El Conflicto Interno en Colombia

Caballero Negro

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Ejército confirma la caída de uno de sus helicópteros en el Catatumbo
Señalaron que se trata un Black Hawk que realizaba labores de abastecimiento y apoyo.
Por: JUSTICIA |

2:46 p.m. | 22 de junio de 2015

Foto: Archivo particular.

Este es uno de los helicópteros Blackhawk del Ejército.

El Ejército confirmó que un helicóptero adscrito a la Brigada 30 del Ejército se precipitó a tierra en el Catatumbo, Norte de Santander.

Según dijeron, se trata de un Black Hawk que realizaba labores de abastecimiento y apoyo.

Aún las autoridades no confirman si fue derribado y si hay víctimas fatales. De hecho, el Ejército indicó podría tratarse de un accidente.

Unidades especiales fueron enviadas al sitio de los hechos para realizar la verificación de la aeronave.

Noticia en desarrollo...

JUSTICIA

Fue derribado, se sabe que iban 4 tripulantes, pero no se sabe si están vivos o muertos,
 

Caballero Negro

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Exfiscal Mario Iguarán ofreció excusas al almirante Gabriel Arango Bacci

El exjefe del ente investigador reconoció la existencia de testigos falsos en el proceso que se adelantó por vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Foto: David Campuzano
Almirante Gabriel Arango Bacci.




El exfiscal General, Mario Iguarán Aldana ofreció excusas al almirante Gabriel Arango Bacci por las irregularidades que se presentaron en el proceso penal en su contra en el cual fue vinculado con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

El exjefe del ente investigador reconoció la existencia de testigos falsos en la investigación que, sin embargo en un principio, le dieron toda la credibilidad para acusar a Arango Bacci de facilitar el tráfico de drogas en la costa.

“A riesgo que me llamen la atención, sea la oportunidad para pedirle excusas públicas en nombre de la Justicia colombiana al almirante.Excúseme. Mi conciencia y mi deber y ahora que leo esto tan triste del 'Cartel de Falsos Testigos' que nos invita a revisar los procedimientos de los funcionarios que pueden estar promoviendo estas personas, me veo obligado a ello", aseguró.

El exfiscal, quien declaraba como testigo en el proceso que se adelanta contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, se dirigió al almirante quien se encontraba entre el público en la sala de audiencias.

Al final de la misma reconoció ante los medios de comunicación el valor de este gesto, asegurando que esto es parte del reconocimiento que se debe tener en la justicia colombiana sobre el daño que produce el denominado cartel de los falsos testigos.

“Él me lo había dicho, que habían cometido conmigo un error muy grande. Le acepté sus disculpas pero, sin embargo, todo el país sabe que le dañan la carrera y la vida a un ciudadano común y corriente y es lo que estamos viendo en el caso del doctor Luis Alfredo Ramos", señaló.

Fuente: http://www.elespectador.com/noticia...ecio-excusas-al-almirante-gab-articulo-567820
 

Caballero Negro

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Más de 30 mil personas sin luz por ataque guerrillero en Puerto Concordia
Un artefacto explosivo fue detonad en contra del sistema eléctrico de este municipio.



Un atentado perpetrado, al parecer, por frente séptimo de las Farc, dejó sin luz a más de 30 mil personas en Puerto Concordia, Meta, después de que se accionara un artefacto explosivo en contra del sistema eléctrico de la zona.

Los hechos ocurrieron cerca de la media noche de este lunes en la vía que de San José del Guaviare conduce a Puerto Concordia.

Se espera que en las primeras horas de este martes las autoridades pertinentes se trasladen a la zona del atentado para hacer un barrido y descartar la presencia de algún otro artefacto explosivo.

Hasta el momento no se ha reportado de ningún herido a causa del ataque que ha encendido las alarmas entre los pobladores, después de que se conociera que Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’,habría pedido intensificar los ataques en el país.

Y es que el Meta ha sido fuertemente golpeado por este grupo guerrillero en los últimos días. El pasado viernes las Farc perpetraron dos ataques dejando un policía muerto, otro herido.

El primer hecho ocurrió el viernes en el municipio de Lejanías, donde subversivos atacaron con proyectiles a policías, al parecer, desde una vivienda que se encontraba cerca. Como Alexis Sánchez Pulido, fue identificado el uniformado que falleció. El patrullero Carlos Mario Oyola fue trasladado herido a un centro asistencial.

En el segundo hecho, se conoció que las Farc cometieron un atentado contra una torre de energía del municipio de Puerto Concordia que, para la fecha, también dejó sin el servicio de luz a sus habitantes.

Fuente: http://www.elespectador.com/noticia...-luz-ataque-guerrillero-puert-articulo-567896
 

Caballero Negro

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Destruyendo la vida

En buena hora puso el Papa Francisco el tema de la lucha por la vida, que venimos perdiendo en toda la línea. Sin que conozcamos el texto completo de las doscientas páginas que el Sumo Pontífice dedica a esta cuestión esencial, admitimos que puede equivocarse en muchas de sus apreciaciones. Por ejemplo y guiándonos por los comentarios de prensa, tantas veces sesgados y errados, nos parece atinada su diatriba contra el capitalismo salvaje en materia ambiental. Pero no hemos oído que critique con pareja vehemencia al socialismo salvaje, que es bastante peor que el otro. Los destrozos que el comunismo le ha causado al planeta hacen que lo demás sea juego de niños.

Mas no importa. Por estrategia o por alguna oculta razón pasó Francisco de puntillas sobre los desastres ecológicos de la China, de Rusia, de Europa Oriental, de Corea o de Cuba. Ya habrá tiempo para poner las cosas en su sitio, si es que aquellas omisiones vienen en la Encíclica o son interesada presentación de la prensa izquierdista.

Pero el tema viene que ni pintado para que repasemos los desastres que los bandidos comunistas han desatado en Colombia y que están produciendo en este preciso momento.


La cocaína está irremisiblemente asociada con esta tragedia, y no en corta medida. La destrucción de los bosques colombianos es de dimensiones colosales. Las ciento veinte mil hectáreas que estos bandidos tienen hoy dedicadas al negocio, suponen por lo menos el doble deforestado. Pero si hacemos una proyección a los últimos veinte años, de manos a boca nos tropezamos con una deforestación de millones de hectáreas. En esos bosques nativos la recuperación es casi imposible. Por simple piedad, los especialistas la remiten a cincuenta o más años de paciencia y buen trato. En términos más realistas, la tierra desnuda para la coca no volverá jamás.

Pero no solo matan la tierra por este camino los bandidos. La muerte de nuestros ríos es sencillamente catastrófica. El vertimiento de crudo a los ríos por la voladura de los oleoductos supera por mucho el desastre del Exxon Valdés. De este accidente se habla todos los días. De le pertinaz tarea del ELN y de las Farc para matar las aguas colombianas, no se acuerda nadie. El primer olvidadizo es, por supuesto, el equipo negociador de Juanpa en La Habana. Cuando las Farc hablan de cese unilateral al fuego, impropiedad sobre impropiedad, falacia sobre falacia, nada dicen del cese de los ataques a los ríos. Y de indemnizar semejante daño, ni una palabra, desde luego.

Pero no solamente volando oleoductos atenta esta ******* contra la vida en el planeta y en nuestra tierra. Porque tienen otra ingeniosa técnica de exterminio, cuando se trata de robar el combustible que requieren para convertir en clorhidrato de cocaína la pasta de coca. Valga ilustrarlo, lector querido, sobre el hecho de que los precursores químicos que se usan en esa empresa son aleatorios, en cuanto que muchos de esos venenos son sustituible y necesarios en modesta cantidad. Solo hay dos elementos de uso necesario, el cemento y la gasolina. El cemento lo hacen llegar sin dificultades, porque la policía y el ejército no tienen instrucciones para interferir su tránsito.

La gasolina empieza por el robo al oleoducto, a partir de una incisión sencilla y sin mayores riesgos. Cuando se han robado el crudo necesario, lo pasan a refinerías artesanales, en cuya preparación son cada vez más expertos. De la refinería llevan la gasolina, por impura que sea, a los laboratorios y asunto concluido.

Pues cualquiera entiende que la pérdida del crudo es inmensa, primero en la extracción, luego en el transporte a los laboratorios y por último en el proceso de fabricación de la cocaína. Ese despilfarro de crudo va derecho a los ríos. Y la cantidad en que se calcula supera lo que se vierte con las explosiones a los oleoductos. Sumadas las dos cantidades, dejamos pálido el accidente en el Golfo de México. Sin que a nadie le importe, va de suyo.

No terminemos esta lista trágica sin olvidar el mercurio que se vierte a los ríos en el infernal negocio de la minería ilegal. No hay otro veneno más deletéreo en el mundo. Y circula por nuestras cuencas, especialmente en la del Pacífico, en cantidades asombrosas. Nuestros ríos se quedaron sin peces y las riberas aledañas sin vida.

¿Qué importa este crimen? Nada. Ni siquiera engrosa la lista de los delitos de lesa humanidad que aquí se cometen. Y puede ser el peor de todos. Porque no teniendo destinatario específico va contra la vida en cualquiera de sus manifestaciones. Matan la naturaleza estos bellacos. Pero silencio. De la Calle y Jaramillo andan muy ocupados para pensar en detalles y minucias. Lo suyo es mucho más importante. Nada menos que la gloria de Juanpa.

