EL LAUDO ARBITRAL
Éste es sin duda unos de los capítulos más trascendentales en el desarrollo del conflicto, ya que, por mucho tiempo, se pensó que esta sería la solución definitiva al conflicto que tanto desgaste había significado para las Cancillerías argentina y chilena desde comienzos del siglo XX. Desgraciadamente, como es bien sabido, no fue así.
Sin embargo, no fue fácil llegar hasta estas instancias. Chile debió lidiar con las constantes negativas argentinas de presentar el tema a Su Majestad Británica.
En el presente capítulo se expondrán el camino que se debió seguir para convencer a Argentina, el contenido del laudo y la reacción argentina.
3.1 El Camino hacia la Aceptación Argentina del Arbitraje: Como se mencionara en el capítulo anterior, el 11 de diciembre de 1967, el gobierno del presidente Frei decidió presentar el conflicto a Su Majestad Británica, quien, en su calidad de árbitro, dirimiría el asunto.
Para ello, la Cancillería chilena entregó al embajador de Argentina en Chile una nota en que se le informaba a él y a la Cancillería de su país que Chile daba por terminadas las conversaciones en torno al conflicto suscitado en las costas fueguinas y que pediría el arbitraje de Su Majestad Británica, amparándose en el Tratado General de Límites de 1902.
Paralelamente a lo anterior, el embajador de Chile en Inglaterra, don Víctor Santa Cruz, hacía la presentación pertinente al gobierno británico.
El rechazo argentino a la medida no se hizo esperar y, diez días después de la presentación del caso, el 21 de diciembre, el Consejo de Seguridad Nacional de Argentina acordó por unanimidad rechazar la mediación británica, por considerarla “improcedente e injustificada por cuanto en los últimos 75 años ambos países convinieron reiteradamente que procurarían la solución de sus litigios por medio de negociaciones directas o a través de la Corte Internacional de La Haya”. Además, Argentina se negaba a aceptar como árbitro a Gran Bretaña por el hecho de que en los mapas británicos oficiales aparecían las islas en litigio como territorio chileno.
Posteriormente, el 23 de diciembre, el Canciller argentino, don Nicanor Costa Méndez, hizo entrega de una nota de reclamo al embajador chileno en Argentina, don Hernán Videla Lira, en la cual se intentaba justificar jurídicamente el rechazo en sí.
La justificación giraba, principalmente, en torno a tres ejes:
a) El arbitraje afectaba la constitución argentina.
b) Las negociaciones comenzadas en 1964 aún estaban pendientes.
c) El Tratado General de Límites de 1902 era inaplicable en este caso por cuanto ambas naciones habían intentado llegar a formas de solución diferentes al arbitraje de Su Majestad Británica, pero se olvidaban los argentinos de que ninguno de esos intentos de acuerdo había prosperado y, por lo tanto, el Tratado de 1902 gozaba de plena vigencia.
Tiempo después, Argentina invitó a Chile a proseguir las conversaciones, pero la moción fue desestimada por Frei, por considerar que, históricamente, las conversaciones no habían hecho más que ahondar el conflicto, por lo tanto no quedaban más recursos que el arbitraje.
De ahí en más, se llevó a cabo un proceso en que el presidente Frei debió sortear las dificultades planteadas por Argentina y tratar de convencer a los trasandinos de que el recurso del arbitraje era absolutamente válido y que debían sumarse al proceso iniciado por Chile el 11 de diciembre.
Lentamente, el accionar de la Cancillería fue dando sus frutos, los cuales se concretaron en la reunión de los presidentes Frei y Juan Carlos Onganía efectuada en diciembre de 1970.
En la reunión el tema Beagle no fue tratado específicamente, pero sí se sentaron las bases para un entendimiento futuro. Estas consistieron básicamente en el apoyo dado al Tratado de 1902 y a la vía de solución jurídica de los conflictos.
Se ha considerado que esa cuasi omisión de un tema tan importante como el Beagle, obedece a una maniobra electoral cuidadosamente estudiada por Frei y su Canciller, Gabriel Valdés.
