Sebastian
Colaborador
España en Irak: del error al horror
Diez años después del inicio de la guerra de Irak salen a la luz las pruebas del maltrato infligido a dos reclusos locales
El manual del Ejército instaba a utilizar "la violencia mínima imprescindible antes y después de la detención"
Un general que ocupó durante cuatro años el más alto mando de las Fuerzas Armadas solía presumir, con cierta temeridad, de que ninguno de los miles de militares españoles que en el último cuarto de siglo han desarrollado misiones en el exterior ha hecho nada de lo que haya que avergonzarse. Lo decía después de que se conocieran imágenes de marines estadounidenses orinando sobre cadáveres o soldados alemanes mofándose de calaveras en Afganistán. Hasta ahora, se ha visto a los militares españoles repartiendo comida a los niños o curando a civiles en zonas de conflicto. También, aunque menos, se les ha visto combatir. Todo eso lo han hecho. En cambio, no se les ha visto nunca infligir malos tratos a prisioneros. Y muchos preferirían que nunca se les viera hacerlo. Pero eso no significa que no haya sucedido.
El vídeo que hoy difunde EL PAÍS muestra a cinco soldados españoles entrando en una celda. En el suelo, sobre una manta, con dos botellas de agua a su lado, hay un hombre. Uno de los soldados le ordena a gritos que se incorpore. El hombre, postrado, no parece entenderle. A su lado hay otro detenido que a mitad de la grabación, que dura 40 segundos, es arrojado sobre el primero.
Tres de los soldados la emprenden a patadas con ambos. Otros dos observan desde la puerta de la celda. Un sexto graba la escena. Uno de los militares los patea con especial saña. En dos ocasiones parece a punto de marcharse, pero se vuelve para descargar toda la fuerza de su bota sobre los cuerpos indefensos. De las víctimas solo se escuchan jadeos y gemidos. Un militar, que durante la paliza se ha quedado mirando desde el quicio de la puerta, comenta al final: "¡Jo! A este se lo han cargado ya".
La escena está grabada en Diwaniya, la base principal de las tropas españolas en Irak, en los primeros meses de 2004. La participación en la guerra de Irak, de cuyo inicio se cumple una década el próximo día 20, tiene algo que la hace radicalmente diferente a la de Bosnia o Afganistán: no solo se hizo sin el aval de la ONU y con la abrumadora oposición de la opinión pública española, sino que llevó a los militares españoles a colaborar con las fuerzas estadounidenses de ocupación. Ante el vacío de poder dejado por la disolución del Estado iraquí y del partido Baaz de Sadam Husein, la llamada CPA (Autoridad Provisional de la Coalición), en la que había oficiales y diplomáticos españoles por decisión del entonces presidente José María Aznar, se convirtió en Gobierno ocupante.
"Para hacer cumplir las leyes impuestas por la CPA" y puesto que "las fuerzas de la coalición representan la ley y el orden en Irak", en septiembre de 2003, solo un mes después de que llegase a Irak la Brigada Plus Ultra, con 1.300 españoles, se distribuyó entre sus mandos un documento de la Sección de Inteligencia del Estado Mayor titulado Procedimiento de detención y actuación con el personal detenido. La guía, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, ordenaba que "durante y después de la detención se empleara la violencia mínima imprescindible" y que se mantuviera "en todo momento el respeto a los derechos del detenido".
Los motivos para practicar una detención eran muy amplios. "Cualquier persona puede ser detenida si crees que representa una amenaza contra las fuerzas de la coalición" o si "tienes la sospecha razonable de que ha cometido un delito", se instruía a los militares.
El manual incluía un catálogo de derechos del detenido y advertía de que "no podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". Tampoco nadie podía ser sometido, "durante su interrogatorio, a violencia, amenanazas o cualquier otro método de interrogación que menoscabe su capacidad de decisión o juicio". Lo que no existía es control judicial alguno, y el propio manual confiaba en "el buen juicio y sentido común" del oficial al mando.
Los detenidos por delitos comunes eran entregados a la policía local iraquí, a través de la policía militar de EE UU; mientras que los detenidos por delitos contra la coalición (es decir, los insurgentes) eran conducidos al Centro de Detención de Brigada de Base España.
Los papeles de Wikileaks sobre la guerra de Irak, difundidos en otoño de 2010, incluyen dos referencias a este centro de detención, al que denomina Detention Facility. En uno de ellos, de 7 de enero de 2004, se alude a un registro de una casa en el noroeste de Diwaniya, donde se encontraron armas "que podrían ser usadas contra las fuerzas de la coalición".
Un hombre y una mujer fueron arrestados, y el primero, conducido a Base España "para ser interrogado en profundidad". El segundo, fechado el 11 de febrero de 2004, da cuenta de un atentado con un artefacto adosado a una bicicleta contra militares españoles que patrullaban a pie en Diwaniya. La explosión causó seis heridos, y dos presuntos insurgentes fueron llevados a Base España "para un interrogatorio adicional".
