Son 141 las leyes que se dictaron en sigilo desde 1891, que son conocidas sólo por quienes deben aplicarlas pero no por la sociedad sobre la que recaen sus consecuencias. Muchas tienen, a esta altura, sólo valor histórico, pero el Gobierno por ahora no se ha decidido a hacerlas públicas, pese a que un fallo judicial las declaró inconstitucionales esta semana.
Algunas leyes secretas reglamentaron el uso de fondos reservados, como la 18.302 mencionada por María Julia (ver página 34). Ese decreto-ley, dictado por Juan Carlos Onganía en 1969, no fue ratificado por los representantes del pueblo en el Congreso aunque sigue vigente por razones de continuidad jurídica del Estado. Allí se designan los organismos estatales que pueden recibir fondos reservados, pero remite al decreto 5.315 de 1956: "La aplicación del presente decreto comprende, exclusivamente, a los organismos que tengan servicios atinentes con la seguridad del Estado", dice. Difícilmente los sobresueldos pueden relacionarse con esa seguridad.
Hay otras leyes secretas que no se relacionan ni remotamente con la subsistencia de la República: se donaron caballos sangre pura de carrera —padrillos y yeguas— a presidentes amigos en los años 70: los de Perú, Juan Velazco Alvarado, y de Paraguay, Alfredo Stroessner, entre ellos. Y se eximió de impuestos la compra de un juego de cristalería y vajilla de porcelana para la quinta de Olivos en 1971, bajo la presidencia de Alejandro Lanusse.
Existen 31 leyes reservadas que fueron utilizadas para comprar armamento y ordenar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas; otras 12 para desplegar el aparato de inteligencia por todo el territorio nacional y 14 más para afinar el aparato de represión política, sobre todo en las convulsionadas décadas del 60 y el 70. Por caso, en 1971 se donaron a Bolivia "10 motocicletas, 1.000 pistolas automáticas y 21.000 proyectiles" y a Paraguay "200 tubos para fusil ametralladora marca Madsen".
Hay cuatro leyes que tratan sobre el manejo de fondos reservados del Estado. Una en particular, la 3.954 del año 1900, anuló las leyes especiales que autorizaban gastos y pudo haberse convertido en pilar de la transparencia, pero la práctica siguió a lo largo de todo el siglo que la vio nacer. Los fondos reservados o secretos, disfrazados en ocasiones bajo el rubro "gastos eventuales", fueron utilizados por los gobiernos conservadores para pagar "razonables servicios de informantes", más conocidos como "buchones".
Más tarde fue Juan Domingo Perón quien dictó el decreto "S" (secreto) 2.452 en 1955 —el año en que fue derrocado— para cubrir "gastos especiales" y operaciones de inteligencia. Después, la llamada Revolución Libertadora perfeccionó esta norma en 1956, con el decreto "S" 5.315. La última esposa de Perón, Isabelita, habría usado fondos reservados para pagar a las hermanas de Eva Perón una parte de la sucesión en noviembre de 1975, según informa un escrito del juez federal Daniel Rafecas, donde le pide al Congreso que derogue este tipo de disposiciones.
La ley secreta 19.111, de julio de 1971, dispuso una "sobreasignación" para jueces, fiscales y personal de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, más conocido como el "camarón", cuya única función era juzgar casos de "subversivos". También ordenaba que, en caso de que ese tribunal desapareciera (efectivamente, lo anuló Héctor Cámpora en 1973) sus magistrados no perderían el trabajo, distribuyéndolos en otros fueros. El caso llegó a la Corte, que negó la pretensión de esos funcionarios porque, dictaminó, no se puede cumplir con una norma secreta que no trata de asuntos que pongan en juego la existencia del Estado.
El 90 por ciento de las leyes secretas provienen de regímenes militares. El récord se dio en la breve presidencia de facto de Alejandro Lanusse (1971-1973), con 45 medidas. Incluyen ascensos post mórtem a militares "muertos por la subversión", entre ellos el teniente Mario César Asúa, el coronel Héctor Alberto Iribarren y el general Juan Carlos Sánchez. Lo sigue la última dictadura (1976-1983), con 36 medidas. Y el período de Onganía (1966-1970), con 32.
Tras el último golpe militar, el 24 de marzo de 1976, el Congreso fue reemplazado por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), un núcleo mínimo de personas, enviadas de manera proporcional por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, que también funcionaban de manera reservada. Tanto que ahora, cuando el poder democrático requirió documentación sobre las leyes secretas o "manuales de operaciones" de esos años, no se encontró un solo papel: "Estoy en condiciones de afirmar que en el Senado de la Nación no existe ni rastro ni vestigio alguno de instrumentos de esa índole. Es más: la documentación ha desaparecido en su totalidad, junto con los militares que la integraban, cuando se retiraron de este edificio", dice una nota del 26 de abril pasado firmada por el secretario parlamentario de la Cámara Alta, Juan Estrada.
