Noticias de Venezuela.

Caballero Negro

Colaborador


El mayor colapso económico de la historia de un país que no tenga una guerra
 

Maduro y Petro se reúnen para solidificar el intercambio comercial​


Los presidentes de Venezuela y Colombia se reunieron en Caracas para pasar lupa a los acuerdos, firmados tras la recuperación de nexos entre los dos vecinos.

Nicolás Maduro recibió este jueves a su homólogo colombiano Gustavo Petro, en Caracas (capital venezolana), “bajo los principios de respeto mutuo, autodeterminación y complementariedad”, precisa una nota en Twitter de Prensa Presidencial de Venezuela.
En efecto, las relaciones entre Venezuela y Colombia se han restablecido tras la elección del mandatario Petro, por lo que los Gobiernos de las dos naciones han mantenido una comunicación directa, “para construir una sólida relación de hermandad que derive en asociaciones estratégicas de beneficio común”, destaca el referido mensaje.
Este encuentro, valora el recado, “permite pasar revista al recién firmado Acuerdo para la Protección de Inversiones entre ambos países, así como definir la ruta que fortalezca el intercambio comercial”.

Por su parte, el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) dijo que el objetivo de la visita del mandatario colombiano es seguir profundizando el “mapa de cooperación estratégica” que diseñan ambos países desde la llegada de Petro al poder, en agosto del año pasado.
Desde la normalización de lazos, Caracas y Bogotá han centrado su atención en el tema comercial y económico, paralizado por el cierre de fronteras desde 2015 que dio lugar a contrabando y violencia en las regiones colindantes.

Así que Maduro y Petro, tras abrir oficialmente todos los pasos fronterizos, firmaron el 3 de febrero un acuerdo de promoción y protección de inversiones y el 18 de ese mismo mes, otro referente a los aranceles.

 

EXCLUSIVA: REFINADORA VALERO BUSCA APROBACIÓN DE EE.UU. PARA IMPORTAR FUENTES PETROLERAS VENEZOLANAS​


HOUSTON/WASHINGTON, 30 mar (Reuters) – Valero Energy Corp (VLO.N), la segunda refinería de petróleo más grande de Estados Unidos, está solicitando a Washington permiso para importar crudo venezolano, según cuatro personas familiarizadas con el asunto, con la esperanza de que una aprobación repetida otorgada a Chevron Corp (CVX.N) en noviembre después de una prohibición de cuatro años.
La administración del presidente Joe Biden alivió algunas sanciones estadounidenses contra la nación miembro de la OPEP en un intento por alentar un diálogo político con la oposición del país. Esto ha llevado a una mayor presión por parte de las empresas energéticas estadounidenses, europeas y asiáticas, pero por ahora, Washington se ha resistido a dar cualquier otro paso importante.
El petróleo venezolano volvió a fluir hacia Estados Unidos en enero con una licencia del Departamento del Tesoro otorgada a Chevron que le permitió expandir la producción allí y exportar el petróleo. Las refinerías, incluidas Valero y Phillips 66 (PSX.N), han comprado cargamentos de Chevron, según datos de US Shipping and Customs.
La decisión de Chevron se produjo en el contexto de las negociaciones de ayuda humanitaria y la elección presidencial. Pero los esfuerzos para financiar la ayuda liberando el dinero congelado de Venezuela en el extranjero se estancaron y no se han programado nuevas conversaciones desde entonces.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, tuiteó esta semana que Estados Unidos acordó participar en una conferencia internacional sobre la democracia venezolana que se realizará en Bogotá.

EXENCIÓN DE ESTILO CHEVRON​

Valero está solicitando al Tesoro una exención de sanciones al estilo de Chevron y le permite comprar crudo directamente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, dijo una de las fuentes, con sede en Washington.
Otros detalles de la solicitud de Valero no fueron revelados de inmediato. Ninguna decisión parece inminente, dijo la fuente, señalando que Estados Unidos, por ahora, no quiere que se le vea relajando más las sanciones contra Venezuela hasta que el presidente Nicolás Maduro haga concesiones políticas a la oposición venezolana.
Antes de que se impusieran las sanciones petroleras a PDVSA en 2019, Valero estaba entre los tres principales receptores estadounidenses del crudo del país sudamericano a través de contratos de suministro a largo plazo que no han vencido.
Un vocero de Valero dijo que la compañía no se ha comunicado con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para obtener permiso para importar petróleo venezolano.

«Me dijeron que no solicitamos una licencia», dijo la vocera Lillian Riojas.
PDVSA no respondió a las solicitudes de comentarios. El Departamento del Tesoro se negó a comentar.
Estados Unidos ha prohibido todos los pagos en efectivo a la administración de Maduro como parte de la relajación de las sanciones. La licencia de Chevron, y las aprobaciones otorgadas a las empresas europeas Eni (ENI.MI) y Repsol (REP.MC), solo permiten el comercio de petróleo o deuda.