Según testigos consultados por EL PAÍS, el centro de detención era un barracón con cinco celdas situado a la entrada de la base, cerca del edificio del cuerpo de guardia. El manual disponía que en cada calabozo hubiera un camastro, aunque en la filmación no aparece cama alguna, a lo sumo una manta o una fina colchoneta sobre el suelo de cemento. En varias operaciones se capturó a más de cinco insurgentes, lo que obligaba a compartir celdas. En total, varias decenas de iraquíes pasaron por el Detention Facility español.
La custodia de los prisioneros estaba a cargo del cuerpo de guardia; una sección de 30 hombres encargada de la vigilancia de la base. El oficial al mando registraba las entradas y salidas de los detenidos. Los soldados se encargaban de entregarles la comida, acompañarles al aseo e impedir la entrada a quien no estuviera autorizado.
El problema es que los miembros del cuerpo de guardia carecían de formación para custodiar detenidos. Es más, este cometido lo hacían en turnos de 24 horas y lo alternaban con la escolta de convoyes o las patrullas. Es decir, un soldado que hubiera sido objeto de un ataque podía estar al día siguente custodiando a su presunto agresor."La tentación de tomarte la justicia por tu mano era grande", reconoce un soldado que estuvo en Irak.
El manual del Ejército instaba a utilizar “la violencia mínima imprescindible antes y después de la detención”
Las tropas españolas llegaron en misión "de paz, reconstrucción y ayuda humanitaria" a una "tranquila zona hortofrutícola", como calificó el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, las provincias iraquíes de Al Qadisiya y Nayaf, donde se desplegó la Brigada Plus Ultra, para la que se reclutaron también contingentes centroamericanos. En solo 10 meses de misión, de agosto de 2003 a mayo de 2004, España sufrió 11 bajas mortales en Irak.El conflicto abierto estalló cuando el imán chií Múqtada al Sáder rompió con las nuevas autoridades y llamó a sus fieles, agrupados en el Ejército del Mahdi, a la guerra santa contra las fuerzas de la coalición. Para los españoles no fue una sorpresa. En el manual de área elaborado en junio de 2003 por el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET) ya se advertía de que Al Sáder "es el más peligroso para los intereses de la coalición internacional, por su intención declarada de establecer un Estado islámico".
Los jefes de la brigada española intentaron mantener un difícil equilibrio entre las distintas facciones e incluso se opusieron a que se desmantelase por la fuerza un tribunal islámico en Nayaf. Pero la intervención unilateral de las tropas norteamericanas, que detuvieron al lugarteniente de Al Sáder sin informar siquiera al mando español, avivó un incendio que ya no sería posible apagar. El 4 de abril de 2004 fue atacada por una multitud en armas la base Al Andalus, el destacamento español en Nayaf.
En los siguientes 50 días se produjeron 40 acciones de combate; con un muerto (del batallón salvadoreño, que compartía base Al Andalus con los españoles) y 21 heridos por parte de la Brigada Plus Ultra, y al menos ocho muertos y 23 heridos del lado de la insurgencia. Sobre la base de Diwaniya llovieron al menos 227 proyectiles de mortero, sin causar bajas, aunque uno cayó en el tejado del alojamiento femenino. Los dos prisioneros golpeados en la grabación habrían sido detenidos con material de mortero.
En este clima de creciente tensión imperaba la ley del silencio en algunas unidades, sobre todo en las más pequeñas, donde la relación entre mandos y tropa era más estrecha. "Si alguien intentaba matar a uno de mis soldados y él disparaba primero, yo no le pedía muchas explicaciones", recuerda un suboficial.
En teoría, los detenidos debían permanecer en Base España un máximo de 72 horas. Estaba previsto habilitar una zona en la prisión de Diwaniyah para el internamiento preventivo de los insurgentes por un periodo de hasta 15 días, pero este proyecto nunca se puso en marcha, por lo que la única manera de sacarlos de la base era ponerlos en libertad o trasladarlos a la cárcel de Abu Ghraib, tristemente famosa por las vejaciones y torturas a las que fueron sometidos los allí presos. Pero ni siquiera esto resultaba fácil.
Según reconoce un antiguo mando del contingente español, no siempre se podía organizar un convoy para llevar prisioneros a Bagdad y, además, Abu Ghraib estaba saturada, por lo que los estadounidenses intentaban que los prisioneros se quedaran en las brigadas el mayor tiempo posible.
Dos sucesos vinieron a complicar aún más el trato con los detenidos: el primero fue el asesinato de los siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que cayeron en una emboscada en la carretera que unía Diwaniyah y Bagdad el 29 de noviembre de 2003. Desde ese momento, el servicio de inteligencia se quedó sin un equipo permanente en zona. Los agentes secretos viajaban periódicamente a Irak, pero su máxima preocupación era investigar la muerte de sus compañeros.
El manual sobre detenciones les atribuía el cometido de realizar un "interrogatorio adicional [...] cuando las características del detenido o la información que nos pueda estar negando lo aconsejen".
