El Conflicto Interno en Colombia

Sebastian

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El Constitucional colombiano entierra la reforma de Duque al tribunal de paz
El presidente acata la decisión, que supone una impugnación de su criterio sobre un aspecto central de los acuerdos con las FARC

Por segunda vez en un mismo día, el presidente colombiano, Iván Duque, ha tenido que acatar una decisión de la justicia y al mismo tiempo mostrar su disconformidad. La Corte Constitucional cerró la tarde de este miércoles el debate sobre la reforma de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impulsada hace dos meses por el mandatario.
El fallo implica que el jefe de Estado deberá ratificar la ley estatutaria del tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves del conflicto armado, enterrando así los seis cambios u objeciones que había planteado. A esto se suma la liberación del ex jefe de las FARC Jesús Santrich que ha ordenado la Corte Suprema....
https://elpais.com/internacional/2019/05/30/colombia/1559173988_619461.html
 

Caballero Negro

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Caballero Negro

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Cae disidente que asolaba a empresarios de Meta y Guaviare
Era considerado ficha clave de ‘Gentil Duarte’ y tenía bajo su mando unos 200 hombres armados.

Mario López Córdoba, quien murió en un bombardeo este fin de semana, era considerado por las autoridades el zar de la extorsión y el reclutamiento forzado en los departamentos de Meta y Guaviare.

El exintegrante de las Farc que se había convertido en una de las fichas de la disidencia de ‘Gentil Duarte’ tenía bajo su mando unos 200 hombres en armas, y tras la desaparición de la guerrilla se dedicó a fortalecer sus finanzas mediante el cobro de dinero a finqueros, comerciantes y hasta a autoridades locales.

Tras la muerte de ‘Rodrigo Cadete’, su jefe, ‘Gentil Duarte’, el jefe de las disidencias, lo comisionó como el encargado de mover la cocaína desde el suroriente del país hacia Venezuela”, dijo a EL TIEMPO el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro.

Añadió que desde hace meses, López Córdoba, conocido con el alias del Negro Edward, había ingresado a la lista de los más buscados por “su grado de peligrosidad que venía demostrando al asesinar a campesinos y atacar a la Fuerza Pública, sumado a las intimidaciones que ejercía contra la población civil frente al manejo de los cultivos ilícitos y las extorsiones”.

Según los informes de inteligencia, el ‘Negro Edward’ había logrado consolidar su presencia en el sur del Meta, en los municipios de Vista Hermosa y Puerto Rico; y en zona rural de San José del Guaviare, Guaviare, logrando el control del río Guayabero y el Orinoco. Habría convertido esa zona en autopista de salida de la cocaína –que se produce en los laboratorios bajo su control– hacia Venezuela, en donde la recibe ‘Jhon 40’, encargado de su acopio y posterior envío a los carteles mexicanos.​
https://www.eltiempo.com/justicia/c...dencias-de-las-farc-en-meta-y-guaviare-370340
 

Sebastian

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Asesinan a Dagoberto Álvarez, líder social en Norte de Santander

País - Junio 2 de 2019, 6:02 pm

Dagoberto Álvarez Claro, tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Miraflores, del municipio de Playa de Belén.

Según las primeras informaciones, el cuerpo de Álvarez fue hallado con varios impactos de bala cerca de su vivienda.

La senadora Aída Avella a través de Twitter denunció el homicidio y aseguró que el Gobierno debe responder por los crímenes a líderes sociales. “(...) El gobierno tiene que responder por el genocidio, éstos son planificados y en todos, los estados, tienen injerencia”, dijo en Twitter.

Entre tanto, la ONU derechos humanos en Colombia rechazó el asesinato y afirmó que hace seguimiento del caso.

En el Catatumbo opera el ELN, disidencias de las Farc, grupos narcotraficantes y un reducto del EPL considerado como una banda criminal.

El Instituto Nacional de Medicina Legal divulgó el pasado 15 de mayo un informe en el que señala que son 317 los líderes sociales asesinados en el país entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019.

