Una inesperada coincidencia de opiniones parece haberse producido en la Cámara de Diputados de la Nación respecto de la necesidad de hacer sentir, en forma efectiva, el poder punitivo del Estado contra los vuelos ilegales. El año pasado, los legisladores Eugenio Burzaco y Francisco de Narváez (aliados en Unión Pro) presentaron un proyecto de ley para habilitar el derribo de aviones.
En el año electoral, la iniciativa no prosperó. Pero el mes pasado, el diputado Miguel Angel Iturrieta, del Frente para la Victoria, ingresó una propuesta en el mismo sentido. Y no es este misionero un legislador más, sino el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, que establece la necesidad de contar con una norma que, al menos, intimide a las avionetas ilegales del narcotráfico.
"Es necesario evitar que nuestro país termine siendo la vía liberada de circulación del narcotráfico", sostiene Iturrieta en los argumentos de su proyecto, y agrega: "No se trata de militarizar cuestiones relativas a la seguridad interior, sino de adecuar la coordinación y cooperación a fin de permitir la reacción de las fuerzas. Quienes ingresan clandestinamente en el espacio aéreo argentino están perfectamente al tanto de la ley en nuestro país. Saben que, en el peor de los casos, si es que son interceptados, sólo recibirán la orden de aterrizar, que pueden rehusar y, ante lo cual, escapar".
"La vigilancia y el control del espacio aéreo es responsabilidad indelegable del Estado", dijo Iturrieta.
Según Burzaco, no hay más tiempo que perder. "El narcotráfico se aprovecha de los vacíos legales. Hay que tener herramientas para actuar y, mientras no llegan los radares, se debería pedir ayuda a los países amigos, incluso en nuestra condición de aliado extra- OTAN, para contar con los medios lo más rápido posible".
"Brasil -agregó Burzaco, miembro de la Comisión de Seguridad Interior- no aprobó su ley de derribo porque quiso, sino porque entendió que podía ser la nueva Colombia, si dejaba a los narcos operar libremente".
No es la primera vez que un proyecto de ley de derribo es colocado en el foco público. En 2004, el entonces senador Jorge Capitanich -hoy gobernador del Chaco- impulsaba una iniciativa de ese tenor, avalado por el ministro de Defensa, José Pampuro. Pero como en muchas otras cuestiones vinculadas con la seguridad y la defensa, la propuesta no prosperó por la falta de interés del resto de los legisladores.
El Gobierno, en tanto, no parece dispuesto a enviar un proyecto propio. Sus iniciativas sobre drogas apuntan a dar contexto legal a la despenalización de la tenencia para consumo personal.
La nacion
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Indefensos ante el tráfico aéreo de drogas
La falta de controles eficaces y de leyes para interceptar los vuelos ilegales hacen cada vez más vulnerable al espacio aéreo del país
Hace pocos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó la denuncia de los tribunales salteños y reclamó al gobierno nacional la "inmediata" colocación de radares en la frontera con Bolivia para desalentar los vuelos del narcotráfico. El pedido desnudó una realidad: el Estado está prácticamente indefenso frente al tráfico aéreo de drogas.
Cada año crece el ingreso de estupefacientes y el espacio aéreo argentino es cada vez más vulnerable. Fueron tantas las incursiones ilegales que la Justicia graficó esa situación con una frase contundente: llueve droga en el Norte.
Según la información remitida por el gobierno nacional al Departamento de Estado norteamericano, durante 2008 más de 100 toneladas de marihuana se secuestraron ese año y, también, unas siete toneladas de cocaína. Pero eso es sólo una porción pequeña de la circulación de estupefacientes en el país.
Esta situación llevó al diputado misionero Miguel Angel Iturrieta (Frente para la Victoria) a presentar un proyecto para la disuasión o derribo de aviones del narcotráfico. Una iniciativa similar había sido impulsada hace un año por los diputados Eugenio Burzaco y Francisco de Narváez (aliados en Unión Pro), pero aún no prosperaron (ver aparte).
La exigencia de soluciones expresada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, tendrá un parche de urgencia en los próximos días. El magistrado se reunirá con el ministro de Justicia, Julio Alak, y con la ministra de Defensa, Nilda Garré y, en ese encuentro, escuchará la respuesta oficial: en breve, será instalado en Salta un radar de tiro antiaéreo del Ejército Argentino.
Ese aparato, según agregaron a LA NACION altas fuentes militares, es probado desde hace meses en Las Lomitas, Formosa. Se comprobó que la señal que transmite es compatible con los equipos de la Fuerza Aérea.
Hoy el tráfico aéreo de drogas sólo puede ser interceptado desde tierra por un trabajo artesanal de inteligencia de las fuerzas de seguridad federales, pero no es suficiente.
Este mes fueron condenados en Córdoba los miembros de una banda que traficaba droga con una avioneta. El juicio en el Tribunal Oral N° 2 de Jesús María puede servir para ejemplificar lo que ocurre hoy en el aire.
