Un informe periodístico que publicó ayer el diario Perfil señala que durante la crisis política de fines de 2001, los militares intentaron quedarse con el poder. “Aunque aquellos directamente implicados siguen afirmando que no se trató de un intento de golpe de Estado clásico, las máximas autoridades militares elaboraron ‘un plan de contingencia’ para tomar el poder luego de la caída del presidente Fernando de la Rúa”, dice la publicación porteña.
El desencadenante del proyecto de las Fuerzas Armadas para ocupar el vacío de poder que dejó De la Rúa luego de su huida en helicóptero de la Casa Rosada, fueron los saqueos y las protestas que culminaron en la declaración de Estado de Sitio que el entonces presidente impulsó el 19 de diciembre.
“Las Fuerzas Armadas trabajaron con la hipótesis de que, si la instancia del Congreso no funcionaba, se iba a producir un vacío de poder y alguien iba a tener que hacerse cargo de la situación. Su idea era actuar como garantes de última instancia del orden y la unidad nacional. Pero nunca se planteó como un golpe de Estado clásico, con los tanques en las calles”, afirmó José Pampuro, secretario general de la Presidencia durante la gestión de Eduardo Duhalde y ex ministro de Defensa de Néstor Kirchner, según informó ayer Perfil.
El 20 de diciembre, ante la continuidad de los actos de violencia, los jefes de las Fuerzas Armadas se reunieron en las oficinas del Edificio Libertador y elaboraron un “plan alternativo” debido al fracaso del estado de sitio.
La propuesta comprometía la movilización de unos nueve mil efectivos, exponía medidas de apoyo a la Policía y a la Gendarmería, y la protección de objetivos estratégicos, como la Casa Rosada, el Congreso, las centrales nucleares, las represas hidroeléctricas y un conjunto de edificios públicos emblemáticos.
También se proponía delimitar áreas de acción y nombrar a un “comandante operacional de las Fuerzas Armadas” que tendría bajo su tutela a las policías y a la Gendarmería. Los militares habían previsto un lugar alternativo para la realización de una Asamblea Legislativa, en el caso de que no se pudiera realizar en el palacio del Congreso.
Sin embargo el “plan alternativo” nunca fue aceptado por De la Rúa y esto abrió el camino a un “plan de contingencia”, que nunca fue expuesto oficialmente ante las autoridades civiles y fue desechado cuando la violencia urbana comenzó a ceder.
Este segundo plan es el que habría podido llevar a los militares a dar un golpe de Estado. Es decir, a tomar el control total del poder público.
Pero después de que el Congreso puso a varios presidentes justicialistas interinamente en a cargo del Gobierno, la cúpula de las Fuerzas Armadas dejó en la nada su proyecto por conducir nuevamente el país.
Días difíciles
Los días críticos de la Argentina de 2001 habían comenzado el 13 de diciembre con saqueos de supermercados en Rosario. El 18, los asaltos a los comercios se extendieron a seis provincias, nueve partidos del conurbano y la Capital. Al mismo tiempo, las protestas adquirían nuevas características con el repiquetear de las cacerolas.
El 19, alentados por la falta de respuesta a los saqueos anteriores y un cierto aliento, al menos implícito, de dirigentes opositores, se redoblaron los ataques a los comercios.
El Gobierno reaccionó decretando el Estado de Sitio, que prohíbe las reuniones públicas, y por la noche, De la Rúa habló por televisión para pedir comprensión y calma. La respuesta no se hizo esperar, miles de personas invadieron las calles con cacerolas al grito de “que se vayan todos”.
Para contener la corriente al borde del precipicio, el Gobierno dio a entender que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, había renunciado, pero las protestas no cesaron y los cacerolazos asolaron Plaza de Mayo y la residencia presidencial de Olivos.
El 20, el Gobierno intentó un último movimiento: convidar al PJ a formar parte de un gobierno de emergencia, mientras la policía buscó desalojar a los manifestantes en Plaza de Mayo. La decisión fue resistida y la represión se agravó. Hacia el mediodía, 5 personas habían sido asesinadas.
La violencia prosiguió alocadamente durante la tarde. Cuando De la Rúa quiso saber de la gestión a favor del gobierno de unidad, el PJ ya había tomado todas las distancias.
Los gobernadores del PJ reunidos en San Luis y los bloques de senadores y diputados le enviaron un mensaje: ya era tarde.
Sin el apoyo de su partido ni de la oposición, con violencia y muertos en las calles, supermercados desvalijados y humeantes, De la Rúa se tomó un tiempo para redactar la renuncia por su propio puño, la mandó al Congreso, y tomó el helicóptero que lo llevó a Olivos a retirar sus cosas.
