El Conflicto Interno en Colombia

Un policía muerto y tres más en aparente plan pistola en Solita, Caquetá



Foto: RCN la Radio

Un policía muerto y tres heridos en la madrugada del domingo al parecer dejó un plan pistola en el municipio de Solita, sur de Caquetá, como lo publica RCN Radio.

Los hechos, que fueron narrados a este medio de comunicación, describen que un hombre armado se acercó al parque donde los uniformados prestaban seguridad, acto seguido les disparó.

Los heridos fueron trasladados al centro médico donde les prestan la atención correspondiente. Uno de ellos se encuentra en estado crítico.

Se espera la llegada del comandante de Policía, Jorge Hernando Nieto, a entregar detalles de lo sucedido.


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MMMMMMMMM Igual que hace unos años aca por el 76ssss
 

Sebastian

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En libertad un exmiembro de la cúpula paramilitar en Colombia


Fredy Rendón Herrera, alias 'El Alemán', es el segundo exjefe paramilitar que queda libre

Elizabeth Reyes L. 1 AGO 2015 - 00:19 CEST1

A Fredy Rendón Herrera, miembro de la cúpula de las temidas Autodefensas Unidas de Colombia, un magistrado le dio la libertad condicional después de cumplir ocho años y 11 meses detenido en una cárcel de Itagüi, al occidente de Colombia. Rendón, conocido con el alias de El Alemán salió en la noche del jueves de prisión con rumbo desconocido y seguirá vinculado al llamado proceso de Justicia y Paz, al cual se acogió cuando se desmovilizó en 2006.
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/01/actualidad/1438381042_806049.html
 

Barbanegra

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Paramilitares amenazan al proceso de paz en Colombia
Un helicóptero que perseguía a uno de los jefes del clan Úsuga, la mayor banda criminal del país, cayó el cinco de agosto en el noroeste de Colombia, provocando la muerte de 16 policías.

Los Urabeños, también conocidos como Clan Úsuga o Autodefensas Gaitanistas, cuyo jefe es Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", surgieron después de la desmovilización de los paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en 2006, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

La presencia y acción de estas bandas criminales es uno de los grandes problemas para el proceso de paz en curso entre las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Por eso, en julio, las FARC presentaron en La Habana un informe sobre la "presencia neoparamilitar en Colombia", en el que destacan el peligro de las bandas criminales, conocidas como BACRIM.

En 2012, los "Urabeños" protagonizaron un paro armado, paralizando regiones de siete departamentos del país, como el que acaban de protagonizar las Maras en El Salvador.

La fundación colombiana Paz y Reconciliación advirtió que el año pasado, "Los Urabeños" crearon la "Oficina del Caribe", obligando a 19 bandas criminales que operan en la frontera con Venezuela a constituir una federación.

Las Bacrim son la tercera generación de narcotraficantes. La primera fue el Cartel de Medellín y de Cali, que eran carteles integrados verticalmente", según Jeremy McDermott, de la Fundación Insight Crime. La segunda generación fueron federaciones o "carteles bebé", que solo manejaban ciertas partes de la cadena de producción y comercialización, como el cartel del Norte de Valle y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las BACRIM son la tercera generación, que ha perdido poder frente a los carteles mexicanos que controlan el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, por lo que ahora se dedican, además del narcotráfico, a otras actividades como secuestros, tráfico de personas, minería ilegal.

Camilo Gonzalez Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) resaltó que estos grupos "no son iguales a los que existían antes, pero producen mucha perturbación", ya que "se presentan como estructuras criminales y tratan de apoderarse de territorios".

http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20150809/1040166550.html
 

Sebastian

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¿Seguridad o “dividendo de la paz”?

Colombia es el país latinoamericano que destinó mayor proporción de su economía a la defensa en 2014


Román D. Ortiz 17 AGO 2015 - 02:37 CEST

Después de tres años de negociación con las FARC, la posibilidad de que un futuro acuerdo de paz permita al gobierno colombiano destinar la actual inversión en seguridad a incrementar el gasto social se ha convertido en el argumento estrella para defender los diálogos con la guerrilla. A primera vista, es una perspectiva prometedora. Según el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI), Colombia es el país latinoamericano que destinó mayor proporción de su economía a la defensa en 2014, con un total de 8.200 millones de euros (27,3 billones de pesos), equivalentes al 3,4% de su Producto Interno Bruto. Semejante cifra situaría el gasto militar colombiano por encima del brasileño (1,4%) o el chileno (2%). Sin embargo, las cosas son más complicadas.

