Más de 30 años debieron pasar en Chile para que el modelo de gobierno que la dictadura de Pinochet instauró en 1976 en la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la productora de cobre más grande del mundo, comience a cambiar. Y en especial, para que las Fuerzas Armadas dejen de tener participación directa en la administración de los millonarios beneficios que genera la empresa cuprífera nacionalizada en 1970 por Salvador Allende.
El primer paso de este cambio histórico es el anuncio del gobierno de Michelle Bachelet de que en marzo enviará al Congreso un proyecto de ley que modifica sustancialmente el sistema de administración de la mayor empresa pública de Chile.
La propuesta de Bachelet elimina el puesto obligado en el directorio de los ministros de Hacienda y Minería (que ocupa la presidencia de la empresa) y del representante de las Fuerzas Armadas, los que serán reemplazados por profesionales.
El nuevo directorio de Codelco seguirá integrado por siete representantes. De ellos, cuatro serán nombrados directamente por la Presidencia de la República y otros dos serán elegidos por la máxima autoridad del país de una terna confeccionada por el Consejo de Alta Dirección Pública, organismo creado hace tres años para gestionar de manera técnica y más transparente el nombramiento de los más altos cargos de la administración pública. El último de los directores será elegido por los trabajadores de la empresa.
La iniciativa legal es la antesala de una transformación aun más importante y que está en etapa de afinamiento: la eliminación de la llamada Ley Reservada del Cobre, la que Pinochet modificó en dictadura para asegurarle a las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas netas de Codelco.
Para graficar su importancia basta decir que en virtud de esa ley, las FF.AA. obtuvieron el año pasado un traspaso estimado en más de US$ 1.200 millones. La cifra, que equivale a poco más del 10% de los excedentes fiscales obtenidos por el gobierno central en 2006, marca un récord histórico: entre 2000 y 2003, los traspasos de Codelco a las arcas militares promediaron los US$ 250 millones anuales, los que, gracias a los buenos precios del cobre, saltaron a US$ 598 millones en 2004 y US$ 826 millones en 2005.
El gobierno de Ricardo Lagos ya había conseguido que los gastos militares se adecuaran a la regla de manejo fiscal que le asegura a Chile un manejo macroeconómico estable. Sin embargo, los ahorros que ello significa en tiempos de "vacas gordas" siguen "perteneciendo" a las instituciones militares, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los ingresos fiscales, cuyo uso debe definirse año a año en el Congreso a través de la ley de Presupuestos de la Nación.
Por ahora, la única reacción fue de la oposición pidiendo menos directores elegidos por la Presidencia de la República, pero está por verse cuál será la respuesta a la segunda fase de un cambio que ha demorado 17 años —desde 1990, cuando Chile recuperó la democracia— en concretarse.
El primer paso de este cambio histórico es el anuncio del gobierno de Michelle Bachelet de que en marzo enviará al Congreso un proyecto de ley que modifica sustancialmente el sistema de administración de la mayor empresa pública de Chile.
La propuesta de Bachelet elimina el puesto obligado en el directorio de los ministros de Hacienda y Minería (que ocupa la presidencia de la empresa) y del representante de las Fuerzas Armadas, los que serán reemplazados por profesionales.
El nuevo directorio de Codelco seguirá integrado por siete representantes. De ellos, cuatro serán nombrados directamente por la Presidencia de la República y otros dos serán elegidos por la máxima autoridad del país de una terna confeccionada por el Consejo de Alta Dirección Pública, organismo creado hace tres años para gestionar de manera técnica y más transparente el nombramiento de los más altos cargos de la administración pública. El último de los directores será elegido por los trabajadores de la empresa.
La iniciativa legal es la antesala de una transformación aun más importante y que está en etapa de afinamiento: la eliminación de la llamada Ley Reservada del Cobre, la que Pinochet modificó en dictadura para asegurarle a las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas netas de Codelco.
Para graficar su importancia basta decir que en virtud de esa ley, las FF.AA. obtuvieron el año pasado un traspaso estimado en más de US$ 1.200 millones. La cifra, que equivale a poco más del 10% de los excedentes fiscales obtenidos por el gobierno central en 2006, marca un récord histórico: entre 2000 y 2003, los traspasos de Codelco a las arcas militares promediaron los US$ 250 millones anuales, los que, gracias a los buenos precios del cobre, saltaron a US$ 598 millones en 2004 y US$ 826 millones en 2005.
El gobierno de Ricardo Lagos ya había conseguido que los gastos militares se adecuaran a la regla de manejo fiscal que le asegura a Chile un manejo macroeconómico estable. Sin embargo, los ahorros que ello significa en tiempos de "vacas gordas" siguen "perteneciendo" a las instituciones militares, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los ingresos fiscales, cuyo uso debe definirse año a año en el Congreso a través de la ley de Presupuestos de la Nación.
Por ahora, la única reacción fue de la oposición pidiendo menos directores elegidos por la Presidencia de la República, pero está por verse cuál será la respuesta a la segunda fase de un cambio que ha demorado 17 años —desde 1990, cuando Chile recuperó la democracia— en concretarse.