Resulta que 1970 fue un año de elecciones en Chile, entonces Frei y Valdés habrían estimado que, en caso de que se hubiera expuesto el conflicto a una verdadera discusión, podría haberse dado el caso de que la posición chilena saliera perjudicada, dado lo firme de la posición argentina, lo que habría influido negativamente en la candidatura del oficialista Radomiro Tomic, que cada vez se veía más desplazado por la opción de la Unidad Popular, Salvador Allende.
Pese a todo y producto de un gran trabajo de la política exterior de Chile, en los meses de octubre y noviembre de 1970, se llegó a un salomónico acuerdo que debía ser la solución definitiva conflicto del canal Beagle.
En términos generales se acordó respetar el Tratado de 1902, con la salvedad de que la comisión arbitral sería formada por integrantes de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esta comisión, después de elaborar su dictamen, debería entregar los resultados a Su Majestad Británica, quien podía ratificar o rechazar la sentencia de la comisión pero no modificarla. Una vez ratificada la resolución, esta adquiría la condición de inapelable y su cumplimiento estaba confiado al honor de las naciones litigantes.
3.2 Desarrollo del Juicio Arbitral, el Laudo y el Rechazo Argentino: Unos meses después de la reunión entre Frei y Onganía, en Chile asumió el presidente electo, don Salvador Allende Gossens. Mientras tanto, en Argentina, el gobierno de Onganía fue depuesto y asumió el general Alejandro Lanusse.
Lo distante de las posiciones políticas de cada uno -Allende era socialista y Lanusse, francamente derechista- hizo pensar que las relaciones entre ambos países se deteriorarían, sin embargo no fue así y Allende recibió, a mediados de junio de 1971, una cordial visita del nuevo Canciller argentino, don Luis María de Pablo Pardo.
En Santiago, de Pablo se reunió con su par chileno y se dispusieron a afinar algunos detalles del acuerdo al que habían llegado Frei y Onganía.
El resultado final de la reunión consistió en que “cada país propusiera al árbitro una pregunta, petición o teoría que aquél consignaría separadamente y sin alterarla y las dos presentaciones constituirían el asunto controvertido, que cada parte tendría libertad para redactar”.
Posteriormente, ambos países designaron a sus respectivos agentes. Chile escogió a los embajadores José Miguel Barros y Álvaro Bunster, mientras que Argentina hizo lo propio con los embajadores Ernesto de la Guardia y Julio Barboza.
El 22 de julio, los embajadores chilenos y argentinos se reunieron en Londres, en el Foreign Office de ese país y procedieron a firmar el importante documento que daba inicio al proceso arbitral.
Además, cada país formó un grupo de juristas internacionales, que se encargarían de la defensa ante el tribunal.
Los juristas elegidos por Chile fueron los profesores británicos Sir Humphrey Waldock, de la Universidad de Oxford; Mr. Elihu Lauterpacht, de la Universidad de Cambridge y Prosper Weil, de la Universidad de París, sin embargo, Waldock y Lauterpacht debieron abandonar el staff jurídico por la necesidad de atender otros asuntos, por lo que fueron reemplazados por el profesor Jean Brownlie, de la Universidad de Oxford y el chileno Julio Philippi.
La defensa argentina fue encargada a los señores Roberto Ago, Roberto Jennings y el profesor francés Reuter.
El juicio se llevó a cabo en dos etapas. La primera consistió en la simultánea presentación escrita del caso. La segunda parte consistió en la defensa oral de las partes. Como es lógico suponer, estas dos partes se desarrollaron íntegramente en inglés.
Las posiciones tomadas por cada país se pueden resumir de la siguiente manera:
a) Argentina pidió que se fijara un límite que partiera en el meridiano que divide Tierra del Fuego, en un punto ubicado en el centro del canal Beagle y se extendería hacia el este hasta el extremo noreste de la isla de Navarino, donde bajaría al sureste entre Navarino y la isla Picton, para continuar por el paso Goree y prolongándose hacia el sur. Las islas estarían en territorio argentino, así como también, las islas e islotes adyacentes. El argumento argentino consistió en establecer que las islas Nueva Picton y Lennox no estarían al sur del canal Beagle, sino en el océano Atlántico.
b) Chile pidió que se declararan chilenas las islas Nueva Picton y Lennox, por cuanto le habían sido concedidas en el Tratado de 1881, al igual que las islas e islotes dentro del canal, próximos a su ribera sur.
