El Conflicto Interno en Colombia

Sebastian

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Congresistas de EE.UU. piden presionar a Duque con acuerdo de paz

Aseguran que falta de implementación es un factor clave detrás del aumento de asesinatos y ataques.

24 de mayo 2019 , 03:17 p.m.
En una carta enviada este viernes, 79 congresistas de Estados Unidos le piden al secretado de Estado Mike Pompeo que presione al presidente colombiano Iván Duque para que cumpla e implemente los acuerdos de paz que se alcanzaron con las Farc en el 2016 y detenga los ataques contra líderes sociales y de derechos humanos.

La misiva está firmada en su mayoría por legisladores demócratas, partido que hoy controla la Cámara de Representantes.
https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu...r-a-ivan-duque-para-que-cumpla-con-paz-366544
 

Caballero Negro

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La respuesta del NYT a la carta del gobierno de Colombia sobre órdenes militares que podrían llevar a ejecuciones extrajudiciales

Por CNN Español
11:27 ET(15:27 GMT) 24 mayo, 2019
https://cnnespanol.cnn.com/2019/05/...romover-la-ideologia-de-ninguno-de-los-lados/


Pues según El Tiempo, la resupuesta del NYT es como ambigua, andando por el filo de la navaja. Lean éste párrafo por ejemplo:

A lo que inmediatamente responde: “Discrepamos respetuosamente con dicha caracterización. El artículo cita las órdenes emitidas por el mayor general Nicacio Martínez Espinel y no afirma ni sugiere que sean ilegales. De hecho, el artículo no menciona la Constitución colombiana, las leyes colombianas ni el derecho internacional en absoluto, excepto en una ocasión en la que el artículo cita específicamente al general Martínez cuando dice que el mandato del ejército es seguir la ley y respetar los derechos humanos”.​
Es decir, titulan en primera instancia un artículo de semejante manera insinuando que el EJC estaba cometiendo hechos criminales, pero ahora salen olímpicamente a afirmar que jamás dijeron tal cosa.

Párrafos más adelante vuelven a repetir lo mismo...

Luego, el diario norteamericano dice que el autor del artículo, Nicholas Casey, “en ningún momento sugiere que el Ejército colombiano ha emitido órdenes ilegales o inconstitucionales. De hecho, la única referencia a la legalidad de dichas órdenes viene del mismo general, cuando dice que la orden por encima de todas es respetar la ley y proteger los derechos humanos”.​
Para que lean el disparate de respuesta del NYT, es decir, escribimos una vaina diciendo una cosa, pero no queríamos insinuar tal cosa...
 

Sebastian

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Colombia: Vinculan a jefe del ejército Nicacio Martínez con civiles asesinados

La agencia AP ha tenido acceso a documentos que vinculan al jefe del ejército colombiano, Nicacio Martínez Espinel, con el supuesto encubrimiento de asesinatos de civiles hace más de una década

Redacción EC 25.05.2019 / 12:41 pm

Han surgido nuevas pruebas que vinculan al jefe del ejército de Colombia con el supuesto encubrimiento de asesinatos de civiles hace más de una década.

Las pruebas, en documentos proporcionados a The Associated Press por una persona familiarizada con una investigación en curso sobre las ejecuciones extrajudiciales, aparecen en momentos en que el general Nicacio Martínez Espinel enfrenta una presión creciente para que renuncie a su cargo debido a las órdenes que dio a sus soldados este año para que intensificaran los ataques.

Algunos temen que éstas podrían allanar el camino para que se vuelvan a producir violaciones graves de los derechos humanos.

El ejército colombiano ha sido culpado de haber cometido hasta 5.000 ejecuciones extrajudiciales en el punto álgido del conflicto armado del país a mediados de la década del 2000, mientras que los soldados, sometidos a la presión de altos comandantes, inflaban el recuento de cadáveres, en algunos casos disfrazando a civiles de guerrilleros a cambio de un pago extra y otras gratificaciones.

Lo que se conoció como el escándalo de los "falsos positivos" ha ensombrecido el historial de victorias en el campo de batalla logradas por el ejército, respaldado por Estados Unidos. Quince años después, ni un solo comandante de alta graduación ha sido responsabilizado por los asesinatos.

En febrero, Human Rights Watch criticó duramente el nombramiento de Martínez Espinel por parte del presidente Iván Duque, señalando que era el segundo al mando de la 10ª Brigada en el noreste de Colombia durante los años en que los fiscales han iniciado investigaciones sobre 23 asesinatos ilegales. El grupo de derechos reveló que el entonces coronel Martínez Espinel certificó los pagos a un informante que dio "excelentes resultados" en una supuesta operación de combate en la que murieron una civil indígena y una niña de 13 años. Posteriormente, un tribunal condenó a dos soldados por raptarlos de su casa, asesinarlos y ponerles armas en sus cuerpos para que parecieran ser rebeldes.

