El Conflicto Interno en Colombia

Sebastian

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Foto de periodista en moto con guerrillero no es de Nicholas Casey

AFP confirmó que imagen divulgada en redes a propósito de reportaje de NYT es de otro reportero.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO

21 de mayo 2019 , 07:21 p.m.

El área de verificación de información de la Agencia Francesa de Prensa (AFP) publicó este martes un artículo en el que señala que una de las imágenes utilizadas el fin de semana en redes sociales para identificar al periodista Nicholas Casey, autor del artículo ‘Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales’, publicado en The New York Times, no es realmente de él.

De acuerdo con AFP, una de las fotos divulgadas, entre otras personas, por la senadora María Fernanda Cabal con la frase “Este es el ‘periodista’ Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las Farc en la selva”, es del reportero gráfico Federico Ríos.


La Agencia señaló que Casey confirmó ser el hombre de barba que aparece en la otra foto divulgada en redes, en la que se ven atrás dos guerrilleros de las Farc en una moto, pero dijo que no es el de la otra imagen, del fotógrafo subido en una moto con un guerrillero .

“Los visité para un reportaje que salió en 2016”, le dijo el reportero a AFP, refiriéndose a los guerrilleros de las Farc de un campamento que visitó durante las negociaciones de paz.

El fotógrafo Federico Ríos, quien estuvo con Casey trabajando en "varios reportajes sobre las Farc durante el proceso de diálogo -le dijo a APF-", confirmó ser el reportero de la foto.

"El propio Ríos ya había publicado esta foto en su cuenta de Instagram el 19 de marzo de 2016 acompañada de una leyenda en la que presenta la foto como 'tomada durante el trabajo que hicimos en un campamento de las FARC para @nytimes con @caseysalbum'", afirma la Agencia.

Las imágenes fueron usadas, especialmente por políticos del Centro Democrático, para cuestionar el trabajo del periodista.

De hecho, luego de esas acusaciones Casey anunció que salía del país. "He tomado la medida de mantenerme fuera del país por las acusaciones falsas que fueron lanzadas ayer en Twitter por (la senadora oficialista) María Fernanda Cabal y replicadas por varios políticos en las últimas 24 horas", dijo el reportero.

https://www.eltiempo.com/justicia/i...parece-en-foto-con-guerrillero-en-moto-365000
 
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Sebastian

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No, en esta imagen no aparece el periodista Nicholas Casey del NYT

AFP Colombia Publicado el martes 21 mayo 2019 a 14:56

Una foto que supuestamente muestra al corresponsal del diario estadounidense The New York Times en Colombia Nicholas Casey “de gira con las Farc” fue compartida miles de veces en redes sociales desde que comenzó a circular el pasado 18 de mayo, un día antes de que el periodista anunciara su salida del país. Sin embargo, no muestra a Casey.

Este es el ‘periodista’ Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las farc en la selva”, aseguró en un tuit la senadora María Fernanda Cabal, del partido de gobierno Centro Democrático, el pasado 18 de mayo. Hasta la fecha, la publicación tiene más de 10.000 interacciones.


Captura de pantalla hecha el 20 de mayo de 2019 de una foto publicada en Twitter

Casey, corresponsal de The New York Times para los Andes, publicó el mismo día un reportaje titulado “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles”, en el que revela que el ejército colombiano está exigiendo a sus tropas "duplicar" las bajas y capturas en combate, sin pedirles "perfección" ni total "exactitud" al "ejecutar ataques letales".
¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia?”, se interroga Cabal en su trino.
Varias publicaciones sobre el tema acompañadas con esa foto incluyen además otra imagen, junto con una leyenda según la cual a Casey “le quedaron gustando las Farc después de visitar los campamentos en 2016”.


Captura de pantalla de una publicación en Facebook, hecha el 21 de mayo de 2019

Consultado por AFP Factual, Casey confirmó que el hombre con barba que aparece en la primera foto es él y que los uniformados detrás suyo integraban entonces la guerrilla FARC, convertida en partido político tras un acuerdo de paz firmado con el gobierno colombiano en noviembre de 2016. “Los visité para un reportaje que salió en 2016”, agregó el periodista.

Sin embargo, la segunda foto, que muestra a un hombre usando una cámara mientras se moviliza en una motocicleta conducida por un uniformado de las FARC, no corresponde a Casey. Consultado por la AFP acerca de la identidad de esta persona, contestó: “No soy el hombre con la cámara detrás de la moto. Es otra persona”.

