"Que se releven las tierras donde quedaron arrinconadas las comunidades”
De manera puntual, tras un cruce político con la gobernadora respecto de la responsabilidad de la seguridad en la región, el Gobierno nacional envió fuerzas federales a El Bolsón y Bariloche para realizar tareas de control y prevención en la vía pública y rutas nacionales. Desde entonces, no se registraron nuevos episodios violentos en la zona.
En medio de esta situación conflictiva, desde Río Negro la gobernadora ratificó la “voluntad de diálogo” y de trabajo en conjunto que existe con los pueblos originarios a través de organismos estatales como el Consejo de Desarrollo Indígena, que integra el Estado y las comunidades mapuches. Hoy hay 164 comunidades mapuches constituidas en el territorio provincial y el 99% tienen vínculo con el Estado, según indicó la mandataria.
Desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche, Orlando Carriqueo, denunció que el trasfondo del conflicto actual es la falta de avance del relevamiento indígena que ordena la Ley Nacional 26.160, cuya prórroga está actualmente en debate en el Congreso Argentino. El referente mapuche precisó que 54 comunidades cuentan con el relevamiento indígena concluido, pero resta censar a más de 100 comunidades.
La tarea del relevamiento de pueblos originarios, que se realiza desde 2006 con severas demoras en todo el país, es coordinada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), junto a las provincias y comunidades indígenas.
La gobernadora de Río Negro acusó a los funcionarios actuales de este organismo, sus coterráneos Magdalena Odarda y Luis Pilquimán, de “alentar” la violencia y no avanzar en políticas estatales para solucionar el conflicto. Desde INAI -a través de un comunicado de prensa- descartaron la acusación y señalaron que “la provincia de Río Negro no lleva a cabo relevamientos territoriales desde hace años, y no ha entregado títulos comunitarios como el resto de las provincias argentinas”.
El organismo nacional acusado reclamó que “se desplieguen programas de gobierno que lleven adelante las entregas de títulos comunitarios y demarcaciones territoriales establecidas en la Ley 26.160 que la provincia de Río Negro se rehúsa a llevar adelante”.
Carriqueo, del Parlamento Mapuche, también responsabilizó a la provincia de la falta de avance del relevamiento. “Una de las cosas que pasa en Río Negro tiene que ver con la presión empresarial y de sectores opositores que cuestionan el relevamiento de tierras. Es parte de la historia de los Estados y las provincias, que avanzaron sobre las comunidades que estaban en la zona y esta ley nace para darle un marco legal, que se releven las tierras donde quedaron arrinconadas las comunidades”, afirmó y recordó que la Constitución argentina contempla la preexistencia de los pueblos originarios.
Las comunidades mapuches que trabajan junto a organismos estatales como INAI y Codeci aguardan que el Congreso de la Nación prorrogue por 4 años más la ley que ordena el relevamiento indígena y poder seguir adelante con este censo de los territorios donde hay asentamientos mapuches en la provincia.