En la época en que se difundió el informe, Martínez Espinel dijo que no tenía "ni idea" de si había realizado los pagos. "Dios y mis subalternos son los que saben cómo hemos actuado", afirmó.

Sin embargo, nuevos documentos de la fiscalía colombiana muestran que Martínez Espinel firmó en el 2005 por lo menos otros siete pagos cuestionables. Los documentos fueron proporcionados a la AP por alguien que solicitó no ser identificado porque teme sufrir represalias.

Algunas de las gratificaciones, que nunca excedieron los 500 dólares, fueron para supuestos informantes cuyos nombres e identificaciones no coincidían. En dos casos, los investigadores judiciales descubrieron que el beneficiario real fue el soldado Oscar Alfonso, quien luego fue condenado a 40 años de cárcel por su participación en una tercera muerte de un civil no relacionado. Otro destinatario oculto fue un ex comandante paramilitar condenado a 15 años por extorsión.

En otra incongruencia, Martínez Espinel avaló en dos ocasiones información que condujo a enfrentamientos que, según los mismos documentos, se produjeron días después. Tal fue el caso de un pago realizado el 17 de mayo de 2005 a un informante anónimo y que llevaba la firma de Martínez Espinel. El pago se refería a un combate con supuestos guerrilleros el 20 de mayo --tres días después--, en el que murió un varón no identificado --"sin nombre"-- supuestamente en posesión de una granada y una pistola.

"Hace una década, soldados en toda Colombia atrajeron a civiles a lugares remotos bajo pretextos engañosos --como promesas de trabajo--, los asesinaron, les colocaron armas en sus cuerpos sin vida y luego los reportaron como combatientes enemigos muertos en acción", aseveró José Miguel Vivanco, director del programa para América de la organización Human Rights Watch. "Uno no puede evitar preguntarse si alguna de las distinciones en sus uniformes, o los ascensos a lo largo de carreras 'exitosas', corresponde a los asesinatos de civiles inocentes cometidos hace más de una década".

Martínez Espinel dijo en un comunicado que no enfrenta investigaciones penales ni disciplinarias. Afirmó que corresponde a las autoridades judiciales determinar el valor de los documentos que llevan su firma, pero que durante su estancia en la 10ª brigada no tuvo injerencia ni responsabilidad alguna en las operaciones de combate, sino que desempeñó un papel puramente administrativo.

“Siempre he estado, estoy y estaré atento a cualquier llamado de las autoridades”, afirmó.

Vivanco sostuvo que no sorprende que no se investigue Martínez, dada la actitud de las autoridades de hacer la vista gorda ante la responsabilidad de los altos mandos en la ola de asesinatos. Aunque los tribunales colombianos han condenado a cientos de soldados de baja graduación por su papel en los asesinatos de "falsos positivos", hasta ahora no se ha condenado a un solo general y sólo a un puñado de coroneles. Según el derecho internacional, los comandantes pueden ser considerados responsables de crímenes cometidos por subordinados de los que tenían conocimiento o deberían haber tenido conocimiento.

Ahora hay informaciones de que Martínez Espinel, como jefe del ejército, está tratando de restablecer las políticas que, según los críticos, condujeron a las ejecuciones.

El diario The New York Times informó recientemente que Martínez Espinel ordenó a sus soldados que duplicaran el número de guerrilleros izquierdistas y criminales a los que matan, capturan u obligan a rendirse en combate. Las nuevas directrices, elaboradas por escrito al inicio del mandato de Martínez Espinel como jefe del ejército en enero, suscitaron preocupación entre los oficiales no identificados citados por el Times por el mayor riesgo de que se produjeran bajas entre la población civil.

Los opositores a Duque han pedido la dimisión de Martínez Espinel, señalando una serie de asesinatos y encubrimientos sospechosos por parte de soldados este año, coincidiendo con las nuevas órdenes. No obstante, hasta ahora, el mandatario conservador ha apoyado al comandante incluso mientras intentaba contener los daños.

“La instrucción ha sido cero tolerancia con cualquier conducta que sea violatoria de la ley y de la Constitución, cero tolerancia con cualquier circunstancia que deshonre el uniforme de la patria”, afirmó Duque horas después de que el informe del Times causara conmoción en las fuerzas armadas, una de las instituciones más respetadas de Colombia.

