Derruido
Colaborador
Noticias de la Gendarmería Nacional Argentina
- Tema iniciado Mirage III
- Fecha de inicio
Derruido
Colaborador
Si tenés la imagen de una página WEB, presiona la tecla derecha del mouse sobre la imagen, ahí se va abrir el menú, elegí propiedades. Copia la dirección web que te dá la opción, luego abrís un mensaje a enviar, fijate arriba de todo donde hay un corchete, un carrete de película y un arbolito. Elegí el arbolito, se abre una pantallita de mensaje en blanco, pegá ahí el link copiado. Le das ok y ahí tenés la imagen.
Si tenés photobucket u otro sitio de ¨aguante¨ de imagenes directamente pegá el link de la imagen.
Salute
El Derru
No mecabe la menor duda que toda la cupula del Ministerio de Inutilidad estaba al tanto del ESPIONAJE que GN realizaba sobre el Pueblo Argentino, y mas temprano que tarde TODOS tendran que rendir cuentas ante la Justicia.
¿Complejo sojero? Te referis al negocio en el que participan la mayoría de los Barones del Drogaurbano Falopense y varios Ministros??? Preguntale a -me subo el suelo 100%- Dominguez o a Florencio -tengo un reloj de 25.000 euros- Randazzo que planta en sus respectivos campitos...
Por favor, INFORMATE querido antes de fingir un ataque de progretilingismo. Lo que escribio el forista COLLAVINOF es la pura verdad.
El forista, tal vez sin saberlo y desde el SENTIDO COMUN, describio uno de las tres tipologías delictivas del Modelo de Goldstein, modelo adoptado universalmente por los estudiosos del tema seguridad y droga. En este caso refiere a las tipologias N1º Psicofarmacologica y 2ºEconómica, siendo el primer caso aquellos que delinquen en estado de intoxicación por drogas (lo que incrementa la violencia de la ocasion de robo; y en el seguno, aquellos que delinquen para conseguir recursos con los cuales comprar droga.
El problema que tienen los K es que en internet hay gente con conocimientos que los refuta en un milisegundo... ¿querran controlar internet dentro de poco?...
ALGUIEN M PUEDE DECIR PORQUE SE DISCUTEN??
--- merged: Feb 18, 2012 6:44 PM ---
GRACIAS DERRU VOY A PRACTICAR
--- merged: Feb 18, 2012 6:44 PM ---
GRACIAS DERRU VOY A PRACTICAR
Derruido
Colaborador
El problema de los K es que quieren ¨armar un relato¨. Eso hubiera sido posible hace 50, 30 20 años.
Hoy en día, noticia que se genera, filmación que se realiza a los segundos ya queda archivada en la gran Biblioteca Mundial que se llama internet. Y contra eso no hay archivo que no valga.
Ejemplo de que ninguno resiste un archivo, y aclaro solo es ilustrativo de que nadie aguanta un archivo y no para que discutamos sobre lo que dice o dijo.
Claro ejemplo que un relato, no puede ir contra la información generada por los propios protagonistas. Es decir, HOY no la pueden poner bajo la alfombra. Está ahí al alcance de todos.
Salute
El Derru
PD: Acá le dejo a Alberto Fernandez, que opina asorado sobre el tema de Espionaje.
Segundo consejo, no escribas en mayúsculas porque implica gritar, o que estás enojado o peleando.
Solo utiliza mayúsculas para resaltar una palabra en particular y cuando lo valga.
Saludos y practique, practique. Eso sí no con chicas porque ese topic ya no existe más.
El Derru
Iconoclasta
Colaborador
No mas offtopics ni calificativos
El tema es sobre GENDARMERIA NACIONAL, nada mas
El tema es sobre GENDARMERIA NACIONAL, nada mas
T
tsunami
Editado - y Advertido - Limitese a postear sobre los temas en cuestión o será sancionado
se extraña a bukovar en este hilo.
Chan!
Colaborador
1) "Lo capacita para trabajar en cualquier terreno"... o sea, haciendo referencia a cualquier gendarme común. Bueno, te cuento que no, estimado. No son "soldados" y menos todavía aptos para cualquier circunstancia. Sino me creés, preguntale al gordo que me habló la semana pasada que estaba preocupado porque se venían las pruebas físicas en GN y tenía que correr 2 km en 10 minutos... (y estaba preocupado!).
