La guerra del agua
El cambio doctrinario anunciado por el Ejército Argentino, que ha planteado como hipótesis de conflicto para las próximas dos décadas la eventual defensa de los recursos naturales del país y, entre ellos, el agua fundamentalmente, parece un acertado enfoque hacia uno de los problemas que ya está declarado en los albores del siglo XXI, pero acaso no sean las guerras o invasiones militares el peligro más concreto, sino un latente riesgo de pérdida de derechos por “vía jurídica”, del mismo modo que el país ha sufrido con otros recursos naturales en los no tan lejanos años 90.
Tal como se ha informado, el Ejército vislumbra como probable escenario de conflicto una “guerra por los recursos naturales”, haciendo las adecuaciones necesarias en su planificación hasta el año 2025.
Como parte de esa nueva estrategia, entre otros cambios se ha anunciado que los mandos del V Cuerpo se trasladen desde Bahía Blanca a Comodoro Rivadavia el año próximo y, en 2009, el III Cuerpo dejaría su sede en Córdoba para instalarse en San Luis. Previéndose un potencial enfrentamiento ante fuerzas de mayor tecnología, se prevé incluso la preparación mediante tácticas de “guerra de guerrillas”. Por citar a la historia cercana, puede recordarse que Comodoro fue declarada “Gobernación militar” en la década del 40, cuando el contexto mundial de ese momento hacía peligrar las bases petroleras asentadas en esta región.
Un mundo seco
La “guerra del agua” es uno de los desafíos que afronta el mundo y se estima que en las próximas décadas, hacia los años 2020/2030, sobre una población total de 8.000 millones de habitantes, al menos 7.000 millones de personas tendrá problemas para acceder al vital elemento.
Por ello, los analistas que vienen planteando este tema sostienen que habrá un cambio de paradigma, que incluso ya ha empezado a producirse, ya que como todo bien escaso el agua comenzará a elevar su cotización, transformándose en mercancía de cambio y perdiendo el carácter de recurso natural vinculado a la vida (con lo cual debería ser calificado como un derecho de libre acceso).
Es por ello, sostienen las mismas líneas de análisis, que el Banco Mundial ha favorecido las políticas tendientes a privatizar la distribución y manejo del agua en los países subdesarrollados durante la década del 90, habiendo sido Argentina, en algunas de sus principales ciudades, uno de los países que sucumbió a esa tendencia. La experiencia de Aguas Argentinas y la reciente rescisión contractual del servicio, por incumplimiento de contrato de la empresa privada, ha mostrado uno de los resultados más concretos de tal increíblemente miope visión. La falta de inversión del grupo privado francés que tuvo a su cargo la concesión, que se terminó yendo por reclamos de incremento tarifario, derivó también en un juicio contra el país ante el CIADI (el tribunal internacional al que Argentina aceptó someterse en caso de litigios con inversores externos) por varios miles millones de dólares. Es de esperar que en este caso la experiencia enseñe algo, ya que algo similar se había intentado en otros años 90, cien años antes, cuando el gobierno de Carlos Pellegrini también concesionó el servicio de las “aguas sanitarias” de Buenos Aires a un grupo inversor inglés, lo que derivó en un escandaloso fraude para los intereses del país. Cualquier coincidencia con el pasado más reciente no es, de seguro, mera coincidencia.
Recurso estratégico mundial
Durante una conferencia desarrollada en Paraná, Entre Ríos, la profesora Elsa Bruzzone , investigadora del CEMIDA (Centro de Militares para la Democracia ) dijo en noviembre último a propósito de la guerra del agua: “los países más ricos del planeta que conocemos con el nombre de G8 tienen sus recursos hídricos en vías de agotamiento por la sobreexplotación y altamente contaminados por desarrollos industriales y agrícolas que no han tenido en cuenta el cuidado del medio ambiente. Un elemento muy preocupante se suma a esto: el informe del Pentágono elevado al Congreso y Gobierno norteamericano a fines de febrero de 2004 que se filtra al The New York Times y The Guardian advierte que, a consecuencia del cambio climático, para los años 2020,25,30 los recursos de agua potable se van a ver afectados y para eso, lisa y llanamente, dicen que las Fuerzas Armadas Norteamericanas tienen que desplegarse por todo el planeta para tomar el control del recurso donde se encuentre porque de eso depende la supervivencia de Estados Unidos como potencia rectora del mundo”.
“Estos mismos conceptos –añadió la conferencista- figuran en la Constitución Europea. Allí se habla de la recolonización de América Latina y el Caribe y de África para la apropiación de los recursos naturales. Han sido rediseñadas las funciones militares de la OTAN para acompañar a la política de EE.UU”.
