México condena por primera vez a un militar por desaparición forzada
La ONU ha alertado recientemente de la impunidad de este tipo de delitos en el país
Solo existen siete sentencias condenatorias
David Marcial Pérez México
19 AGO 2015 - 18:50 CEST
Un soldado en un retén en Tamaulipas / TOMAS BRAVO (REUTERS)
El subteniente de infantería del Ejército mexicano Danny Hernández Sánchez ha sido condenado a 31 años y tres meses de prisión por el delito de desaparición forzada. La sentencia de un juzgado federal del Estado de Nuevo León, al noreste del país, marca un hito en la historia judicial mexicana al tratarse del primer caso de un militar que es condenado por este crimen. La desaparición forzada, que para ser considerada así debe contar con la intervención de funcionarios públicos, cuenta con una tipificación difusa en México, que le ha valido la reprimenda de organismos internacionales. Naciones Unidas alertó en febrero de que la desaparición de miles de personas durante la guerra contra el narco
continúa siendo una práctica habitual.
El comunicado de la sentencia, emitido este martes por el
Consejo de la Judicatura Federal, detalla que ha quedado “plenamente acreditado que la víctima fue privada ilegalmente de su libertad por parte del hoy sentenciado el 20 de mayo de 2012, en el municipio de Los Herreras, Nuevo León, y hasta el día de hoy continúa desaparecida”.
En México existen al menos 23.700 personas de las que nadie conoce su paradero. El grueso de los casos corresponde a la legislatura de
Felipe Calderón (2006-2012). El presidente panista colocó al Ejército en la primera línea de la lucha contra el narcotráfico, sacó a las tropas a patrullar las calles y desde entonces no han regresado a los cuarteles. Las cifras oficiales no detallan sin embargo la causa de las desapariciones, lo que alimenta un agujero negro que no permite saber si detrás de estos delitos está la mano del narco, algún cuerpo policial, los militares o una combinación.
La seis condenas por desaparación forzadas correspondían hasta ahora a funcionarios civiles
La ausencia de un registro único y fiable es una de las críticas lanzadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que a principios de año afirmó en un
duro informe que esta práctica se extiende “por gran parte del territorio” y que representa para las autoridades un serio desafío en materia de prevención, investigación y sanción. El informe subraya con especial achico el problema de la impunidad: “El comité se muestra preocupado por los numerosos casos denunciados por desaparición forzada y la casi inexistencia de condenas por este delito”. El trabajo de la ONU detalla que existen 300 investigaciones abiertas. De momento, tan sólo seis han concluido en sentencia, y en todos los casos los condenados son policías o funcionarios civiles.
Las organizaciones de derechos humanos han celebrado la sentencia. “Este es un caso sin precedentes. Los anteriores fallos judiciales condenaban a fuerzas del orden civil”, señala Mario Patrón director del Centro Prodh. La posibilidad del juzgar en tribunales civiles a miembros del ejército por estos delitos se abrió en 2011. “Este hecho marca sobre todo el grado de impunidad estructural que tiene México en materia de desaparición forzada y corrobora también las preocupaciones reiterativas de organismos internacionales y defensa de los derechos humanos en términos de los riesgos de un sistema de seguridad de corte miliar”, añade Patrón.
El subteniente ha sido además destituido de su cargo y se le ha inhabilitado para desempeñar otro puesto público por 15 años, según marca el Código Penal Federal. El delito de desaparición forzada está recogido en esta ley paraguas, pero no todos los Estados lo han transferido a sus legislaciones. Esta dispersión normativa es otra de las reclamaciones de la ONU, que demanda una ley federal de desapariciones forzadas.
Tan solo 19 de las 32 entidades del país lo reconocen y en algunos casos la ausencia de ley coincide con los lugares con un mayor número de casos.
“Gracias al empuje de la sociedad civil conseguimos que en 2012 se tipificara en Nuevo León”, explica Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), una organización implantada en el Estado. Con 1.131 desapariciones, Nuevo León es una de las 10 entidades con una tasa más alta. Durante los últimos años, dos de los carteles más peligrosos del país, Los Zetas y el Golfo, han librado una cruenta disputa por el control de este territorio norteño.
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/19/actualidad/1440000506_777143.html