Fuente: http://www.las2orillas.co/destruyendo-la-vida/
 

Sebastian

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HRW señala a mandos militares por ejecuciones ilegales en Colombia

La organización de derechos humanos denuncia que coroneles y generales del Ejército “sabían o deberían haber sabido” de los llamados falsos positivos

Javier Lafuente / Elizabeth Reyes L. Bogotá 24 JUN 2015 - 20:21 CEST


A la derecha, los generales Rodriguez y Lasprilla, señalados por HRW. / Fernando Vergara (AP)

Hace siete años que estalló en Colombia el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, conocida como falsos positivos, que protagonizaron algunos militares como una estrategia macabra para mostrar resultados y obtener beneficios. Desde entonces se ha sabido cómo en diferentes regiones del país se mataron, entre 2002 y 2008, a cientos de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. La Fiscalía investiga al menos 3.000 presuntos casos.

Aunque en su momento fueron apartados de sus cargos 27 oficiales y soldados, hasta ahora, las condenas de estos hechos han recaído sobre soldados y oficiales de bajo rango. Apenas altos mandos han sido condenados. Así lo evidencia el informe de Human Rights Watch (HRW) El rol de los altos mandos en falsos positivos, de 105 páginas, que asegura que hay “amplias evidencias” que sugieren que coroneles y generales del Ejército “sabían o deberían haber sabido” de los llamados falsos positivos, e incluso “podrían haberlos ordenado”. Este martes, la Fiscalía General ha citado el excomandante del Ejército Mario Montoya, junto con tres oficiales de esa institución, todos retirados, para que declaren por sus posibles nexos con los falsos positivos

Para José Miguel Vivanco, director de las Américas de HRW, "los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares”, asegura Vivanco en un comunicado.

Hasta ahora se han condenado a 815 militares por falsos positivos y solo a seis coroneles​

Se refiere el responsable de HRW al general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, quien dirigió entre 2007 y 2009 una brigada que está siendo investigada por presuntamente haber cometido al menos 28 falsos positivos en ese periodo; al general Jaime Lasprilla, hoy al frente del Ejército, quien comandaba otra brigada investigada por 48 casos cometidos entre 2006 y 2007. En septiembre de 2014, el general Rodríguez y otros oficiales fueron señalados públicamente por un polémico coronel que está preso. Lasprilla también ha sido mencionado en otros informes. Sin embargo, los dos han negado que impartieran órdenes en contra de los derechos humanos.

HRW realizó un análisis de los datos que maneja la Fiscalía y concluyó que 180 batallones habrían cometido ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. También tuvo acceso a expedientes penales y a testimonios de militares implicados en estos casos que afirman que sus superiores presuntamente conocían o facilitaron los falsos positivos. Entre los testimonios se encuentran el de dos exoficiales que contaron que durante más de un año se reunieron semanalmente con el comandante del batallón al que pertenecían para planificar falsos positivos bajo un mismo modus operandi.

En los últimos meses se lleva a cabo un juicio contra cinco coroneles que formaban parte de la cúpula de un mismo batallón que ha sido acusado de la muerte de más de 70 inocentes entre 2006 y 2007. Uno de ellos, el coronel Edgar Ávila, fue director de la Justicia Penal Militar en 2009 y también decano de Derecho de la Universidad Militar. Hasta ahora se han condenado a 815 militares por falsos positivos y solo a seis coroneles. La Fiscalía ha dicho que investiga a 22 coroneles.

El gobierno colombiano debería ordenar a las autoridades militares que cooperen con las investigaciones
José Miguel Vivanco​

En el informe, HRW apunta que los fiscales tienen dificultades para avanzar en los casos porque no pueden acceder a información militar y que numerosos casos siguen siendo manejados por la Justicia Penal Militar, “donde prácticamente se garantiza su impunidad”, dice Vivanco. También, que algunos oficiales que han declarado contra sus superiores sufren represalias. “El gobierno colombiano debería ordenar a las autoridades militares que cooperen con las investigaciones, asignar suficientes fiscales a los casos y proteger a los testigos y sus familias”, dice la organización defensora de derechos humanos.

La ONG también le pide a Colombia que dentro de las medidas de justicia transicional que puedan adoptarse en las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno con la guerrilla de las FARC, las cuales incluirían también a los militares que cometieron delitos en el marco del conflicto armado, “no priven a los familiares de víctimas de falsos positivos de que se haga justicia”, dijo Vivanco.
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/24/actualidad/1435099410_117406.html
 

Sebastian

Colaborador
De oficiales a comandar el Ejército

El estudio señala que se estarían investigando más de 200 ejecuciones en las que habrían participado altos mandos

J. L. / E. R. Bogotá 24 JUN 2015 - 20:22 CEST


El informe que HRW presenta este miércoles en Bogotá detalla cómo algunos de los oficiales que comandaron las 11 brigadas que se analizan en el estudio, de 105 páginas, acabaron convirtiéndose en los mandos militares de mayor jerarquía del Ejército colombiano.

A partir de datos de la Fiscalía, HRW apunta que se estarían investigando una serie de presuntas ejecuciones extrajudiciales: 44 cometidas por soldados al mando del general retirado Mario Montoya, comandante del Ejército Nacional de 2006 a 2008; al menos 113 por soldados al mando del general retirado Óscar González Peña, comandante del Ejército Nacional de 2008 a 2010; al menos 28 por militares al mando del general Juan Pablo Rodríguez Barragán, el oficial militar de mayor jerarquía en Colombia; y 48 por soldados de la brigada que dirigía el general Jaime Lasprilla, actual comandante del Ejército Nacional.

El trabajo de HRW hace también un llamamiento al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al que pide que asegure que los testigos en casos de falsos positivos “no sean hostigados ni estigmatizados por oficiales militares, y que reciban protección adecuada”. Además, insta al fiscal general a incrementar la cantidad de fiscales e investigadores en la Unidad de Derechos Humanos, “a fin de que puedan llevar adelante los casos de falsos positivos de manera expeditiva y exhaustiva”.

En el caso del Gobierno de Estados Unidos, HRW exige “el cumplimiento de los requisitos de derechos humanos a los cuales se supedita la asistencia militar a Colombia, incluida la exigencia de que los casos de derechos humanos estén ‘sujetos únicamente a la jurisdicción plena ordinaria”.
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/24/actualidad/1435107661_525328.html
 

Sebastian

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El drama del militar que denunció los "falsos positivos" en Colombia
24 junio 2015 Última actualización: 07:52 GMT

El sargento Carlos Eduardo Mora, del Ejército de Colombia, cree que en diez años es probable que esté muerto.

Ha recibido numerosas amenazas.

Especialmente después de que en 2008 comenzara a colaborar con la Justicia colombiana en los procesos a militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales conocidas en el país como "falsos positivos".

Su testimonio ha contribuido a la condena de un teniente coronel y otros oficiales de menor grado, así como soldados.

En este video, Mora le cuenta al corresponsal de BBC Mundo en Colombia, Natalio Cosoy, cómo descubrió que se estaban cometiendo falsos positivos, qué sucedió cuando lo denunció y cómo es su vida ahora.

Video en el link: http://www.bbc.com/mundo/video_foto..._colombia_falsos_positivos_entrevista_mora_nc
 

Sebastian

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Colombia: "Si llega a contar lo que pasó, matamos a su familia"
Natalio Cosoy BBC Mundo, Bogotá (@nataliocosoy)
  • 43 minutos

No es para él un honor, sino el sinónimo de una condena.

El sargento Carlos Eduardo Mora ha sido el primero -y hasta hoy el único- miembro de las fuerzas armadas de Colombia que obtuvo a su favor una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Él está seguro de que en algún momento lo van a matar (ver video que acompaña a esta nota).

Es un temor compartido por la CIDH, que en octubre de 2013 le solicitó al gobierno de Colombia que ofreciera protección para "preservar la vida y la integridad personal" de Mora y su núcleo familiar.

"Mucha gente lo tomó como la confirmación de que yo era un traidor", le dijo el militar a BBC Mundo.

¿Qué hizo Mora?

A fines de 2008 se presentó ante la Justicia para dar cuenta de lo que sabía acerca de las ejecuciones extrajudiciales conocidas en el país como "falsos positivos" y todavía sigue colaborando con procesos abiertos a soldados y oficiales.

Para mostrar "resultados"
En esta práctica, soldados y oficiales, presionados por sus superiores para mostrar resultados "positivos" en la lucha contra la guerrilla y la delincuencia, llevaban por la fuerza o citaban en lugares remotos, con promesas falsas -como ofertas de empleo-, a sus víctimas.

Luego las asesinaban y las hacían aparecer como combatientes enemigos, colocándoles armas o vistiéndolas con ropas militares.


Cuando la existencia de los casos de falsos positivos se difundió en 2008, hubo protestas en varias partes del país.
Además de ser usados para demostrar "resultados", estos falsos positivos les daban a los militares que los ejecutaban ciertos beneficios, como vacaciones.

Hasta el momento hay más de 800 miembros del Ejército condenados por ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008, los años en los que se concentra el mayor número de casos conocidos de falsos positivos.
Aunque hay algunos excomandantes de batallones y otras unidades presos por estos actos, en su mayoría los condenados son soldados de rangos inferiores.