Al ver la foto que aparecía en la publicación viral, un fotógrafo de la AFP identificó al también fotógrafo Federico Ríos, quien confirmó, al ser interrogado: “El de la moto soy yo”.

Ríos aseguró a la AFP que Casey y él trabajaron juntos en “varios reportajes sobre las FARC durante el proceso de diálogo con el gobierno”. Según el fotógrafo, la imagen fue tomada durante “uno de los viajes a sus campamentos [de las FARC]”.

El propio Ríos ya había publicado esta foto en su cuenta de Instagram el 19 de marzo de 2016 acompañada de una leyenda en la que presenta la foto como tomada “durante el trabajo que hicimos en un campamento de las FARC para @nytimes con @caseysalbum”, la cuenta de Casey en esta red social.

Los parlamentarios Juan Manuel Daza y Juan David Vélez, ambos del Centro Democrático, retomaron la foto en la Maria Fernanda Cabal identifica erróneamente a Nicholas Casey. Según Vélez, la foto muestra a Casey siendo “conducido por terroristas de la guerrilla FARC, (Casey) apunta con la cámara y fusila con columnas llenas de calumnias. Existen los sicarios de la opinión”.

Luego de la publicación del trino de la senadora Cabal, el corresponsal de The New York Times tomó la decisión de salir de Colombia: “He tomado la medida de mantenerme fuera del país por las acusaciones falsas que fueron lanzadas ayer en Twitter por (la senadora oficialista) María Fernanda Cabal y replicadas por varios políticos en las últimas 24 horas”, señaló Casey en un mensaje enviado a la prensa. El fotógrafo Federico Ríos también salió del país a raíz de esta acusación.

The New York Times también reaccionó al tuit de la senadora a través de un mensaje en esa misma red social: "Informamos de manera precisa e imparcial (...) En este caso, simplemente informamos de lo que dicen los documentos escritos por el ejército, así como información proveniente de los mismos oficiales colombianos".
En conclusión, es falso que el hombre que aparece usando una cámara desde una motocicleta entonces conducida por un uniformado de la guerrilla FARC sea el periodista Nicholas Casey, como aseguran muchos usuarios, entre ellos legisladores colombianos.
https://factual.afp.com/no-en-esta-imagen-no-aparece-el-periodista-nicholas-casey-del-nyt
 

Caballero Negro

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Cancillería y Mindefensa envían carta a The New York Times por artículo sobre falsos positivos
A través de la misiva señalan que la publicación incurre en imprecisiones y no cuenta con fuentes.



La Cancillería colombiana y el Ministerio de Defensa enviaron una carta al diario estadounidense The New York Times por el artículo publicado este fin de semana que enloda a la fuerza pública en posibles hechos de ejecuciones extrajudiciales.

The New York Times publicó este fin de semana un artículo en el que señala que altos mandos militares estarían dando órdenes para que se muestren resultados contra los grupos armados ilegales.

De acuerdo a la carta enviada y firmada por el canciller, Carlos Holmes Trujillo y el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, el tratamiento realizado por el periodista Nicholas Casey al artículo es parcializado, distorsionado y tiene una "tendenciosa" visión sobre la tarea que adelanta el Estado colombiano y las Fuerzas Militares del país en la consolidación de la seguridad.

La nota enviada al editor de New York Times indica que la conclusión del informe según la cual a los militares se les dio instrucciones de matar se publica citando supuestas entrevista a oficiales cuyos nombres no aparecen y documentos que son parcialmente citados y tomados fuera de contexto.

Luego de que NYT publicara un artículo que habla sobre el posible regreso de los 'falsos positivos' en el gobierno de Iván Duque, el periodista Nicholas Casey aseguró que tuvo que salir del país por seguridad.

Casey afirmó que luego de la publicación, la situación se tornó "complicada después de que Cabal puso su acusación en contra de mi en su cuenta". Este martes, Mario Diaz-Balart, congresista estadounidense, señaló que el artículo de The New York Times sobre Colombia es un "falso positivo"

Fuente
Sistema Integrado de Información

Ya los señores de the New York Tmes han editado el artículo 3 veces.
 

Caballero Negro

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Esta es la política de incentivos operacionales en Fuerzas Militares
El comandante del Ejército, Nicacio Martínez, afirmó que no hay ningún tipo de estímulo económico.



En la Ley 1862 de 2017 – sancionada en agosto del mismo año – se establecen las normas de conducta de los integrantes de las Fuerzas Militares y el Código Disciplinario al que se deben regir.