En 2007, se desbarató la citada operación al capturar 500 kg de marihuana que era llevada desde Paraguay hacia lugares de aterrizaje clandestino en el sur de Córdoba. Se comprobó en la investigación judicial que ese grupo ingresaba cada semana, por lo menos, dos toneladas de esa droga. La red operó durante meses antes de ser desbaratada, sin saber cuánta droga habían ingresado en el país.
Estadísticas secretas
Tampoco hay certezas sobre la cantidad de droga secuestrada en la Argentina. Desde hace tres años que LA NACION requiere esa información, pero el Gobierno decidió que esas estadísticas son un secreto de Estado.
Los datos de este año sólo pueden conocerse por los informes parciales que las fuerzas de seguridad dan cuando hacen un operativo específico. Y no todos son notificados públicamente. Un relevamiento de las comunicaciones de cada acción determina un volumen de captura de marihuana de 41.581 kg. Las fuerzas de seguridad calculan de manera oficial que esa cantidad de droga está valuada en unos 123 millones de pesos en el mercado ilegal.
Sólo en Misiones, entre la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval secuestraron unas 32 toneladas de marihuana, según informaciones parciales dadas a conocer.
En esa zona, están instalados los dos radares móviles de la Fuerza Aérea. Con un alcance de unos 350 km, los radares TPS43 empezaron a funcionar en 2000, en la región Nordeste. La zona conocida como Triple Frontera fue el objetivo inicial de las miradas. Un equipo se montó en el aeropuerto de Posadas y el restante, en el de Resistencia.
Según agregaron las mismas fuentes militares, en los últimos días, hay iniciativas en marcha para contar con más radares. Para detectar un vuelo ilegal se necesita un sistema militar, pues los radares civiles requieren la colaboración de la aeronave para facilitar un tránsito seguro. No es el caso de los aviones del narcotráfico.
Pocos aviones y obsoletos
Entonces, las alternativas en camino demandarán varios meses. Por lo pronto, dos viejos radares controlan el aire y se sumará el ya citado del Ejército, de menos alcance porque es de tiro aéreo y no de control.
Hoy la Fuerza Aérea tiene pocas aeronaves disponibles para cumplir con la misión de proteger el espacio aéreo. Al igual que las otras fuerzas, según consignaron altas fuentes militares, hace dos meses la aeronáutica recibió el aviso que sólo podía ejecutar el 60 por ciento del presupuesto operativo para este año.
Además, se agregó, la mayoría de los aviones de intercepción y combate de la Fuerza Aérea no pueden siquiera despegar por obsoletos.
En el año electoral, la iniciativa no prosperó. Pero el mes pasado, el diputado Miguel Angel Iturrieta, del Frente para la Victoria, ingresó una propuesta en el mismo sentido. Y no es este misionero un legislador más, sino el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, que establece la necesidad de contar con una norma que, al menos, intimide a las avionetas ilegales del narcotráfico.
"Es necesario evitar que nuestro país termine siendo la vía liberada de circulación del narcotráfico", sostiene Iturrieta en los argumentos de su proyecto, y agrega: "No se trata de militarizar cuestiones relativas a la seguridad interior, sino de adecuar la coordinación y cooperación a fin de permitir la reacción de las fuerzas. Quienes ingresan clandestinamente en el espacio aéreo argentino están perfectamente al tanto de la ley en nuestro país. Saben que, en el peor de los casos, si es que son interceptados, sólo recibirán la orden de aterrizar, que pueden rehusar y, ante lo cual, escapar".
"La vigilancia y el control del espacio aéreo es responsabilidad indelegable del Estado", dijo Iturrieta.
Según Burzaco, no hay más tiempo que perder. "El narcotráfico se aprovecha de los vacíos legales. Hay que tener herramientas para actuar y, mientras no llegan los radares, se debería pedir ayuda a los países amigos, incluso en nuestra condición de aliado extra- OTAN, para contar con los medios lo más rápido posible".
"Brasil -agregó Burzaco, miembro de la Comisión de Seguridad Interior- no aprobó su ley de derribo porque quiso, sino porque entendió que podía ser la nueva Colombia, si dejaba a los narcos operar libremente".
No es la primera vez que un proyecto de ley de derribo es colocado en el foco público. En 2004, el entonces senador Jorge Capitanich -hoy gobernador del Chaco- impulsaba una iniciativa de ese tenor, avalado por el ministro de Defensa, José Pampuro. Pero como en muchas otras cuestiones vinculadas con la seguridad y la defensa, la propuesta no prosperó por la falta de interés del resto de los legisladores.
El Gobierno, en tanto, no parece dispuesto a enviar un proyecto propio. Sus iniciativas sobre drogas apuntan a dar contexto legal a la despenalización de la tenencia para consumo personal.