Mientras tanto, en respuesta al artículo del Times, las fuerzas armadas revocaron parte de la polémica política que exigía que los comandantes de campo se comprometieran por escrito a duplicar sus resultados operativos contra las bandas criminales y los rebeldes que han llenado el vacío dejado por un acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC.

Sin embargo, no cambiaron las órdenes que ordenan a los oficiales a no "exigir perfección" de las fuentes, diciendo que los ataques a objetivos militares deben lanzarse cuando haya una "credibilidad del 60 al 70%" sobre la veracidad de la información.

El viernes, Duque anunció la creación de un panel de expertos que evalúe todos los protocolos y manuales militares para asegurarse de que están de acuerdo con el compromiso del gobierno de respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Fuente: AP
https://elcomercio.pe/mundo/latinoa...e-ejercito-colombia-asesinatos-noticia-638552
 

Sebastian

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José Miguel Vivanco‏ @JMVivancoHRW
Hallazgo de @AP: en 2005, la Decima Brigada Blindada usó a un paramilitar y a un soldado responsable de falsos positivos como “informantes”. ¿Quien autorizaba los pagos? El actual comandante del Ejército de Colombia, Gen. Martínez Espinel.

 

Caballero Negro

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Autoridades frustaron un atentado en Tame, Arauca

La Policía, Fiscalía y Ejército descubrieron un carro bomba cargado con 80 kilos de explosivo que, presuntamente, pretendía ser utilizado para atacar a la Fuerza Pública en Tame, Arauca.

 

Sebastian

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Radiografía de los "falsos positivos" en Colombia
EFE - Bogotá
26/05/2019 - 20:46h

El fantasma de los "falsos positivos", como se conoce en Colombia al asesinato de civiles por parte de militares, revivió este mes en el país con nuevas denuncias contra altos oficiales y una escalofriante radiografía de cifras en la que se precisa que, hasta el momento, ha habido 2.248 víctimas y 5.626 procesados por esos delitos.

En un informe compuesto por 302 páginas al que tuvo acceso el diario El Espectador, la Fiscalía General de la Nación le mostró en junio del año pasado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, la realidad de uno de los hechos más sangrientos y polémicos de la historia reciente de la nación andina.

Aunque las cifras que se han manejado sobre las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales han variado con los años y de una entidad a otra, la Fiscalía precisa en el documento que son 2.248 muertos entre 1988 y 2014.
De los 5.626 procesados, el ente judicial sostiene que 3.826 eran soldados, 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles, entre otros.

Teniendo en cuenta que antes de la creación de la JEP como parte del acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Gobierno y las FARC dichos crímenes eran juzgados por la justicia ordinaria, ya se han dado detenciones y condenas de hasta cinco años de cárcel por lo que hoy 1.236 uniformados tienen el beneficio de la libertad transitoria.

El documento señala que estos asesinatos ocurrieron en 27 departamentos, pero la victimización fue mayor en Antioquia (noroeste), que encabeza la lista con el 29 % de las muertes, seguido de Casanare, Cesar, Meta, Norte de Santander, Huila, Córdoba, Tolima y La Guajira.

La Fiscalía sostiene que los "falsos positivos" comenzaron a finales de los años 80 del siglo XX, pero se incrementaron a partir de 2002 y alcanzaron su etapa más cruenta entre 2006 y 2008.

De hecho, aclara que el 97 % de los casos investigados ocurrieron entre 2002 y 2008.
En ese tiempo, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) era el presidente de Colombia y en la comandancia del Ejército estaba el general Mario Montoya (2006-2008), quien firmó en octubre del año pasado el acta de sometimiento a la JEP, en donde ha insistido en su inocencia frente a esos crímenes.

Precisamente, fue en 2008 cuando se descubrió el "modus operandi" de los militares implicados, que consistía en atraer a jóvenes pobres, algunos discapacitados, con falsas promesas de trabajo para luego llevarlos a otras regiones del país donde eran asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate para de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios de sus superiores.

El escándalo le costó el cargo a cuatro generales ese mismo año y, a partir de ese momento y hasta 2015, "la cantidad de casos registrados se encuentra en niveles similares a los anteriores a 2001, es decir, no superan la decena al año", indica la Fiscalía, que asevera que todavía hay casi 5.000 expedientes abiertos en los que se menciona a 18 altos oficiales.

Por todo lo anterior, el fin de semana pasado Colombia se estremeció al leer un artículo del diario estadounidense The New York Times según el cual el Ejército ordenó recientemente a sus soldados duplicar el número de muertos criminales y rebeldes.