En realidad, el presupuesto de defensa colombiano resulta difícil de comparar con el de sus vecinos porque incluye partidas de gasto distintas. Así, en Colombia, el mismo Ministerio administra los recursos de las Fuerzas Militares y la Policía (aproximadamente un 0,9% del PIB). Además, los dineros de la defensa incluyen las pensiones de los uniformados (cerca de un 0,7% del PIB). Si estos rubros se sustraen del mencionado 3,4% del PIB para hacer la cifra del gasto militar colombiano comparable a la de otros países, el resultado es modesto: 1,8%.

El presupuesto de defensa colombiano resulta difícil de comparar con el de sus vecinos porque incluye partidas de gasto distintas

Los riesgos de potenciales recortes se hacen evidentes cuando se analiza cómo se gastan los recursos. Las asignaciones de personal –salarios y pensiones – abarcan más del 65% de los fondos de la seguridad mientras que los gastos operacionales –municiones, combustible, mantenimiento, etcétera– y la inversión se limitan al 25%. Esta última fracción del presupuesto resulta crítica dado que garantiza la efectividad de las acciones militares y policiales. La paradoja estriba en que la legislación colombiana hace imposible “despedir” uniformados para achicar la carga salarial. En consecuencia, cualquier disminución presupuestal iría contra las partidas de operaciones e inversión cuya reducción dañaría gravemente el funcionamiento del aparato de seguridad.

El desplome del peso, que perdió un 35% de su valor en el último año, hace las cosas peores. La mayoría de los equipos utilizados por la Fuerza Pública deben ser adquiridos en el extranjero y pagados en dólares. Esto quiere decir que el actual presupuesto de compras ha perdido un tercio de su valor. Semejante reducción no podrá ser compensada por una asistencia estadounidense en declive.

Un eventual acuerdo con las FARC no terminará los problemas de seguridad de Colombia. Resulta muy probable que una fracción de la organización rechace la desmovilización y escoja la violencia. Lo mismo se podría decir de la guerrilla del ELN si cuajan los actuales intentos de diálogo. Todo ello sin olvidar las Bandas Criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal. Así las cosas, el país necesitará mantener unas Fuerzas Militares y una Policía efectivas. En consecuencia, el “dividendo de la paz” no podrá extraerse de un presupuesto ajustado al límite.

Los riesgos de potenciales recortes se hacen evidentes cuando se analiza cómo se gastan los recursos

Román D. Ortiz es profesor y consultor sobre temas de seguridad, defensa y riesgo político.
 

Sebastian

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Los accidentes de aeronaves militares desatan una polémica en Colombia


Gobierno y uribismo se enzarzan por el motivo de los siniestros y la falta de mantenimiento de los aparatos sobrevuela el debate

J. LAFUENTE Bogotá 16 AGO 2015 - 23:11 CEST


Lugar donde se estrelló un Black Hawk el pasado 4 de julio / AFP

En cinco días, entre el último día de julio y el 4 de agosto, 27 miembros de la Fuerza Pública de Colombia murieron en sendos accidentes aéreos. Desde entonces, las especulaciones y las teorías sobre qué ocurrió para que un avión Casa 235 y un helicóptero Black Hawk acabasen estrellados no han cesado. El uribismo, el sector de la oposición crítico con el proceso de paz, asegura, sin aportar pruebas contundentes, que las aeronaves fueron atacadas por la guerrilla de las FARC. El Gobierno lo niega tajantemente y afirma que se trató de dos fatales accidentes, derivados, en su opinión, de las condiciones meteorológicas. El manto de la polarización crónica que vive el país tapa una tercera arista en este debate: la calidad del mantenimiento de las aeronaves.

El asunto ha generado tanta polémica que la semana pasada el tema fue abordado en el Senado. “Altos oficiales de las Fuerzas Armadas confirman en privado derribamiento terrorista del helicóptero. Gobierno los silencia”, aseguró el expresidente y senador Uribe sobre la muerte de 16 militares en una operación contra el clan Úsuga. Uribe aportó documentos con declaraciones de pilotos y expertos y testimonios de vecinos de las zonas que aseguraban que antes de los siniestros se habían producido combates, pero no más pruebas.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y el senador del Partido de la U, socio de Gobierno, Mauricio Lizcano trataron de frenar las arremetidas de Uribe y otros senadores de la bancada del Centro Democrático, siempre con el argumento de que se trató de accidentes y negando cualquier ataque. “Hoy tenemos la situación ilógica de que la especulación se trata como certeza y las hipótesis de la investigaciones disponibles para el Gobierno son una gran mentira”, lamentó Villegas.