La nacion
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Indefensos ante el tráfico aéreo de drogas
La falta de controles eficaces y de leyes para interceptar los vuelos ilegales hacen cada vez más vulnerable al espacio aéreo del país
Hace pocos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó la denuncia de los tribunales salteños y reclamó al gobierno nacional la "inmediata" colocación de radares en la frontera con Bolivia para desalentar los vuelos del narcotráfico. El pedido desnudó una realidad: el Estado está prácticamente indefenso frente al tráfico aéreo de drogas.
Cada año crece el ingreso de estupefacientes y el espacio aéreo argentino es cada vez más vulnerable. Fueron tantas las incursiones ilegales que la Justicia graficó esa situación con una frase contundente: llueve droga en el Norte.
Según la información remitida por el gobierno nacional al Departamento de Estado norteamericano, durante 2008 más de 100 toneladas de marihuana se secuestraron ese año y, también, unas siete toneladas de cocaína. Pero eso es sólo una porción pequeña de la circulación de estupefacientes en el país.
Esta situación llevó al diputado misionero Miguel Angel Iturrieta (Frente para la Victoria) a presentar un proyecto para la disuasión o derribo de aviones del narcotráfico. Una iniciativa similar había sido impulsada hace un año por los diputados Eugenio Burzaco y Francisco de Narváez (aliados en Unión Pro), pero aún no prosperaron (ver aparte).
La exigencia de soluciones expresada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, tendrá un parche de urgencia en los próximos días. El magistrado se reunirá con el ministro de Justicia, Julio Alak, y con la ministra de Defensa, Nilda Garré y, en ese encuentro, escuchará la respuesta oficial: en breve, será instalado en Salta un radar de tiro antiaéreo del Ejército Argentino.
Ese aparato, según agregaron a LA NACION altas fuentes militares, es probado desde hace meses en Las Lomitas, Formosa. Se comprobó que la señal que transmite es compatible con los equipos de la Fuerza Aérea.
Hoy el tráfico aéreo de drogas sólo puede ser interceptado desde tierra por un trabajo artesanal de inteligencia de las fuerzas de seguridad federales, pero no es suficiente.
Este mes fueron condenados en Córdoba los miembros de una banda que traficaba droga con una avioneta. El juicio en el Tribunal Oral N° 2 de Jesús María puede servir para ejemplificar lo que ocurre hoy en el aire.
En 2007, se desbarató la citada operación al capturar 500 kg de marihuana que era llevada desde Paraguay hacia lugares de aterrizaje clandestino en el sur de Córdoba. Se comprobó en la investigación judicial que ese grupo ingresaba cada semana, por lo menos, dos toneladas de esa droga. La red operó durante meses antes de ser desbaratada, sin saber cuánta droga habían ingresado en el país.
Estadísticas secretas
Tampoco hay certezas sobre la cantidad de droga secuestrada en la Argentina. Desde hace tres años que LA NACION requiere esa información, pero el Gobierno decidió que esas estadísticas son un secreto de Estado.
Los datos de este año sólo pueden conocerse por los informes parciales que las fuerzas de seguridad dan cuando hacen un operativo específico. Y no todos son notificados públicamente. Un relevamiento de las comunicaciones de cada acción determina un volumen de captura de marihuana de 41.581 kg. Las fuerzas de seguridad calculan de manera oficial que esa cantidad de droga está valuada en unos 123 millones de pesos en el mercado ilegal.
Sólo en Misiones, entre la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval secuestraron unas 32 toneladas de marihuana, según informaciones parciales dadas a conocer.
En esa zona, están instalados los dos radares móviles de la Fuerza Aérea. Con un alcance de unos 350 km, los radares TPS43 empezaron a funcionar en 2000, en la región Nordeste. La zona conocida como Triple Frontera fue el objetivo inicial de las miradas. Un equipo se montó en el aeropuerto de Posadas y el restante, en el de Resistencia.
Según agregaron las mismas fuentes militares, en los últimos días, hay iniciativas en marcha para contar con más radares. Para detectar un vuelo ilegal se necesita un sistema militar, pues los radares civiles requieren la colaboración de la aeronave para facilitar un tránsito seguro. No es el caso de los aviones del narcotráfico.
Pocos aviones y obsoletos
Entonces, las alternativas en camino demandarán varios meses. Por lo pronto, dos viejos radares controlan el aire y se sumará el ya citado del Ejército, de menos alcance porque es de tiro aéreo y no de control.
Hoy la Fuerza Aérea tiene pocas aeronaves disponibles para cumplir con la misión de proteger el espacio aéreo. Al igual que las otras fuerzas, según consignaron altas fuentes militares, hace dos meses la aeronáutica recibió el aviso que sólo podía ejecutar el 60 por ciento del presupuesto operativo para este año.
Además, se agregó, la mayoría de los aviones de intercepción y combate de la Fuerza Aérea no pueden siquiera despegar por obsoletos.