Esa Ley compuesta por 38 Artículos, y que cuenta con dos Capítulos: el primero sobre Conducta y Actuación Militar, y el segundo se centra en el Encauzamiento de la Disciplina, donde se establecen – desde el artículo 25 al 38 – los llamados estímulos o incentivos para los integrantes de las Fuerzas Militares por destacarse “en el cumplimiento de los deberes profesionales o los superen en beneficio del servicio, se harán acreedores a un estímulo”.

Dicha política de estímulos quedó en el ‘ojo del huracán’ con la publicación del diario The New York Times del fin de semana pasado en el que se asegura que se está exigiendo a los integrantes de la Fuerza Pública un mayor número de bajas – lo que según el artículo abre la puerta a los llamados ‘falsos positivos’ – y que para ello, se cambiaron los incentivos o premios en cumplimiento del deber.

El artículo ha sido cuestionado por el Gobierno Nacional, que a través del presidente Iván Duque y su ministro de la Defensa, Guillermo Botero, han reiterado que no existe ninguna directriz u orden para incrementar el número de bajas por parte de la Fuerza Pública. “No es cierto, no existe ninguna instrucción en ese sentido, ni existe ninguna directriz”, puntualizó Botero.

El Ministro ha venido asegurando que cada vez que encuentran que se ha infringido la ley penal, de inmediato el caso es puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, y señaló que dependiendo de la situación que se presente, esta se reporta a la autoridad competente. “Todas las acciones de la fuerza pública colombiana están acompañadas de las autoridades competentes”.

EL TIEMPO consultó con el comandante del Ejército Nacional, general Nicacio Martínez, señaló que la política de incentivos se basa en “estimular a nuestro personal por su comportamiento, disciplina, por cumplimiento de la misión, su desempeño académico, es decir por la buena labor que realizan dentro de su unidad”.

El oficial aseguró que hay felicitaciones y llamados de atención dependiendo de la acción que haya que tomar, y resaltó que “no contemplamos estímulos económicos, de ninguna manera. Siempre serán estímulos generales que cada comandante puede decidir”.

En el artículo 30 de la Ley en mención se establecen los 10 estímulos o reconocimientos a los que se hacen merecedores los integrantes de las Fuerzas Militares, estos son: Felicitación privada verbal o escrita, felicitación pública, permisos especiales, mención honorífica, premio al mejor soldado, jineta de buena conducta, distintivos, nombramiento honorífico, condecoraciones y premios especiales.

El general Martínez dijo que los permisos especiales se manejan de acuerdo con “el ciclo COE para todas las tropas en el área de operaciones. Ese ciclo se traduce en que los soldados deben permanecer cuatro meses en operación, unas veces más, otras menos. Y de ahí salen a permiso o descanso un mes, 20 días dependiendo del área y la situación llegan a un reentrenamiento que dura 18 días, dependiendo del estado y antigüedad de cada miembro”.

El comandante del Ejército Nacional reiteró a este diario que no hay ninguna política que exigía un mayor número de bajas o de cualquier actuación que este fuera del marco de la Constitución Nacional o las leyes.

JUSTICIA
En Twitter: @PazyJusticiaET

https://www.eltiempo.com/justicia/s...vos-operacionales-en-fuerzas-militares-364486
 

Caballero Negro

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Mario Diaz-Balart: artículo de The New York Times sobre Colombia es un falso positivo

El congresista republicano de la Florida aseguró que el escrito parece escrito por las Farc.

Mario Diaz-Balart, congresista republicano de la Florida, calificó de "falso positivo" el artículo de The New York Times que denuncia supuestas prácticas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia.

Según dijo, el artículo de Nicholas Casey en el periódico neoyorquino "parece escrito por las Farc". De acuerdo con Mario Diaz-Balart, él mantiene constante comunicación con las autoridades estadounidenses y por ello puede señalar, con certeza, que el artículo es impreciso.

"La realidad no refleja lo que este individuo reportó. El falso positivo es el artículo de un individuo que parece tener agenda propia", aseguró el congresista republicano. "Lo que está sucediendo es una lucha seria contra el narcotráfico. Lo conocen demócratas y republicanos", aseguró. "No sé cuáles son los intereses del periodista, ni su pasado, pero no refleja la realidad política de Colombia", insistió.

El fantasma de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos", puso al Gobierno colombiano a la defensiva luego de que The New York Times denunciara que el Ejército ordenó a la tropa incrementar resultados operacionales, lo que pone en riesgo la vida de civiles.

