas y se confeccionaban fichas al respecto.
Según se estableció, las tareas de espionaje incluían seguimientos, escuchas telefónicas y se acusó a las entonces autoridades de la Armada de violar las leyes de Seguridad Interior, de Defensa y de Inteligencia.
Condenados
Tal cual señaló la Sala II de la Cámara Federal al confirmar el procesamiento de los dos acusados, ellos “controlaban el aparato de inteligencia de la Armada” e “impartieron las directivas que pusieron en marcha las actividades delictivas”.
Godoy, quien había asumido como titular de la Armada en mayo de 2003, renunció en diciembre de 2011 luego de ser procesado por el juez federal Daniel Rafecas.
Trece oficiales de la Armada fueron condenados en 2012 en el juicio oral por el espionaje ilegal a políticos, periodistas y militantes de organizaciones sociales desplegado desde la base Almirante Zar, en Trelew, pero que involucró a militares de toda esa fuerza. Luego de cuatro meses de audiencias, el abogado querellante Rodrigo Borda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, se mostró “conforme” con este “saldo positivo”, como se refirió a la sentencia del juez federal Enrique Guanziroli, aunque anticipó que apelará la absolución del capitán Cristian Vidal. “Quedó comprobada claramente la hipótesis de la denuncia, las prácticas existieron y se reprodujeron no sólo en la base Zar sino en toda la Armada”, indicó Borda en aquel momento.
Cadena de responsabilidades
Los ex comandantes de Operaciones Navales vicealmirante Eduardo Luis Avilés y de Inteligencia Naval contraalmirante Pablo Carlos Rossi fueron condenados a un año y seis meses de prisión. En tanto, el resto de los imputados –Jorge Janiot, Gustavo Ottogalli, Carlos Ruda, Félix Medici, Eduardo Merlo, Gustavo Monzani, Alfredo Andrade y Vicente Guantay– recibieron penas de un año. El capitán Carlos Vázquez, ex jefe de Inteligencia del Comando de Operaciones Navales de la Base General Belgrano, fue condenado a seis meses de prisión porque el magistrado “consideró como atenuante las condecoraciones que obtuvo por su participación en la guerra de Malvinas”. El abogado Borda calificó esta decisión como “condescendiente” porque sostuvo que “es una pena baja por su responsabilidad, Vázquez era un funcionario de alta jerarquía en el sistema de inteligencia de la Armada”. De todos modos, las penas están en suspenso, pero la Justicia accedió a que los condenados cumplan 50 horas en cursos de derechos humanos y de derecho constitucional, y que realicen trabajo no remunerado en un organismo estatal. También fueron inhabilitados para ejercer cualquier actividad de inteligencia.
El arrepentido cabo Alegre
La causa se había iniciado en 2006 con una denuncia del CELS, el organismo al que acudió el cabo Carlos Ariel Alegre luego de sufrir presiones por haberse negado a realizar tareas de espionaje ilegal en la Base Aeronaval Almirante Zar, de Trelew (Chubut). Al poco tiempo, el entonces juez federal Jorge Pfeger allanó esa oficina y secuestró numerosa documentación que demostraba el espionaje ilegal realizado al menos entre el 2004 y el 2006. Las prácticas ilícitas incluían seguimientos, informes y escuchas telefónicas a integrantes de organismos de derechos humanos, políticos, funcionarios gubernamentales, comunidades indígenas y activistas sociales. La investigación fue extendida a otras dependencias del país, como las bases navales de Puerto Belgrano, Zárate y Ushuaia, demostró que se trataba de una actividad “sistemática y generalizada” en toda la fuerza, tal como venía denunciando el Cels.
Apuntan a Godoy y Rótolo
Por los mismos delitos, en una causa paralela, el juez federal porteño Daniel Rafecas procesó al ex jefe de la Armada Jorge Godoy y su segundo, Benito Rótolo. Sobre ellos descargaron su responsabilidad los que fueron condenados, al hacer uso de sus últimas palabras en el juicio.
“El Poder Ejecutivo y el Congreso, con su comisión bicameral de seguimiento de las actividades de inteligencia, deben estar a la altura de este fallo que revalorizó tres leyes sancionadas con amplio consenso y fundamentales de la democracia, la de Seguridad Interior, de Defensa y de Inteligencia, que fueron afectadas por estas prácticas. La sentencia no deja margen para dilatar el establecimiento de medidas para que no se repitan estas situaciones”, dijo Borda. A su criterio, “fallaron los controles tanto del Ejecutivo como del Parlamento”.
Debo reconocer que yo tampoco lo hice, me mea culpa 