Ese día, según la investigación de Perfil, los militares volvieron a estar muy cerca del poder.
Los Andes
El desencadenante del proyecto de las Fuerzas Armadas para ocupar el vacío de poder que dejó De la Rúa luego de su huida en helicóptero de la Casa Rosada, fueron los saqueos y las protestas que culminaron en la declaración de Estado de Sitio que el entonces presidente impulsó el 19 de diciembre.
“Las Fuerzas Armadas trabajaron con la hipótesis de que, si la instancia del Congreso no funcionaba, se iba a producir un vacío de poder y alguien iba a tener que hacerse cargo de la situación. Su idea era actuar como garantes de última instancia del orden y la unidad nacional. Pero nunca se planteó como un golpe de Estado clásico, con los tanques en las calles”, afirmó José Pampuro, secretario general de la Presidencia durante la gestión de Eduardo Duhalde y ex ministro de Defensa de Néstor Kirchner, según informó ayer Perfil.
El 20 de diciembre, ante la continuidad de los actos de violencia, los jefes de las Fuerzas Armadas se reunieron en las oficinas del Edificio Libertador y elaboraron un “plan alternativo” debido al fracaso del estado de sitio.
La propuesta comprometía la movilización de unos nueve mil efectivos, exponía medidas de apoyo a la Policía y a la Gendarmería, y la protección de objetivos estratégicos, como la Casa Rosada, el Congreso, las centrales nucleares, las represas hidroeléctricas y un conjunto de edificios públicos emblemáticos.
También se proponía delimitar áreas de acción y nombrar a un “comandante operacional de las Fuerzas Armadas” que tendría bajo su tutela a las policías y a la Gendarmería. Los militares habían previsto un lugar alternativo para la realización de una Asamblea Legislativa, en el caso de que no se pudiera realizar en el palacio del Congreso.
Sin embargo el “plan alternativo” nunca fue aceptado por De la Rúa y esto abrió el camino a un “plan de contingencia”, que nunca fue expuesto oficialmente ante las autoridades civiles y fue desechado cuando la violencia urbana comenzó a ceder.
Este segundo plan es el que habría podido llevar a los militares a dar un golpe de Estado. Es decir, a tomar el control total del poder público.
Pero después de que el Congreso puso a varios presidentes justicialistas interinamente en a cargo del Gobierno, la cúpula de las Fuerzas Armadas dejó en la nada su proyecto por conducir nuevamente el país.
Días difíciles
Los días críticos de la Argentina de 2001 habían comenzado el 13 de diciembre con saqueos de supermercados en Rosario. El 18, los asaltos a los comercios se extendieron a seis provincias, nueve partidos del conurbano y la Capital. Al mismo tiempo, las protestas adquirían nuevas características con el repiquetear de las cacerolas.
El 19, alentados por la falta de respuesta a los saqueos anteriores y un cierto aliento, al menos implícito, de dirigentes opositores, se redoblaron los ataques a los comercios.
El Gobierno reaccionó decretando el Estado de Sitio, que prohíbe las reuniones públicas, y por la noche, De la Rúa habló por televisión para pedir comprensión y calma. La respuesta no se hizo esperar, miles de personas invadieron las calles con cacerolas al grito de “que se vayan todos”.
Para contener la corriente al borde del precipicio, el Gobierno dio a entender que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, había renunciado, pero las protestas no cesaron y los cacerolazos asolaron Plaza de Mayo y la residencia presidencial de Olivos.
El 20, el Gobierno intentó un último movimiento: convidar al PJ a formar parte de un gobierno de emergencia, mientras la policía buscó desalojar a los manifestantes en Plaza de Mayo. La decisión fue resistida y la represión se agravó. Hacia el mediodía, 5 personas habían sido asesinadas.
La violencia prosiguió alocadamente durante la tarde. Cuando De la Rúa quiso saber de la gestión a favor del gobierno de unidad, el PJ ya había tomado todas las distancias.
Los gobernadores del PJ reunidos en San Luis y los bloques de senadores y diputados le enviaron un mensaje: ya era tarde.
Sin el apoyo de su partido ni de la oposición, con violencia y muertos en las calles, supermercados desvalijados y humeantes, De la Rúa se tomó un tiempo para redactar la renuncia por su propio puño, la mandó al Congreso, y tomó el helicóptero que lo llevó a Olivos a retirar sus cosas.
Ese día, según la investigación de Perfil, los militares volvieron a estar muy cerca del poder.
Los Andes