16 generales investigados
Mora, al igual que otros testigos, está ayudando a la Fiscalía a excavar hacia arriba esa sólida montaña que es la estructura militar colombiana, a la que la Justicia puede acceder desde la base, pero cuyas partes más altas se le hacen más difíciles de alcanzar.

De esa aparente impenetrabilidad da cuenta un informe presentado este miércoles por la organización internacional Human Rights Watch (HRW), en el que expone por qué considera que hubo responsabilidad por parte de generales y coroneles en los casos de falsos positivos y cuáles parecen ser los impedimentos para que sean llevados ante la Justicia.

El reporte señala que en Colombia hay investigaciones abiertas contra 16 generales del Ejército activos y retirados, pero ninguno ha sido acusado formalmente.


“Los falsos positivos representan uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio occidental de los últimos años, y hay cada vez más evidencias de que altos oficiales del Ejército serían responsables de estos hechos atroces”, indicó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch.​
HRW asegura que comandantes de las brigadas y unidades tácticas responsables de gran cantidad de ejecuciones al menos sabían o deberían haber sabido sobre estos delitos.

"Human Rights Watch examinó transcripciones o grabaciones de testimonios prestados a la Fiscalía", dice el informe, "en los cuales se acusa de manera directa a varios militares que eran entonces comandantes de división, al entonces jefe del Comando Conjunto del Caribe, General (r) González Peña, y al entonces comandante del Ejército Nacional, el General (r) Mario Montoya, de haber tenido conocimiento de falsos positivos, o de haberlos planificado o intentado facilitar su comisión, mientras ocuparon estos cargos".

Eso los haría, según la organización, penalmente imputables.

La responsabilidad puede llegar aún más lejos.

En un reporte interino sobre Colombia, de 2012, la Corte Penal Internacional (CPI) asegura que "existen bases razonables para creer que (los falsos positivos) fueron cometidos en virtud de una política adoptada al menos a nivel de ciertas brigadas dentro de las fuerzas armadas".

De acuerdo con la CPI podría incluso considerarse una política de estado, ya que las mismas, de acuerdo con el organismo, no necesariamente deben ser concebidas al más alto nivel de la maquinaria estatal.

Brigada Móvil 15
HRW analizó 11 brigadas, algunos de cuyos comandantes luego ascendieron en la cadena de mando militar.

"Sus posiciones jerárquicas en el momento de los delitos incluían las de comandantes de batallones, brigadas y divisiones, así como un comandante del Ejército Nacional", indica el reporte.

Una de las unidades analizadas por HRW era la Brigada Móvil 15, que operaba en el departamento de Norte de Santander, bajo la 2ª división del Ejército, a la que el sargento Carlos Eduardo Mora llegó desde su fundación, en 2006.
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía está investigando 38 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas entre 2006 y 2008 por esa brigada, según HRW.

Mora ha sido clave en las investigaciones que se realizaron y realizan sobre lo ocurrido allí.
En 2007, el entonces cabo formaba parte del área de inteligencia de esa unidad.

Le contó a BBC Mundo que al empezar a notar actividades sospechosas intentó, sin éxito, levantar la voz de alarma con algunos de sus superiores.
Fue amenazado y terminó siendo trasladado a Bogotá.
Antes de partir, asegura que los coroneles le dijeron: "Si llega a contar lo que pasó y lo que vivió acá en Ocaña y lo que usted sabe, le matamos a su familia".

Soacha
Ya en la capital, una noticia lo llevó a volver a intentar contar lo que sabía.
En octubre de 2008 se hallaron en Ocaña, Norte de Santander, 17 cuerpos vestidos con ropas militares.
Eran muchachos de bajos recursos que vivían en la municipalidad de Soacha, vecina de Bogotá, a los que les habían ofrecido empleos cerca de la frontera con Venezuela.


Las víctimas de falsos positivos pertenecían generalmente a sectores de bajos recursos.
Al llegar allí, miembros de la Brigada Móvil 15 los mataron.

Ante esos hechos, el gobierno pasó a retiro a tres generales del Ejército y a los coroneles Rubén Darío Castro, entonces comandante de la brigada, Jesús Rincón Amado, jefe de operaciones de la brigada, y Santiago Herrera Fajardo, quien estaba en ese momento trabajando con el general Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército Nacional.
En total el gobierno retiró del servicio a 27 miembros del ejército.
El general Montoya renunció.

Condenas e investigaciones
A finales de 2008, el sargento Mora llegó hasta la oficina del entonces director de inteligencia del Ejército, el general Ricardo Hernando Díaz Torres.

Según Mora, tras contarle lo que sabía, Díaz Torres se comunicó con el comandante de las fuerzas militares y luego llamaron al ministro de Defensa, que en ese entonces era el actual presidente Juan Manuel Santos.
Le dieron la orden de ir a radicar la denuncia al día siguiente a la Fiscalía ya la Procuraduría, dice el sargento.
La evidencia que brindó hasta ahora permitió a los fiscales conseguir las condenas de un teniente coronel y varios otros oficiales y soldados.
La Brigada Móvil 15, en la que se desempeñaba Mora, fue cerrada a comienzos de 2009.

De los oficiales que operaban en esa unidad, Santiago Herrera Fajardo está procesado; y Jesús Rincón Amado fue condenado en marzo de 2014 a 35 años de cárcel por el homicidio en abril de 2007 de un un motociclista, quien fue presentado como baja en combate.

Este martes, la Fiscalía anunció que citó a declarar al excomandante del Ejército Nacional, Mario Montoya Uribe, junto a otros tres generales, en el marco de investigaciones por falsos positivos.
Montoya Uribe había estado al mando de la Brigada 4 entre fines de 2001 y fines de 2003, período en el que según HRW, "al menos 44 presuntas ejecuciones extrajudiciales (fueron) perpetradas por soldados (de esa unidad)".

Según la información que HRW obtuvo de la Fiscalía de Colombia, se están también investigando por presuntas ejecuciones extrajudiciales las brigadas dirigidas por el general retirado Óscar González Peña, y los generales en activo Juan Pablo Rodríguez Barragán (hoy es comandante general de las fuerzas militares) y Jaime Lasprilla Villamizar (actual comandante del Ejército).

Respaldo del presidente Santos
Sobre el señalamiento a Rodríguez Barragán y Lasprilla Villamizar, el presidente Juan Manuel Santos dijo este miércoles en un acto ante las Fuerzas Armadas que estos le "mostraron las respuestas de la Fiscalía y la Procuraduría (...) no hay una sola investigación en contra de estos altos oficiales".


"Que se castigue al culpable, pero que no nos vengan a manchar la institución", dijo Santos.
"Entonces que no vengan a señalarlos y a causarles un daño enorme sin ninguna justificación, sin ninguna documentación", agregó.

BBC Mundo tuvo acceso a documentos de la Fiscalía que aseguran que esos dos generales no tienen condenas, antecedentes, ni órdenes de captura, pero no dicen nada respecto a la inexistencia de investigaciones (eso no quita que haya otros documentos que así lo demuestren, pero BBC Mundo no los conoce).
Santos también dijo: "Si hay ejemplos, como hay en cualquier institución, que hayan cometido errores, son las propias fuerzas las más interesadas en que se haga justicia".
"Que se castigue al culpable, pero que no nos vengan a manchar la institución".

Amenazas
Desde el momento en que empezó a colaborar con la Justicia, Mora dice que comenzó a recibir nuevas amenazas e intimidaciones.
Según HRW, las amenazas y ataques a testigos constituyen uno de varios obstáculos a los que se enfrentan las investigaciones de falsos positivos.
El director de Derechos Humanos del ministerio de Defensa, teniente coronel Carlos Javier Soler Parra, le dijo a BBC Mundo que en respuesta a esta situación hace dos años se estableció un esquema de protección para militares que actúan como testigos en estos casos.
"Estamos respondiendo por su vida y estamos dando todas las garantías de protección para que puedan seguir aportando al tema".

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Otros testigos afectados
Los tres primeros casos aparecen en el reporte de HRW, el último fue referido a BBC Mundo por el sargento Mora y ha sido registrado por medios colombianos.

Nixon de Jesús Cárcamo
El 27 de octubre de 2014 Nixon de Jesús Cárcamo apareció muerto en el centro de detención del Ejército de la 11ª Brigada de Montería, departamento de Córdoba, donde estaba detenido por cargos de falsos positivos y por los que daba testimonio sobre el supuesto rol de oficiales y soldados en ejecuciones extrajudiciales.

Once días antes de su muerte le había dicho a los fiscales que temía por su vida, que había rumores en el centro de detención de que peligraba su vida por cooperarar con la justicia. Dijo que si algo le pasaba hacía responsables a quienes estaba acusando.

Esposa de testigo violada
"Hay evidencias serias" de que en 2013, hombre no identificaron violaron a la mujer de un soldado, en represalia por el testimonio del soldado en contra de un coronel del ejército, dice HRW.
Ella contó que durante la violación los asaltantes la llamaban la esposa del "sapo".


Ataque en Soacha
El 12 de agosto de 2012, en Soacha, mataron a tiros a Jhon Fredy Garcés, un testigo que había dado testimonio a los fiscales sobre un caso de falso positivo en una unidad militar en la que sirvió como guía civil.

Alexander Rodríguez
A finales de 2007 Alexander Rodríguez, también, como Mora, de la Brigada Móvil 15 de Norte de Santander, denunció lo que creía eran falsos positivos.
"Lo echaron como un perro", dijo Mora.
Luego fue detenido, acusado de un supuesto delito de extorsión.
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Otro es la falta de cooperación por parte de los organismos castrenses.