Entre tanto, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda abrió el abanico de las tesis y trasladó las dudas a la calidad, y la seguridad, de las operaciones de mantenimiento de las aeronaves. Cepeda hizo especial hincapié en que parte de la flota actual de las Fuerzas Armadas está compuesta por aeronaves usadas que han sido modificadas para adecuarlas a las necesidades, aunque no todas contarían con certificación oficial.

“Un proceso de modificación dura años y requiere de miles de horas de ensayo para que se puedan llegar a estándares de confiabilidad, pero acá se hacen ese tipo de cambios sin control y evaluación externa”, criticó Cepeda. Las aeronaves afectadas serán de todo tipo, desde aviones fantasma hasta Black Hawk, pero también Casa o Cessna.

En total, según los datos aportados por Cepeda durante su intervención en el debate, y confirmados por diversos expertos en la materia, desde 2009 se han producido 11 incidentes en los que se vieron involucrados diez aviones y que costaron la vida a tres pilotos. Además, los siniestros de la flota de Black Hawk han dejado 24 muertos. Una veintena más de miembros de las Fuerzas Armadas perdieron la vida otros accidentes.
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/16/actualidad/1439759228_292421.html
 

Shandor

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Vivo o muerto: Colombia busca al narcoguerrillero más misterioso

Unos 350 soldados tratan de hallar a "Megateo"; decenas perdieron la vida en el intento; EE.UU. fijó una recompensa millonaria por su captura

BOGOTÁ.- Víctor Ramón Navarro, alias "Megateo", es uno de los grandes narcoguerrilleros de Colombia y, desde el domingo, uno de los mayores misterios del país. Ese día la policía y el ejército iniciaron una operación conjunta para dar con él. Las primeras informaciones apuntaron a su muerte durante los enfrentamientos. Después, que podría haber resultado herido. Ahora, no se descarta que haya huido. Lo único cierto es que 350 hombres por tierra y aire tratan aún de buscarlo. A él o a su cadáver.
La captura o muerte de "Megateo" no es un asunto menor. No sólo asesta un duro golpe a los grupos ilegales que operan en el Catatumbo, en el departamento Norte de Santander, en el noroeste de Colombia, una de las zona más agitadas del país, con presencia de las FARC, el ELN y un reducto del EPL, la guerrilla que se desmovilizó en 1991 y que "Megateo" lideró los últimos años.
Tras la muerte de 27 miembros de la fuerza pública entre el 31 de julio y el 4 de agosto en dos accidentes de aeronaves, la caída de "Megateo" tiene también un componente político. Supondría un tanque de oxígeno para el gobierno y, sobre todo, para el nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en el cargo desde finales de junio.
Los niveles de aprobación de las fuerzas militares siguen siendo altos en todas las encuestas, todo lo contrario de lo que le ocurre con los políticos.
El proceso de paz con las FARC ha reducido los golpes contra la guerrilla y los grandes narcos siguen sin ser atrapados. Desde principios de año, más de 1200 hombres tratan de dar con Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", uno de los criminales más buscados del país, líder del clan de los Urabeños.
"Megateo", de 39 años, es una de las mayores pesadillas de las fuerzas armadas colombianas, cuyos ataques ha evitado en numerosas ocasiones. Una operación para capturarlo en 2006 terminó con la muerte de 17 miembros de la fuerza pública, entre agentes del extinto servicio de inteligencia, conocido como el DAS, y militares. Al enterarse de la operación contra él, "Megateo" ordenó volar por los aires el camión en el que se encontraban los agentes, lo que provocó una de las mayores tragedias contra funcionarios públicos de la última década.
La figura del narcoguerrillero, por cuya captura Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares, es de especial importancia en el Catatumbo, donde lidera a un pequeño reducto de poco más de 100 hombres del EPL, un grupo guerrillero que llegó a contar con unos 4000 miembros. En los últimos años, su actividad se reduce al narcotráfico, un negocio que le aporta importantes dividendos. En la única entrevista a "Megateo" de la que hay constancia, concedida en 2013 a la revista Semana, admitía que cobraban "un impuesto por la droga". "Es la manera de financiar la guerra. Cobramos 400.000 pesos [unos 130 dólares] por kilo de coca, pero no somos los que recogemos y los dueños de las cocinas de procesamiento."
"Megateo" ha ido acumulando poder y, por ende, ha logrado sobrevivir hasta ahora, en buena medida gracias al apoyo de los habitantes de la zona, a los que agasaja y, en definitiva, facilita el día tras día. A cambio, consiguió crear una amplia red de informantes que lo alertan sobre cualquier movimiento sospechoso. Además, la proximidad con Venezuela le ha facilitado vías de escape y de entrada y salida de dinero vinculado al narcotráfico, según apuntan diversas fuentes de defensa.
"Megateo", cuya historia se asemeja a la de "el Chayo", en México, es un tipo de apariencia robusta que campa por el Catatumbo con un gran anillo de oro y diamantes en la mano derecha y otro de esmeraldas en la izquierda. En la entrevista con Semana, se vanagloriaba cuando le preguntaban qué pensaba acerca de ser el narcotraficante más buscado: "Es normal. Se enamoraron de mí y reconocen que tienen un enemigo".
Un líder muy escurridizo

