El desalojo lo realizó Carabineros; fue de manera pacífica y no hubo detenidos. ¿Cuáles eran los motivos de la toma?
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Desalojan a los mapuches que durante dos meses bloquearon el acceso a una hidroeléctrica en Chile: "Ahora, señores de Enel, comenzará la lucha"
Publicado:29 mar 2022 17:18 GMT
El desalojo lo realizó Carabineros; fue de manera pacífica y no hubo detenidos. ¿Cuáles eran los motivos de la toma?
Las autoridades chilenas desalojaron a un grupo de personas que mantenía una toma, desde hace más de dos meses, en los accesos a la Central Hidroeléctrica Pangue, ubicada en la Región del Biobío, al centro del país.
A través de un
comunicado, la multinacional italiana Enel, encargada de las operaciones en la central hidroeléctrica, confirmó el desalojo e indicó que se llevó a cabo tras una orden de la delegada presidencial regional del Biobío, Daniela Dresdner.
"
Valoramos la intervención ordenada por la Delegada Regional, dando cumplimiento al deber de resguardar el orden público y la seguridad del suministro eléctrico", reza el texto.
Asimismo, informan que los trabajadores "podrán ingresar a las instalaciones de manera segura para mantener el correcto funcionamiento de la central", que además "significa seguridad para la cuenca del Río Biobío".
El desalojo lo realizó Carabineros; fue de manera pacífica y no hubo detenidos, reseñó
Cooperativa.
La toma
La toma de los accesos a la hidroeléctrica
comenzó el pasado 24 de enero, cuando aún estaba en el poder el Gobierno de Sebastián Piñera, y fue llevaba a cabo por la comunidad mapuche pehuenche Aukin Wallmapu del Alto BioBío.
Los manifestantes instalaron carpas y barricadas en los accesos a la central. María Curriao, vocera de la comunidad,
dijo la semana pasada a Cooperativa que el origen de la protesta se encuentra en el incumplimiento de los acuerdos firmados con Enel entre 2016 y 2017, referidos en particular a un cementerio indígena que fue inundado tras el llenado del embalse de la represa Ralco en el 2004.
"Estamos pidiendo que se haga una mesa de diálogo equilibrado, donde estén las autoridades de Gobierno, la empresa y nosotros. Aquí ya llevamos muchos años y no hemos podido lograr absolutamente nada y tenemos un convenio firmado del año 2016, tenemos un convenio firmado de la mesa de diálogo para el desarrollo con la comunidad plena, y del 2017, uno firmado con 22 familias donde no se ha cumplido nada de aquello, ni con la comunidad ni con las familias, que son temas diferentes", expresó.
El origen de la protesta se encuentra en el incumplimiento de los acuerdos firmados con Enel entre 2016 y 2017, referidos en particular a un cementerio indígena que fue inundado en 2004.
Los acuerdos firmados incluían
la instalación de un hito memorial por la inundación del cementerio pehuenche, conocido como el 'Sitio 53', una vez que se procedió al llenado del embalse de la central hidroeléctrica Ralco. Primero se firmó un acuerdo con la comunidad en general y luego con las 25 familias de las personas sepultadas en el camposanto.
A esto se suma que, según denunció Curriao, se inició el movimiento de tierra para la construcción de un colegio en el sector, algo que —aseguró— no se ha conversado con la comunidad, reseñó el portal
BioBío Chile al inicio de la protesta.
Denuncias y la posición del Gobierno
Enel informó, mediante otro
comunicado previo, que presentó múltiples denuncias ante el Ministerio Público, en las que solicitaban medidas de protección en resguardo de sus trabajadores e instalaciones. De acuerdo con la compañía, el pasado sábado 12 de marzo
un grupo de personas invadió y causó destrozos en las instalaciones de la central, y obligaron al personal de seguridad y servicios a abandonar sus puestos de trabajo.
"La continuidad operacional de las unidades de generación eléctrica e, incluso, la integridad de la obra hidráulica, así como la seguridad de nuestro personal y contratistas, han quedado seriamente comprometidas", dijo entonces.
Hasta el momento del desalojo,
las operaciones de la central se estaban realizando de forma remota.
Hace dos semanas, además, la compañía presentó una acción judicial ante la Corte de Apelaciones de Concepción en contra de la delegada presidencial de la provincia del Bío Bío, Paulina Purrán, y de Carabineros, por no haber cumplido con una resolución emitida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles el Bio Bío, el pasado 12 de marzo, que le solicitaba a las autoridades hacer uso de la fuerza pública para desalojar zonas tomadas y liberar el acceso a la hidroeléctrica, reseñó
Interferencia.
Por su parte, la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Biobío, cauce que usa la central para producir la electricidad, se pronunció respecto a este conflicto y solicitó a las autoridades locales "tomar todas las acciones necesarias para terminar, en el más breve plazo, con esta intervención".
Según dijeron en un comunicado público, esa acción de protesta ponía "en serio riesgo a la comunidad y usuarios del río, a la población de la región y a la nación".
El pasado fin de semana, el ministro de Energía, Claudio Huepe, en entrevista con El Mercurio, comentó que "nada impide el funcionamiento normal" de la central y que no había "ningún riesgo sobre el sistema eléctrico". También señaló que no había "ninguna intervención que hacer".
Finalmente, tras el desalojo, Curriao dijo: "Nos vamos sin acuerdo alguno, pero ahora, señores de Enel, comenzará la lucha. Señora Dresdner le quedó grande el cargo al ir con la policía por delante,
no puede ser que en nuestro territorio manden los italianos".
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