Oct-05-06 - por Ignacio J. Osacar - Coordinador de la Comisión de Defensa del CENMCon la elección de Evo Morales se apreciaba que las Fuerzas Armadas de Bolivia pagarían las consecuencias de haber sido el instrumento represor del saliente gobierno durante el convulsionado periodo preelectoral y de haber entregado a los Estados Unidos la totalidad del inventario de misiles portátiles antiaéreos chinos, al parecer por temor que cayeran en manos terroristas; sin embargo después de la asunción presidencial y contrariamente a lo que todos esperaban, fueron pasados a retiro únicamente parte de los mandos de la conducción militar y se atrajo claramente a las Fuerzas Armadas para formar parte importante del proyecto político populista y nacionalista.
El incremento del apoyo militar venezolano es una de las salientes características de esta etapa ante la visible disminución de la ayuda norteamericana que se otorgaba para la lucha contra el narcotráfico y la erradicación del cultivo de coca, la que se materializa en inteligencia, entrenamiento y equipamiento de unidades especializadas para este tipo de operaciones. La ayuda venezolana llegó de inmediato con un préstamo por tiempo indeterminado de 2 helicópteros AS-532 Cougar para propósitos generales.
El modo de transporte aéreo es vital para la integración de las regiones más alejadas del territorio dada la escasez y precariedad de la red vial, para lo cual se compraron 3 aviones de transporte CASA C-212-100 a España y un Convair CV-580 canadiense. Se firmaron actas de intención con China para la adquisición de 2 aviones de transporte MA 60 y también se incorporará próximamente un BAE 146-100. Considerando los medios y recursos de Bolivia estas adquisiciones son muy importantes y demuestra una tendencia respecto al transporte aéreo civil y militar, aun cuando las gestiones hayan sido iniciadas por gobiernos anteriores, la decisión de concretar y continuar en esa dirección corresponde a las autoridades actuales.
Con Venezuela se ha formalizado recientemente la firma de un convenio entre los Ministerios de Defensa, que acuerda el asesoramiento de las tropas de ingenieros para construcción de obras de infraestructura y caminos, la impartición de cursos en institutos venezolanos para la capacitación en legislación militar, prevención de conflictos, control de armamento y desarme, gestión presupuestaria, apoyo para la paz, búsqueda y rescate, operaciones humanitarias y control de sustancias químicas.
Como parte de este convenio se resolvió la construcción del complejo militar en el Prado ( en proximidades de la actual guarnición de Riberalta en Beni ), con capacidad para alojar a 2500 efectivos, en una localización geográfica estratégica por su proximidad con Venezuela (1200 Km) y con el corazón de la Amazonia brasilera, a través de la ruta Riberalta- Guayara Mirin- Porto Velho - Manaos. El segundo proyecto de gran significado estratégico es la construcción de las instalaciones portuarias de Puerto Quijarro (a 10 Km de Puerto Suarez en Santa Cruz ). Este puerto estará ubicado en proximidades de la ruta Santa Cruz- Corumbá- Sao Pablo y sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná. Se debe destacar que ambos proyectos se encuentran en Departamentos con una manifiesta mayoría autonomista y opositora según los últimos comicios. Tanto el Paraguay como Brasil observan con atención las actividades futuras de los militares venezolanos en estos puntos a pesar de las expresiones oficiales para disminuir tensiones.
Cabe destacar aquí el corredor de Chuquisaca, que separa como una cuña la continuidad del Arco Autonomista Oriental (AAO), se encuentra conectado por tierra precisamente con la ruta paraguaya a Mariscal Estigarribia, donde esta localizada la pista de aterrizaje de empleo estratégico de Estados Unidos. La ruta y vía ferroviaria que con dirección Norte-Sur conecta el AAO, se encuentra en el sector de Chuquisaca, a escasos 128 Km del limite internacional con Paraguay.
Evo Morales reveló tempranamente su intención respecto a políticas militares en la toma de posesión del Alto Mando Militar el 24 de enero al expresar que "…Algunas fronteras lamentablemente están abandonadas, hay una invasión pacífica en Oriente y en Occidente. Juntos: gobierno central, comunidades campesinas, junto a las Fuerzas Armadas, defendamos ese territorio nacional, cambiemos la página y hagamos historia resolviendo los problemas sociales defendiendo el territorio nacional."
Podemos claramente reconocer aspectos similares al pensamiento militar del presidente Hugo Chavez en esas afirmaciones, donde se procura un rol integrado de la población civil con las Fuerzas Armadas, en contraposición al pasado rol de instrumento protector de algunos sectores del poder económico. En el caso boliviano los proyectos políticos populistas y nacionalistas siempre fueron acompañados, al menos inicialmente, por las Fuerzas Armadas, pero también éstas fueron las principales protagonistas de la desestabilización de estos gobiernos y eventualmente de su derrocamiento.