Víctor Ramón Navarro
Alias "Megateo"
Edad: 39 años
Origen: Colombia
  • Nacido el 7 de octubre de 1976 en Santander, norte de Colombia, este hombre, de 1,70 m de estatura, ojos verdes y cabello castaño, se convirtió en los últimos años en una pesadilla para las autoridades.
  • A él le atribuyen la muerte de 35 uniformados en los últimos nueve años, incluida la de una comisión completa (17 hombres) del antiguo servicio de Inteligencia (DAS) y del ejército. Además ha logrado escapar de por lo menos una decena de operaciones para su captura.
.la nacion
 
Que noticias frescas hay del Blackhawk de la Policia Nacional accidentdo/derribado???. Cuan fiable es el video tomado desde otro helo en el que se menciona que al caido le pegaron con un misil/granada autopropulsada, previamente a la caida y desde abajo???. Cuan fiable es el relato de los aborigenes de la zona que afirman que hubo combates con los narcoguerrilleros desde alrededor de las 0700hs y que afirman ademas que el helo fue derribado en combate???. Muchos interrogantes en un caso muy delicado. Creo que la poblacion en general, descree de la version de Santos y de sus funcionarios. Saludos!!!
 

Barbanegra

Colaborador
Colombia desactiva 313 minas antipersona desde enero de 2008
Militares de Colombia desactivaron 313 minas antipersona en el territorio nacional, entre enero de 2008 y agosto de 2015, informó hoy el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

El trabajo fue realizado por personal del Batallón de Desminado Humanitario del Ejército Nacional, que es la unidad militar responsable de limpiar el territorio colombiano de estos artefactos que usan los grupos armados ilegales que operan en este país andino.

El ministro Villegas certificó este jueves al nororiental municipio de San Francisco como “área libre de sospecha de minas antipersonal, gracias al arduo trabajo de los desminadores desplegados por el Ejército Nacional”.

En esta región se “intervinieron siete zonas (las veredas Jardín, Rancho Largo, Cañada Honda, Boquerón, Altavista, San Isidro y el corregimiento de Aquitania) y se logró despejar 340 mil metros cuadrados de predios, en los que no se detectaron artefactos de ese tipo”, añadió.

Durante la ceremonia de certificación, el ministro de Defensa exaltó la dedicación y sacrifico de estas unidades del Ejército Nacional, que en los últimos siete años laboraron en el desminado humanitario en esta zona del departamento de Antioquia.

“El trabajo liderado por el Ejército Nacional y el Batallón de Desminado Humanitario es inmensamente valioso, especialmente porque ha permitido que centenares de pobladores regresen a sus viviendas, a sus veredas”, destacó Villegas.

Por su parte, el cabo primero Carlos Mario Montoya, del Batallón de Desminado número 60 “Coronel Gabino Gutiérrez”, dijo que esta actividad beneficia a más de 250 familias que desde hace varios meses pueden recorrer cualquier camino sin miedo a encontrar explosivos.

“Gracias al inagotable trabajo del Batallón de Desminado Humanitario, los municipios de Zambrano (Bolívar), El Dorado (Meta) y San Carlos y San Francisco (Antioquia), son las poblaciones que están libres de sospecha de minas antipersonal”, apuntó Montoya.

Entre 1990 y el 25 de agosto de 2015 se registraron 11 mil 179 víctimas de minas antipersona en Colombia, de las cuales seis mil 904 eran miembros de las Fuerzas Armadas y cuatro mil 275 civiles.