Una vez terminadas las presentaciones el tribunal arbitral se constituyó en sesiones secretas con el fin elaborar el dictamen que sería presentado a Su Majestad la Reina Isabel II de Gran Bretaña.
Finalmente, el 18 de febrero de 1977, la resolución estuvo lista y fue presentada a la reina Isabel II, quien la sancionó el 18 de abril del mismo año y, el 2 de mayo, notificó a las partes la sentencia, que tenía carácter definitivo.
La decisión de la corte arbitral fue unánime y fundamentada y, en definitiva, estableció “que pertenecen a la República de Chile las islas Picton, Nueva y Lennox, conjuntamente con los islotes y rocas adyacentes a ellas(...), a la República Argentina el título a todas las islas, islotes, arrecifes, bancos y bajíos que estén situados al norte de dicha línea roja, y a la República de Chile, el de los que estén situados al sur de ella”.
Es decir, en lo fundamental, la Corte había acogido las posiciones planteadas por los representantes chilenos.
Al mismo tiempo de entregar su dictamen, el tribunal fijó un plazo de nueve meses para que los países dieran cumplimiento cabal del fallo.
Lo anterior obedecía a la necesidad de que representantes de ambas naciones se reunieran con el fin de analizar los alcances del laudo y su aplicabilidad práctica.
En Chile la noticia fue recibida con tranquilidad. El sentir nacional fue representado por el gobierno militar, presidido por el general de Ejército Augusto Pinochet Ugarte, que se apresuró en comunicar que cumpliría fielmente el laudo arbitral, como era de esperar.
Mientras tanto, en Argentina, el gobierno de la Casa Rosada, presidido por el, también militar, general Jorge Rafael Videla, manifestó que estudiaría profundamente el fallo antes de emitir cualquier comentario al respecto, pero que, en todo caso, ningún compromiso obligaba a aceptar aquello que afectase los intereses vitales de Argentina, o bien, dañara derechos de soberanía que no hubiesen sido sometidos al estudio del árbitro.
Los comentarios de la Casa Rosada dieron pie a una intensa campaña de prensa que instaba al gobierno argentino a rechazar el laudo, pero esta campaña fue detenida por el propio presidente Videla, al declarar, el 14 de mayo, que su gobierno no tenía interés en ensuciar la limpia tradición que tenía su país de respeto a los tratados que ha suscrito. Es entendible esta declaración, en vista de que hacía sólo ocho días, Videla había invitado a Pinochet a Buenos Aires, con el fin de conversar sobre la delimitación de aguas marítimas sudoccidentales, haciendo uso de los nueve meses que se dio de plazo para poner en práctica lo dictaminado por el laudo arbitral. Pinochet aceptó dicha invitación.
La reunión se llevó a cabo entre los días 21 y 22 de julio en Buenos Aires y entre el 17 y 20 de octubre de 1977 en Santiago de Chile.
De las reuniones no se pudo sacar nada en limpio. La razón de ello, como declararía más tarde Julio Philippi, miembro de la comitiva, radicó en que Argentina pretendía poner en tela de juicio la soberanía chilena sobre las islas al sur del Beagle.
Es más, Videla, para cuando se efectuó la reunión, ya había cambiado su discurso de respeto al laudo al declarar que, antes de aceptar la decisión de la Corte Arbitral, debía existir la seguridad de que Argentina no sufriría menoscabos en sus derechos y no se comprometerían los intereses vitales de la nación, es decir, Argentina se encaminaba al rechazo del laudo.
Siguieron la senda trazada por Videla una gran cantidad de integrantes del gobierno y de las Fuerzas Armadas argentinos.
Por ejemplo, el almirante Julio Torti declaró, el 26 de julio de 1977, que, además de rechazar el laudo, había que negociar rápidamente con los chilenos para que se produjera la total devolución de las tierras fueguinas que ocupaba Chile y que le pertenecían, según él, a Argentina.