En el artículo del periodista Nicholas Casey y publicado el sábado, el diario estadounidense señaló, tras revisar órdenes escritas y entrevistar a altos oficiales, que el Gobierno está ejecutando "otra encarnación" de los "falsos positivos", crímenes cometidos por militares que presentaban a civiles como guerrilleros abatidos en combate para lograr premios y permisos de sus superiores.

Para atajar la polémica, que obligó a Casey y al fotógrafo Federico Ríos a salir del país ante acusaciones de senadores del partido Centro Democrático, que tacharon al primero de ser simpatizante de la antigua guerrilla Farc y de recibir dinero por su reportaje, el Gobierno aseguró que no tolera ese tipo de acciones militares.

Al respecto, el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, manifestó que en la actualidad no hay riesgo de que en Colombia "civiles inocentes" mueran en operaciones, pues aseguró que si ven "algún riesgo contra la población civil" prefieren cancelar la acción. "No podemos hacer usos ilimitados de fuerza", subrayó el alto oficial en una rueda de prensa en Bogotá.

Según The New York Times, en la institución existe una orden para que los militares "no exijan perfección" al matar, ni siquiera en los casos en los que dudan sobre el objetivo del ataque, lo cual, afirmaron algunos militares, implica desproteger a inocentes y ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.

La sola mención de los "falsos positivos" causa escalofríos en un país en el que en la década pasada miles de jóvenes, en su mayoría campesinos pobres e incluso discapacitados, fueron "reclutados" con falsas promesas de trabajo para luego ser asesinados por militares que los presentaron como guerrilleros muertos en combate y de esta forma mostrar resultados a sus superiores.

La Fiscalía General ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014, de los cuales 2.200 fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.

Este fenómeno "se incrementó a partir del año 2002 y conoció su etapa más crítica entre 2006 y 2008", durante el gobierno del hoy senador Álvaro Uribe, uno de los críticos del informe del NYT, al que acusa de "proteger la impunidad al narcoterrorismo", junto con su colega María Fernanda Cabal.

Por su parte, la ONU calcula que son unos 4.200 los casos de "falsos positivos" investigados en el país. El Ministerio de Defensa se defiende argumentando que la instrucción de la comandancia del Ejército en cuanto a cifras pedidas a sus subordinados es para planificar operaciones y no para presentar resultados.

El titular de ese despacho, Guillermo Botero, que está en el ojo del huracán por la denuncia, coincidió con el general Navarro y resaltó que "siempre hay certeza en el objetivo". Como respuesta a las autoridades, Casey publicó en sus redes sociales dos documentos utilizados como base para su reportaje. Uno de ellos es el formato que envían los oficiales al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, sobre los objetivos operacionales trazados por las tropas y el otro es un documento en el que se plantean las "cincuenta órdenes de comando".

Ante las acusaciones en contra de Casey, la Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) manifestó su preocupación porque considera que "la estigmatización de los periodistas en razón de su trabajo" pone en peligro a quienes, "en cumplimiento de su labor, presentan la versión de las diferentes perspectivas dentro de una historia".

"Dado que los personajes públicos tienen mayor responsabilidad en sus declaraciones por el impacto que alcanzan, la APIC espera una rectificación de los senadores en mención", añadió la organización. Entre tanto, el senador Iván Cepeda aseguró que lo que reveló The New York Times es grave porque se puede estar volviendo a la seguridad democrática que implementó Uribe en su Gobierno para combatir a los grupos guerrilleros.

"Es evidente que hay una muy seria investigación de uno de los periódicos más influyentes en el planeta que da cuenta de testimonios de oficiales del Ejército colombiano y también de documentos que evidenciarían que el actual Gobierno ha vuelto a transitar el camino de lo que se llamó la política de seguridad democrática, la de las dos Administraciones de Álvaro Uribe", dijo.

Esta polémica que enfrenta el Gobierno sigue a la desatada la semana pasada luego de que la JEP concediera al exlíder de las Farc Jesús Santrich la garantía de no extradición a Estados Unidos por no contar con pruebas suficientes de su presunta participación en el narcotráfico tras la firma del acuerdo de paz. No obstante, el exjefe guerrillero fue recapturado el viernes segundos después de salir de la cárcel La Picota de Bogotá por orden de la Fiscalía, que dijo tener nuevas pruebas en su contra y lo acusó del mismo delito.