Antioquia es el departamento con el mayor “número de víctimas por minas antipersonal desde 1990 a la fecha, con dos mil 483 casos; luego aparecen Meta (mil 131 casos); Caquetá (922); Nariño (801) y Norte de Santander (777)”.

Notimex
 
Acerca de la huida de "Paramilitares" desde Venezuela a Colombia...

Entiendo que esta verdadera vejacion a ciudadanos colombianos dificilmente hubiese ocurrido con Uribe en el Poder....Maduro ya le midio ampliamente el aceite a Santos y éste solo reacciona timidamente a las maniobras del chavista, quien tiene la iniciativa....entre tanto la pobre gente colombo-venezolana es la que paga las consecuencias...
 
Entre los capturados por explosiones, habrían dos funcionarios del Distrito



Foto: EFE

Autoridades realizaron la captura de al menos 15 personas, presuntamente relacionadas con el ELN por los atentados realizados la semana pasada en Bogotá en la calle 72 con 10 y en Puente Aranda.

Ministerio de Defensa confirma que los capturados pertencen a la guerrilla del ELN.

Fiscalía por su parte ha revelado las identidades de los presuntos involucrados.


Presuntos funcionarios del Distrito entre los capturados:

Mediante una rueda de prensa, el Vicefiscal General de la Nación entregó detalles de las capturas de los presuntos autores de los atentados.

Dentro de los capturados, existen dos presuntos funcionarios de entidades del Distrito como la secretaría de Salud y de Educación, así como un profesor de la Universidad Nacional, pertenecientes de acuerdo con la investigación, a una columna móvil del ELN.

Capturados:

David Camilo Rodríguez, alias ‘El Profe’ quien sería el comandante de la célula subversiva, al parecer profesor de la Universidad Nacional; Paola Andrea Salgar Piedrahita, quien sería abogada de la secretaria de Salud. Jerson Alexander Yacumal Ruiz, alias ‘Nicolás’; Daniel Eduardo Hernández Muñoz, alias ‘Gavi’; Stefanie Lorena Romo Muñoz.

Luis Daniel Jiménez Calderón, ingeniero agrónomo, Víctor Orlando Ariza Gutiérrez, Félix Mauricio Augusto Gutiérrez Esteban Segura, al parecer trabaja en la secretaria de Educación de Bogotá, y por último los hermanos Lizeth Johana y John Fernando Acosta Bogotá.

Sobre los capturados, de acuerdo con el vicefiscal, existen pruebas como testimonios, videos, documentos entre otros, para poderlos judicializar por terrorismo, rebelión, lesiones personales agravadas y daño en bien ajeno, pagarían una pena de hasta 30 años de prisión.

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Que "deja vu" que me trae esto que veo, de los 70's, aqui... en mi Patria...un profesor universitario, una abogada, un ingeniero agronomo, empleados estatales de la educacion, (clase media y media alta...) trabajando encubiertos e infiltrados dentro de las estructuras del Estado que pretenden destruir y cooptar. Luego,capturados y puestos a disposicion de la Justicia. Acá, a los cientos que ya estaban procesados y condenados por delitos similares (o peores) por nuestro sistema judicial , se los liberó alegremente en 1973 bajo gobierno democratico, posibilitando el desastre que vino luego....espero que los colombianos no cometan los mismos errores que aqui. Sobre todo con el temita de la llamada "justicia transicional"... Saludos!!!
 
Acerca de la huida de "Paramilitares" desde Venezuela a Colombia...

Entiendo que esta verdadera vejacion a ciudadanos colombianos dificilmente hubiese ocurrido con Uribe en el Poder....Maduro ya le midio ampliamente el aceite a Santos y éste solo reacciona timidamente a las maniobras del chavista, quien tiene la iniciativa....entre tanto la pobre gente colombo-venezolana es la que paga las consecuencias...
Considerando que Uribe se encargo de vejar ampliamente a sus ciudadanos el mismo a punta de fosas comunes y "corbatas"...
Es gracias a sus políticas que hay millones de desplazados.

Mientras tanto, en Medellin...
 

Caballero Negro

Colaborador
Que noticias frescas hay del Blackhawk de la Policia Nacional accidentdo/derribado???. Cuan fiable es el video tomado desde otro helo en el que se menciona que al caido le pegaron con un misil/granada autopropulsada, previamente a la caida y desde abajo???. Cuan fiable es el relato de los aborigenes de la zona que afirman que hubo combates con los narcoguerrilleros desde alrededor de las 0700hs y que afirman ademas que el helo fue derribado en combate???. Muchos interrogantes en un caso muy delicado. Creo que la poblacion en general, descree de la version de Santos y de sus funcionarios. Saludos!!!