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Sin ir tan lejos…
No hace falta mencionar como ejemplo lo que Estados Unidos es capaz de hacer detrás del petróleo, por lo que es fácilmente imaginable lo que hará por el agua. También es claro el modo en que Argentina ha sido capaz de ceder el manejo de un recurso estratégico como el petróleo a manos netamente privadas y transnacionales. Y es también doloroso el modo en que la Secretaría de Minas de la Nación suele confundir “inversión” con “desarrollo”, al bombardear con cifras de miles de millones de dólares de inversión de capitales generalmente canadienses en su búsqueda de oro en yacimientos de nuestro país, algunos ubicados en Santa Cruz, Chubut y, con mayor énfasis en la actualidad, en San Juan.
Se renuncia, desde esa concepción avalada por el gobierno nacional, al manejo del agua y otros modos de producción tradicionales como los cultivos de vides o el turismo, según la región, para ceder la extracción de minerales que claramente causan impacto sobre suelos, agua y aire. Y para ello, está claro, no hay ningún ejército poderoso invadiendo al país, sino que es posible por el marco jurídico actual y por lo que podría definirse como “consentimiento por omisión”, ya que una gran parte del país ignora las luchas que sostienen pueblos como Perito Moreno o la gente de San Juan (algo en lo que la Asamblea de Vecinos de Esquel ha hecho escuela). Así, cabe recordar, se ignoró también el reclamo de los pocos que en los 90 negaban que la privatización del petróleo, gas y otros recursos o servicios públicos podría implicar solución alguna a los males del país.
Es decir: si en algún momento la sociedad y su clase política (por reflejo de aquella y no como una entelequia) aprenderán de la experiencia, deberían empezar a demostrarlo ahora, ya que claramente otro de sus recursos naturales está a punto de serle birlado frente a sus ojos.
Hay grandes reservas de aguas sobre las que el país tiene derechos: el Acuífero Guaraní es uno de los principales a nivel mundial, ubicado en la triple frontera que nuestro país comparte con Paraguay y Brasil. Las otras grandes reservas, afectadas ahora por el cambio climático y el calentamiento global, son los glaciares en tierra santacruceña.
Vale citar nuevamente a la secretaria del CEMIDA en su conferencia:
“Ahora el Banco Mundial está presionando de otra manera sobre nuestros países. Como es un acuífero subterráneo que a determinada profundidad sus aguas tienen calor, minerales y aguas termales, está tratando de convencernos de que el Acuífero Guaraní no es agua sino recurso minero. De esta forma pasaría a ser una mercadería. El Código de Minería, modificado en los 90, dice que los estados provinciales y el estado nacional pueden hacer tareas de exploración pero no de explotación porque son incompetentes. Las únicas competentes son las empresas privadas y transnacionales: obligan a los Estados a entregar la explotación minera a las empresas privadas”.
Hay otras formas en que la población puede tomar conciencia y analizar por dónde empiezan a concretarse las pérdidas que un día estallan frente a sus ojos, cuando ya es tarde para impedirlo.
Como simple ejercicio de imaginación, sería interesante traer la mirada hacia casos más sencillos y, todavía, más cercanos. Si una empresa europea ha recomendado construir una represa en Sarmiento y capitales ligados a esa misma empresa podrían resultar los constructores de la represa, quién operará la llave de la misma? Si la presa se construye (aun cuando hay un movimiento mundial en contra de este tipo de soluciones, probados los daños ambientales que provoca, que siempre son superiores a los beneficios presuntamente buscados), qué precauciones se adoptarán para que un operador privado no cobre luego el derecho para acceder al agua que pasa por “el caño” que él mismo instaló? ¿Se permitirá el mismo criterio que se aplica a las concesiones de autopistas, en las que se debe pagar para usar?
Hay otros datos que indican que la guerra del agua ha comenzado, aunque principalmente en el campo económico. La principal compañía de gaseosas del mundo está adquiriendo tierras para asegurarse la provisión del líquido que comenzará a teñirse del verde y crudo color dólar (o del euro), tanto para sus productos como para la comercialización de agua envasada.
Así las cosas, no sólo el Ejército debería prepararse de cara no ya a un futuro cercano, sino frente a un mundo en el que ya están ocurriendo algunas de las peores pesadillas que la humanidad haya sido capaz de concebir…
http://www.diariocronica.com.ar/notas/notas.php?idnota=124438
Saludosss
Esa fue la que terminó el gobierno de Frenado no las cacerolas.