En una nota escrita, el Ejército le dijo a BBC Mundo que ha "dispuesto unos equipos de trabajo que tienen como objetivo brindar el apoyo en cada uno de los requerimientos que (la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación realicen sobre) información relacionada con el personal militar vinculado a las investigaciones y con ello agilizar las mismas".
"Somos los primeros interesados en que se aclaren los hechos y se asuman las responsabilidades individuales por los mismos", agrega el texto.
Sin embargo, HRW señala que "los fiscales a cargo de casos de falsos positivos indican que, con frecuencia, miembros del Ejército interponen obstáculos al acceso a archivos que son cruciales para sus investigaciones".
Por otra parte, la organización cuestiona el hecho de que haya casos de ejecuciones extrajudiciales bajo la jurisdicción de la Justicia Militar Penal, que "tradicionalmente (...) ha garantizado la impunidad para estos delitos, y hasta hoy carece de independencia y credibilidad".



El sargento Mora ya no ejerce las tareas de inteligencia para las que fue formado.
Y el organismo cree que dentro mismo de la Fiscalía se han dado problemas de organización y distribución del trabajo que han ralentizado las investigaciones.
Aun con esas limitaciones, la Fiscalía continúa investigando al menos 3.700 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la órbita de más de 180 batallones y otras unidades tácticas, según HRW.
El director de Derechos Humanos del ministerio de Defensa, teniente coronel Carlos Javier Soler Parra, le dijo a BBC Mundo que se ha sentenciado a algunos militares de forma injusta.
Dijo que a su entender hay al menos cuatro casos de suboficiales o soldados -no de oficiales- condenados indebidamente por falsos positivos.

Unidad administrativa
El sargento Mora continúa colaborando con la Fiscalía en procesos de falsos positivos.
Ya no ejerce las tareas de inteligencia para las que fue formado.
Se encuentra ahora trabajando en una unidad administrativa en Bogotá.
Y aguarda con certeza y un cierto estoicismo no falto de temor el momento en que sus enemigos finalmente den con él.
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Nota: La versión original de este artículo no incluía las declaraciones de Juan Manuel Santos, que fueron incorporadas tan pronto como se dieron a conocer.
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150622_colombia_falsos_positivos_altos_mandos_hrw_nc
 

Caballero Negro

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Con 800 uniformados, Estado retomará control en el Cauca

A los corregimientos El Mango, El Plateado y Sinaí, en Argelia, Cauca, empezarán a llegar desde este jueves 800 uniformados, entre policías y militares, luego del episodio en el que una turba sacó el pasado martes a 60 policías de la estación en El Mango y quemó sus alojamientos.

Esa es la estrategia de la Fuerza Pública para recuperar el control y la presencia en esa población, mientras una comisión especial está dedicada a establecer si detrás de la revuelta hubo presiones de la guerrilla de las Farc, que es fuerte en la zona.

La Policía maneja la hipótesis de que no fue un acto espontáneo sino un plan movido por el frente 60 de las Farc, concretamente por alias Pocillo, quien habría instigado a la población a actuar en contra de la Policía, que terminó saliendo en camiones hacia el casco urbano del municipio Argelia.
“Llevamos muchos años viendo cómo comunidades quieren forzar a la Fuerza Pública a salirse de ciertos sitios, de sus propias instalaciones, presionada, en la mayoría de las veces, por grupos al margen de la ley, como está sucediendo en El Mango, Cauca”, dijo el presidente Juan Manuel Santos, en una ceremonia de ascenso de la Policía.

Minutos antes, en el reconocimiento de las tropas, el nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, señaló que las Fuerzas Armadas se quedarán para proteger a la comunidad. “Que se notifiquen quienes creen que convenciendo ilusamente a la población de rechazar la Fuerza Pública están haciendo algo que no será rechazado con toda la fuerza y con toda la inmediatez por parte del Estado”, dijo Villegas.

La Policía dice que este tipo de situaciones –que, por vías de hecho, unidades de esa institución sean obligadas a salir de un pueblo– no se daba hace años. El único antecedente, pero con militares, ocurrió en el 2012 también en Cauca, cuando indígenas nasas sacaron a empujones a soldados de una base militar en una montaña en Toribío. En ese caso, los militares soportaron agresiones e insultos sin acudir a la violencia para defenderse.

Los que estuvieron a la cabeza de la turba en El Mango sostienen que la comunidad no se sentía segura con la presencia de la Policía y que esta supuestamente los expone a los constantes ataques y hostigamientos de la guerrilla, que aprovecha la zona montañosa cercana para disparar en contra de los agentes. En varias ocasiones, los impactos han dado en edificaciones civiles.

Las autoridades advierten que la presión sobre las comunidades no es la única vía a la que acuden sectores interesados en desalojar a la Fuerza Pública. En todo el país hay decenas de tutelas con las que se busca el mismo efecto. De hecho, en El Mango existe un litigio entre la Policía y habitantes del caserío que ha acudido ante jueces reclamando que la estación debía ser trasladada.

Lo mismo ocurre en Inzá, municipio caucano donde las Farc destruyeron la estación de Policía en un atentado en el que murieron 8 personas, en diciembre del 2014.

El coronel Ramiro Pérez Manzano, comandante de la Policía del Cauca, señaló que los uniformados siguen durmiendo en la Casa de la Cultura del municipio mientras termina la construcción de la nueva edificación. Esto, porque cada vez que arriendan una propiedad han sido obligados a desalojarla a punta de tutelas. Los recursos son interpuestos por líderes o vecinos que aseguran que tener cerca a la Policía los pone en riesgo.

“Uno no entiende cómo hay personas que pretenden que estemos lejos, cuando nuestro deber constitucional es protegerlos y para eso necesitamos estar cerca de ellos”, indicó el coronel Pérez Manzano, quien coordina el retorno de los policías a los tres corregimientos de Argelia.

Pero la situación no se da solo en Cauca. Esta semana, en un consejo de seguridad en Putumayo, la Policía expuso que ha detectado que guerrilleros del frente 48 de las Farc han reunido a líderes comunales y presidentes de juntas de acción comunal en diferentes municipios para presionarlos a interponer tutelas reclamando la salida de unidades de Policía.

El coronel Ricardo Suárez, comandante de la Policía Putumayo, indicó que por orden judicial hace dos años debió ser reubicada la estación en La Hormiga. Y hoy están a la espera de que el Tribunal Superior de ese departamento defina si se debe hacer lo mismo en el corregimiento Puerto Colón, en San Miguel.

“Son zonas donde hay una alta presencia de la guerrilla. Lo que quieren es tener zonas donde reclutar libremente a menores y cobrar extorsiones”, dijo el coronel Suárez.

Investigan infiltración

Entre tanto, los ojos de la Fiscalía y Policía están puestos sobre Dagoberto Muñoz, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Mango, quien –según la Policía– estuvo al frente del grupo de civiles que expulsó a los uniformados.

El coronel Pérez Manzano le dijo a este diario que las informaciones recavadas hasta ahora dan cuenta de que Muñoz fue la persona que llevó la retroexcavadora con la que tumbaron las trincheras, así como los camiones en los que terminaron saliendo los uniformados. Añadió que, tras el desalojo, las instalaciones fueron saqueadas.

Martha Inés Restrepo Saavedra, directora Seccional de Fiscalías en el Cauca, indicó que se investigará a quienes participaron en la destrucción de la garita de Policía. Los que intervinieron serían procesados por asonada y violencia contra servidor público. En cuanto al incendio de la sede policial, hay un agravante, pues se destruyó un bien del Estado dedicado al servicio público.

Entre tanto, Dagoberto Muñoz insistió ayer en el riesgo de un ataque de la guerrilla, que considera inminente tras el fin del cese de fuegos unilateral. “La Policía llegó al corregimiento de El Mango hace ocho años y desde hace aproximadamente cuatro hemos tenido muchos hostigamientos de la guerrilla; el pueblo está destruido en más o menos un 35 por ciento. Hay 78 casas totalmente deshechas y más de 20 averiadas”, dijo. Agregó que sienten que la Policía “nunca estuvo resguardando a los habitantes sino que fue una problemática” y aseguró que en El Mango no tienen nada en contra de la institución, pero que sienten que la presencia policial los pone en la mira.

Analistas piden más coordinación con el Ejército

La directora de la Fundación Ideas para la Paz, María Victoria Llorente, calificó los casos como el de la vereda El Mango, en Argelia (Cauca), como problemas de coordinación entre la Policía y el Ejército.

El año pasado la Fundación hizo un estudio en 45 municipios con presencia significativa de las Farc y encontró que “la Policía, por ser blanco militar, está atrincherada en las estaciones sin poder cumplir su función”.

Según Llorente esto muestra que “no hay una buena coordinación con el Ejército, que debería impedir que las Farc lleguen a los cascos urbanos, para que la Policía se concentre en lo que tiene que hacer”: acercarse a la comunidad.

El director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), Jorge Restrepo, afirmó que El Mango, “en los últimos 2 años, ha sido atacado más de 20 veces por las Farc”, lo que demuestra que para la Policía resulta “muy difícil proteger a los ciudadanos mientras tiene que protegerse a sí misma”. Restrepo afirma que la respuesta de la Fuerza Pública debe ser la de “crear una buena política de protección, acercándose a las comunidades, sin imponer su presencia”.