Precisamente, Norte de Santander es uno de los departamentos más agolpados por este fenómeno con 25 casos, por debajo del Cauca (67) y Antioquia (44).
https://noticias.canalrcn.com/nacional-pais/asesinan-dagoberto-alvarez-lider-social-norte-santander
 

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Iván Duque, mi reino por un fiscal adecuado

Por Jorge Eduardo Espinosa 4 de junio de 2019

BOGOTÁ — El uribismo, de la mano de Iván Duque, regresó al poder en Colombia con la promesa de modificar sustancialmente el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc. Una pieza fundamental de su estrategia consistía en tratar de deslegitimar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado para juzgar el conflicto armado en Colombia.

Hasta ahora, el mejor refuerzo para obstaculizar el proceso de paz y desprestigiar a la JEP había sido el exfiscal general Néstor Humberto Martínez. Resulta paradójico que ese exfiscal haya sido nominado (y elegido de una terna por la Corte Suprema) por el arquitecto del acuerdo, el expresidente Santos. Ahora, sin embargo, el panorama puede cambiar porque Martínez renunció a su cargo la tarde del miércoles 15 de mayo.

En el comunicado, Martínez afirmó que se iba porque no podía estar de acuerdo con la decisión de una sala de la JEP de negar la extradición de un exguerrillero, Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, hacia Estados Unidos. La justicia estadounidense acusa a Hernández —quien recibió un asiento en el parlamento por el acuerdo de paz y, por tanto, tiene fuero de congresista— de narcotráfico y de conspiración con un cartel mexicano para el envío de 10.000 kilogramos de cocaína.

Esta renuncia, sumada al circo mediático en el que se ha convertido el caso Santrich, tiene al país en una crisis institucional de consecuencias impredecibles. La justicia colombiana agoniza, la credibilidad de la Fiscalía General de la Nación no llega al 40 por ciento y la primera ministra del gabinete de Iván Duque que cayó fue, precisamente, la de justicia. El gobierno de Duque, que no ha completado un año, ya tiene niveles de desaprobación cercanos al 60 por ciento.
Algunos efectos de esta crisis ya son evidentes: el acuerdo de paz sigue incumpliéndose, como reportó The New York Times. Hay milicianos que han vuelto a tomar las armas amenazando a los territorios que el Estado colombiano fue incapaz de copar después de la firma del acuerdo y continúa la persecución sistemática contra los líderes sociales.

El panorama empeora si consideramos el escenario de elección del nuevo fiscal. Duque deberá enviar una terna para que la Corte Suprema elija al sustituto de Martínez, y —siguiendo su línea política y la presión de su partido (Centro Democrático)— no es difícil afirmar que el presidente nominará candidatos que continúen enfrentándose a la JEP y obstaculizando el proceso de paz. Incluso, el jefe del partido, el expresidente Álvaro Uribe, declaró recientemente que la JEP debía derogarse.

La prioridad de Duque debería estar en encontrar a tres abogados penalistas —Martínez no lo era— que no tengan conflictos de interés relacionados con los casos más grandes de la fiscalía (como Odebrecht), y que no hayan mostrado públicamente una aversión en contra de la JEP y del proceso de paz. La ecuación es realmente sencilla: hay que elegir a un fiscal que no utilice la fiscalía como sede de campaña, ni como un instrumento político para perseguir a sus contradictores. En fin, un fiscal que cumpla la ley y haga su trabajo. En buena medida, de eso dependerá el legado de Duque.

En las recientes mediciones sobre los problemas del país, los colombianos consideran que el peor de ellos es la corrupción. Por ello, seleccionar un fiscal que avance realmente en investigaciones como las de Odebrecht será vital para que el país recupere la fe en la justicia. Uno de los lemas de campaña de Duque, y que repitió en los primeros días de su gobierno, es que “El que la hace, la paga”, pero la percepción que tienen muchos colombianos es la contraria: delinquir, sobornar, robar, asesinar no tiene ninguna consecuencia. Y hay un punto de comparación regional inevitable: mientras que en Perú y en Brasil caen expresidentes y se condenan ministros, en Colombia solo pagan los mandos medios de los entramados corruptos.
El exfiscal Martínez, que dice en público no tener intenciones políticas pero que se comporta como un candidato que busca seducir a los votantes uribistas, argumenta que su renuncia ayudará a superar una crisis de la justicia que se originó con la creación del tribunal de la JEP.
La verdad, sin embargo, es distinta. La razón fundamental de la crisis es que la fiscalía de Martínez, en lugar de investigar los casos que tiene abiertos, se dedicó a desprestigiar a la JEP con jugadas sucias. Un ejemplo: pocas horas después de la decisión de la JEP sobre Santrich y la posterior renuncia del fiscal, se filtró un video que la JEP no tenía y que podría haber cambiado la decisión sobre la extradición del exguerrillero: en el video Santrich negocia “televisores” y “hectáreas” con un sujeto al que algunos señalan como un narcotraficante mexicano. Martínez asegura que él no lo filtró, pero algunos medios afirman que les llegó de la oficina de prensa de la fiscalía.