En la actualidad una de las palabras reiteradamente escuchadas es la de secesión, situación generada por sectores autonómicos, principalmente de Santa Cruz, junto a los de Beni, Pando y Tarija. Las Fuerzas Armadas bolivianas son un sólido elemento aglutinante de la integración territorial y el gobierno de Morales lo sabe y trabaja a los fines de conservar esa garantía. El presidente Morales no dudó en militarizar objetivos nacionales en Santa Cruz ante hechos de violencia perpetrados por grupos de militantes autonomistas contra indígenas. Observamos que los fenómenos de la secesión durante este pasado siglo se produjeron, no solo con el protagonismo de las Fuerzas Armadas, sino a pesar de la intervención de las mismas, ya que poco puede hacer el poder militar, hasta ese momento legal y subordinado, ante la insurrección civil armada generalizada de sectores regionales secesionistas, en la medida que estos mantengan una actitud estratégica defensiva dentro de los territorios escindidos, durante el tiempo necesario para obtener apoyos y reconocimientos internacionales.
El proceso de justicia militar que se le iniciará al general Antezana, recientemente retirado ex comandante del Ejército boliviano, por sus expresiones relativas a la amenaza de una próxima guerra civil, confirman que el conflicto subyacente es algo más que un escenario imaginativo. Contrariamente al planteo del típico golpe militar aquí se habla de otra cosa, directamente de prescindir de la mitad del territorio y de la población, refundando un Estado políticamente gobernable, próspero, productivo e internacionalmente respetado.
Dentro de las ideas formuladas por el Ministro de Defensa Walter San Miguel, figura la creación de fuertes militares en las zonas fronterizas, con la incorporación de la sociedad civil, en convivencia con militares, policía y aduana, donde se beneficiaran mutuamente con servicios básicos y comunicaciones, para reafirmar activamente la soberanía territorial y la preservación de los recursos naturales. El marco de la Asamblea Constituyente está visto como el más propicio para resolver las distintas reformas militares. Los recursos financieros para el incremento del presupuesto militar, a fin de satisfacer postergadas necesidades de re-equipamiento serán obtenidos mediante la aplicación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el que se aprecia será del 2%, pero dependiendo en definitiva de las limitaciones del Tesoro, por lo tanto, en el primer año de gestión estos incrementos serán mínimos, aunque se cuenta con la cooperación internacional, Venezuela principalmente, entre otros países. Se ha consensuado modificar el actual régimen de Justicia Militar para que los recursos de casación puedan elevarse a la Corte Suprema de Justicia como última y definitiva instancia. También se redefinirá, a través de la modernización de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la visión y la misión de las instituciones militares después de un amplio debate que se aprecia no será menos complejo y prolongado que el de otras áreas del Estado boliviano. Quizás uno de los temas importante es la discusión generada respecto a las alternativas entre un mando militar único y centralizado o la de mandos regionales con cierta autonomía, lo que claramente manifiesta una sensibilidad preventiva para cualquier descentralización que pudiera favorecer eventualmente un escenario secesionista.
En lo inmediato se están debatiendo cuatro leyes que regularan aspectos referidos a la actualización de la ley de Servicio Militar, para que se adecué a ciudadanos femeninos y masculinos, la ley de Armas que otorga el monopolio de la fabricación, importación, exportación y tenencia de armas y explosivos a las Fuerzas Armadas, la ley de Ascensos y Destinos, esencial para el control civil sobre las instituciones militares y la del Seguro Social Militar que ordenará atrasados y conflictivos aspectos de previsión social.
Mientras se debate largamente el futuro, se encuentran en marcha Planes y Programas de Cooperación para el Desarrollo Integral, con la finalidad de empeñar en forma eficiente a las Fuerzas Armadas en la solución de grandes problemas estructurales de aislamiento fronterizo y pobreza extrema. Estas acciones son concretadas por distintos planes como el Sistema Nacional de Capacitación de las Fuerzas Armadas, Forestación y Reforestación, Obtención de Agua Potable, Asistencia Medica Móvil, Construcción de Viviendas, Seguridad Alimentaria, Promoción de Derechos Humanos, Difusión del Patrimonio Cultural Ancestral, Telecentros Informatizados Cívico-Militares Pilotos, Desarrollo Municipal en General, y Fortalecimiento de la Gestión Municipal en la Prevención de Riesgos y Desastres Naturales.
Una expresión del ministro que requiere un prudente análisis es que "Las Fuerzas Armadas participaran en las macrodecisiones de gobierno aun cuando constitucionalmente no deliberan ni hacen política partidaria y ahora como nunca están junto a las decisiones del gobierno." Es evidente que hay una invitadora puerta abierta para el proceso iniciado, que no parece avanzar muy fácilmente en el plano interno ni en el externo en el corto lapso transcurrido y en el cual se reaparecen los viejos fantasmas bolivianos: el control sobre los recursos naturales, la gobernabilidad política, la salida al mar, la inclusión de los indígenas, la coca, las fronteras, la partición geográfica y económica, las presiones y dependencias de poderosos vecinos y otros no tan vecinos.
A las Fuerzas Armadas bolivianas se las intenta incorporar a un proceso político, económico y social, que tiene pretendidos alcances fundacionales a través de la reforma constitucional, pero a pesar de la verticalidad y disciplina, no escapan a una natural dinámica dialéctica, que puede convertirlas en un factor de decisión y definición, ante el agravamiento de los actuales conflictos, en un escenario regional donde no solo los militares tienen el privilegio del uso de las armas.
Fuentes:
- "La Razón", Bolivia, 10-09-06
- www.mindef.com.bo consultado 28-09-06.
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