El exdirector de la Policía, General Luis Ernesto Gilibert, aseguró que cuando la población recurre a hechos de violencia para expulsar a las autoridades, como en El Mango, “está detrás la presión de grupos subversivos”. Dice que en estos casos la Policía debe garantizar su retorno a la zona “acompañada por el Ejército”.

El Mango, zona de cultivos ilícitos y ruta clave al Pacífico

El Mango, corregimiento de Argelia, de 2.000 pobladores, enclavado en las montañas del occidente del Cauca, es considerado un corredor estratégico para los grupos armados ilegales y como centro de cultivos ilícitos.

“En este sector ha sido constante la presencia de grupos armados. Ahí han operado paramilitares, las Farc, el Eln y bandas criminales que saben de su estratégica ubicación como corredor de movilidad”, dice el secretario de gobierno del Cauca, Amarildo Correa.

La Policía señala que desde ahí se parte hacia El Plateado y luego son trochas y senderos hacia el Pacífico por los que se mueven armas y drogas y víveres para quienes viven en la ilegalidad.

Otra forma de ingreso es desde el Pacífico por los caudalosos ríos que recorren la zona y que también sirven para sacar drogas. La Armada Nacional mantiene control en los ríos y esteros, lo que le ha permitido este año la incautación de 24.000 kilos de cocaína movilizados en lanchas que salen buscando alcanzar alta mar.

De acuerdo con la Armada Nacional, que realiza operaciones en la Costa Pacífica, en la zona operan los frentes 60, 30 y la columna Móvil Daniel Aldana. Allí se mueven los cabecillas de las Farc ‘Ramirito’ y ‘Pocillo’. Este último fue a quien se le atribuyen los más sangrientos ataques contra la estación de Policía en El Mango y en la cabecera municipal de Argelia.

Este grupo controla y se financia con los cultivos y laboratorios de coca.

BOGOTÁ y POPAYÁN

http://www.eltiempo.com/politica/ju...5?hootPostID=ef0c33717c2e83ca2777f40ec6dd8392
 

Caballero Negro

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Las Farc provocan en Nariño la mayor emergencia ambiental de los últimos diez años


La mancha de petróleo avanza por los ríos de Tumaco. Foto: Ecopetrol
Con la voladura de parte del oleoducto Trasandino, 410.000 galones de crudo fueron a parar a 81 kilómetros de fuentes hídricas en Nariño.

La voladura de parte del oleoducto trasandino en área rural de Tumaco por parte de las Farc provocó una de las emergencias ambientales más graves de las últimas décadas en Colombia, además de afectar a 160.000 personas que se quedaron sin agua depués del atentado.

Y es que según el Ministerio de Medio Ambiente, la contaminación por causa del crudo derramado afecta a 81 kilómetros de fuentes hídricas así como a ecosistemas de flora y fauna.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López, al visitar la zona y reunirse con autoridades locales, departamentales, ambientales y del riesgo, rechazó el nuevo atentado dinamitero y aseguró que "es el peor de los ocurridos en los últimos años".

"Rechazo categóricamente la actuación de grupos ilegales, se trata de una tragedia incalculable, el peor daño ambiental y social de los últimos 10 años; una vez más los afectados son las clases menos protegidas y vulnerables y por supuesto los pescadores de la zona".

Los 410.000 galones de crudo vertidos a la quebrada Pianulpí se han regado también por el río Guisa, desembocando en el Mira, río que abastece de agua a Tumaco y veredas aledañas, y que finaliza en el mar pacífico.

Por su parte, Ecopetrol informó que se destinó un equipo de 350 personas que busca contener la mancha de crudo en Nariño y se dispuso una barrera de 5.000 metros para contener la mancha de petróleo que viaja por el río Mira y que amenaza con llegar a la Bahía de Tumaco.

Además, desde el martes pasado se ordenó el cierre de la bocatoma del acueducto municipal de Tumaco.

Las Farc, que han atacado cinco puntos de la infraestructura petrolera del país en las últimas semanas, provocaron el derrame en un punto de la vía que comunica la vereda El Pinde con Tumaco.

NoticiasRCN.com
 

Sebastian

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Héroes o asesinos, ¿cómo quieren ser llamados?

El imperativo ético de una sociedad que busca la paz es hacer justicia por los horrores

Diana Calderón 27 JUN 2015 - 01:14 CEST
La misma semana en que fueron llamados a interrogatorio cuatro generales en retiro, entre ellos Mario Montoya, comandante del Ejército entre 2006 y 2008, como parte de las investigaciones sobre los llamados falsos positivos en Colombia, se conoció el informe de Human Right Watch en el que se alerta sobre los riesgos de impunidad en estos casos. El documento de José Miguel Vivanco incluso fue más allá y pide a los actuales comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército, a los generales Juan Pablo Rodríguez y Jaime Lasprilla, que expliquen su papel cuando estuvieron al frente de las brigadas 4 y 8 respectivamente, en las que se investigan no menos de 100 casos.

Desaparición forzada, homicidio agravado, concierto para delinquir, involucrando reclutadores, pagando a 100 euros por víctima, son entre otros los delitos por lo que se investiga actualmente y se debería acusar y condenar a los miembros del Ejército colombiano que asesinaron a civiles para presentarlos como guerrilleros o integrantes de bandas criminales o delincuentes caídos en combate y cobrarlos como resultados operacionales para ganar reconocimiento de sus superiores y recompensas por buen desempeño.

El imperativo ético de una sociedad que busca la paz por la vía de reparar a las víctimas, de restituir las tierras despojadas, es hacer justicia por los horrores vividos por más de cinco mil personas que se vieron afectadas como familiares o víctimas directas entre 2002 y 2008. Pero ese no parece ser el tema que importa. Al contrario. Lo que esta semana ha quedado claro es que al gobierno y al ejército los informes de las organizaciones no gubernamentales y las decisiones judiciales previas les molestaron porque consideran que son campañas de desprestigio contra la institución. Pidieron pruebas hasta que le tocó a Vivanco ir a explicarles que su información reposa en los expedientes de la propia Fiscalía colombiana y más aún son las propias confesiones de algunos militares involucrados.

Otros advierten que las decisiones de la Fiscalía se dan en momentos en que se lleva a cabo el proceso de paz con las FARC en La Habana con el único propósito de documentar las responsabilidades militares para llevarlas a un acuerdo sobre Justicia Transicional, en el que muchas voces piden sean incluidos esos militares, en una especie de simetría con los máximos responsables de la guerrilla de las FARC, para cerrar el conflicto.

Quien ejecutó esos crímenes portaba un uniforme llamado a honrar no a deshonrar

A pesar que las Cortes colombiana e internacionales han dicho claramente que esos casos deben ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria, y así quedó en la más reciente reforma al Fuero Penal Militar, el debate ahora es que esos miembros de la fuerza pública implicados en estos crímenes, que violan las normas que ellos mismos representan, deben entrar en el mismo proceso que los miembros de las FARC, como si fueran lo mismo. Quien ejecutó esos crímenes portaba un uniforme llamado a honrar no a deshonrar. Así como los magistrados que roban o sobornan vestidos con sus togas o los congresistas que le entregan el alma al diablo por unos cuántos votos. Todos esos que violan la investidura que escogieron no pueden pedir simetrías. Menos aun cuando han tratado de hacer aparecer legítima su acción.

No creo que deban ser cobijados los falsos positivos como un tema conexo al conflicto armado con el argumento de que estaban respondiendo a resultados exigidos por sus superiores. Muchos actuaron además en búsqueda de beneficios individuales como garantizarse una salida a descansar. El asesinato a sangre fría o el fusilamiento de un inocente no tiene motivación política alguna para incluirlo dentro de los elásticos márgenes de la justicia transicional. No creo que la impunidad sea la fórmula para cerrar el conflicto. Creo que, al contrario, lo reproduce. Pero sobre todo daña el Estado de Derecho. Le quita dignidad a esos otros cientos y miles de soldados y generales que sí honran al Ejército, y que quiero creer que no les interesa ser equiparados a los guerrilleros en este proceso.

Ahora bien, si la justicia transicional cae sobre los máximos responsables, sobre los generales que ordenaron el asesinato de esos muchachos, o se hicieron los ciegos, entonces sí valdría la pena: si a cambio de justicia tuviéramos de sus bocas la confesión, la verdad, el reconocimiento de sus delitos, el perdón sincero, entonces sí la justicia se convierte en un instrumento de paz. Y de eso no creo que sean capaces. Y en cambio sí habremos pagado un precio muy alto para ganar la guerra que ahora no sabemos cómo terminar, porque para nosotros como para ellos, entonces el fin habría justificado los medios.

Los militares que cometieron esos crímenes son los mismos que como el uribismo no quieren que los equiparen a los guerrilleros en una mesa de negociación pero sí piden ser juzgados con el mismo rasero de los que llaman narcoterroristas y con el mismo de los paramilitares con los que otrora se aliaron. Alguien en esa institución tiene que pedir respeto por los decentes, por nuestros verdaderos héroes.