Luego, el excomandante de las Farc Iván Márquez envía desde algún lugar de Colombia o de Venezuela una carta en la que dice, entre otras cosas, que fue un error haber entregado las armas. Márquez, uno de los comandantes más escépticos frente al futuro del proceso de paz, no ha comparecido ante los tribunales de la JEP y, con ello, no ha dado la cara a las miles de víctimas de la guerrilla ni ha cumplido con una de las promesas de la desmovilización. Su actitud llevó al líder del partido Farc, Rodrigo Londoño, a condenar las palabras de Márquez.
Así que ahora muchos colombianos temen que esta crisis institucional pueda generar, como de hecho ya está pasando, un número mayor de guerrilleros que vuelvan a las armas con el argumento, no del todo falso, de que el Estado no está cumpliendo sus promesas.

La oportunidad de salir bien librados de la crisis institucional en la que está Colombia la tiene Duque entre manos con la elección de la terna para la fiscalía. En la práctica, ya se sabe que las ternas suelen ser de un solo candidato viable y que la presión que el presidente recibirá del ala más radical de su partido será inmensa. Querrán insistir en un fiscal que se enfrente a la JEP y que tenga como prioridad enterrar los imperfectos acuerdos de paz. Pero sería un error que agravaría la actual crisis colombiana.

El presidente, con su decisión, tendrá también una oportunidad única en su gobierno: demostrar que no es un títere de Álvaro Uribe, que puede decidir sin necesidad de la bendición de El Padrino y que su tono moderado y mensaje de reconciliar y unir al país va en serio.

Jorge Eduardo Espinosa, periodista, es director del Pódcast de Caracol Radio.
https://www.nytimes.com/es/2019/06/04/colombia-terna-fiscalia/
 

Sebastian

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El jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles
Documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS vinculan a batallones con 'falsos positivos', una masacre de indígenas y un caso de violencia sexual

El comandante en jefe del Ejército de Colombia, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, estuvo a los mandos, entre octubre de 2004 y enero de 2006, de una brigada señalada por la Fiscalía por al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales en los departamentos caribeños de La Guajira y del Cesar. Al menos 23 casos se remontan a la mencionada etapa, cuando el general era segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la brigada. Los documentos proporcionados a EL PAÍS por fuentes cercanas a las indagaciones de los llamados falsos positivos —asesinatos de civiles perpetrados por militares durante el conflicto armado y presentados después como guerrilleros de las FARC— describen episodios ya juzgados, algunos de ellos con sentencia firme, que ponen bajo la lupa las acciones de esa brigada, en la que Martínez asegura haberse dedicado a tareas administrativas......
https://elpais.com/internacional/2019/06/04/colombia/1559607159_600734.html
 

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Detienen en Colombia a presunto asesino de un ex jefe de las FARC

Javier Pérez Hurtado, sindicado como el responsable del crimen sobre Jorge Corredor, fue enviado a la prisión tras la petición de la Fiscalía. 03 de Junio de 2019 | 12:41 | EFE/Editado por D.Gaete, Emol

La Fiscalía colombiana detuvo al presunto responsable de la muerte de Jorge Corredor González, conocido con el alias de "Wilson Saavedra" durante su época de jefe guerrillero en las FARC, y quien fue asesinado el pasado 14 de mayo en el departamento del Valle del Cauca.

La entidad afirmó en un comunicado que miembros de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía detuvieron por este crimen a Javier Pérez Hurtado, quien fue presentado ante un juez de control de garantías.

Según la investigación, Pérez participó en el asesinato cometido en un restaurante del municipio de Tuluá, donde la víctima recibió varios disparos desde una motocicleta.