Después, el 3 de agosto, el almirante Emilio Massera, miembro de la Junta de Gobierno Argentina, declaró que las FF.AA. Argentinas estaban preparadas para “evitar cualquier mutilación geográfica de la nación en su área de responsabilidad”.
Así, sucesivamente, las declaraciones de uniformados argentinos fueron adquiriendo un cariz más duro. Un ejemplo de ello lo constituye el mismo almirante Massera, quien, el 2 de enero de 1978, expresó que Argentina tenía una decisión tomada con respecto al tema Beagle, “a partir de la cual no será impunemente menoscabada la soberanía argentina”.
Dos días después de las declaraciones de Massera, el gobierno de Videla convocó a la Casa Rosada a un grupo de juristas con el fin de estudiar y redactar el texto de rechazo del laudo.
El día 20 de enero, mientras en Chile se celebraba el Día del Roto Chileno y se recordaba el triunfo de las fuerzas del general Bulnes en la Batalla de Yungay, en Argentina, específicamente en la ciudad de Mendoza, se reunieron los presidentes Pinochet y Videla. Los dos generales eran “amigos personales y conciliadores, pero ubicados en opuestos extremos de la línea de sus respectivos planteamientos en la región austral”.
En la reunión, que duró casi todo el día, no se llegó a acuerdo alguno, por el contrario, sólo sirvió para que se endurecieran más las posiciones, cuando el general Pinochet dijo que desestimaba toda posibilidad de que se llevara a cabo el condominio en las islas de la región austral sugerido por Argentina, y el general Videla comunicó a Pinochet que Argentina se aprestaba a declarar nulo el fallo, debido a que “adolecía de errores geográficos e históricos”.
Videla -esta vez- no quiso borrar con la mano izquierda lo que había escrito con la derecha y, el 25 de enero de 1978, a través del Canciller Oscar Montes, procedió a declarar insanablemente nula la decisión de la Corte Arbitral. Además se negaba a aceptar ningún tipo de soberanía que Chile se arrogara invocando el laudo arbitral.
El proceder argentino desde que se publicara el contenido y resolución del laudo de Su Majestad Británica coincidió con el pésimo momento por el que atravesaban las relaciones internacionales de Chile, debido a los acontecimientos que habían ocurrido en el país desde el 11 de septiembre de 1973, cuando las FF.AA. y de orden depusieron el gobierno de la Unidad Popular, ganándose con ello el aislamiento de los países del bloque marxista -a excepción de China- y el deterioro de las relaciones con la mayoría de las naciones democráticas de occidente. De hecho, la opinión pública internacional y la prensa mundial poco o nada habló del tema y de la actitud argentina.
Lo anterior trae a la memoria el anuncio de los descubrimientos del aventurero Julio Popper, hechas cuando Chile atravesaba una difícil situación interna: la Revolución de 1891, con lo que pretendía adjudicarle a Argentina nuevos territorios.
Es decir, es posible inferir que Argentina, históricamente, ha intentado arrebatarle a Chile lo que no le pertenece, aprovechándose de situaciones coyunturales que viviera el país. Pasó en 1891 con la Revolución, mencionada en el párrafo anterior, y pasó en 1978 con las malas relaciones internacionales por las que atravesaba el país con gran parte del orbe, originadas por otro conflicto interno que fue el pronunciamiento militar de 1973.
Pero, en todo caso, más importantes que las motivaciones de la declaración de nulidad del fallo, fueron las consecuencias que trajo la misma.
Y es que, el desconocimiento del fallo dejó a Argentina y Chile a un paso de una guerra como nunca antes se había presenciado en la historia de ambos países.
Como se verá en el próximo capítulo, esta situación dio paso a una serie de conversaciones, intentos de acuerdos, diligencias diplomáticas, gestiones de las Cancillerías, etc., pero, por otro lado, originó una fuerte movilización de tropas, duros entrenamientos bélicos, hostilidades entre los países, en fin, una serie de acontecimientos que indicaban que la guerra estaba cerca, más cerca que nunca.
sigue...
