Impulsan en el Congreso prohibir negocios en la Argentina a empresas que operen en las Malvinas.
El legislador Marcelo Guinle presentó un proyecto mediante el cual propone prohibir a las empresas que operen en las islas Malvinas efectuar negocios en nuestro país. Esta iniciativa busca brindar el marco jurídico para ejercer las competencias que Argentina tiene con el territorio en disputa. «El Reino Unido ha adoptado medidas unilaterales con la intención de afirmar su presencia, jurisdicción y desarrollar actividades económicas en la zona en litigio con la Argentina», sostuvo el chubutense.
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USHUAIA (NA y nuestra redacción).- Ninguna empresa pesquera o firma petrolera que opere en las islas Malvinas gracias a una licencia otorgada por el Reino Unido podrá, en forma paralela, realizar negocios en Argentina.
Esto podría convertirse en una política oficial de prosperar un proyecto que, en línea con el reclamo del Gobierno ante la Organización de las Naciones Unidas, presentó en el Senado el legislador justicialista Marcelo Guinle (Chubut).
La propuesta incluye, además, a las zonas marítimas de exclusión que controlan los llamados kelpers.
Las licencias de pesca de hasta 25 años que renovó el Gobierno de las islas, con luz verde del Reino Unido, fue uno de los principales reclamos del canciller Jorge Taiana en New York, durante el encuentro del Comité de Descolonización de la ONU.
En los fundamentos de su proyecto Guinle advierte: «el Reino Unido ha adoptado medidas unilaterales con la intención de afirmar su presencia, jurisdicción y desarrollar actividades económicas en la zona en litigio» con Argentina.
Para el legislador kirchnerista la política del país europeo viola los acuerdos bilaterales y las resoluciones de las Naciones Unidas dictadas con motivo de la disputa de soberanía.
En el mismo sentido se pronunció el último jueves en los Estados Unidos el canciller Taiana, quien acusó a Gran Bretaña de «obstaculizar» la solución del conflicto al no prestar atención a las exigencias de la comunidad internacional.
La propuesta, que ahora deberá tratar la Comisión de Energía, Minería y Combustible que preside Nicolás Fernández (PJ- Santa Cruz), propone prohibir la actividad comercial en todo el territorio nacional a las empresas que acepten una licencia otorgada por los isleños.
El proyecto incluye, asimismo, a las firmas que tengan algún vínculo económico o jurídico con el potencial infractor, como por ejemplo los bancos internacionales.
«Se trata de regular el aprovechamiento económico exclusivo de los recursos naturales que se encuentran en las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur y sus aguas circundantes, como forma de mantener la integridad territorial», explicó el legislador en los fundamentos del proyecto.
Según Guinle, la iniciativa busca «brindar el marco jurídico necesario para ejercer de modo efectivo las competencias que nuestro país tiene en relación con el territorio en disputa».
No es la primera vez que el Congreso se hace eco del problema: el Senado aprobó en el 2002 una propuesta idéntica que presentó el ex senador Eduardo Menem, aunque después al no ser tratada por la Cámara de Diputados caducó el 28 de febrero de 2005.
«Es menester que ejerzamos nuestra soberanía sobre el archipiélago y que la hagamos respetar por todos los que desarrollan sus actividades en nuestro país, en cumplimiento del mandato expreso de la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional», indica otro párrafo del proyecto.
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