Corredor fue comandante del Frente 21 de la antigua guerrilla, convertida en partido político tras la firma del acuerdo de paz con el Gobierno el 24 de noviembre de 2016. Tras su reincorporación, la víctima se desempeñaba como líder de una cooperativa de ex guerrilleros en Tuluá y era militante del partido FARC en el departamento, según afirmó esa colectividad el día del crimen.

Por el asesinato la Fiscalía imputó a Pérez como presunto responsable del delito de homicidio agravado en calidad de coautor y fue enviado a la cárcel. Nuevo crimen tras acuerdo de paz El crimen de Corredor generó rechazo por parte de los miembros del partido FARC y se sumó al expresado semanas antes por el asesinato del también ex guerrillero Dimar Torres en la aldea Campo Alegre, del municipio de Convención, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Este último caso generó controversia, pues el Ministerio de Defensa informó inicialmente que Torres falleció al recibir un disparo accidental de un miembro del Ejército, pero la comunidad de la zona señaló que se trató de una ejecución extrajudicial.

Tras estos crímenes, el senador de la FARC Carlos Antonio Lozada denunció que 114 ex guerrilleros y 31 de sus familiares habían sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, y detalló que estos al parecer han sido cometidos por grupos paramilitares.

Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Inter...upuesto-asesino-de-un-ex-jefe-de-la-FARC.html
 

Sebastian

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José Miguel Vivanco (HRW): “Martínez Espinel nunca ha rendido cuentas ni ha dado explicaciones serias”

“Es de esperar que el Senado rechace su ascenso”, afirma José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG

La ONG Human Rights Watch (HRW) lleva años denunciando e investigando casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Los cuestionamientos al actual comandante en jefe del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, que sin ser responsable directo de supuestos crímenes sí estuvo al mando de una brigada señalada por casi 300 homicidios, se multiplicaron en las últimas semanas. Este miércoles el Senado colombiano tiene previsto decidir si ratifica su ascenso como general de cuatro soles, la distinción militar más alta del país.

Después de la publicación en EL PAÍS de nuevos documentos que vinculan a la Décima Brigada Blindada que comandó Martínez entre 2004 y 2006 con supuestos crímenes, en algunos casos en fase de investigación, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, señaló que "el general Martínez Espinel nunca ha rendido cuentas ante la justicia ni ha dado serias explicaciones sobre su pasado".

"En efecto", prosigue, "fue el jefe de Estado Mayor de una brigada que, según las investigaciones de la justicia colombiana, está asociada con falsos positivos y vínculos con el paramilitarismo durante el Gobierno de Álvaro Uribe. Es de esperar que el Senado rechace su ascenso. De lo contrario, estaría demostrando que unas denuncias graves sobre violaciones a derechos humanos no son un obstáculo para comandar el Ejército", mantuvo.

El Ejecutivo de Iván Duque, según varias organizaciones, ha colocado en puestos clave del Ejército colombiano al menos a nueve generales sobre los que existen “evidencias creíbles” que los vinculan a ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas después como muertes de guerrilleros en combate durante el conflicto armado entre el Estado y las FARC.

Según la Fiscalía General de la Nación, más de 2.200 civiles fueron asesinados entre 1998 y 2014. Aun así, según los cálculos de los investigadores, la práctica totalidad de los asesinatos, un 97%, se produjeron durante los mandatos del expresidente Álvaro Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010.
https://elpais.com/internacional/2019/06/05/colombia/1559715035_991928.html
 

Sebastian

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El ministro de Defensa colombiano intenta defender órdenes para duplicar resultados del ejército

Por Nicholas Casey 11 de junio de 2019

MEDELLÍN — La Cámara de Representantes de Colombia inició el debate de una moción de censura contra el ministro de Defensa del país el 10 de junio, en medio de las críticas en el país porque los militares habían emitido órdenes este año en las que se alentaba a cometer abusos a los derechos humanos.

La audiencia para disciplinar al ministro, Guillermo Botero, ocurre tres semanas después de que The New York Times reveló nuevas órdenes en las que se instruye a los principales comandantes del ejército a “duplicar los resultados” de sus misiones militares contra grupos guerrilleros, paramilitares y criminales.

Las órdenes conmocionaron a todos los rangos del ejército; algunos comandantes dijeron que la presión para llevar a cabo ataques significaría numerosas bajas de civiles y que ya había causado muertes sospechosas.