Éste es sin duda unos de los capítulos más trascendentales en el desarrollo del conflicto, ya que, por mucho tiempo, se pensó que esta sería la solución definitiva al conflicto que tanto desgaste había significado para las Cancillerías argentina y chilena desde comienzos del siglo XX. Desgraciadamente, como es bien sabido, no fue así.
Sin embargo, no fue fácil llegar hasta estas instancias. Chile debió lidiar con las constantes negativas argentinas de presentar el tema a Su Majestad Británica.
En el presente capítulo se expondrán el camino que se debió seguir para convencer a Argentina, el contenido del laudo y la reacción argentina.
3.1 El Camino hacia la Aceptación Argentina del Arbitraje: Como se mencionara en el capítulo anterior, el 11 de diciembre de 1967, el gobierno del presidente Frei decidió presentar el conflicto a Su Majestad Británica, quien, en su calidad de árbitro, dirimiría el asunto.
Para ello, la Cancillería chilena entregó al embajador de Argentina en Chile una nota en que se le informaba a él y a la Cancillería de su país que Chile daba por terminadas las conversaciones en torno al conflicto suscitado en las costas fueguinas y que pediría el arbitraje de Su Majestad Británica, amparándose en el Tratado General de Límites de 1902.
Paralelamente a lo anterior, el embajador de Chile en Inglaterra, don Víctor Santa Cruz, hacía la presentación pertinente al gobierno británico.
El rechazo argentino a la medida no se hizo esperar y, diez días después de la presentación del caso, el 21 de diciembre, el Consejo de Seguridad Nacional de Argentina acordó por unanimidad rechazar la mediación británica, por considerarla “improcedente e injustificada por cuanto en los últimos 75 años ambos países convinieron reiteradamente que procurarían la solución de sus litigios por medio de negociaciones directas o a través de la Corte Internacional de La Haya”. Además, Argentina se negaba a aceptar como árbitro a Gran Bretaña por el hecho de que en los mapas británicos oficiales aparecían las islas en litigio como territorio chileno.
Posteriormente, el 23 de diciembre, el Canciller argentino, don Nicanor Costa Méndez, hizo entrega de una nota de reclamo al embajador chileno en Argentina, don Hernán Videla Lira, en la cual se intentaba justificar jurídicamente el rechazo en sí.
La justificación giraba, principalmente, en torno a tres ejes:
a) El arbitraje afectaba la constitución argentina.
b) Las negociaciones comenzadas en 1964 aún estaban pendientes.
c) El Tratado General de Límites de 1902 era inaplicable en este caso por cuanto ambas naciones habían intentado llegar a formas de solución diferentes al arbitraje de Su Majestad Británica, pero se olvidaban los argentinos de que ninguno de esos intentos de acuerdo había prosperado y, por lo tanto, el Tratado de 1902 gozaba de plena vigencia.
Tiempo después, Argentina invitó a Chile a proseguir las conversaciones, pero la moción fue desestimada por Frei, por considerar que, históricamente, las conversaciones no habían hecho más que ahondar el conflicto, por lo tanto no quedaban más recursos que el arbitraje.
De ahí en más, se llevó a cabo un proceso en que el presidente Frei debió sortear las dificultades planteadas por Argentina y tratar de convencer a los trasandinos de que el recurso del arbitraje era absolutamente válido y que debían sumarse al proceso iniciado por Chile el 11 de diciembre.
Lentamente, el accionar de la Cancillería fue dando sus frutos, los cuales se concretaron en la reunión de los presidentes Frei y Juan Carlos Onganía efectuada en diciembre de 1970.
En la reunión el tema Beagle no fue tratado específicamente, pero sí se sentaron las bases para un entendimiento futuro. Estas consistieron básicamente en el apoyo dado al Tratado de 1902 y a la vía de solución jurídica de los conflictos.
Se ha considerado que esa cuasi omisión de un tema tan importante como el Beagle, obedece a una maniobra electoral cuidadosamente estudiada por Frei y su Canciller, Gabriel Valdés.
