Siete militares deben declarar ante la Justicia por el desvío de dos millones de dólares
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Siete militares fueron citados a indagatoria por malversación de fondos públicos. Los investigan por el presunto desvío de casi dos millones de dólares de las arcas castrenses hacia cuentas bancarias personales durante las gestiones de los ministros de Defensa Arturo Puricelli y Agustín Rossi.
Dos exjefes de alto rango que comandaron la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (EMCO) también tendrán que dar explicaciones sobre la maniobra que originó un desfalco al erario. La malversación, que investiga el juez federal Sebastián Ramos, ocurrió durante 2012 y 2013 con gastos reservados administrados por el área de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, que estaban destinados al funcionamiento de las agregadurías militares en Australia, Rusia y Corea del Sur. El dinero fue enviado vía transferencia bancaria a cada una de las dependencias investigadas, pero un alto porcentaje de esos recursos finalizó en cuentas personales abiertas en el exterior de distintos miembros de las Fuerzas Armadas. Una maniobra que se inició, casualmente, durante el cepo cambiario dispuesto por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
Por eso, la Justicia Federal comenzó a tomar las primeras declaraciones indagatorias, entre quienes figuran los entonces jefe y subjefe de la Jefatura Inteligencia: el general José Eduardo Demaría y el comodoro Luis Patoco, respectivamente.
Ambos eran los encargados de las agregadurías militares y fueron promovidos dentro de la estructura militar gracias a su estrecho vínculo con el teniente general del Ejército Cesar Milani, quien actualmente está preso por delitos de lesa humanidad.
El juez también ordenó que sean indagados los militares de bajo rango que administraban los recursos del EMCO en el exterior. Fueron citados el suboficial Claudio Velardez, auxiliar en la agregaduría de Australia; al coronel Oscar Vuisso, agregado militar en Rusia; Alejandro Pacheco, auxiliar en la agregaduría de Rusia, y el suboficial Sergio Trombino Ghivareli, auxiliar en la agregaduría de Corea del Sur. Los cuatro uniformados son investigados por haber participado en forma directa o indirecta en el desvío de los millones de dólares.
Por último, el magistrado también pidió que declare el responsable de la División de Presupuesto de la Jefatura de Inteligencia, Jorge Sícaro. El militar recibió siete transferencias bancarias por un monto total de US$339.439 en su caja de ahorro personal en el Commonwealth de Australia. Los depósitos provenían de la cuenta oficial de la agregaduría militar de Corea del Sur y así figuran en un peritaje contable dispuesto por el juez federal Sebastián Ramos.
Hasta 2016, la República Argentina tenía agregadurías de Defensa en trece países: Alemania, Canadá, Australia, Corea del Sur, España, Francia, India, Israel, Japón, Italia, Reino Unido, Rusia y Venezuela. Las agregadurías, integradas por militares de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, dependen directamente de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Y cada sede tiene asignado un presupuesto anual en dólares que se depositaba los primeros cinco días de cada mes. En las últimas semanas,
el Ministerio de Defensa, que conduce el cordobés Oscar Aguad, ordenó cerrar la agregaduría militar de Australia y abrir una nueva sede en China. Según explicaron a
LA NACION desde el ministerio, "la decisión no tiene nada que ver con el fraude en el manejo de los presupuestos, sino con la necesidad de abrir una nueva base en un país con el que existe un fuerte vinculo comercial".
El primero en denunciar la fuga de millones de dólares fue el capitán de navío Carlos Mighera. El uniformado llegó a Canberra la última semana de diciembre de 2013 para comandar la agregaduría de Australia. Apenas se instaló, motorizó una auditoría contable sobre los gastos y rendiciones atrasadas. Allí, detectó que el suboficial Claudio Velardez había realizado nueve transferencias bancarias por US$405.007 desde la cuenta oficial de la agregaduría de Australia a su caja de ahorro personal en el Commonwealth Bank of Australia, Sidney. Las transacciones se iniciaron en mayo de 2012 y culminaron en 2013.
Por entonces regía el cepo cambiario impuesto por Cristina Kirchner con restricciones para el acceso a la divisa norteamericana y cada dólar oscilaba entre 4 y 5 pesos argentinos. Según la normativa vigente, los militares a cargo de las agregadurías están obligados a enviar mensualmente recibos y resúmenes de las cuentas oficiales en el exterior para respaldar los gastos. Se sospecha que se inventaron facturas, se duplicaron carpetas y hasta se adulteraron comprobantes para engordar los presupuestos de cada una de las sedes sospechadas. Solamente Australia, que tenía un presupuesto anual de US$240.000 para 2012 y 2013, recibió en total US$640.000 sin ninguna orden jerárquica que lo justificara. En Corea del Sur, según el informe del auditor interno del Estado Mayor, los gastos de funcionamiento se incrementaron un 300 por ciento más que el año anterior.
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