A mediados de la década de los dos mil hubo hasta cinco mil ejecuciones extrajudiciales en circunstancias similares, conocidas actualmente como las ejecuciones de los “falsos positivos”.

“Hay unas directrices que son públicas que nos marcan a nosotros el temor de volver a cosas que creíamos superadas”, dijo Luis Alberto Albán, quien fuera líder guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, que ahora es un representante en el congreso colombiano.

Durante el debate en el congreso, Albán destacó que más de 130 exintegrantes de las Farc han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, algunos a manos de militares.

Katherine Miranda, legisladora del partido Alianza Verde, dijo que el reportaje en The New York Times “claramente muestra que hemos caído en políticas que han incentivado ejecuciones extrajudiciales”.

Señaló que quienes dieron a conocer los hechos en el artículo del Times no eran miembros de la oposición como ella, sino “altos mandos en el ejército”, y que “es el ejército mismo el que está diciendo que posiblemente se trata de falsos positivos”.

Los altos mandos que hablaron con el Times brindaron copias de órdenes en las que se les instruía duplicar el número de rendiciones, detenciones y ejecuciones durante operaciones militares, y a disminuir el estándar con el que las iniciaban.

También proporcionaron un formato de promesa en el que dijeron que el mayor general Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército Nacional, había dicho a los comandantes que se fijaran metas para el número de criminales y miembros de grupos armados asesinados, capturados y obligados a rendirse en combate.

Poco después del artículo publicado en el Times, el ejército dijo que cambiaría los formatos, y Francisco Santos, el embajador colombiano en Estados Unidos, posteriormente dijo que habían sido eliminados por completo. El 24 de mayo, el presidente Iván Duque dijo que designaría a una comisión independiente para revisar las órdenes para asegurarse de que no violaron leyes internacionales o de derechos humanos.

Hacia el final de la audiencia, Botero se presentó ante los legisladores para declarar en su defensa, al decir que siempre había sido honesto con el gobierno sobre las acciones del ejército. Dijo que aunque el ejército había aumentado sus ataques este año, su énfasis siempre había sido en las capturas y que se rindieran en vez de las muertes en combate.

“No existen resultados de seguridad algunos si no se observan la constitución, la ley, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, dijo.

El futuro de Botero podría estar sujeto a una votación tan pronto como este jueves o la próxima semana, pero no queda claro qué tan lejos llegará el esfuerzo para retirarlo del cargo en el congreso de mayoría conservadora. La semana pasada, los aliados de Duque en el congreso ascendieron de rango a Martínez, a pesar de los llamados para que renunciara.

En un testimonio ante el Senado colombiano la semana pasada, Botero dijo que el número de operaciones militares se había incrementado en un tercio durante su gestión, pero que esos operativos “siempre fueron hechos con respeto a los derechos humanos”.
https://www.nytimes.com/es/2019/06/11/mocion-de-censura-guillermo-botero/
 

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María del Pilar Hurtado: el asesinato de una mujer frente a sus hijos que indigna a Colombia

Boris Miranda (@ivanbor) Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia



Derechos de autor de la imagen Cortesía Andrés Chica
Image caption María del Pilar Hurtado fue asesinada por dos sicarios que huyeron en una motocicleta.
El niño no deja de lanzar gritos de impotencia y golpes a las paredes. Frente a él se encuentra, en el piso, el cuerpo de su madre.
El nombre de la mujer es María del Pilar Hurtado, quien fue asesinada unos minutos antes por un par de sicarios que escaparon en una motocicleta.
La víctima tenía cuatro hijos y dos de ellos presenciaron cómo las balas acabaron con la vida de su progenitora.

El episodio, sucedido el viernes en la localidad de Tierralta —departamento de Córdoba (noroeste)— despertó múltiples muestras de indignación en Colombia.
Instituciones como la Defensoría del Pueblo condenaron lo ocurrido. "Los gritos del hijo de Maria del Pilar Hurtado representan el dolor de todo un país", señaló la entidad.

El asesinato también provocó una vigilia con velas en la noche del viernes protagonizada por decenas de personas en Medellín, como acto de repudio por el asesinato de la mujer, así como de otros cientos de líderes sociales en el país.

