Carlos Hugo Contreras cometió el delito de ser testigo de Jehová en tierras de Antonio Domingo Bussi. En 1977 los represores de la dictadura tucumana lo persiguieron y encerraron por su condición religiosa y su pasado en filas del Ejército. Secuestrado en la V Brigada de Infantería, lo obligaron, a punta de fusil, a renunciar a su grado de cabo primero retirado y desde entonces reclama sin éxito la restitución de su condición militar. Días atrás denunció ante la justicia federal a Bussi y a los otros miembros del Ejército que se ensañaron contra él y su familia.
La primera vez que lo persiguieron fue en 1955. Contreras era cabo primero del Ejército y ateo. La dictadura del general Eduardo Lonardi no vio con buenos ojos sus denuncias por maltratos dentro de la fuerza y le exigió el retiro compulsivo. Con veintitrés años, Contreras se convertía en militar retirado. Algunos años después, se sumó a la Iglesia de los Testigos de Jehová, se casó y tuvo tres hijos. Jamás imaginó que aquel pasado en el Ejército y la práctica de su culto lo volverían blanco de otra dictadura.
“Todo comenzó en 1977, cuando una maestra de mi hijo me denunció ante el intendente de mi pueblo, quien, a su vez, me denunció ante Bussi por ser testigo de Jehová. Así empezó la persecución”, relata Contreras, o Don Hugo, como lo bautizaron los vecinos de Aguilares, el pueblo del sur tucumano donde vive desde hace más de 40 años. Las visitas y amenazas por las noches se hicieron cotidianas. Su mujer, maestra de escuela, fue despedida por su condición religiosa.
Finalmente, Contreras fue citado a rendirle honor a la bandera en la V Brigada de Infantería. “Sabían que la Biblia no lo permite, por eso me llamaron”, recuerda Don Hugo, quien viajó hasta San Miguel de Tucumán pero no se sumó a la formación. “Me metieron en una habitación, me dijeron que había cometido insubordinación y que como estábamos en una guerra podían fusilarme. Un mayor, de apellido Cerda, me dijo que por orden de Bussi debía renunciar a mi carácter de militar retirado. Me apuntaban con fusiles. Me trataron peor que a un criminal. Para proteger a mi familia, renuncié”, relata Contreras, quien desde ese entonces no pudo cobrar el retiro ni la jubilación.
Acompañado por su abogado, Bernardo Lobo Bugeau, Contreras presentó días atrás una denuncia penal contra Bussi y un puñado de militares ante el Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán. Y, como lo hace desde 1983, volvió a exigir al Estado nacional que le devuelva el grado de militar que le robaron las dictaduras.
La primera vez que lo persiguieron fue en 1955. Contreras era cabo primero del Ejército y ateo. La dictadura del general Eduardo Lonardi no vio con buenos ojos sus denuncias por maltratos dentro de la fuerza y le exigió el retiro compulsivo. Con veintitrés años, Contreras se convertía en militar retirado. Algunos años después, se sumó a la Iglesia de los Testigos de Jehová, se casó y tuvo tres hijos. Jamás imaginó que aquel pasado en el Ejército y la práctica de su culto lo volverían blanco de otra dictadura.
“Todo comenzó en 1977, cuando una maestra de mi hijo me denunció ante el intendente de mi pueblo, quien, a su vez, me denunció ante Bussi por ser testigo de Jehová. Así empezó la persecución”, relata Contreras, o Don Hugo, como lo bautizaron los vecinos de Aguilares, el pueblo del sur tucumano donde vive desde hace más de 40 años. Las visitas y amenazas por las noches se hicieron cotidianas. Su mujer, maestra de escuela, fue despedida por su condición religiosa.
Finalmente, Contreras fue citado a rendirle honor a la bandera en la V Brigada de Infantería. “Sabían que la Biblia no lo permite, por eso me llamaron”, recuerda Don Hugo, quien viajó hasta San Miguel de Tucumán pero no se sumó a la formación. “Me metieron en una habitación, me dijeron que había cometido insubordinación y que como estábamos en una guerra podían fusilarme. Un mayor, de apellido Cerda, me dijo que por orden de Bussi debía renunciar a mi carácter de militar retirado. Me apuntaban con fusiles. Me trataron peor que a un criminal. Para proteger a mi familia, renuncié”, relata Contreras, quien desde ese entonces no pudo cobrar el retiro ni la jubilación.
Acompañado por su abogado, Bernardo Lobo Bugeau, Contreras presentó días atrás una denuncia penal contra Bussi y un puñado de militares ante el Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán. Y, como lo hace desde 1983, volvió a exigir al Estado nacional que le devuelva el grado de militar que le robaron las dictaduras.