Nunca se ejerció un control parlamentario sobre la utilización de estas leyes y, si bien desde el retorno democrático no se sancionaron nuevas, ningún gobierno asumió hasta hoy la decisión política de derogarlas, difundirlas y terminar con este sigiloso estilo del poder. Hay un agravante: muchas decisiones similares, que implican manejo de dinero aportado por los contribuyentes, se empezaron a adoptar desde 1983 mediante decretos secretos del Poder Ejecutivo. Fueron secretos los decretos que permitieron la venta irregular de armas a Croacia y Ecuador, y los que asignaron 111 millones de pesos más a la SIDE firmados por Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner en plena campaña electoral de 2003 (ver En democracia...).
Entre las leyes secretas se encuentran estas particularidades:
Las transacciones con armas van desde el remate de 5.000 fusiles Mauser, modelo alemán, en 1894, hasta la propuesta de construcción de un fuerte militar en Bahía Blanca y la compra de acorazados extrarrápidos y fuertemente armados. En 1926, el radical Marcelo T. de Alvear autorizó la compra de tres cruceros, seis destructores y seis submarinos. Hacia 1941 se dispusieron expropiaciones de terrenos para construir instalaciones militares. En sus dos primeras presidencias (1946-1955), Perón también dispuso la fabricación de armas para exportación.
Las leyes que remiten a la actividad de inteligencia establecen organigramas y categorías de trabajo, esquemas de remuneraciones, sanciones disciplinarias y estatutos internos. De los fondos reservados de la SIDE habrían sa lido los presuntos sobornos a senadores para aprobar la reforma laboral en 2000.
Las leyes secretas dictadas en los tiempos de represión hablan por ejemplo del envío de cascos y cartuchos de gas lacrimógeno al Uruguay a fines de los 60. Eran épocas de agitación popular. Cordobazo, Primavera de Praga, Mayo Francés. Por otra norma, carceleros y policías comienzan a cobrar un suplemento por "riesgo profesional".
Al menos tres leyes secretas reflejan una situación de máxima tensión con el dictador chileno Augusto Pinochet en 1981. El texto de esas leyes sólo habla del otorgamiento de pensiones vitalicias e inembargables a tres personas. Clarín las buscó, habló con ellas y con sus familiares y descubrió una historia ilustrativa de la guerra fría que mantuvieron la Argentina y Chile en esa época por cuestiones limítrofes.
En 1981, siete argentinos fueron detenidos en Punta Arenas, del extremo sur chileno, por "presunción de espionaje". El to no de amenaza rodeó los reclamos de la dictadura argentina. Los detenidos estuvieron dos meses en la cárcel y fueron torturados. La cuestión fue que, en un nunca aclarado operativo de canje o rescate, los siete detenidos fueron liberados. Al menos tres de ellos fueron beneficiados por el presidente de facto Eduardo Viola con la pensión emitida por ley secreta.
"Es cierto, mi marido, Marcelino Manuel García Argüelles, la cobra hasta hoy. Tiene 85 años y está prácticamente postrado por esas torturas. Fue transportista y ganadero en Río Gallegos, radical hasta los huesos, jamás espía. Ahora estoy preocupada, porque si él se va, yo me quedo sin nada. Ojalá Kirchner nos ayude, nosotros fuimos muy amigos de su padre", relata llorando la esposa de García Argüelles, cantante flamenca que actuó bajo el nombre de Rosario de Triana.
Se acordaron todo tipo de gentilezas con Bolivia, que a la luz de estas revelaciones aparece como un verdadero socio oculto de la Argentina en el ajedrez de la geopolítica latinoamericana. Dueña del gas, enfrentada históricamente a Chile y celadora de la frontera norte, Bolivia aparece beneficiada en los distintos períodos por diez leyes secretas, que le concedieron armas, equipos de comunicación para la policía, acuerdos limítrofes, y hasta una misión naval argentina en La Paz. Bolivia lucha hasta hoy por una salida al mar.
Horas antes del desembarco argentino en las islas Malvinas, en abril de 1982, la ley secreta 22.559 autorizó al Ejecutivo a constituir teatros de operaciones y gobernaciones militares. Un escrito de la Justicia aventura que se usaron fondos reservados para la movilización y la reconquista, que duró hasta la derrota frente a los ingleses, el 14 de junio.
Aquí están, éstas son: armamentos, caballos sangre pura, pensiones vitalicias, fondos reservados para operaciones de inteligencia y algunas otras cosas.
Junto a los decretos secretos, que aún se siguen firmando, forman parte del poder sigiloso en plena democracia.
Leyes secretas: desde compra de armas hasta donación de caballos