Resulta que 1970 fue un año de elecciones en Chile, entonces Frei y Valdés habrían estimado que, en caso de que se hubiera expuesto el conflicto a una verdadera discusión, podría haberse dado el caso de que la posición chilena saliera perjudicada, dado lo firme de la posición argentina, lo que habría influido negativamente en la candidatura del oficialista Radomiro Tomic, que cada vez se veía más desplazado por la opción de la Unidad Popular, Salvador Allende.
Pese a todo y producto de un gran trabajo de la política exterior de Chile, en los meses de octubre y noviembre de 1970, se llegó a un salomónico acuerdo que debía ser la solución definitiva conflicto del canal Beagle.
En términos generales se acordó respetar el Tratado de 1902, con la salvedad de que la comisión arbitral sería formada por integrantes de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esta comisión, después de elaborar su dictamen, debería entregar los resultados a Su Majestad Británica, quien podía ratificar o rechazar la sentencia de la comisión pero no modificarla. Una vez ratificada la resolución, esta adquiría la condición de inapelable y su cumplimiento estaba confiado al honor de las naciones litigantes.
3.2 Desarrollo del Juicio Arbitral, el Laudo y el Rechazo Argentino: Unos meses después de la reunión entre Frei y Onganía, en Chile asumió el presidente electo, don Salvador Allende Gossens. Mientras tanto, en Argentina, el gobierno de Onganía fue depuesto y asumió el general Alejandro Lanusse.
Lo distante de las posiciones políticas de cada uno -Allende era socialista y Lanusse, francamente derechista- hizo pensar que las relaciones entre ambos países se deteriorarían, sin embargo no fue así y Allende recibió, a mediados de junio de 1971, una cordial visita del nuevo Canciller argentino, don Luis María de Pablo Pardo.
En Santiago, de Pablo se reunió con su par chileno y se dispusieron a afinar algunos detalles del acuerdo al que habían llegado Frei y Onganía.
El resultado final de la reunión consistió en que “cada país propusiera al árbitro una pregunta, petición o teoría que aquél consignaría separadamente y sin alterarla y las dos presentaciones constituirían el asunto controvertido, que cada parte tendría libertad para redactar”.
Posteriormente, ambos países designaron a sus respectivos agentes. Chile escogió a los embajadores José Miguel Barros y Álvaro Bunster, mientras que Argentina hizo lo propio con los embajadores Ernesto de la Guardia y Julio Barboza.
El 22 de julio, los embajadores chilenos y argentinos se reunieron en Londres, en el Foreign Office de ese país y procedieron a firmar el importante documento que daba inicio al proceso arbitral.
Además, cada país formó un grupo de juristas internacionales, que se encargarían de la defensa ante el tribunal.
Los juristas elegidos por Chile fueron los profesores británicos Sir Humphrey Waldock, de la Universidad de Oxford; Mr. Elihu Lauterpacht, de la Universidad de Cambridge y Prosper Weil, de la Universidad de París, sin embargo, Waldock y Lauterpacht debieron abandonar el staff jurídico por la necesidad de atender otros asuntos, por lo que fueron reemplazados por el profesor Jean Brownlie, de la Universidad de Oxford y el chileno Julio Philippi.
La defensa argentina fue encargada a los señores Roberto Ago, Roberto Jennings y el profesor francés Reuter.
El juicio se llevó a cabo en dos etapas. La primera consistió en la simultánea presentación escrita del caso. La segunda parte consistió en la defensa oral de las partes. Como es lógico suponer, estas dos partes se desarrollaron íntegramente en inglés.
Las posiciones tomadas por cada país se pueden resumir de la siguiente manera:
a) Argentina pidió que se fijara un límite que partiera en el meridiano que divide Tierra del Fuego, en un punto ubicado en el centro del canal Beagle y se extendería hacia el este hasta el extremo noreste de la isla de Navarino, donde bajaría al sureste entre Navarino y la isla Picton, para continuar por el paso Goree y prolongándose hacia el sur. Las islas estarían en territorio argentino, así como también, las islas e islotes adyacentes. El argumento argentino consistió en establecer que las islas Nueva Picton y Lennox no estarían al sur del canal Beagle, sino en el océano Atlántico.
b) Chile pidió que se declararan chilenas las islas Nueva Picton y Lennox, por cuanto le habían sido concedidas en el Tratado de 1881, al igual que las islas e islotes dentro del canal, próximos a su ribera sur.