En el artículo se aseveró que este año surgió un "patrón" de asesinatos sospechosos y encubrimientos, abriendo la puerta a "aliarse" con grupos criminales para obtener información.
Como resultado de esa publicación el periodista Nicholas Casey y el fotógrafo Federico Ríos recibieron amenazas y debieron salir de Colombia.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, le salió al paso a la polémica y afirmó que no existe riesgo de que "civiles inocentes" mueran durante las operaciones militares.
También, la Cancillería y el Ministerio de Defensa remitieron una carta al editor del NYT en la que pusieron en duda "la veracidad" de las versiones citadas en el artículo, mientras que Human Rights Watch advirtió de posibles represalias a los oficiales que le proporcionaron la información al diario.

Frente al huracán que se desató, el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, confirmó que se cambiará la directriz denunciada por el rotativo porque considera que hubo "mala interpretación" por parte de personas ajenas a la institución.

Asimismo, el presidente colombiano, Iván Duque, decidió crear este 24 de mayo una comisión que analizará los procedimientos de las operaciones militares para comprobar que se respeten los derechos humanos, y el canciller, Carlos Holmes Trujillo, anunció que se reunirá la próxima semana con representantes del periódico para explicar la política del Gobierno en temas de orden público.

En un nuevo capítulo de esta dolorosa historia, el general Martínez fue señalado este fin de semana de presuntamente haber hecho siete pagos en 2005, cuando era coronel y comandante de la Décima Brigada, a un soldado que posteriormente fue condenado a 40 años de prisión por "falsos positivos".

Al respecto, el Ejército dijo en un comunicado que Martínez "no tiene investigación, sanción o impedimento alguno (...) por temas relacionados con derechos humanos" y que su cargo "era jefe de Estado Mayor", lo que "significa que no tenía injerencia ni responsabilidad en la parte operacional, solo en la parte administrativa".

A su turno, la Presidencia calificó hoy en Twitter de "falso" que Martínez haya "pedido a los soldados que adelanten operaciones letales sin tener la información completa ni la certeza del objetivo".
Como parte de la controversia de los "falsos positivos" también los medios de comunicación nacionales debaten actualmente su actuación en el caso.

El turno de este domingo fue para el presidente de noticias de la cadena estadounidense Univisión, el colombiano Daniel Coronell, quien en su columna para Semana cuestionó que esa revista no haya publicado, como lo hizo el NYT, la investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales a pesar de tener la información desde febrero pasado.
https://www.eldiario.es/politica/Radiografia-falsos-positivos-Colombia_0_903260234.html
 

Sebastian

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Jesús Santrich: Corte Suprema de Justicia ordena la liberación inmediata de excomandante de las FARC detenido por narcotráfico

Boris Miranda (@ivanbor) Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia

  • 5 minutos
Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia (CSJ)de Colombia ordenó la "liberación inmediata" de Seuxis Paucias Hernández Solarte, verdadero nombre del exguerrillero.
La decisión fue tomada después de que se reconociera la condición de congresista de Santrich, por lo que la alta entidad judicial determinó que gozaba de fuero especial.
La CSJ dispuso que, debido a esa situación, el acusado de narcotráfico debe ser juzgado ante una de sus salas especiales.
"Con esa condición es aforado constitucional y lo debe procesar penalmente esta Corporación", señaló en un comunicado de la Corte Suprema de Justicia.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48454084
 

Caballero Negro

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Combates en La Montañita dejan 11 presuntos disidentes de las Farc muertos

29 mayo, 2019
Los enfrentamientos entre tropas del Ejército y presuntos disidentes del frente 7 de las Farc, se registraron en el caserío de Miramar en zona rural de La Montañita, norte del Caquetá.
El Ministro de Defensa confirmó el resultado en medios nacionales y señaló que 11 presuntos integrantes del grupo armado residual murieron en los combates y dos más están en poder de la fuerzan pública, entre ellos un menor de edad.
En la operación militar denominada Marcos II, fueron incautados fusiles AK 47, pistolas, municiones y material de intendencia.
Una comisión del CTI de la Fiscalía está a la espera de ingresar a la zona de los combates para realizar las labores judiciales correspondientes, por ahora no han salido para el sitio porque las condiciones climáticas nos lo han permitido.
El general Germán López, comandante de la Sexta División del Ejército señaló que en las próximas horas entregará detalles de la operación realizada la noche del domingo 27 de mayo.
Noticia en desarrollo.
 
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