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Caballero Negro

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La fallida jugada de Álex Saab para tomar el control de Monómeros​

Alcanzó a poner un presidente de su cuerda, pero sus antecedentes y contactos oscuros le impidieron entrar a Colombia




El nombre de la compañía Monómeros, la principal abastecedora del mercado colombiano de fertilizantes, siempre sale a relucir cuando las relaciones entre Colombia y Venezuela han tenido picos críticos o cuando alcanzan el clima de estabilidad que hoy muestran por obra de la amistad de los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro.

te los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque la diplomacia y los servicios de Inteligencia estuvieron pendientes de los movimientos de los cuadros administrativos de la compañía, filial de la venezolana Pequivén y con sede en Barranquilla. Fue establecido incluso un muro de contención para evitar que, tras el ropaje de ejecutivos, llegaran al país venezolanos que pudieran significar alguna amenaza para la seguridad nacional.

El 30 de enero de 2019, funcionarios de migración Colombia llegaron hasta la pista del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz para notificarle al pasajero de un avión ejecutivo que acaba de llegar procedente de Panamá que no era bienvenido al país y que tendría que devolverse. El inmigrante rechazado era Ronald Alexander Ramírez Mendoza, un ciudadano venezolano que llegaba a posesionarse como presidente de la compañía.

De acuerdo con información que venía entregando desde agosto de 2017 la fiscal general venezolana Luisa Ortega, que buscó protección en Colombia tras declararse perseguida por el gobierno de Maduro, Ramírez servía los intereses de dos colombianos que ella tenía identificados como jinetes de la corrupción y lavadores de activos del régimen. Se trataba de Álex Saab y Álvaro Pulido.

Luisa Ortega

La Fiscal de Venezuela Luisa Ortega quien terminó exilada fue la encargada del caso de Monómeros

El dossier preparado sobre ellos los mostraba como testaferros de Maduro. El respaldo estaba en la existencia de 36 empresas de Saab en Colombia y en la trazabilidad de los movimientos de ambos en las corrientes financieras del mundo. La información disponible entonces sugería que Ramírez podría convertirse en una suerte de caballo de troya desde Barranquilla. Desde allí hubiera tenido la libertad para moverse sin los apremios de Saab que ya estaba siendo investigado en Colombia por contrabando, por evasión fiscal y por una serie de delitos financieros.

El padrinazgo de Pulido sobre el nominado presidente de Monómeros tampoco era su mejor carta de presentación para el enviado de Maduro a regir los destinos de la empresa. Al igual que Saab, Pulido estaba en la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que se confirmó en junio siguiente cuando fue incluido en la Lista Clinton con cifras concretas: Lavado de activos por US$350 millones provenientes de saqueos al sector de la construcción y de un tráfico que se desató alrededor de la importación de alimentos a Venezuela para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Ya era un secreto a voces que ese club de amigos del Palacio de Miraflores movía oro de la reserva venezolana hacia Rusia, Irán y Turquía.

lex Saab y lvaro Pulido

Alex Saab y Álvaro Pulido, cuyo verdadero nombre es German Enrique Pulido trabajaban en llave

Si alguna duda quedaba sobre los antecedentes de Pulido, el periodista colombiano Gerardo Reyes la disipó. En su libro sobre Álex Saab, editado por Planeta, Reyes reveló que el verdadero nombre de Pulido era Germán Enrique Rubio Salas. La cédula que usaba correspondía a la de una persona ya fallecido. El Pulido original no tenía ningún tipo de antecedentes. En cambio, Rubio había sido condenado por narcotráfico en Italia en 1997, tenía nexos con el cartel de Bogotá y había alcanzado a conectarse con el cartel de Pablo Escobar.

Entonces las frecuentes llamadas y cruces de correos entre Saab, Pulido y Ramírez en las que llegaron a hablar de la importancia estratégica de Monómeros eran en ese entonces para Colombia un motivo de inquietud.

Una de las empresas de Saab era el Fondo Global de Construcción. Pulido manejaba el capítulo Ecuador. Allí el falso Pulido fue investigado por exportaciones ficticias cercanas a los $160 millones, pero el proceso derivó en un pleito contra exbanqueros de Venezuela que, según él, intentaban estafarlo y desacreditarlo.

El dúo Saab-Pulido había logrado acercarse a la petrolera estatal Pdvesa a través de una empresa no registrada llamada Trenaco y lograron cerrar millonarios negocios que fueron entendidos por el Tribunal Supremo; también en el exilio, como simples operaciones de blanqueo.