Una vez terminadas las presentaciones el tribunal arbitral se constituyó en sesiones secretas con el fin elaborar el dictamen que sería presentado a Su Majestad la Reina Isabel II de Gran Bretaña.
Finalmente, el 18 de febrero de 1977, la resolución estuvo lista y fue presentada a la reina Isabel II, quien la sancionó el 18 de abril del mismo año y, el 2 de mayo, notificó a las partes la sentencia, que tenía carácter definitivo.
La decisión de la corte arbitral fue unánime y fundamentada y, en definitiva, estableció “que pertenecen a la República de Chile las islas Picton, Nueva y Lennox, conjuntamente con los islotes y rocas adyacentes a ellas(...), a la República Argentina el título a todas las islas, islotes, arrecifes, bancos y bajíos que estén situados al norte de dicha línea roja, y a la República de Chile, el de los que estén situados al sur de ella”.
Es decir, en lo fundamental, la Corte había acogido las posiciones planteadas por los representantes chilenos.
Al mismo tiempo de entregar su dictamen, el tribunal fijó un plazo de nueve meses para que los países dieran cumplimiento cabal del fallo.
Lo anterior obedecía a la necesidad de que representantes de ambas naciones se reunieran con el fin de analizar los alcances del laudo y su aplicabilidad práctica.
En Chile la noticia fue recibida con tranquilidad. El sentir nacional fue representado por el gobierno militar, presidido por el general de Ejército Augusto Pinochet Ugarte, que se apresuró en comunicar que cumpliría fielmente el laudo arbitral, como era de esperar.
Mientras tanto, en Argentina, el gobierno de la Casa Rosada, presidido por el, también militar, general Jorge Rafael Videla, manifestó que estudiaría profundamente el fallo antes de emitir cualquier comentario al respecto, pero que, en todo caso, ningún compromiso obligaba a aceptar aquello que afectase los intereses vitales de Argentina, o bien, dañara derechos de soberanía que no hubiesen sido sometidos al estudio del árbitro.
Los comentarios de la Casa Rosada dieron pie a una intensa campaña de prensa que instaba al gobierno argentino a rechazar el laudo, pero esta campaña fue detenida por el propio presidente Videla, al declarar, el 14 de mayo, que su gobierno no tenía interés en ensuciar la limpia tradición que tenía su país de respeto a los tratados que ha suscrito. Es entendible esta declaración, en vista de que hacía sólo ocho días, Videla había invitado a Pinochet a Buenos Aires, con el fin de conversar sobre la delimitación de aguas marítimas sudoccidentales, haciendo uso de los nueve meses que se dio de plazo para poner en práctica lo dictaminado por el laudo arbitral. Pinochet aceptó dicha invitación.
La reunión se llevó a cabo entre los días 21 y 22 de julio en Buenos Aires y entre el 17 y 20 de octubre de 1977 en Santiago de Chile.
De las reuniones no se pudo sacar nada en limpio. La razón de ello, como declararía más tarde Julio Philippi, miembro de la comitiva, radicó en que Argentina pretendía poner en tela de juicio la soberanía chilena sobre las islas al sur del Beagle.
Es más, Videla, para cuando se efectuó la reunión, ya había cambiado su discurso de respeto al laudo al declarar que, antes de aceptar la decisión de la Corte Arbitral, debía existir la seguridad de que Argentina no sufriría menoscabos en sus derechos y no se comprometerían los intereses vitales de la nación, es decir, Argentina se encaminaba al rechazo del laudo.
Siguieron la senda trazada por Videla una gran cantidad de integrantes del gobierno y de las Fuerzas Armadas argentinos.
Por ejemplo, el almirante Julio Torti declaró, el 26 de julio de 1977, que, además de rechazar el laudo, había que negociar rápidamente con los chilenos para que se produjera la total devolución de las tierras fueguinas que ocupaba Chile y que le pertenecían, según él, a Argentina.
