Aerolíneas, un dolor de cabeza político y legal para el Gobierno
Por Carlos Pagni
Para LA NACION
La incógnita sobre las dificultades que enfrentará el Gobierno para que el Congreso apruebe la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral tal como fue diseñada por la Secretaría de Transportes y el grupo español Air Comet-Marsans se irá despejando a partir de mañana, cuando se discuta la propuesta en el bloque de diputados del Frente para la Victoria.
Pero ya aparecieron algunos inconvenientes jurídicos, independientes de la buena voluntad de los legisladores. Es decir: además de enfrentar un problema político, la Casa Rosada debe resolver uno legal.
Al jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, lo aguardan tres controversias técnicas. La primera es que varios diputados que estudiaron el texto todavía no encontraron un inventario de los activos que el Estado se propone adquirir. En cambio, está claro que las empresas acumulan una deuda de 890 millones de dólares, aun cuando se discuta con la oposición si el fisco debe hacerse cargo de ella.
La segunda valla está referida al procedimiento para tasar Aerolíneas y Austral. Hay una contradicción entre el acta suscripta por el Gobierno y Marsans, por un lado, y el proyecto de ley que deben tratar los legisladores, por otro. En el acta se estableció que las empresas serán valuadas por el Tribunal de Tasación de la Nación y un auditor convocado por los accionistas españoles. Si hubiera una divergencia entre ellos se recurriría a otro organismo de prestigio internacional, que fijaría un precio inapelable. Por otra parte, en el proyecto de ley el Ejecutivo promete al Congreso que someterá a su consideración el monto establecido para la compra antes de realizar el pago.
El problema: ¿de qué manera podrán los legisladores corregir ese precio, si ahora convalidan un acta que prevé una tasación indiscutible? Será difícil superar la incoherencia: las cámaras no pueden modificar un convenio entre el Ejecutivo y un tercero. La participación del Legislativo en la fijación del precio de Aerolíneas-Austral debería haberse incluido en el acta.
El tercer problema legal excede el texto enviado por la Casa Rosada: tiene que ver con los más de 200 millones de pesos transferidos a las empresas con el argumento de que sólo así evitarían la quiebra. Esos recursos fueron autorizados por meras resoluciones de la Secretaría de Transporte (números 471, 500 y 521) y del Ministerio de Planificación (números 599 y 642). El miércoles pasado, la Jefatura de Gabinete emitió la decisión administrativa 11/2008, que reestructuró el presupuesto, convalidó aquellos giros y habilitó más fondos para futuras transferencias.
Estos procedimientos serán discutidos en el Congreso. Por un lado, en el oficialismo y en la oposición se objetará que el secretario Ricardo Jaime y el ministro Julio De Vido hayan destinado recursos públicos a una empresa privada sin la correspondiente habilitación presupuestaria. Por otro, se cuestionará que esos subsidios se hayan aprobado por una decisión administrativa de Sergio Massa y no por un decreto de necesidad y urgencia o, ya que Cristina Kirchner se resiste a firmar ese tipo de normas, una ley. Acaso sea el primer problema delicado que enfrenta Massa en su gestión.
Resistencia política
Estos dilemas jurídicos son independientes de las resistencias políticas que el Gobierno encontrará en el Congreso para estatizar Aerolíneas y Austral.
Nadie calcula que el límite será tan severo como el que enfrentaron las retenciones móviles a las oleaginosas. Un legislador experimentado lo explica así: "El debate con el campo provocó una movilización social que está lejos de advertirse en torno a la aeronavegación. Además, el Ejecutivo seguirá agitando el cuco del aislamiento del interior y eso le acercará votos poco reflexivos".
No hay que deducir de estas impresiones que Rossi cuenta ya con el número necesario.
El Gobierno está a la defensiva. Su debilidad se debió, al comienzo, a la dispersión política que produjo la caída vertical de la popularidad de los Kirchner. Un fenómeno que en las cámaras se manifiesta de manera práctica: los diputados que aspiran a retener su banca en las elecciones del año que viene están cada vez menos seguros de que para participar de las listas alcance con la buena sintonía con el matrimonio. Hasta el caso del diputado santafecino Rossi, cada vez más próximo al senador y ex gobernador Carlos Reutemann, podría ser un ejemplo.
Al déficit político del Gobierno se le acaba de agregar otro motivo: la percepción de una crisis fiscal. Los Kirchner, sin plata, no son los Kirchner.
A quienes conducen el área económica les cuesta comprender que en Wall Street se presuma que la Argentina no cumplirá sus compromisos financieros el año que viene.
En esto coinciden Martín Redrado y el ministro de Economía Carlos Fernández. Cuando hablan frente a inversores, ellos explican que la solidez de los fundamentos de la economía es suficiente como para que el fisco haga frente a esos vencimientos. Confían en que "con sólo observar el comportamiento de los números durante los próximos meses se irán despejando las dudas".
Esa visión no advierte que para calcular el volumen de esas obligaciones el Gobierno y el mercado han comenzado a hacer cuentas distintas.
El Gobierno terminó de construir, mediante una larga cadena de decisiones, la imagen de su insolvencia. Durante el primer trimestre del año fue suspendiendo los pagos a proveedores y sectores subsidiados. Sobre todo al energético.
Una guerra dramática
Después se lanzó a una guerra tan dramática por las retenciones agropecuarias que provocó la sensación de una angustia fiscal desesperante: nadie en el mundo dilapida el capital político que despilfarraron los Kirchner por 2000 millones de dólares, salvo que esté en emergencia. El argumento de que estaba en juego la distribución del ingreso o el desbaratamiento de un golpe de Estado nunca tuvo éxito en el sector financiero.
Cuando el Gobierno perdió esa guerra, los inversores sacaron la conclusión de que el Tesoro no podrá, en adelante, aumentar la presión impositiva. Es decir, para equilibrar sus cuentas tendrá que endeudarse o reducir los gastos.
En este contexto se produjo la venta de bonos a Venezuela, a una tasa bolivariana del 15 por ciento. Tal vez se trató de un caso de mala praxis, ya que ni siquiera se consultó al área de financiamiento del Ministerio de Economía.
Pero a partir de esa transacción tan onerosa, entre los operadores financieros apareció un interrogante inédito: ¿sigue existiendo por parte del mercado la vocación de reprogramar los vencimientos de capital y exigir a la Argentina sólo el pago de los intereses de su deuda? El Gobierno responde que sí. O quizá ni se hizo la pregunta. Por eso insiste en que un superávit primario del 3 por ciento alcanza para cumplir sus compromisos.
La novedad de los últimos 15 días es que, ante el mismo interrogante, muchos inversores empezaron a responder que no.
Es decir, comenzó a pensarse que tal vez el mercado exija también el pago del capital de la deuda argentina. De cumplirse esta hipótesis, el esfuerzo para evitar el default superaría la capacidad de los Kirchner. Un argumento más para los que discutan en el Congreso qué hacer con el pasivo de Aerolíneas Argentinas.
