Como Menem, Kirchner se va sin plan de radarización
Quedó bloqueada la licitación para adquirir tres equipos de uso militar por impugnaciones cruzadas de los oferentes. No quedaría tiempo para resolverlas antes del cierre fiscal.
Una puja de intereses políticos y económicos terminó con la posibilidad de que el país cuente con el paraguas de vigilancia radar del espacio aéreo. Al menos por este año. La licitación pública internacional lanzada por el gobierno para adquirir tres radares 3D de uso militar –proveen la distancia, la orientación y la altura de los aviones- quedó bloqueada por impugnaciones cruzadas de los oferentes. No queda tiempo para resolverlas antes del cierre del año fiscal. Menos ahora, que se dilató la decisión final con el giro del expediente licitatorio a consideración del procurador general, Esteban Righi.
La última palabra la tiene el jefe de gabinete, Alberto Fernández quien debe definir si acepta o no la inclusión de la empresa cuestionada: Traktel SA –representante de Nortrhop- en el concurso.
Hay un antecedente que condiciona la decisión: el subsecretario de Gestión Pública, Juan Manuel Abal Medina (hijo), perteneciente a la Jefatura de Gabinete, redactó un informe preliminar fundado en la ley de contrataciones públicas en que dice que si Traktel no cumplía con las condiciones sustanciales del pliego para licitaciones de esta envergadura queda fuera de la compulsa. Los que prefieren leer debajo del agua encontrarán en la letra de aquel informe un mensaje claro: Alberto F. (y Kirchner) no desea quedar inmerso (por no decir pegado) en un clima de sospechas de tráfico de influencias, menos a favor de una firma que presume de origen norteamericano. Defensa avaló la firma cuestionada basándose en el “principio de concurrencia”, criterio que privilegia la participación masiva de oferentes. La resolución nro.858, firmada por la propia Nilda Garré, que dió inicio al concurso internacional en uno de sus considerandos establece la necesidad de que: “únicamente los oferentes que acrediten en la primera etapa del procedimiento (la admisión) la capacidad técnica para fabricar el objeto licitado (el radar) como así también la capacidad económico-financiera para realizar las importantes inversiones que demandan el contrato podrán acceder a la segunda etapa de la licitación” (oferta económica y técnica)
Dos etapas
Cuatro empresas se habían presentado en la licitación internacional convocada por Defensa: las chinas CETC Internacional Co, y CEIC, la nacional Traktel SA (representa a la estadounidense Northrop) y la franco norteamericana Thales-Raytheon Systems. La compulsa pública consiste en dos etapas: la primera, de admisión de las empresas participantes (quedó bloqueada) y la segunda, de calificación de los equipos y precio de la oferta. Como se trata de radares militares cuyas especificaciones técnicas son secretas, sólo los que pasen la primera etapa recibirán la información específica de las prestaciones requeridas para los equipos. El contrato ronda la cifra de los 50 millones de dólares.
Fuente: Ambito Financiero
Quedó bloqueada la licitación para adquirir tres equipos de uso militar por impugnaciones cruzadas de los oferentes. No quedaría tiempo para resolverlas antes del cierre fiscal.
Una puja de intereses políticos y económicos terminó con la posibilidad de que el país cuente con el paraguas de vigilancia radar del espacio aéreo. Al menos por este año. La licitación pública internacional lanzada por el gobierno para adquirir tres radares 3D de uso militar –proveen la distancia, la orientación y la altura de los aviones- quedó bloqueada por impugnaciones cruzadas de los oferentes. No queda tiempo para resolverlas antes del cierre del año fiscal. Menos ahora, que se dilató la decisión final con el giro del expediente licitatorio a consideración del procurador general, Esteban Righi.
La última palabra la tiene el jefe de gabinete, Alberto Fernández quien debe definir si acepta o no la inclusión de la empresa cuestionada: Traktel SA –representante de Nortrhop- en el concurso.
Hay un antecedente que condiciona la decisión: el subsecretario de Gestión Pública, Juan Manuel Abal Medina (hijo), perteneciente a la Jefatura de Gabinete, redactó un informe preliminar fundado en la ley de contrataciones públicas en que dice que si Traktel no cumplía con las condiciones sustanciales del pliego para licitaciones de esta envergadura queda fuera de la compulsa. Los que prefieren leer debajo del agua encontrarán en la letra de aquel informe un mensaje claro: Alberto F. (y Kirchner) no desea quedar inmerso (por no decir pegado) en un clima de sospechas de tráfico de influencias, menos a favor de una firma que presume de origen norteamericano. Defensa avaló la firma cuestionada basándose en el “principio de concurrencia”, criterio que privilegia la participación masiva de oferentes. La resolución nro.858, firmada por la propia Nilda Garré, que dió inicio al concurso internacional en uno de sus considerandos establece la necesidad de que: “únicamente los oferentes que acrediten en la primera etapa del procedimiento (la admisión) la capacidad técnica para fabricar el objeto licitado (el radar) como así también la capacidad económico-financiera para realizar las importantes inversiones que demandan el contrato podrán acceder a la segunda etapa de la licitación” (oferta económica y técnica)
Dos etapas
Cuatro empresas se habían presentado en la licitación internacional convocada por Defensa: las chinas CETC Internacional Co, y CEIC, la nacional Traktel SA (representa a la estadounidense Northrop) y la franco norteamericana Thales-Raytheon Systems. La compulsa pública consiste en dos etapas: la primera, de admisión de las empresas participantes (quedó bloqueada) y la segunda, de calificación de los equipos y precio de la oferta. Como se trata de radares militares cuyas especificaciones técnicas son secretas, sólo los que pasen la primera etapa recibirán la información específica de las prestaciones requeridas para los equipos. El contrato ronda la cifra de los 50 millones de dólares.
Fuente: Ambito Financiero