Organizaciones sociales de Tierralta denuncian que la víctima, junto a otras personas, estaba amenazada desde junio por el grupo armado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que opera en la zona hace más de dos décadas.

"No nos escucharon y los paramilitares cumplieron su amenaza", lamentó Andrés Chica, activista por los Derechos Humanos de la región.
El presidente Iván Duque, por su parte, expresó su condena ante el "atroz crimen".

María del Pilar Hurtado
La víctima trabajaba en un aserradero, donde se fabricaban cajas de madera para transportar fruta.
Era parte de un grupo de familias que habían levantado un asentamiento en un lote en desuso, en busca de acceder a viviendas propias.

Los asesinatos de líderes sociales son considerados entre los mayores problemas de Colombia.
"No pertenecía a ningún sindicato ni organización, pero sí era una líder comunitaria y negociadora a nombre de los que se asentaron en ese terreno", explica a BBC Mundo Andrés Chica.
El defensor de DD.HH. señala que ese lote resultó ser propiedad del padre del actual alcalde de Tierralta."A finales de mayo, personas en extrema pobreza tomaron ese predio. María del Pilar fue parte de las negociadoras que quiso concertar una concesión de tierras, pero finalmente se decidió a sacar a las familias a la fuerza", relata el activista.

Luego de ello apareció el planfleto de la AGC que daba plazo hasta la medianoche del 1 de junio para que la gente se retirara del lugar.
"Después de esa hora, a quien encontremos en esas invasiones lo declaramos objetivo militar", señala el panfleto del grupo armado.

La Fundación Social Cordoberxia denunció que otras personas que se encontraban en el asentamiento ya habían sido asesinadas el mes pasado. Otro resultó herido y tres fueron desplazados de manera forzada.
Luego de conocerse la muerte de Hurtado, la entidad reiteró su pedido al gobierno y a las autoridades locales para que implementen programas de emergencia "ante el riesgo inminente anunciado para Tierralta".

La Alcaldía de Tierralta emitió un comunicado indicando que María del Pilar Hurtado no era una líder social y que no es cierto que ella fuera mencionada en el panfleto de la AGC.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció que apoyará a los cuatro hijos que dejó la mujer.

Zozobra y temor
Córdoba es uno de los departamentos de Colombia que sufrió con mayor dureza la violencia del paramilitarismo y de otras agrupaciones armadas.
La localidad de Tierralta, con una población estimada de 100.000 habitantes, no fue —ni es— la excepción.
Se estima que 300.000 personas fueron desplazadas desde 2016 por la violencia de grupos paramilitares y otras organizaciones armadas.

"Viven con zozobra y con temor, como si fueran prisioneros. En estas zonas los paramilitares controlan hasta los aspectos de la vida familiar", relata Andrés Chica.
El activista añadió que "los paramilitares actuales siguen haciendo las cosas igual que los que llegaron entre 2000 y 2003".
"Se trata de una dominación coercitiva social, económica y militar. La administración de la justicia la hacen ellos. Nadie va a la fuerza pública cuando hay problemas en las comunidades, acuden a los paramilitares para que arreglen las cosas por mano propia".

Chica indica que "hasta los problemas de infidelidad son resueltos por ellos, al igual que cuánto se paga de vacuna (cuota de extorsión) para tener un negocio".
"El Estado no ha sido capaz de desmontar al paramilitarismo pese a los tantos decretos y leyes que ha sacado", concluye.

No es el único caso
La crudeza del video con los gritos del hijo de María del Pilar Hurtado generó la atención del país, pero en los últimos cinco días otros seis casos de asesinatos de líderes sociales fueron denunciados.
Y desde 2016 se habla de hasta 400 casos, la mayoría de ellos relacionados con el control de tierras para el cultivo ilícito de coca y apropiación de predios.

Las estimaciones señalan que entre 300 y 400 líderes sociales fueron asesinados en los últimos tres años.
Entidades como la Organización de Naciones Unidas y múltiples organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, indígenas, afrodescendientes y ambientales han expresado que los asesinatos selectivos es uno de los mayores problemas de Colombia.
El de Hurtado es uno de los últimos casos."El panfleto de amenaza no fue solo un papel, fue una acción de muerte contundente", lamenta la Fundación Cordoberxia.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48732381
 

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Las disputas de tierras en Colombia, un riesgo para los líderes sociales

EFE - Bogotá
23/06/2019

La disputa de tierras y el vacío de poder tras la desmovilización de las FARC ponen en riesgo a la población y líderes sociales del sur del departamento colombiano de Córdoba, donde esta semana una joven madre fue asesinada delante de su hijo de nueve años.