En el mismo listado de empresas fantasmas aparecen Group Grand Limited, que más tarde aparecería registrada en Hong Kong y vinculada a la compra de alimentos con cuantiosos sobreprecios para el programa Clap.

La historia recobra actualidad porque Monómeros hace parte del circuito corporativo de PDVSA, empresa que está siendo sometida a un proceso de depuración dirigido por el fiscal venezolano Tarek William Saab.

La inmunidad que Maduro le dio Álex Saab, al designarlo como embajador de negocios, valdría para Venezuela, pero ya no para el resto del mundo. El barranquillero, que comenzó sus negocios con la venta de llaveros hasta convertirse en multimillonario con sus actividades patrocinadas por Caracas, se encuentra preso en Estados Unidos. El cargo es lavado de activos. Su defensa ya era débil desde que fue detenido en Cabo Verde con un cargamento de oro venezolano a bordo de su avión. La suerte de Pulido no se conoce con certeza.

Lo que sí es un hecho es que sus tentáculos no alcanzaron a Monómeros, la empresa que podría ser comprada por Colombia en US$300 millones, según el embajador en Venezuela Armando Benedetti.

https://www.las2orillas.co/la-fallida-jugada-de-alex-saab-para-tomar-el-control-de-monomeros/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
 

Caballero Negro

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Para la Corte Penal Internacional, Maduro ejecutó un plan sistemático de ataques, encarcelamiento y torturas contra la población civil

El fiscal de La Haya documentó palizas, asfixia, ahogamientos, descargas eléctricas y violaciones sexuales en Venezuela.​



Los altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro podrían estar más cerca de tener que sentarse en el banquillo de la Corte Penal Internacional (CPI) para ser juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

El fiscal de La Haya, Karim Khan, ha sido lapidario. Existe una base razonable para creer que en Venezuela se ha cometido "un ataque sistemático contra la población civil de conformidad con una política de Estado (…) y la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado específicas con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.

Así lo asegura en un documento de 22 páginas presentado el 30 de marzo ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, en el que desmonta cada uno de los argumentos esgrimidos por el régimen de Maduro para intentar frenar la investigación por crímenes de lesa humanidad.

Se trata del caso "Venezuela I" que abrió la anterior fiscal de la CPI, la gambia Fatou Bensouda, gracias a la denuncia presentada por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina en 2018, durante la gestión del entonces presidente Mauricio Macri.

En 2021, el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner decidió bajarse de esta denuncia colectiva, por considerar que “el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo".

Nada más alejado de la realidad. En su documento, el fiscal de la Corte Penal sostiene que “al menos desde abril de 2017 en adelante, miles de opositores percibidos o reales del Gobierno de Venezuela fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente objeto de formas de violencia sexual incluida la violación”.

Describe que “las víctimas fueron sometidas a actos de violencia que incluyeron palizas, asfixia, casi ahogamiento y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”.

Además apunta que la Fiscalía de la CPI "llegó a la conclusión de que los posibles casos identificados son de gravedad suficiente para justificar la adopción de nuevas medidas por la Corte, a la luz de consideraciones cuantitativas y cualitativas, entre ellas la escala, la naturaleza, la forma de comisión y las repercusiones de los crímenes”.

Venezuela es el primer país del continente americano que tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Actualmente el proceso está paralizado por la solicitud que hizo el régimen de Maduro para que se suspenda la investigación, con el argumento de que en su país ya hay investigaciones en curso por parte de la Justicia chavista.

Sin embargo, el fiscal Khan ha sido enfático en su documento al señalar que“la totalidad de las investigaciones y procedimientos nacionales presentados por el Gobierno de Venezuela no reflejan suficientemente la investigación prevista por la Corte porque no ha habido ninguna investigación de crímenes de lesa humanidad. Las investigaciones se centran exclusivamente en oficiales de bajo rango y los crímenes se enmarcaron en términos de ‘casos aislados’ sin ninguna investigación sobre patrones“.

Es que la Corte Penal Internacional va más allá de los autores materiales de los crímenes. Su objetivo es investigar y castigar la cadena de mando, los altos funcionarios del régimen que ordenaron y permitieron perpetrar estas graves violaciones a los derechos humanos.

Por ello el fiscal Karim Khan ha señalado que la investigación en La Haya debe continuar. Algo que decidirá en los próximos meses la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, luego de haber recibido las observaciones del régimen, la respuesta del fiscal y los testimonios de más de 2 mil víctimas venezolanas.

Este lapidario documento del fiscal de la CPI se hizo público el mismo día que se divulgó el informe de "Lupa por la Vida", una coalición de prestigiosas organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, que documentó al menos 824 ejecuciones extrajudiciales en el país durante el año 2022, cometidas por militares y policías del régimen de Maduro.

 
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