Diana Calderón es directora de Informativos y Hora 20 de Caracol Radio Colombia. @dianacalderonf
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/27/actualidad/1435360495_625476.html
 

Caballero Negro

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La madrugada del pasado lunes 22 de junio, la guerra dejó una huella imborrable en el Pacífico colombiano, literalmente. Un atentado perpetrado por apenas un par de hombres de las FARC tiene al país al borde de una de las mayores catástrofes ambientales de su historia. A eso de las dos de la madrugada los campesinos de la vereda El Pinde, en Tumaco, sintieron una estruendosa explosión. Algunos salieron despavoridos de sus casas buscando de dónde provenía ese estallido. Y en la profundidad de la noche, encontraron el tubo del Oleoducto Transandino ‘herido de muerte’, botando sin cesar miles de galones de crudo que se fueron dando paso en medio de una de las más exóticas y exuberantes selvas que tienen los colombianos.

Desde ese momento cerca de 700 personas se han ido sumando a la titánica misión de atajar la mancha de crudo, que se calcula en más de 410.000 galones, el equivalente a 10.000 barriles. Quienes han estado en el lugar cuentan que ha sido una de las tareas más conmovedoras y frustrantes de sus vidas. El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, reconoció que lloró durante el sobrevuelo al ver que por más de 80 kilómetros el petróleo avanzaba llevándose todo lo que tocaba. “El panorama es totalmente desolador. Produce dolor en el alma”, le dijo a SEMANA.

El objetivo era que la mancha negra no llegara a las fuentes de agua, pues una vez tocara el líquido el crudo se esparciría irremediablemente. Para esto Ecopetrol y el gobierno pusieron 3.000 metros de barreras en el mar y 7.000 en los ríos. Además, construyeron 15 puntos de control que habían logrado al viernes pasado recoger cerca de 3.000 barriles. A pesar de los esfuerzos, para el cierre de esta edición, el petróleo ya había llegado por el río Mira hasta la bahía de Tumaco y había entrado por más de diez kilómetros sobre la costa. Se anticipaba que la mortandad de fauna y flora sería inmensa.

El gobernador de Nariño, Raúl Delgado, advirtió que su departamento está frente a una verdadera “emergencia sanitaria”. Como el agua del río que surte al acueducto está contaminada, se tuvo que suspender el servicio. Más de 160.000 personas se han afectado por la falta de suministro y se espera que la situación continúe así mínimo hasta agosto. El alcalde de Tumaco, Víctor Gallo, decidió ese mismo día adelantar las vacaciones de los niños pues era “imposible recibirlos en el colegio si no había agua”. Pero no se ve una solución sencilla para atender las necesidades de las cárceles, los hospitales y la población en general.

A Tumaco llegó el viernes el presidente Juan Manuel Santos con una decena de altos funcionarios. Para solucionar la falta de agua dispusieron 30 carrotanques y el viernes llegaron tres corbetas de la Armada cargadas del líquido. Se calcula que se necesitan 600.000 litros al día. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, explica que debido a la contaminación de los ríos se está buscando tomar el agua subterránea. Para eso se utilizarán pozos de las universidades Nacional y Nariño. Mientras tanto, el agua se está trayendo desde Esmeraldas, Ecuador.

Sin embargo, Gallo teme lo que pueda pasar cuando la atención mediática baje pues, por ejemplo, hay 7.000 pescadores que se quedaron sin sustento lo cual agrava la situación en las zonas rurales. “Somos un municipio que vive del cacao, del plátano, del arroz, del pescado y de los camarones. La escasez de agua nos hace mucho daño. Es verdad que nosotros hemos vivido cientos de atentados, pero este ha sido el peor”, sostiene.

El derrame, no obstante, no despertó una conmoción nacional. Los atentados a la infraestructura petrolera en Colombia sufren de cierta desidia entre los activistas, entre otras razones, porque suceden muy a menudo. La mayoría ocurren en lo que se denomina ‘la otra Colombia’, regiones apartadas y olvidadas. El 8 de junio, por ejemplo, una caravana de 19 camiones cisterna fue atacada por las FARC en la vereda Las Cabañas (Putumayo). Los guerrilleros obligaron a los conductores a regar más de 200.000 galones de crudo que terminaron dañando nueve humedales y dos nacimientos de agua. No había pasado una semana cuando en Tibú (Norte de Santander) hubo otro atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. La contaminación llegó de inmediato al río Catatumbo y 16.000 personas se quedaron sin agua. Así, este año ya se cuentan 34 atentados.

Los ambientalistas, que casi nunca se pronuncian sobre el impacto de los atentados de la guerrilla, por primera vez en un lacónico comunicado exigieron “excluir tanto a las comunidades como a los ecosistemas del conflicto armado”. Por su parte, el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez pidió nunca olvidar “los ecocidios de la guerrilla: cientos de miles de hectáreas de selva deforestada y miles de atentados contra los oleoductos”. Sin embargo, llamó la atención que la tragedia de Tumaco no mereciera, en el activismo, ni una pizca del despliegue que han tenido el rechazo a la explotación minera u hotelera de otros refugios naturales del país.

El hecho de que la naturaleza termine siendo una de las grandes víctimas del rompimiento de la tregua unilateral de las FARC también evidenció la falta de coherencia del grupo guerrillero. Pocos días antes del atentado, Pastor Álape había celebrado la encíclica del papa sobre el cambio climático y había dicho que en el camino hacia la paz era necesario “poner freno también a la explotación depredadora y al pillaje de los bienes comunes de sobrevivencia colectiva”.

Por eso, el jefe negociador, Humberto de la Calle, dijo que “la idea (de las FARC) de proclamar la defensa del medioambiente destruyendo el medioambiente es inaceptable”. El presidente Santos dijo que con estos hechos lo que genera la guerrilla es pobreza y escepticismo en el proceso de paz y los calificó de “cínicos”, por su supuesta defensa ecológica. Los atentados petroleros no son la peor huella que han dejado las FARC en la naturaleza. Cada hectárea de coca que han cultivado ha destruido tres hectáreas de bosque, la minería ilegal de coltán que se dice ese grupo controla en la selva amazónica ha esclavizado a grupos indígenas y la minería ilegal de oro, que muchas veces ellos han protegido, ha carcomido ríos y quebradas. Como dijo el exsenador Eduardo Chávez, desmovilizado del M-19 y quien hoy dirige una organización ambiental, en la protección de la naturaleza la guerrilla se está comenzando a jugar su futuro en La Habana. “Me temo que si las FARC no decretan una tregua unilateral e indefinida a la naturaleza van a hacer perder el respaldo que el proceso de paz estaba ganando”.

Fuente: Vía @RevistaSemana
 
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Caballero Negro

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Candidez pacifista
A las Farc les encantan las treguas porque saben que pueden fortalecerse y multiplicar sus frentes.

Al terminar la semana, el presidente Juan Manuel Santos anunció que está de un cacho el acuerdo sobre las víctimas, en la mesa de La Habana. Buena noticia. Pero no basta para aliviar el escepticismo del país frente al desenlace del proceso con las Farc. Mucho más impacto tuvieron, horas antes, las imágenes de la inmensa mancha de petróleo que, por un atentado de las Farc, cubría el jueves 7 kilómetros de playas en Tumaco, amenazaba humedales y ciénagas de la zona, y paralizaba las actividades de pesca de algunos de los colombianos más pobres. Al mismo tiempo, en el colmo del cinismo, las Farc elogiaban la encíclica papal en defensa del medioambiente.

A pocos días de que termine el primer semestre, el acuerdo fundamental –justicia transicional y desmovilización definitiva de las Farc– no asoma en el horizonte. Y pensar que el Gobierno creyó que podría refrendarlo en las elecciones regionales de octubre, algo que resulta imposible aun si se firma pronto, pues haría falta una ley de referendo que pasara por el Congreso y luego fuera visada por la Corte Constitucional.

Los defensores a ultranza de la mesa de La Habana –yo la defiendo como un intento válido, pero no renuncio a señalar sus riesgos y su lentitud– creen que urge un nuevo acuerdo para bajar la intensidad del conflicto, incluso un cese del fuego bilateral. Aseguran que, a principios del año, cuando las Farc mantuvieron una tregua unilateral y el Gobierno suspendió los bombardeos, el respaldo de la opinión al proceso aumentó de modo significativo por el descenso, también significativo, de la actividad violenta.

Y es verdad, así lo indican las encuestas de entonces. Ante la ausencia de hechos de guerra, los colombianos vieron claros beneficios en el proceso. Pero es una verdad a medias porque omite un hecho fundamental: también fue el período en que la mesa de La Habana se paralizó. Las Farc se dedicaron a tomar el pelo a la delegación del Gobierno con un viejo truco que conocen bien: si después de horas de discusión la jornada termina con algún avance, al día siguiente los delegados guerrilleros vuelven a arrancar desde el principio, como si el avance jamás se hubiese dado. Ocurrió en la Uribe en los 80, en Caracas y Tlaxcala en los 90, en el Caguán a principios de siglo, y ahora en La Habana.

A las Farc les encanta eso y les encantan las treguas –sobre todo si las Fuerzas Armadas no bombardean– porque saben que pueden fortalecerse y multiplicar sus frentes, como lo hicieron hace más de 30 años, durante el cese del fuego que pactaron con el gobierno de Belisario Betancur. Hemos visto ahora cómo usaron el periodo sin bombardeos para recuperar iniciativa en las zonas donde tienen mayor fortaleza (Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá), pero también para tratar de revivir frentes que desaparecieron en otras zonas, en tiempos de la seguridad democrática de Álvaro Uribe.

