Todo lo que reprento APLA fuera de AR termino cerrando, ya sea por quiebra o porque el dueño decidio no continuar con la operación entre otras cosas y princpalmente por la actividad extorsiva de dicha asociación.
Una pequeña Aerolíneas Argentinas que quebró APLA – AeroMarket
El gobierno de Mendoza ha dado por finalizados los servicios de lucha antigranizo que financiaba la provincia. Se trata de un rol que el Estado provincial jamás debió asumir, pero que políticamente resolvió abordar a partir de 2004. Anteriormente, la prestación del servicio aéreo para mitigar el granizo estuvo a cargo de la empresa privada norteamericana Weather Modification Incorporated. Entre 2004 y 2005, la Fuerza Aérea Argentina brindó el servicio bajo el control de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas.
En 2005, durante el gobierno de Julio Cleto Cobos, se creó el Departamento de Aeronáutica de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas (Ministerio de Economía) que se encargaría del control del granizo con aeronaves. Dado que el DACC no tenía personal aeronáutico, se hacía necesario establecer un marco legal adecuado para el desempeño de los pilotos y técnicos que fueron vinculados al estado provincial mediante contratos de locación de servicios, conforme al artículo 87 de la Ley Nº 17.285 (Código Aeronáutico Argentino).
En los doce años siguientes, los pilotos y técnicos reclamaron a todas las administraciones un encuadre legal conforme al código.
En esas circunstancias, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) asumieron la representación de los trabajadores para negociar con el Poder Ejecutivo provincial con el objetivo de crear un estatuto profesional específico. El resultado de aquellas negociaciones –antes de que Pablo Biró fuera secretario general del gremio– fue la redacción consensuada entre el Ejecutivo provincial, APLA y APTA, de un proyecto de ley integral para resolver el encuadre del personal aeronáutico. El proyecto se remitió a la Legislatura provincial el 23 febrero de 2015, pero nunca fue tratado, por lo que perdió estado parlamentario, lo cual dejó abierto el camino al conflicto.
Para 2016, la tensión fue máxima y llegaron las primeras medidas de fuerza, las cuales fueron incrementando su virulencia, especialmente entre diciembre de 2016 y enero de 2017, realizándose el 1 de diciembre de 2016 un paro total en plena temporada antigranizo.
La escalada llegó a un punto máximo el 16 de enero de 2017, día en que la Subsecretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia emitió la Resolución Nº 121/17 (expediente 21.304) que declaró la ilegalidad de la huelga. Dos días después, el 18 de enero, las partes llegarían a un acuerdo, y APLA informaría que
“el Poder Ejecutivo mendocino se comprometió a impulsar en la legislatura provincial un Proyecto de Ley para la creación de una nueva sociedad encargada de la campaña antigranizo que incorporará a los pilotos de la DACC bajo relación de dependencia, lo que garantizaba su continuidad laboral y, entre otras cosas, reconocía la antigüedad y el escalafón”.
La creación de Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria (AEMSAPEM) fue una victoria de APLA, pero una derrota para la ciudadanía, ya que a partir de entonces
el gremio de los pilotos de Aerolíneas Argentinas tomó de hecho el control de la lucha antigranizo, lo cual condicionó constante y determinantemente sus operaciones. Entre las acciones más crudamente salvajes del sindicalismo estuvo el despido, en 2020 y 2023, de pilotos que se resistieron a aceptar la lógica gremial de trabajo.
Desde su creación, AEMSA brindó trabajo registrado, aportes patronales, vacaciones pagas, capacitación, ropa de trabajo, viáticos, racionamiento, traslados entre bases aéreas, plan de carrera y, sobre todo, excelentes sueldos. Pero no bastó, porque APLA siguió presionando por mayores privilegios. Los pilotos de AEMSA llegaron a tener de los mejores sueldos de la provincia, pero eso no fue suficiente para frenar la conflictividad gremial. En determinado momento AEMSA perdió su “razón de ser”.
Irremediablemente viciado de bravuconadas, el sistema antigranizo se descarrió. El clímax de la tensión llegó el pasado 26 de junio de 2024, cuando el Ministro de Economía de la provincia de Mendoza, Lic. Rodolfo Vargas Arizu, se plantó firme frente a Nicolás Capella, el combativo gremialista porteño enviado por Biró a seguir tirando de la cuerda. El resultado de aquel choque fue el despido de todo el personal de AEMSA y el anuncio del fin de la lucha antigranizo a cargo del gobierno provincial.
Conclusiones
• La lucha antigranizo mendocina nunca debió ser estatal. Hace un tiempo, José Luis Sánchez, catedrático de Física Aplicada de la Universidad de León, de visita a Mendoza, dijo al respecto:
“No hay en el mundo una empresa estatal que preste este servicio (…). Es realmente extraño que un gobierno salga a disculparse por el granizo como lo hace el de Mendoza…”.
- En Jujuy, la lucha antigranizo es financiada por la Cámara del Tabaco y desde hace décadas se encuentra a cargo de una empresa privada (Latser SA). Ambas trabajan en conjunto con una aseguradora privada, la Compañía de Seguros Latitud Sur.
- El caso jujeño no es la excepción, sino la regla. En Canadá y Estados Unidos son los seguros quienes ofrecen la cobertura por el riesgo de granizo y buscan la mitigación del riesgo contratando aeronaves y otras técnicas.
- Al error del Estado de asumir la lucha antigranizo, se le agregó la falta de encuadre laboral para el personal, lo que a su turno produjo el ingreso de APLA y APTA con una lógica de conflicto permanente que llevó a que se decidiera la liquidación del servicio.
- Paradójicamente, el despido de los pilotos y técnicos antigranizo no lo selló AEMSA, ni siquiera el gobierno de Mendoza, sino la propia APLA (hasta APTA habría quedado al margen). Según las fuentes oficiales consultadas por Aeromarket fue el «modo atropellador» de Capella el que terminó por hartar a sus interlocutores, que finalmente patearon el tablero.
- Lo sucedido con AEMSA es, en micro, lo que experimenta ARSA en macro y las razones son muy similares. Es un caso que debería tenerse en cuenta, sobre todo por parte de los trabajadores que se dejan ensoñar con el canto de sirena de Pablo Biró y compañía.
- Un dato inquietante: el abogado Horacio Pratto Chiarella fue asesor letrado de AEMSA y, desde 2021, es director de la empresa. Las negociaciones con APLA lo tuvieron como protagonista imprescindible del desenlace de la lucha antigranizo estatal.
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