Frente a esa controversia, el número dos de la antigua guerrilla Farc, Luciano Marín, conocido como "Iván Márquez", reiteró este lunes que fue un "error grave" haber entregado las armas antes de la implementación total del acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016 con el Gobierno colombiano. "Fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte", aseguró Márquez, cuyo paradero es desconocido desde julio pasado tras la detención de Santrich.

Fuente
LA FM y agencias

https://www.lafm.com.co/internacion...ork-times-sobre-colombia-es-un-falso-positivo
 

Sebastian

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Otro periodista sale de Colombia por señalamientos contra publicación del NYT

Mayo 22, 2019 - 11:59 a.m. Por: Redacción de El País

Con esta foto, la senadora María Fernanda Cabal acusó al reportero Nicholas Casey de crear 'fake news' sobre el Ejército. Pero en realidad, el hombre en la imagen es Federico Ríos.
Redes sociales.



El reportero gráfico Federico Ríos, colaborador freelance del diario estadounidense The New York Times, tuvo que salir de Colombia esta semana por posibles riesgos contra su integridad.
La foto a bordo de la motocicleta fue publicada por él mismo en su cuenta de Instagram, el 19 de marzo del 2016, acompañada de la descripción: “durante el trabajo que hicimos en un campamento de las FARC para @nytimes con @caseysalbum”. .....
https://www.elpais.com.co/colombia/...cacion-the-new-york-times-nicholas-casey.html
 

Sebastian

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¿Está el Ejército buscando a las fuentes de "The New York Times"?
Judicial
22 May 2019 - 9:16 AM
Redacción Judicial
El Ejército confirma que citó a una reunión a 15 militares esta mañana en la Segunda División, aunque dice que fue para tratar temas operacionales. Fuentes dicen que llevaron poligrafistas, el Ejército lo desmiente. Procuraduría va para la sede militar.

Fuentes de alta confiabilidad aseguran que una particular reunión tiene lugar en este momento en la sede de la Segunda División del Ejército, ubicada en Bucaramanga: citados con distintos pretextos, llegaron a ese lugar 15 militares. Al arribar, les informaron que la razón real del encuentro era que "confesaran" quiénes habían servido como fuentes para el informe de The New York Times que se publicó el fin de semana pasado.

La alerta de esta reunión, tal parece, llegó hasta Washington. El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, envió un mensaje por Twitter al ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el que le pregunta al alto funcionario si esa reunión es cierta. "Sería muy grave que hubiera retaliaciones contra oficiales que se animaron a contar la verdad", manifestó Vivanco.


El artículo de The New York Times, titulado "Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales", generó una profunda molestia en el gobierno Duque. Así se deja ver, por ejemplo, en la carta que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el canciller Carlos Holmes, enviaron al diario estadounidense el pasado 19 de mayo.

"El artículo sugiere que miembros de las Fuerzas Armadas han recibido instrucciones contrarias a nuestra Constitución y nuestra legislación", manifestaron los voceros de la administración Duque en la misiva. "Con el fin de llegar a la conclusión en que se soporta el titular del artículo, el autor se refiere a supuestas entrevistas con oficiales de identidad reservada y documentación citada parcialmente y sacada de contexto".

El ministro Botero y los altos mandos militares, los generales Nicacio Martínez y Luis Fernando Navarro, han rechazado tajantemente que se hayan dado instrucciones apuntando a facilitar nuevos falsos positivos, como se conoce al asesinato deliberado de civiles, a quienes enterraban con prendas de uso militar y armas plantadas, por parte de la Fuerza Pública. El artículo de The New York Times, por su parte, sostiene que las indicaciones de este nuevo mando, que nombró el presidente Iván Duque en diciembre pasado, son aumentar no solo los combates sino también las muertes.

La versión del Ejército
El comandante de la Segunda División, general Mauricio Moreno Rodríguez, envió un comunicado de prensa horas después de que trascendiera la reunión mencionada. El alto oficial confirmó el encuentro, pero dijo que tiene otro propósito: "La reunión se citó el día 19 de mayo con el propósito de adelantar temáticas sobre el desarrollo de operaciones militares y para establecer los parámetros de la operación Artemisa, que une esfuerzos militares y civiles sobre protección ambiental".

El general Moreno señaló que otro tema a discutir eran ataques que la Fuerza Pública ha recibido en veredas de Tibú (Norte de Santander), y rechazó enfáticamente que hubiera otra intención: "Las versiones publicadas en diferentes medios y redes sociales, sobre supuestas indagaciones para 'identificar fuentes' relacionadas con una publicación o sobre supuestos usos de polígrafos, no son ciertas y tampoco tienen fundamento de ninguna especie".