Por eso me sorprende que haya tantas voces de supuestos expertos que proponen que la mesa de La Habana pacte un cese bilateral antes de firmar el acuerdo definitivo. ¡Es como si el país nada hubiese aprendido del pasado! Ese pasado enseña que lo único que empuja la negociación es golpear militarmente a las Farc.

Las derrotas que les propinaron las Fuerzas Armadas del 2000 en adelante fueron la clave para que aceptaran sentarse a negociar lo que nunca habían querido siquiera discutir: el fin del conflicto y el fin de las Farc como grupo armado. Pero apenas el Estado alivió la ofensiva, a inicios de año, ‘Timochenko’ y sus secuaces se sintieron cómodos y frenaron la negociación. Ojalá que, en su afán de firmar un acuerdo, el Presidente no caiga en la candidez pacifista de aceptar un cese bilateral que solo debe darse cuando haya un acuerdo definitivo.

Mauricio Vargas
[email protected]

Fuente: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/candidez-pacifista/16014675
 

Caballero Negro

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Las pruebas contra los soldados presos por la masacre de las Farc
Su comandante los acusa de alterar las coordenadas del ataque que afectó los diálogos en La Habana.

Por: UNIDAD INVESTIGATIVA |

7:16 p.m. | 28 de junio de 2015

Foto: El TIEMPO

En dicho ataque de las Farc fallecieron 21 soldados.

Durante al menos 24 horas, el Ejército dio por muertos al sargento viceprimero Rodolfo Díaz Donoso y al cabo Alfonso Carvajal, pertenecientes a la Brigada Móvil 17 de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército, que opera en el Cauca.

Sus superiores creían que por la sevicia del ataque de las Farc al corregimiento de Timba, la medianoche del martes 14 de abril, ambos habían caído al lado de sus 10 soldados y de un suboficial. En ese mismo episodio, que alcanzó a afectar los diálogos de paz en La Habana entre el Gobierno y las Farc, quedaron heridos 21 soldados. (Lea aquí detalles sobre el ataque de las Farc).




Pero Díaz y Carvajal, cabezas del contingente, aparecieron vivos y hoy completan una semana detenidos en el Batallón de Ingenieros n.° 3, Agustín Codazzi, por delitos que les podrían significar más de 20 años de cárcel.
El jueves circuló la versión de que la Justicia Penal Militar estaba indagando si Díaz y Carvajal estaban evadidos del sitio del ataque y ebrios.

Pero EL TIEMPO estableció que los cargos en su contra son mucho más complejos. El propio comandante del Batallón de Combate Terrestre (Bacot) 110, mayor Andrés Celemín Celis, los está acusando de haber entregado coordenadas incorrectas del lugar del ataque guerrillero.

Cargos por homicidio

La juez 52 penal militar, Eliana Figueroa Botero, busca establecer qué llevó a los uniformados a alterar información y documentos oficiales, incurriendo en falsedad ideológica en documento público.

Todo indica que querían ocultar que estaban en un sitio no autorizado (en la cancha de microfútbol del pueblo), incumpliendo órdenes de sus superiores.

“Hasta ahora no hay evidencia de complicidad con las Farc –como ocurrió en el ataque a La Gorgona, en noviembre de 2014–, pero sí de su omisión”, dijo una fuente castrense. Pero ese es el señalamiento de menor gravedad.

A Díaz y a Carvajal también los van a procesar por homicidio culposo y lesiones personales de sus subalternos.
En el expediente, al que reporteros de este diario tuvieron acceso, se advierte que su conducta impidió que sus hombres dieran una respuesta militarmente adecuada al sangriento ataque de miembros de la columna móvil Miller Perdomo de las Farc. (Lea también: Procuraduría investigará 9 militares por masacre de las Farc en Cauca)

Según testimonios de los sobrevivientes, los atacaron primero con granadas y explosivos, y luego con ráfagas de fusil, reduciendo su capacidad de respuesta.

Para probar la presunta responsabilidad de los oficiales, se están pidiendo copias del diario operacional y del libro que llevaba el comandante de pelotón, el sargento Díaz.

Esto permitirá establecer si se incumplieron órdenes operacionales y maniobras tácticas dadas por radio y por escrito, impidiendo que los soldados respondieran a la emboscada.

Diaz y Carvajal también deberán explicar por qué llevaban tres días acampando en el mismo lugar.
Para sus superiores no hay duda de que esa decisión permitió el avasallamiento por parte de las Farc y la pérdida de vidas y de material y pertrechos militares. Sin contar las consecuencias que esta acción tuvo en La Habana y en el ánimo del país.

De hecho, el mayor Celemin asegura que los dos suboficiales desobedecieron la orden expresa de pernoctar en un predio protegido, lo que facilitó la emboscada de los subversivos.

Hay más investigados

El 23 de abril se abrió investigación formal contra los dos uniformados y contra un tercero: el sargento Diego Molina Benavides, quien murió a causa de las graves heridas de fusil. Por eso, la causa penal en su contra cesó de inmediato.
Ese mismo día se decretó la práctica de varias pruebas. Entre ellas, escuchar la versión del radio-operador del batallón, Ibachi Molina y del escribiente del libro de programas del comando.

También, se le ofició a la Procuraduría General para que adelantara las investigaciones disciplinarias del caso, además, para que el Ministerio Público evitara una posible obstrucción a la justicia por parte de los investigados.

Para darle celeridad al caso, el 18 y 19 de junio, la juez Figueroa escuchó en indagatoria a los sindicados y, luego de tres horas de diligencia, ordenó privarlos de la libertad. (Lea: Once militares muertos en el Cauca tras ataque de las Farc)

EL TIEMPO se contactó con allegados de uno de los investigados, quienes negaron las sindicaciones y manifestaron que es falsa la versión de que estaban ebrios. Y así lo reiteró Díaz en la indagatoria.

Sin embargo, hace 72 horas, tanto Díaz como Carvajal fueron cobijados con medida de aseguramiento.
Y la Procuraduría parece estar yendo más allá. Además de investigar a los dos uniformados, profirió auto de apertura de investigación en contra del coronel Pedro Antonio García Vásquez, comandante de la Brigada Móvil n.° 17; y los comandantes de la compañía coloso: cabo primero Wilder Aguilar, Merbyn Jaramillo y Diego Montes.

En el expediente, a cargo de los procuradores María Eugenia Gómez Carreño y Juan Carlos Novoa, también se está investigando el mayor Andrés Celemin, comandante del Batallón de Combate Terrestre 110, cuyo informe originó los procesos contra Díaz y Carvajal, quienes insisten en su plena inocencia.

De hecho, sus familias dice que fueron calificados como héroes por resistir al ataque con explosivos y ahora son los villanos de la cruel masacre de las Farc.

La defensa de los uniformados

Catalina Sánchez, pareja del sargento Rodolfo Díaz, calificó como injusto que él y el cabo Carvajal sean investigados por la masacre de las Farc. Dijo que Díaz fue uno de los heridos y que está anímicamente afectado por los señalamientos. “Él se siente orgulloso de pertenecer al Ejército y lleva más de 18 años”, dijo. Allegados de otros uniformados aseguraron que la tropa estaba en el polideportivo esperando el abastecimiento de provisiones y que “los están convirtiendo en la carnada de las Farc”. Por estrategia de defensa, los abogados de los investigados no hablarán, por ahora, con los medios.

UNIDAD INVESTIGATIVA
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Caballero Negro

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Nuevo atentado de las FARC: terroristas hacen explotar oleoducto en Puerto Asís, Putumayo


Lunes, Junio 29, 2015
Con cuatro cargas explosivas, guerrilleros del frente 48 de las FARC habrían hecho explotar otro oleoducto en la zona rural de Puerto Asís, Putumayo, según indican las autoridades.

Entre bomberos y funcionarios de Ecopetrol que acudieron al lugar duraron muchas horas controlando el incendio.

Las autoridades aseguran que el frente 48 de las FARC fueron los responsables de este acto terrorista puesto que opera en esta zona y quienes fueron los responsables de ataque a la base militar de puerto Asís hace dos días.

Este hecho se suma al ocurrido en Tumaco, Nariño, que dejó 410 mil galones de petróleo vertido.

Para el presidente Juan Manuel Santos, este podría ser el daño ambiental más grave en la historia de Colombia.

Fuente: http://www.ntn24informa.info/video/atentado-oleoducto-farc-57585
 

Sebastian

Colaborador
Los enemigos desminan juntos

El Gobierno colombiano y las FARC inician el proceso humanitario de erradicación de minas en una pequeña localidad

Javier Lafuente Bogotá 29 JUN 2015 - 22:32 CEST


Búsqueda de minas en el departamento de Antioquia. / R. ARBOLEDA (afp)

El explosivista de las FARC, un mando del frente 36, uno de los batallones más sanguinarios de la guerrilla, se aupó al árbol y señaló al suelo. La superficie que mostró estaba —está aún— sembrada de minas antipersona. Quien miraba atento las indicaciones del subversivo era un sargento del Ejército colombiano. En un momento dado, cuando el guerrillero hizo ademán de acercarse, el militar le paró: “No toque eso, le puede estallar. Deje que nosotros señalemos la zona peligrosa y ya volveremos para destruir las minas”.