El segundo suceso fue el asesinato del comandante de la Guardia Civil Gonzalo Pérez, quien recibió un balazo en la cabeza cuando dirigía una redada contra una banda de delincuentes comunes en la localidad de Hamsa, a 40 kilómetros de la base. El 3 de febrero de 2004, después de 13 días en coma, falleció en Madrid.
En la terminología de la coalición, el comandate Gonzalo Pérez era el Provost Marshall, de quien dependía la liberación de un detenido o su traslado a Abu Ghraib. "El Provost Marshall será el responsable de la coordinación de todos los elementos implicados en el proceso [de captura, custodia y entrega de insurgentes] y la corrección del mismo", decía el manual.
Los sospechosos eran llevados a la cárcel de Abu Ghraib tras unos días en el centro de detención de Base España
La brigada contaba también con un experto en Derecho, un oficial del Cuerpo Jurídico Militar, pero el protocolo de detenciones no le asignaba ningún papel decisorio: "El Aseju [Asesor Jurídicio] informará cuando sea requerido acerca de la pertinencia de la detención llevada a cabo y también sobre las acciones subsiguientes que procedan".
Solo se conoce una denuncia por malos tratos contra el contingente español. La del iraquí Flayeh Al Mayali, que fue detenido el 22 de marzo de 2004 como "cooperacdor necesario" en el asesinato de los agentes del CNI, de quienes era traductor. El 27 de marzo -sobrepasado de largo el plazo de detención de 72 horas- fue trasladado a Bagdad. Cuando en febrero de 2005, libre de cargos y sin haber sido juzgado, salió de Abu Ghraib reivindicó su inocencia en declaraciones a El Heraldo de Aragón y aseguró que, durante su interrogatorio en Base España, le pusieron una capucha, le ataron las manos a la espalda y le pegaron. De noche, no le dejaban dormir y en el viaje a Bagdad le insultaron y golpearon con fusiles, agregó. "Recibí un trato inhumano y degradante, como si fuera un perro".
Las denuncias de Al Mayali nunca se investigaron. El Ministerio de Interior le prohibió la entrada en España y Defensa ni siquiera informó de su detención, como era preceptivo, al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a pesar de que apenas un mes antes había archivado provisionalmente la causa por el asesinato de los siete agentes del CNI debido a la ausencia de autor conocido.
El general Fulgencio Coll, que estuvo al mando de la Brigada Plus Ultra II y luego fue jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, asegura que no tuvo "en absoluto" ninguna noticia de que en Base España se maltratase a algún detenido y aún hoy se niega a creerlo: "Tengo plena confianza en la gente que estaba a mis órdenes". Reconoce que la custodia de detenidos "no era una misión que nos gustara, pero hubo que asumirla". Eso sí, sus instrucciones eran "cumplimentar cuanto antes el atestado y meterlos en el primer convoy para Bagdad".
Mantenerlos en la base era un problema añadido para un contingente que ya estaba "sobrecargado de trabajo" y no daba abasto para cumplir todas las misiones encomendadas.
La tentación de tomarte la justicia por tu mano era grande”, admite un soldado que estuvo destinado en Irak
José Bono, ministro de Defensa en el primer Gobierno de Zapatero, asegura que desde el momento en que tomó posesión de su cargo tuvo hilo directo con el contingente español en Irak y no le consta que se produjera ningún caso de maltrato. "No puedo asegurar rotundamente que no sucediera antes, pero estoy convencido de que a mi antecesor [Federico Trillo] no le llegó esa información", alega.
Bono tenía otros motivos para preocuparse. Nada más aterrizar en La Moncloa, el 18 de abril de 2004, Zapatero le mandó la inmediata retirada de las tropas españolas de Irak. Bono tuvo una tensa conversación con el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld -quien le recriminó haberse enterado de la noticia a través del secretario de Estado, Collin Powell- y algo más que un roce con el jefe del Ejército de Tierra, el general Luis Alejandre, quien le daba la impresión de resistirse a cumplir sus ordenes.
La relación con EE UU no se recuperó hasta la salida de Bush de la Casa Blanca, ya en enero de 2009, mientras que el desencuentro con Alejandre acabaría llevado a su destitución, junto al resto de la cúpula militar, en junio de 2004.
La Operación Jenofonte (la retirada de Irak) no duró diez días, como quería Bono, sino casi un mes, pero el 21 de mayo cruzó la frontera con Kuwait el último de los militares españoles. Para ellos estaba claro que no venían de una misión de paz, como sostuvo hasta el final Trillo, sino de un conflicto duro y cruel del que ninguno de sus principales protagonistas salió completamente inmaculado.
La conducta de un grupo de bárbaros de uniforme, amparados en la impunidad de la noche y la indefensión de sus víctimas, no debe empañar la imagen de las Fuerzas Armadas y ni siquiera salpicar a los más de 5.000 militares españoles que cumplieron con su deber en Irak, pero ignorar el horror solo conduciría a repetir el error. -
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/15/actualidad/1363371190_083683.html
