La defensa como política de Estado
Daniel Roldán
Rosendo Fraga
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28/03/2023 19:36
Actualizado al 28/03/2023 19:36
El área de Defensa necesita políticas de consenso que le den perspectiva de desarrollo y perdurabilidad en el tiempo, más allá de la coyuntura y el debate político.
Las normas centrales del área han sido votadas por acuerdo entre oficialismo y oposición desde el restablecimiento de la democracia. Sucedió así con la Ley de Defensa, la de Reestructuración Militar y la de Seguridad Interior, que define el rol de las Fuerzas Armadas en este ámbito. También fue votada por consenso la ley que creó el FONDEF para dar proyección en el tiempo a las decisiones de reequipamiento militar.
En esta Administración, una medida trascendente para el sector militar ha sido el llamado blanqueo salarial adoptado en 2020 e implementado por un decreto del presidente en plena pandemia. Reconoce como salario formal una serie de suplementos con lo cual el personal en actividad cobra ahora un tercio o más que el retirado. Fue una solución para un problema que se venía arrastrando desde hace un cuarto de siglo.
Ahora se ha resuelto otro problema clave: la jerarquización para equiparar los salarios militares con los de las fuerzas de seguridad, que cobran aproximadamente 60% más. Esto, inevitablemente, produce un éxodo del personal de las Fuerzas Armadas hacia las fuerzas de seguridad federales. Aproximadamente un 10% del personal militar anualmente dejaba las filas, emigrando hacia las de seguridad.
La resolución interministerial se firmó el último día de febrero, por la cual se establece una pauta de incremento salarial de las Fuerzas Armadas en seis cuotas trimestrales -cuatro se pagan en el año que resta de esta Administración y dos en la próxima-. Con ello alcanzarán la paridad con respecto a las fuerzas de seguridad federales.
La resolución de estos dos problemas es vital para el área de defensa, porque determinan la calidad y cantidad del personal. Ninguna voz en el campo opositor se alzó contra las dos medidas mencionadas, que no requirieron intervención del Congreso, pese a la “grieta” que domina la política argentina y que está escalando en el periodo pre electoral.
Un área clave de Defensa es la del personal militar. Se trata de una norma que rige la vida interna de las Fuerzas Armadas y su proyección. La vigente fue sancionada en 1971 durante el gobierno de facto del teniente general Alejandro A. Lanusse y ha tenido sucesivas reformas. A más de medio siglo de su vigencia, es necesaria una nueva actualización.
En 2020, a comienzos de esta Administración, se convocó a los equipos de defensa nacional del oficialismo y la oposición para lograr un consenso sobre esta reforma. Las Fuerzas Armadas, a través del Estado Mayor Conjunto, participaron y coordinaron la tarea. Se logró entonces un consenso en la casi totalidad de los puntos. Pero la tensión política, que se agudizó pasado el momento más difícil de la pandemia, postergó la iniciativa.
Resueltos los temas claves de personal y presentados al Congreso los proyectos claves pendientes de personal militar y reservas y movilización, queda un último tema central: el reequipamiento y el destino de los fondos del FONDEF.
Ya se ha comenzado con la adquisición de misiles portátiles y helicópteros medianos. También con la puesta a punto de la aviación de transporte. A ello hay que incluir la modernización de buques de transporte. Entre los temas inmediatos está la adquisición de munición merodeadora y los drones, en lo cual ya se trabaja con el INVAP.
Pero hay proyectos claves pendientes para poner en marcha un plan de reequipamiento de largo plazo, que cuenta hoy con un instrumento de financiamiento permanente en el tiempo a través del mencionado fondo. Se trata de proyectos que requieren un horizonte intertemporal, más allá de las administraciones.
En el instrumento terrestre está planteada la adquisición de los vehículos de una brigada mecanizada a rueda. Fue un objetivo fijado en la administración anterior, que ésta ha avanzado en el estudio de las propuestas, entre ellas el vehículo Guaraní, fabricado por Brasil con participación argentina y el vehículo estadounidense Stryker.
En el caso de la Armada, los buques más importantes incorporados han sido los patrulleros navales, adquiridos en Francia por la administración anterior. Pero tanto su pago como su incorporación han tenido lugar en la que termina, un ejemplo de una decisión que está más allá de los gobiernos de turno. Con la pérdida del submarino ARA San Juan, la Argentina quedó sin ningún submarino en servicio. Recuperar esta capacidad es una prioridad.
El instrumento aéreo es también prioridad: la adquisición de un escuadrón de 12 aviones caza multipropósito, una capacidad que se ha perdido en el último tiempo por la falta de inversión. Ya la administración anterior había seleccionado una oferta de Corea del Sur, la que este gobierno intentó concretar pero no pudo hacerlo por el veto británico, que impidió a este país hacer esta venta a la Argentina. Se han analizado diversas propuestas de Estados Unidos, China, India, Israel y Francia, pero todavía no se eligió la oferta preferente.
Se trata de una política que puede tener consenso entre oficialismo y oposición, y el Congreso es el ámbito central para su ejecución. Es una buena oportunidad para superar la grieta y dar ejemplo de lo que debe ser una política de Estado.
Rosendo Fraga es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
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