Ese momento ha llegado. A partir de este miércoles, la historia que recuerda el general Rafael Colón, director del programa de eliminación de minas del Gobierno, se llevará la práctica. Colombia iniciará en El Orejón, una pequeña vereda del departamento de Antioquía, un proyecto piloto de desminado humanitario, producto de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociaciones de La Habana, y que permitirá el trabajo conjunto del Ejército y las FARC. Como ocurrió durante la fase preliminar, cuando se produjo la primera toma de contacto, en la que también estuvo presente Pastor Alape, uno de los negociadores en Cuba y miembro del secretariado de las FARC, los guerrilleros tendrán que explicar la precisión con la que fabricaron las minas para provocar el mayor daño posible a los militares, que las desactivarán.

Unas 50 personas se desplazarán a El Orejón: 40 miembros del Ejército, tres delegados de las FARC, uno del Gobierno y otro de la organización no gubernamental Acción Popular Noruega, país garante de las negociaciones, que supervisará el proyecto. El desminado llega en el momento más crítico para el proceso de paz, con el apoyo público de la opinión pública por los suelos después de los últimos enfrentamientos. En el trabajo de campo, como en La Habana, la sensación parece ser otra, según se desprende de las palabras del general Colón: “La percepción es de respeto. Tenemos que estar en esa armonía. De ninguna manera hay una prevención, ni un choque, ni una animadversión. Todo lo contrario”.



Pese a que se ha insistido en destacar que El Orejón es un lugar donde hay más minas que personas, tampoco resulta complicado si se tiene en cuenta que se trata de una localidad donde viven 100 personas, unas 25 familias, un pequeño punto en la geografía del municipio del Briceño, de los más minados de Antioquía, con cerca de 80 veredas similares a la de El Orejón. “El reto es aumentar el impacto político que pueda tener un proyecto como este, tenemos que comenzar por algo para que se genere confianza y se pueda observar el espíritu del acuerdo, es una señal del desescalamiento del conflicto”, explica el general Colón. “Hay que llegar a acuerdos para que, con el concurso de las FARC, se puedan hacer planes piloto, limitados en tiempo y en espacio, que se puedan implementar en otros lugares”.

Colombia es el tercer país (tras Camboya y Afganistán) con más víctimas a causa de las minas del mundo, 11.140 desde 1990, cuando comenzó el registro oficial. En lo que va de año, 119 se han visto afectadas: 76 militares y 43 civiles, de los cuales siete son niños, un dato que preocupa sobremanera a las autoridades. Los departamentos de Antioquia y Meta son los que cuentan con mayor número de víctimas. El Estado, que se ha comprometido a limpiar el país de minas para 2021, asegura que está presente en 15 de los 102 municipios en los que ha detectado la presencia de estos artefactos.

La elección de El Orejón como lugar para desarrollar esta fase de aprendizaje no es baladí. “Tiene corredores que conectan con varias áreas del territorio, es un lugar de conflictividad reciente, hay cultivos de hoja de coca, no hay fuerte presencia institucional, ausencia de escuelas, profesores, agua… Es una población confinada por las minas”, explica Colón. Unos habitantes que, recuerda el general, recibieron con cierto temor al Ejército. “Estaban acostumbrados a las FARC, a permanecer en un status quo. La guerrilla ha sido quien dirigía las cosas. Cuando llegamos debieron pensar: ‘Aquí va a pasar algo’. A las pocas horas se les pasó, creo tienen esperanza en lo que les hemos dicho que vamos a cumplir”.

Fueron los vecinos de El Orejón los que llevaron a los militares a los lugares minados, para posterior confirmación de la guerrilla, algo que no siempre va a ocurrir: muchos subversivos que colocaron minas han podido morir y otros han sido trasladados; la geografía ha podido cambiar, las minas haberse desplazado... “Va a ser un proceso lento”, recalca Colón. Y costoso. Mientras que colocar una mina puede costar 5.000 pesos (algo menos de dos euros), desinstalarla asciende a 5.000 dólares (4.500 euros)
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/29/actualidad/1435608716_231012.html
 

Caballero Negro

Colaborador
Consecuencias del plan pistola llevado a cabo por parte de los narco-terroristas de las farc y eln. Pareciera que la Fuerza Pública hace presencia en varias zonas del País con el solo propósito de ocupar espacio inoficiosamente, pareciera que estamos en el Norte de Santander, Cauca, Nariño y Putumayo a la defensiva, estáticos y a la espera de los ataques para ver como se reacciona.

Hace tiempo escuché al presidente decir que si pudiera bombardear a timochenko no lo hacía por el marco del proceso de paz que determina su política y su plan de gobierno, hace unos días el ministro de defensa dijo que su prioridad era la seguridad de los guerrilleros una vez se desmovilicen, y donde está la misión de garantizar la vida, los bienes y la honra de los Colombianos de bien? en un segundo plano seguramente.

Entonces con estos principios nuevos, que modulan la actual coyuntura es imposible ganar, es imposible si quiera estar a la ofensiva, se desnaturaliza a las Fuerzas Militares y de Polícía, se les desmoraliza, se confunden. Estamos peleando para soportar, para que nos desgasten, para perder.

Te edito la foto.

la estilista que también murió (Fabiola Acosta):

 
Última edición por un moderador:

Caballero Negro

Colaborador
“Farc voló un tramo del puente que comunica a Guamal con San Martín, Meta”



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Caballero Negro

Colaborador
En vivo: Reportan dos explosiones en Bogotá
La primera, un petardo en la calle 72 con Décima. Otra, en calle 13 con carrera 46. 5 lesionados.

Las autoridades confirmaron una explosión en la calle 72 con carrera Décima, en el norte de Bogotá, en la tarde de este jueves. (Vea fotos del lugar de la explosión). La otra se reportó en la calle 13 con carrera 46. Al parecer, ambas ocurrieron en dos edificios de Porvenir.

"Tres máquinas de Bomberos estación Chapinero y Central se encuentran en la calle 72 con carrera 9, por reporte de explosión", señaló Bomberos en su cuenta de Twitter.

Al parecer, se trataría de un petardo. El número de heridos hasta el momento es de cinco personas, que son atendidas en las ambulancias.

Versiones preliminares señalan que había un paquete bomba dentro del Edificio Porvenir. Tres ambulancias fueron enviadas a Chapinero.

El primer piso de la edificación está destruido, pero las edificaciones aledañas al parecer no sufrieron daños. Autoridades acordonaron el sitio para verificar que en el lugar no haya más explosivos.

“Sobre las 3:45 escuchamos la explosión. Pensamos que era un trueno. Pero de inmediato nos dimos cuenta de lo que había pasado. Hay temor entre la gente de la zona”, afirmó un trabajador del sector, quien señaló que las autoridades están intentando descartar la presencia de más artefactos en los alrededores.











Leonit Muneva, testigo del hecho, dijo que la zona es de común tráfico vehicular y que en la salida de la oficina se ubican varios vendedores ambulantes. “Salía de mi oficina cuando empezó el humo y la gente corría”, dijo en diálogo con Citynoticias.

La movilidad por la calle 72 está cerrada hacia el oriente. Los vehículos están siendo desviados por la calle 72. La carrera novena está cerrada en sentido-sur-norte. Los carros están siendo desviados por la carrera séptima y la avenida Caracas.

BOGOTÁ


fuente: http://www.eltiempo.com/bogota/explosion-en-el-norte-de-bogota/16035782
 
En vivo: Reportan dos explosiones en Bogotá
La primera, un petardo en la calle 72 con Décima. Otra, en calle 13 con carrera 46. 5 lesionados.

Las autoridades confirmaron una explosión en la calle 72 con carrera Décima, en el norte de Bogotá, en la tarde de este jueves. (Vea fotos del lugar de la explosión). La otra se reportó en la calle 13 con carrera 46. Al parecer, ambas ocurrieron en dos edificios de Porvenir.

"Tres máquinas de Bomberos estación Chapinero y Central se encuentran en la calle 72 con carrera 9, por reporte de explosión", señaló Bomberos en su cuenta de Twitter.

Al parecer, se trataría de un petardo. El número de heridos hasta el momento es de cinco personas, que son atendidas en las ambulancias.

Versiones preliminares señalan que había un paquete bomba dentro del Edificio Porvenir. Tres ambulancias fueron enviadas a Chapinero.

El primer piso de la edificación está destruido, pero las edificaciones aledañas al parecer no sufrieron daños. Autoridades acordonaron el sitio para verificar que en el lugar no haya más explosivos.

“Sobre las 3:45 escuchamos la explosión. Pensamos que era un trueno. Pero de inmediato nos dimos cuenta de lo que había pasado. Hay temor entre la gente de la zona”, afirmó un trabajador del sector, quien señaló que las autoridades están intentando descartar la presencia de más artefactos en los alrededores.











Leonit Muneva, testigo del hecho, dijo que la zona es de común tráfico vehicular y que en la salida de la oficina se ubican varios vendedores ambulantes. “Salía de mi oficina cuando empezó el humo y la gente corría”, dijo en diálogo con Citynoticias.

La movilidad por la calle 72 está cerrada hacia el oriente. Los vehículos están siendo desviados por la calle 72. La carrera novena está cerrada en sentido-sur-norte. Los carros están siendo desviados por la carrera séptima y la avenida Caracas.

BOGOTÁ


fuente: http://www.eltiempo.com/bogota/explosion-en-el-norte-de-bogota/16035782

Te consulto: Por alla, en tu tierra, a estos delincuentes terroristas tambien se los llama "jovenes idealistas"?. Saludos!!!
 
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