"La Fuerza Pública opera para defender a los ciudadanos de las amenazas provenientes de todo actuar delincuencial", agregó el general Moreno. "Las reuniones hacen parte de ese proceso estratégico para el cumplimiento de la misión asignada en el nororiente colombiano y en todo el país".

Fuentes confiables le indicaron a El Espectador, sin embargo, que a los 15 militares que citaron les revisaron sus celulares y que sí llevaron a tres poligrafistas. Una fuente más le dijo a este diario que un tema en particular inquieta al alto mando castrense: la reunión entre oficiales oficiales de inteligencia militar y comandantes regionales se vieron en Cúcuta, según reveló The New York Times.

"Según los militares, en la reunión les dijeron que tenían 'que hacer lo que sea', incluyendo usar grupos paramilitares que proporcionen información sobre bandas armadas rivales 'para generar resultados'", adviritó el medio estadounidense. En esa reunión de Cúcuta habría hecho presencia el general Diego Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, que pertenece a la Segunda División y opera en el Catatumbo.

El general Villegas recientemente saltó a los titulares de prensa por una cuestionada actuación de un hombre bajo su mando. Un cabo del Ejército, señaló la Fiscalía, habría asesinado a Dumar Torres, un exguerrillero de las Farc, el pasado 22 de abril en una vereda del Catatumbo. Villegas pidió perdón a la comunidad, asegurando que ese no era el actuar de las Fuerzas Militares.

Poco después, reveló este diario, se conoció que en manos de los fiscales delegados ante la Corte Suprema ya está toda la información que el ente investigador ha recopilado contra Villegas, contra quien incluso se alcanzó a librar una orden de captura. ¿La razón? Casos de ejecuciones extrajudiciales.

El hecho es que el tema de esta reunión en la Segunda División ha prendido todas las alarmas. Este diario pudo confirmar también que, en este momento, representantes de la Procuraduría se dirigen hacia la sede de la Segunda División en Bucaramanga, para constatar qué está ocurriendo allí. "Estamos en el tema", le dijo una fuente de ese organismo a El Espectador.
https://www.elespectador.com/notici...las-fuentes-de-new-york-times-articulo-862007
 

Sebastian

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La paz colombiana es demasiado valiosa como para abandonarla

Por El Comité Editorial 24 de mayo de 2019

Cuando el gobierno de Colombia firmó el acuerdo de paz en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), una guerrilla de inspiración marxista, parecía un milagro poder finalizar el conflicto de medio siglo que mató al menos a 220.000 personas y devastó las zonas rurales.

El expresidente Juan Manuel Santos recibió un Premio Nobel de la Paz por negociar el complejo acuerdo con las Farc. Sin embargo, desde antes de que se firmara muchos ya se oponían al pacto, furiosos ante la perspectiva de que rebeldes o militares fueran a quedar impunes o escépticos de que el gobierno pudiera darle seguimiento a sus promesas de ayuda al campo.

Ahora, casi tres años después, el país es liderado por políticos que se opusieron al acuerdo y la paz pareciera estar en crisis, lo cual sería un desastre para el país, para la región y para la causa de la democracia.

Los integrantes de las Farc dejaron las armas y muchos han vuelto a la vida civil, pero el gobierno ha ignorado en gran medida las promesas de ayuda y desarrollo rural que eran cruciales para el acuerdo: educación universal desde preescolar hasta la secundaria, acceso a agua potable y desarrollo de electricidad, vías de comunicación, puentes y empleos.

Unos 3000 exguerrilleros se han rearmado. El ejército ha incrementado sus ataques contra ellos y contra otros supuestos criminales o rebeldes, lo que ha causado preocupación entre algunos oficiales ante la posibilidad de que esas tácticas agresivas ocasionen muertes civiles.

Al mismo tiempo, se ha reportado que grupos paramilitares han matado al menos a quinientos activistas y líderes comunitarios desde que se logró el acuerdo de paz. Más de 210.000 personas han sido desplazadas de sus hogares desde 2016 debido a la lucha renovada.

