Los militares chilenos que protagonizaron un bochornoso caso de espionaje al consulado argentino en la austral ciudad de Punta Arenas no irán a la cárcel, según un fallo de la Corte Suprema que el jueves ratificó una leve sentencia por "incumplimiento de deberes militares".
El espionaje se registró en noviembre del 2003, cuando la presidenta Michelle Bachelet era la Ministra de Defensa del presidente Ricardo Lagos.
La resolución confirmó un fallo de la Corte Marcial que condenó a penas de 61 y 60 días a los involucrados, empero advierte que la normativa castrense "no transforma en lícitas las acciones que no lo son ante las leyes".
Los condenados, dados de baja y en libertad provisional, son el ex teniente coronel Víctor Poza y el ex mayor Rodrigo Acuña, sentenciados a 61 días de cárcel por incumplimiento de deberes militares; el ex suboficial Luis Alberto Robles y el ex cabo primero Jaime Espinoza Catalán, a 60 días de presidio. Los tres primeros pertenecían al ejército y el último a la fuerza aérea.
El fallo significa que ninguno irá a la cárcel dado lo reducido de las sentencias, las que se deben cumplir en forma remitida, es decir, firmando periódicamente un libro.
El espionaje enfrió las relaciones chileno argentinas y el presidente Lagos y Bachelet debieron disculparse ante sus similares, Néstor Kirchner y José Pampuro, respectivamente.
El burdo espionaje se registró el 8 de noviembre del 2003, cuando José Andrés Basbus, entonces cónsul adjunto en Punta Arenas, 3.200 kilómetros al sur de Santiago, llegó a la legación y encontró a dos hombres que intentaban fotocopiar documentos. Aunque forcejeó con ellos, los sujetos lograron huir, pero dejaron abandonados varios objetos, incluida una chaqueta con la cédula de identidad del suboficial Robles.
Pocas horas después el gobierno de Lagos admitió que los intrusos eran militares de una unidad de inteligencia, al tiempo que dio de baja al jefe de inteligencia de la Región Militar Austral, el teniente coronel Poza.
Bachelet aceptó la renuncia del jefe de la Región Militar Austral, general Waldo Zauritz, que debía asumir poco después como jefe de la Guarnición de Ejército de Santiago.
La Región Militar Austral dependía directamente de Bachelet, la que en un comunicado de su cartera señaló que los militares actuaron "en forma independiente y sin instrucciones superiores" al entrar al consulado argentino.
El ex mayor Acuña, en declaraciones a un vespertino, se quejó porque "me dejaron solo" y agregó "no planeé solo la operación, era parte de mi trabajo en el Destacamento Número 2 en Punta Arenas. Fue una orden...no es espionaje, es inteligencia".
Según las investigaciones judiciales, Zauritz desconocía la operación de inteligencia ordenada por Poza, dispuesta por Acuña y ejecutada por Robles y Espinoza.
La Corte desvirtuó la defensa de los inculpados que afirmaban que sus acciones se ajustaron a las normas de inteligencia y contrainteligencia, ya que "no resultan atendibles desde que el rango de esta normativa no transforma en lícitas las acciones que no lo son ante las leyes". (APF.Mercosur)
http://www.apfmercosur.com.ar/despachos.asp?cod_des=43807
El espionaje se registró en noviembre del 2003, cuando la presidenta Michelle Bachelet era la Ministra de Defensa del presidente Ricardo Lagos.
La resolución confirmó un fallo de la Corte Marcial que condenó a penas de 61 y 60 días a los involucrados, empero advierte que la normativa castrense "no transforma en lícitas las acciones que no lo son ante las leyes".
Los condenados, dados de baja y en libertad provisional, son el ex teniente coronel Víctor Poza y el ex mayor Rodrigo Acuña, sentenciados a 61 días de cárcel por incumplimiento de deberes militares; el ex suboficial Luis Alberto Robles y el ex cabo primero Jaime Espinoza Catalán, a 60 días de presidio. Los tres primeros pertenecían al ejército y el último a la fuerza aérea.
El fallo significa que ninguno irá a la cárcel dado lo reducido de las sentencias, las que se deben cumplir en forma remitida, es decir, firmando periódicamente un libro.
El espionaje enfrió las relaciones chileno argentinas y el presidente Lagos y Bachelet debieron disculparse ante sus similares, Néstor Kirchner y José Pampuro, respectivamente.
El burdo espionaje se registró el 8 de noviembre del 2003, cuando José Andrés Basbus, entonces cónsul adjunto en Punta Arenas, 3.200 kilómetros al sur de Santiago, llegó a la legación y encontró a dos hombres que intentaban fotocopiar documentos. Aunque forcejeó con ellos, los sujetos lograron huir, pero dejaron abandonados varios objetos, incluida una chaqueta con la cédula de identidad del suboficial Robles.
Pocas horas después el gobierno de Lagos admitió que los intrusos eran militares de una unidad de inteligencia, al tiempo que dio de baja al jefe de inteligencia de la Región Militar Austral, el teniente coronel Poza.
Bachelet aceptó la renuncia del jefe de la Región Militar Austral, general Waldo Zauritz, que debía asumir poco después como jefe de la Guarnición de Ejército de Santiago.
La Región Militar Austral dependía directamente de Bachelet, la que en un comunicado de su cartera señaló que los militares actuaron "en forma independiente y sin instrucciones superiores" al entrar al consulado argentino.
El ex mayor Acuña, en declaraciones a un vespertino, se quejó porque "me dejaron solo" y agregó "no planeé solo la operación, era parte de mi trabajo en el Destacamento Número 2 en Punta Arenas. Fue una orden...no es espionaje, es inteligencia".
Según las investigaciones judiciales, Zauritz desconocía la operación de inteligencia ordenada por Poza, dispuesta por Acuña y ejecutada por Robles y Espinoza.
La Corte desvirtuó la defensa de los inculpados que afirmaban que sus acciones se ajustaron a las normas de inteligencia y contrainteligencia, ya que "no resultan atendibles desde que el rango de esta normativa no transforma en lícitas las acciones que no lo son ante las leyes". (APF.Mercosur)
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