La víctima, María del Pilar Hurtado Montaño, de 34 años y madre de cinco hijos, fue tiroteada por desconocidos en una de las calles de un barrio humilde de Tierralta, municipio del sur de Córdoba donde, al igual que en los vecinos Montelíbano y Puerto Libertador, la población civil está en riesgo permanente por la presencia de diversos grupos armados ilegales.

Según una alerta temprana de noviembre pasado de la Defensoría del Pueblo, al menos 22.132 campesinos e indígenas que habitan en las zonas rurales de esos tres municipios están a merced de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), herederas de los grupos paramilitares y enfrentadas a disidentes de la antigua guerrilla de las FARC.

En el caso de Hurtado, cuyo brutal asesinato y el desgarrador lamento de su hijo han estremecido a Colombia, la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, dijo a periodistas que al parecer "estaría relacionado" con una venganza de un cabecilla del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, que es como las autoridades llaman a las AGC.

El director de la Fundación Social Cordoberxia, Andrés Chica, dijo a Efe que la mujer asesinada "no pertenecía a una organización social campesina pero sí tenía un liderazgo dentro de su comunidad en el marco de la invasión de un predio de propiedad del padre del alcalde" de Tierralta, Fabio Otero.
De esta manera salió al paso de un comunicado de la Alcaldía del municipio que horas después del crimen afirmó que Hurtado no era una líder social y tampoco estaba amenazada por las Águilas Negras, otro grupo heredero del paramilitarismo.
"El control paramilitar de las Águilas Negras y de las AGC sigue latente en Tierralta ante la vista gorda de las autoridades locales, policiales y militares", afirmó el director de Cordobexia, organización que denunció el asesinato de Hurtado.

La mujer, procedente de Puerto Tejada, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), se había establecido en Tierralta hace más de diez años en busca de mejor vida, y esta madrugada su féretro llegó a su pueblo natal.

Pese a la indignación nacional por el crimen expresada en las redes sociales, el cadáver de Hurtado era velado este domingo casi en soledad en casa de su madre, Juana Montaño, acompañada solo por dos familiares, pudo constatar Efe, y su sepelio será este lunes.

Según Chica, más allá de si la víctima era reconocida como líder social o no, "estaba dentro del proceso de invasión del predio" de la familia del alcalde y su asesinato puede estar relacionado con esa situación.
"Esto ha llevado a una serie de amenazas sistemáticas y de asesinatos sistemáticos. Con María del Pilar son cuatro personas asesinadas por criminales que llegaron hasta sus casas y las mataron", afirma.
Por esas amenazas, "a Albeiro tocó sacarlo de Tierralta", dice sobre el presidente de Cordoberxia y secretario técnico del Consejo de Paz y Derechos Humanos de Tierralta, Albeiro Begambre, cuyo nombre apareció junto al de otros líderes sociales de la zona en un panfleto de las AGC que circuló el pasado 1 de junio.

La lucha por la tierra, que está en el origen del conflicto armado colombiano, no es algo nuevo en el sur de Córdoba, donde desde hace décadas paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes se disputan a sangre y fuego los campos, dejando un reguero de muertos.

El nuevo escenario de enfrentamiento que tiene bajo fuego cruzado a los líderes sociales se origina "a partir de la dejación de armas por parte de las FARC y la subsiguiente generación de un vacío de poder capitalizado por las AGC para consolidar el ejercicio de poder hegemónico sobre la población, el territorio y las economías ilícitas", advirtió la Defensoría.

La alerta de este organismo que vela por los derechos humanos añade que este contexto de creciente hostilidad entre grupos armados ilegales en el sur de Córdoba "tiende a agravar los riesgos para líderes sociales, étnicos, comunitarios, de Juntas de Acción Comunal y defensores de derechos humanos".