El presidente actual, Iván Duque, y sus aliados en la derecha han saboteado parte del progreso pacífico del pacto, que establecía que el gobierno debía trabajar con los rebeldes para promover la sustitución de cultivos de coca. Ha recortado los fondos para esa iniciativa y el año pasado la tierra usada para el cultivo de coca alcanzó un nuevo récord, mientras que paramilitares y grupos criminales, también atraídos por las ganancias de la cocaína, tomaron el control en regiones que fueron dominadas por las Farc.

Un elemento crucial y más controversial del acuerdo involucraba crear un proceso de reconciliación en donde los rebeldes y los soldados del gobierno —acogidos por una amplia inmunidad— testificaran ante tribunales especiales sobre los horrores de la larga guerra. Se repartirían las culpas sin la posibilidad de condenas de cárcel excepto para ciertos delitos específicos. Duque ahora está presionando para reformar ese sistema transicional de tribunales de tal modo que los antiguos rebeldes enfrenten castigos más duros.

Solo eso podría poner fin al acuerdo. Además, en un acto que aumentó las tensiones para la implementación, dos exlíderes de las Farc —entre ellos el negociador principal de la paz, Iván Márquez— se rehusaron a acudir ante el tribuna especial en abril. El lunes 20 de mayo, Márquez dijo en sus redes sociales que fue un grave error haber entregado las armas.

Estados Unidos ha gastado más de 10.000 millones de dólares en los últimos dieciocho años para capacitar y equipar a las fuerzas de seguridad que estuvieron involucradas en el conflicto, además de participar en la construcción y reforzamiento de instituciones legales y de otros programas para el mantenimiento de la paz.

En este momento clave, Estados Unidos debe comprometerse a ayudar en la consolidación de los acuerdos de paz de Colombia.

Sin embargo, los especialistas ven poca evidencia de que el gobierno de Donald Trump esté siquiera interesado. Desde 2017, el presidente Trump ha amenazado con quitarle la certificación a Colombia con la que se establece la ayuda financiera estadounidense debido al aumento en la producción cocalera. Durante dos años seguidos propuso reducciones importantes en la asistencia financiera a Colombia, las cuales fueron rechazadas por el Congreso.

El momento tan frágil por el que pasa el proceso de paz podría ser idóneo para que Trump haga uso del enfoque empresarial que ha favorecido: puede trabajar con países destacados a nivel regional para asegurarse de que Duque se atenga a los acuerdos, incluyendo el sistema de justicia transicional, lo cual además incentivaría las inversiones internacionales en las áreas rurales marginadas de Colombia. Ese tipo de desarrollo es vital para que pueda pensarse en una paz duradera.

“Hace veinte años, Colombia estaba a punto de convertirse en un Estado fallido, pero Estados Unidos ha sido un actor relevante en ayudar a prevenir eso”, dijo a The New York Times Bernard Aronson, el enviado estadounidense que participó en el proceso de paz. “Si nos retiramos ahora, especialmente con Venezuela haciendo implosión, sería como dispararnos en la cabeza”.

https://www.nytimes.com/es/2019/05/24/colombia-paz-militares/
 
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Sebastian

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Colombia, ¿estamos perdiendo el rumbo?
Por: Adolfo Ramírez

¿Qué es lo que está ocurriendo en Colombia? Pareciera que estamos empecinados en destruir en vez de reparar y consolidar lo construido.Estamos centrados en elementos que no benefician al país ni ayudan a resolver los inmensos y más complicados problemas que tenemos que enfrentar… Aquí lo único que parece ser importante es deshacer lo firmado en el proceso de paz, despedazar la constitución y decidir si acabamos con la JEP y extraditamos, a como de lugar, a Santrich.

¿Es este el rumbo que queríamos los colombianos tomar cuando el actual gobierno llegó al poder? ¿Fue nuestro mandato a los que nos gobiernan hoy, el enfrascarnos en este proceso de degradación, incertidumbre, venganza política y estancamiento? Colombia parece no avanzar, parece haber perdido el rumbo.
La nación y nuestros lideres tienen que enfocarse en mirar hacia el futuro, en construir sobre lo avanzado y darle, de nuevo, un rumbo al país. Por qué no continuar hacia adelante y enfrentar con firmeza nuestro más grande flagelo: la corrupción que hoy consume nuestros recursos de manera infame. Es un hecho que lo que los corruptos se roban en el sistema de salud ha causado la muerte a más personas, y la sigue causando, que todos los muertos que ocasionó la guerra con las FARC y aunque hay que buscar justicia y reparación dentro de los mecanismos establecidos, debería ser nuestra prioridad evitar que más colombianos sufran en un sistema injusto, ineficiente y sin recursos, gracias a unos pocos que se encargan de desfalcarlo de manera regular.

