Siguen sin poder cobrarles impuestos a las tragamonedas
Son del kirchnerista Cristóbal López y no pagan. Están en el Hipódromo y en los barcos casino. Deberían tributar un 8% anual por Ingresos Brutos, pero hay fallos que les niegan jurisdicción en Capital. Y pagan la mitad de cánon que en Provincia. Por: Pablo Novillo
Las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo facturan unos $ 1.000 millones anuales, mientras que en los barcos casino de Puerto Madero las apuestas suman otros $ 600 millones. Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires recibió el año pasado apenas $ 164,2 millones por las apuestas realizadas en estos lugares, y además no les pudo cobrar ningún impuesto. Por trabas judiciales y la falta de un acuerdo político, el Gobierno porteño se está perdiendo de recaudar al menos otros $ 200 millones anuales. Así, el empresario kirchnerista Cristóbal López, principal operador del juego en todo el país, sigue teniendo en la Ciudad una suerte de "paraíso fiscal".
El conflicto entre Nación y Ciudad por el juego tiene una historia y dos frentes de combate. En 1994, cuando se dictó la autonomía de la Ciudad, la Nación se reservó algunas facultades, desde el control de la Policía Federal o los subterráneos hasta la explotación del juego, a cargo de Lotería Nacional.
Pero cuando Buenos Aires dictó su propia Constitución, buscó mayor independencia y determinó que el control del juego le correspondía (ver La Constitución...).
Sin embargo, cuando los distintos Gobiernos porteños intentaron "meter mano" en las ganancias del juego, nunca lo lograron. ¿Qué pasó? Diversos fallos judiciales entendieron que, como las tragamonedas del Hipódromo y los barcos casino eran administrados por Lotería Nacional, la Ciudad no tenía jurisdicción sobre ellos. Aunque desafíe al sentido común, se entendió que esos centros de juego no estaban en terrenos porteños sino nacionales. Según informaron en la Legislatura, dos de esos fallos fueron, uno de 2000 de la Cámara Nacional Federal en lo Civil y Comercial, y otro de 2005 del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 2.
Para solucionar este conflicto, que podía llegar a la Corte Suprema, Nación y Ciudad se sentaron a negociar. Y en 2003 llegaron a un acuerdo: cada jurisdicción se iba a llevar el 50% de lo producido en las tragamonedas del Hipódromo y los barcos más lo que correspondiera de las agencias de lotería. Ese convenio tenía una validez de cuatro años, prorrogables por otros cuatro. Es decir que, tras 2007, se dio una renovación de hecho que durará hasta 2011.
Bajo este marco legal, y según confiaron a este diario fuentes del Gobierno porteño, el año pasado la Ciudad recaudó $ 164,2 millones. Aparte, entraron $ 2,7 de las carreras de caballos (se percibe el 1% de la recaudación) y $ 19,5 millones de los Bingos (a Buenos Aires le corresponde el 6%). Para este año esperan $ 190 millones del convenio con Lotería, $ 3,5 millones por el turf y $ 26.5 millones por las cinco salas de bingo.
Pero surge otra duda: ¿hasta dónde la Ciudad, mediante su Instituto del Juego, tiene un efectivo control sobre las ganancias del juego, y entonces sabe si recibe lo que le corresponde? Una fuente confió que en Capital las empresas pagan la mitad de cánon que en Provincia. Y muchos afirman que las máquinas no están correctamente auditadas, con controles on line. En la Ciudad explican que las máquinas sí tienen un control, de la empresa estadounidense IGT. Lo llamativo es que esta empresa también fabrica y vende máquinas tragamonedas, y no sólo las colocó en el nuevo casino de Rosario (que también es de Cristóbal López) sino en Palermo, precisamente el mismo lugar que debe controlar.
Por otro carril corre la cuestión impositiva. A fines de 2008, en la discusión por el presupuesto, los legisladores porteños votaron que la Ciudad le cobrara un 8% de Ingresos Brutos a la facturación del juego. Pero como estaban vigentes los fallos judiciales, el fisco porteño jamás vio un peso. ¿Cuánto se perdió? El cálculo varía según si el impuesto se aplica sobre el total de la facturación o sobre el saldo entre lo recaudado y lo pagado en premios. En el Gobierno porteño hablaron de $ 200 millones, pero cuando se votó el presupuesto 2009 habían estimado una partida de $ 600 millones.
Hasta aquí, lo legal. Ahora, ¿quién es quién en el negocio del juego en la Ciudad? El gran ganador es Cristóbal López, empresario muy cercano al kirchnerismo y operador de 5.000 tragamonedas en todo el país. Es dueño del 50% de los barcos casino, y socio en el Hipódromo de Federico de Achával, empresario muy cercano a José Torello, dirigente de PRO y amigo íntimo de Mauricio Macri.
Tras asumir en la Ciudad, a fines de 2007, el macrismo inició conversaciones con los explotadores del juego. Una fuente vinculada al negocio le afirmó a Clarín que "la idea era modificar el convenio original con Lotería Nacional. La Ciudad buscaba llevar sus ingresos a $ 500 millones anuales, y a Cristóbal López y De Achával también les convenía porque la condición era conseguir la autorización legal para seguir manejando las tragamonedas por varios años más, se hablaba de 8 a 12 años". Algo similar habían logrado de parte del ex presidente Néstor Kirchner, quien a cinco días de pasarle la banda presidencial a su esposa prorrogó, con el decreto N° 1.851, la autorización para continuar la explotación privada del juego en el Hipódromo de 2013 a 2032.
Según le confirmaron a Clarín, la negociación se manejaba en el más alto nivel. Por un lado, Cristóbal López y De Achával, y por el otro Torello y otro íntimo de Macri, el empresarios Nicolás Caputo. O se juntaban ellos o enviaban emisarios de confianza, pero casi no abrían el juego a otros funcionarios.
Pero el intento para renovar el convenio fracasó en la Ciudad porque a fines de 2008 entró en escena un contrapeso muy fuerte: la Iglesia, que se manifestó claramente en contra del crecimiento del juego en el país. A esta crítica se sumó rápidamente Elisa Carrió, católica practicante. Y en PRO estalló una interna: Gabriela Michetti, también devota y de estrecha relación con el cardenal Jorge Bergoglio, se plantó contra el convenio. A Macri no le quedó otra que bajarse del acuerdo.
"Esa decisión terminó de romper el diálogo entre Kirchner y Macri. Y Cristóbal López quedó recaliente, sobre todo porque se enteró mirando la conferencia de Macri por televisión", contó otra fuente del ambiente. Aunque nunca se abortó del todo. Según confirmó Clarín, a fines del año pasado hubo otro intento para reformar el acuerdo, pero no prosperó porque legisladores, incluso del mismo macrismo, no quisieron exponerse a votar un tema tan sensible en las últimas sesiones del año.
http://www.clarin.com/diario/2010/02/27/laciudad/h-02148826.htm