Ese riesgo lo corren porque "intentan administrar justicia, reivindicar derechos y contribuir a la implementación de los puntos 1 y 4 del acuerdo de paz" con las FARC, referentes al desarrollo rural integral -que incluye una profunda reforma del campo colombiano- y solución al problema de las drogas ilícitas.
En esa disputa sin fin por territorios en el sur de Córdoba que ahora libran las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y disidentes de las FARC, María del Pilar Hurtado es la víctima más reciente y engrosa la lista de colombianos asesinados a cuentagotas, la misma suerte que corrió el 7 de junio el exguerrillero de las FARC Jorge Enrique Sepúlveda en una zona rural de Tierralta.

El desangre se repite en varias regiones de Colombia y según un informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC asesinados desde 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz para poner fin a más de medio siglo de un conflicto armado que se resiste a desaparecer.
https://www.eldiario.es/politica/disputas-tierras-Colombia-lideres-sociales_0_913058990.html
 

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Eln le responde al mindefensa y dice que no asesinó a María del Pilar Hurtado

23 Jun 2019 - 11:42 AM

La guerrilla manifestó que no está en Córdoba desde hace 30 años, luego de que desde el Gobierno se le acusara de haber sido la responsable del crimen de María del Pilar Hurtado. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aclaró que no se ha determinado el autor del asesinato.

En un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) le respondió al Gobierno Nacional y al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que sugirieron que la responsable del asesinato de María del Pilar Hurtado habría sido la guerrilla.

“En esta región el Ejército de Liberación Nacional no hace presencia desde hace 30 años, así el ministro de Defensa Botero y el expresidente Uribe se apresuraran a achacar este crimen al Eln”, dice la guerrilla.

En Eln agregó: “Rechazamos que el régimen continúe el exterminio de líderes sociales y que estos crímenes los perpetren en las regiones más militarizadas, como la del Alto Sinú, controlada por la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo del Ejército estatal”.

Todo comenzó con una publicación de Uribe en Twitter en la que decía que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, le había señalado a un medio de comunicación que el crimen había sido perpetrado por el Eln.

Horas después, el senador del Centro Democrático publicó un nuevo trino en el que anotaba que es medio había corregido, que Botero había rectificado la información entregada y que los verdaderos responsables eran miembros del Clan del Golfo.

El mismo Botero también se refirió al asunto en su cuenta de Twitter. “Quiero aclarar que continúan las investigaciones por el homicidio de María del Pilar Hurtado. Aún no se ha determinado con total certeza el autor de este execrable hecho. Toda la determinación para dar con los responsables”, comentó el jefe de la cartera de defensa.

Desde el Gobierno, el consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, quien estuvo en Córdoba este sábado, también expresó que el Eln no operaba en esa zona. “El Eln no fue y creo que ha un malentendido. Después, el ministro lo aclaró, pero no fue el Eln porque no opera en esta zona, sino que operan el Clan del Golfo y Los Caparros en la zona que van del Bajo Cauca a Caucasia, principalmente”, aclaró Barbosa.
https://www.elespectador.com/notici...esino-maria-del-pilar-hurtado-articulo-867445
 

Sebastian

Colaborador
María del Pilar Hurtado: “Los paramilitares controlan todo”, el miedo en Tierralta, la ciudad donde asesinaron a una mujer frente a sus hijos en Colombia

Boris Miranda (@ivanbor) Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia

  • 25 junio 2019
En los barrios humildes de Tierralta y sus alrededores, la justicia la imparten las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo, según denuncian instituciones y activistas.
Esta organización paramilitar, de acuerdo a entidades como la estatal Defensoría del Pueblo, ejerce un control continuo sobre esta población, ubicada en el departamento de Córdoba (noroeste del país), donde el pasado viernes fue asesinada en frente de dos de sus hijos María del Pilar Hurtado.

Aquel suceso provocó múltiples muestras de indignación en Colombia, después de que se hiciera público un video donde se ve a uno de los hijos de la mujer gritando y llorando de impotencia frente al cuerpo de su madre.
Hurtado murió después de recibir varios disparos de dos sicarios que después huyeron en una moto.

Defensores de Derechos Humanos del lugar, como el activista Andrés Chica, sostienen que en esa región "los paramilitares controlan todo", desde los problemas familiares hasta los permisos para abrir una tienda o una ferretería....

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48752058
 
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