El fantasma de la guerra vuelve y se asoma. Las disidencias de las FARC, el ELN, los paramilitares y el narcotráfico representan nuevamente un riesgo desestabilizador para nuestra democracia. Las reformas a la justicia, a nuestro sistema de salud, la inversión en infraestructura y la renovación política deberían ser prioridades de nuestros líderes, no en lo que, de manera mezquina e irresponsable, generando divisiones y polarizaciones destructivas, se empeñan en vendernos como las verdaderas prioridades del país.

Los colombianos sabemos que esos no son nuestros problemas. Si bien es cierto que la justicia transicional necesita reglamentación y ajustes, no es la única prioridad. Si bien es cierto que aquellos que incumplan lo acordado deben cumplir la ley y responder por sus actos, no es la única prioridad. Lo que si es una prioridad es atacar las nuevas fuerzas que amenazan con la guerra, abrir nuevos caminos de negociación y aprender de lo que se ha hecho, atacar la corrupción en todas sus formas y generar confianza en las instituciones, la justicia y las fuerzas armadas, hoy debilitadas por la falta clara de liderazgo de toda nuestra clase política, para entender que los Colombianos en su gran mayoría queremos seguir para adelante, aceptando lo ya construido y haciendo ajustes que no pongan en peligro la esencia de ese paso a la reconciliación.
El mandato fue muy claro para el congreso, el presidente y su partido. Lo que los colombianos queremos es continuar el proceso de reconciliación, con firmeza, consolidando la seguridad y la paz.

Ataquemos la corrupción y hagamos las grandes reformas que necesita el país. Nada de eso parece estar en las mentes de quienes hoy nos dirigen, así que nos va a tocar recordarles su mandato de la manera más contundente, con nuestros votos. Los colombianos debemos elegir en las elecciones regionales y en las presidenciales que se avecinan, lideres comprometidos con seguir adelante, consolidar lo construido y atender las verdaderas prioridades del país, no las que sus intereses particulares, rencillas o ideologías extremistas en ambos bandos nos quieren imponer.
 

Sebastian

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Duque crea comisión para analizar operaciones militares tras denuncia del NYT

Redacción
24/05/2019 20:37

Bogotá, 24 may (EFE).- El presidente de Colombia, Iván Duque, creó este viernes una comisión que analizará los procedimientos de las operaciones militares en el país para comprobar que se respeten los derecho humanos, una semana después de que The New York Times denunciara que estas ponen en riesgo la vida de civiles.
"He decido conformar una comisión presidencial independiente que haga un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales y que pueda evaluar con profundidad cómo esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales en materia derechos humanos y en materia del Derecho Internacional Humanitario", afirmó Duque en una declaración.

El mandatario colombiano señaló que la decisión se tomó a raíz de las dudas generadas en "algunos sectores", en referencia al artículo del periodista Nicholas Casey, del NYT, en el que se revela una directriz que insta a duplicar el resultado en las operaciones militares, abriendo una puerta para que en el país se retomen los "falsos positivos".
Así se les llama a las miles de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes cometidas por militares en la década pasada para presentarlos como guerrilleros muertos en combate y de esta forma obtener de sus superiores permisos, condecoraciones y ascensos.
El jefe de Estado colombiano detalló que la comisión la conforman el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Hernando Yepes; el expresidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, y el exfiscal General Alfonso Gómez Méndez.

"A esa comisión también le he pedido que haga una revisión de los mejores estándares internacionales que permita evaluar si los procedimientos, órdenes y protocolos internacionales de Colombia se sintonizan con esas normas", indicó Duque.
Tras el análisis, los tres juristas darán una serie de recomendaciones al Gobierno para que se siga "avanzando en esa excelencia indiscutible en la forma en que opera la fuerza pública".
"Creo que esta comisión debe darle una gran confianza al pueblo colombiano y una gran confianza a todos los miembros de la fuerza pública para que no haya la más mínima duda sobre su conducta, sobre sus operaciones y sobre la forma siempre leal a la Constitución y a la ley cómo deben operar todos los miembros", concluyó.

La Fiscalía colombiana ha investigado hasta el momento cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que involucran a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
De estos, 2.200 casos fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado y es la columna vertebral del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC el 24 de noviembre de 2016. EFE
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https://www.lavanguardia.com/politi...raciones-militares-tras-denuncia-del-nyt.html
 
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