Confirmado FARC tienen MISILES Anti-Aereos SAM

https://www.youtube.com/watch?t=32&v=mXSYDHlv73o

Las FARC tienen misiles tierra-aire

 

Sebastian

Colaborador
Santos viaja a La Habana para ultimar el acuerdo de justicia con las FARC

El presidente colombiano anunciará en La Habana el punto clave de la negociación
Supone la consolidación del proceso de paz


Javier Lafuente Bogotá 23 SEP 2015 - 21:11 CEST


El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el lunes en Quito. / L. MUÑOZ (EFE)

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, viaja hoy a La Habana, antes de partir a Nueva York, donde acudirá a la Asamblea General de la ONU, para ultimar el acuerdo de justicia con las FARC, lo que supondría un paso definitivo para la consolidación del proceso de paz que se desarrolla desde hace tres años. En la capital cubana el presidente participará en un acto conjunto en el que también estará presente el jefe de la guerrilla, Timoleón Jiménez, alias Timochenko. Según varias fuentes, también participará el presidente de Cuba, Raúl Castro.

“Haré escala en La Habana para reunión clave con negociadores con el fin de acelerar el fin del conflicto. La paz está cerca”, tuiteó a primera hora de la mañana el presidente colombiano. La negociación del apartado de justicia ha sido el punto más enrevesado de todos los que se han acordado hasta la fecha con la guerrilla. Su destrabe hace que se vislumbre el final de un conflicto que dura más de 50 años y que ha provocado más de siete millones de víctimas. Desde la Casa de Nariño se ha apuntado que el anuncio no se producirá antes de las cuatro de la tarde, hora de Colombia.

El acuerdo que ultiman el Gobierno y la guerrilla, según han confirmado a este periódico fuentes conocedoras del mismo, conllevaría la creación de un sistema de justicia basado en el ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad, que juzgaría a todos los actores implicados en el conflicto armado de Colombia, combatientes y no combatientes, es decir, guerrilleros, militares, políticos y también financiadores del paramilitarismo.

Uno de los aspectos más controvertidos es el de qué penas deben cumplir los guerrilleros. La oposición, encarnada por el uribismo, considera que los máximos líderes de las FARC deben ir a la cárcel. Desde la Casa de Nariño se garantiza que habrá privación de libertad. Otras fuentes conocedoras del acuerdo afirman que el sistema asegura que no habrá impunidad para ningún actor del conflicto.

El primer síntoma de que el acuerdo sobre justicia transicional es inminente llegó ayer martes, cuando el presidente colombiano ordenó a su equipo negociador que viajase a La Habana, fuera del ciclo de reuniones establecido, para avanzar en los últimos aspectos de la negociación. Según varias fuentes, la Comisión Jurídica creada para tratar este punto a finales de julio habría consolidado el grueso del pacto a finales de la semana pasada, a la espera de que las partes hicieran alguna observación.

El apartado de justicia es uno de los tres aspectos que se negociaban en el punto referido a las víctimas. Los otros dos eran el de la verdad, consolidado con la creación de la Comisión de la Verdad el pasado mes de junio, y el de reparación, que será el siguiente en abordarse y que estaría negociado casi en un 90%, según fuentes conocedoras del proceso. A partir de ahora, los equipos negociadores tratarán de cerrar el último punto de los seis que forman el acuerdo: el de la implementación, verificación y refrendación.

Más de 218.000 muertos y millones de desplazados
SALLY PALOMINO, Bogotá

El conflicto armado de Colombia ha dejado más de 218.000 víctimas mortales. De ellas, 177.307 eran civiles y el resto, combatientes, según los datos el Centro de Memoria Histórica colombiano.

La guerra que ha marcado la historia reciente del país ha afectado de una u otra forma a unos siete millones de personas, según indica el Registro Único de Víctimas.

Ese mismo registro, que realiza cálculos desde 1984, estima en 6.414.700 las personas desplazadas por la violencia.

Además, cerca de 55.000 personas han resultado afectadas por algún acto terrorista y otras 11.000 han padecido las consecuencias de las minas antipersona. El registro de víctimas calcula también que más de 130.000 personas han sufrido amenazas durante el conflicto, cerca de 75.000 han perdido algún bien y más de 21.000 han sido secuestradas.

En los diferentes registros se habla, además, de 25.000 desaparecidos y 1.754 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
 
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