Después, el 3 de agosto, el almirante Emilio Massera, miembro de la Junta de Gobierno Argentina, declaró que las FF.AA. Argentinas estaban preparadas para “evitar cualquier mutilación geográfica de la nación en su área de responsabilidad”.
Así, sucesivamente, las declaraciones de uniformados argentinos fueron adquiriendo un cariz más duro. Un ejemplo de ello lo constituye el mismo almirante Massera, quien, el 2 de enero de 1978, expresó que Argentina tenía una decisión tomada con respecto al tema Beagle, “a partir de la cual no será impunemente menoscabada la soberanía argentina”.
Dos días después de las declaraciones de Massera, el gobierno de Videla convocó a la Casa Rosada a un grupo de juristas con el fin de estudiar y redactar el texto de rechazo del laudo.
El día 20 de enero, mientras en Chile se celebraba el Día del Roto Chileno y se recordaba el triunfo de las fuerzas del general Bulnes en la Batalla de Yungay, en Argentina, específicamente en la ciudad de Mendoza, se reunieron los presidentes Pinochet y Videla. Los dos generales eran “amigos personales y conciliadores, pero ubicados en opuestos extremos de la línea de sus respectivos planteamientos en la región austral”.
En la reunión, que duró casi todo el día, no se llegó a acuerdo alguno, por el contrario, sólo sirvió para que se endurecieran más las posiciones, cuando el general Pinochet dijo que desestimaba toda posibilidad de que se llevara a cabo el condominio en las islas de la región austral sugerido por Argentina, y el general Videla comunicó a Pinochet que Argentina se aprestaba a declarar nulo el fallo, debido a que “adolecía de errores geográficos e históricos”.
Videla -esta vez- no quiso borrar con la mano izquierda lo que había escrito con la derecha y, el 25 de enero de 1978, a través del Canciller Oscar Montes, procedió a declarar insanablemente nula la decisión de la Corte Arbitral. Además se negaba a aceptar ningún tipo de soberanía que Chile se arrogara invocando el laudo arbitral.
El proceder argentino desde que se publicara el contenido y resolución del laudo de Su Majestad Británica coincidió con el pésimo momento por el que atravesaban las relaciones internacionales de Chile, debido a los acontecimientos que habían ocurrido en el país desde el 11 de septiembre de 1973, cuando las FF.AA. y de orden depusieron el gobierno de la Unidad Popular, ganándose con ello el aislamiento de los países del bloque marxista -a excepción de China- y el deterioro de las relaciones con la mayoría de las naciones democráticas de occidente. De hecho, la opinión pública internacional y la prensa mundial poco o nada habló del tema y de la actitud argentina.
Lo anterior trae a la memoria el anuncio de los descubrimientos del aventurero Julio Popper, hechas cuando Chile atravesaba una difícil situación interna: la Revolución de 1891, con lo que pretendía adjudicarle a Argentina nuevos territorios.
Es decir, es posible inferir que Argentina, históricamente, ha intentado arrebatarle a Chile lo que no le pertenece, aprovechándose de situaciones coyunturales que viviera el país. Pasó en 1891 con la Revolución, mencionada en el párrafo anterior, y pasó en 1978 con las malas relaciones internacionales por las que atravesaba el país con gran parte del orbe, originadas por otro conflicto interno que fue el pronunciamiento militar de 1973.
Pero, en todo caso, más importantes que las motivaciones de la declaración de nulidad del fallo, fueron las consecuencias que trajo la misma.
Y es que, el desconocimiento del fallo dejó a Argentina y Chile a un paso de una guerra como nunca antes se había presenciado en la historia de ambos países.
Como se verá en el próximo capítulo, esta situación dio paso a una serie de conversaciones, intentos de acuerdos, diligencias diplomáticas, gestiones de las Cancillerías, etc., pero, por otro lado, originó una fuerte movilización de tropas, duros entrenamientos bélicos, hostilidades entre los países, en fin, una serie de acontecimientos que indicaban que la guerra estaba cerca, más cerca que nunca.
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