2) "Punta de lanza" en el operativo independencia? No... informate un poquito más porque los que se comieron el grueso de las patrullas y operaciones en el monte tucumano fueron los elementos del EA.
3) En Malvinas los que fueron movilizados como Comandos eran los miembros de "Alacrán", un elemento TOE. No cualquier gendarme común. Estos habían, justamente, hecho el Curso Comando de Ejército que hasta hoy, es el único reconocido a nivel nacional como formador de dichos elementos.
4)"Mientras otras fuerzas necesitan capacitar hombres que se especialicen en distintos terrenos, el gendarme ya sale de sus centros de formacion con esas capacidades." Nuevamente estás hablando porque el aire es gratis. Me encantaría ver como el que recién sale de la escuela se comporta si lo llevan a la sección especial de monte de Bernardo de Irigoyen o a hacer patrullas en terreno montañoso al otro lado de Laguna del desierto con el elemento que allí tienen destacado. Todos aprenden las particularidades del ámbito geográfico particular una vez que están allá, no como remarcás vos tan alegremente.
5) Por favor, antes de hablar pavadas leé un poco que no hace mal.
--- merged: Feb 19, 2012 12:10 AM ---
en primer lugar te digo que el escuadron ALACRAN estaba compuesto por gendarmes , suboficiales y oficiales, de los cuales conozco a y se de lo que hablo porque soy hijo de gendarme. no descalifiques si no me conoces, el que debe informarse sos vos, de seguro sos un resentido de los tantos que hay contra la gendarmeria. tercero el opoerativo independencia aunque te pese la punta de la lanza la hizo gendarmeria pero no figuraba como tal, ya que en esa epoca estaba bajo la orbita de ejercito, en el gobierno de alfonsin paso se depender del ministerio de defensa y des´pues en el de memen del ministerio del interior. en tucuman los guerrileros en el aeropuerto Matienzo derribaron un avion con 114 gendarmes, te reitero informate. aca te dejo para que leas solo la lista de algunos gendarmes del escuadron alacran dentro los cuales figuran muertos en combate gendarmes y suboficiales.
informate y no seas ignorante, no descalifiques, y no culpa de la gendarmeria si el ejercito es una fuerza inutil.
Quiénes formaron el Escuadrón Alacrán
Jefe, comandante José Ricardo Spadaro; segundo jefe, comandante Hugo Alberto Díaz.
Integrantes: comandante Carlos Saturnino Vega; segundo comandante Jorge Enrique San Emetrio (+); segundo comandante Eduardo Miguel Santo (+); primer alférez Néstor Alfredo Gómez del Junco; primer alférez Ricardo Julio Sánchez (muerto en combate); subalférez Guillermo Nasif (muerto en combate); subalférez Miguel Angel Puente; subalférez Oscar Rodolfo Aranda; sargento ayudante Ramón Gumersindo Acosta (muerto en combate); sargento ayudante Natalio Jesús Figueredo; sargento primero Miguel Víctor Pepe; sargento Justo Rufino Guerrero; cabos primeros Carlos Alfredo Oliva, Blas Fanor Montellano, Miguel Edgar Echeverría, Juan Alberto Fleitas, Agustín Jara,
Luis Alberto Kovalski, Jorge Omar Trangoni, Marciano Verón (muerto en combate) y Víctor Samuel Guerrero (muerto en combate); cabos Carlos Misael Pereyra (muerto en combate) y
Miguel Angel Encina; gendarmes Juan Carlos Acosta, Julio Ramón Benito, Julio Oscar Gibbons Capandegui, Alfredo de Bernardo, Ramón Duarte, José Isidro Ferreira, Víctor Jorge Ferreira, Juan Carlos González, Angel Andrés Huenchul, Máximo Ramón Molina, Miguel Angel Notarnicola, Pablo Daniel Parada,
Juan Carlos Pardo (+), Santiago Ramón Sena y Juan Carlos Treppo (muerto en combate).
Material de consulta: documentos del comandante general
VGM José Ricardo Spadaro; libro Dios en las trincheras y sitio de Gendarmería Nacional.
T
tsunami
El próximo offtopic corres la misma suerte. Limitese a postear sobre los contenidos de los temas
Pero al Comandante General lo dejaron... uhhhh
De ayer a hoy
El gobierno no tuvo tiempo de celebrar el reportaje en que el ex dictador Videla valoró su política contra las violaciones a los derechos humanos de ayer, cuando debió ocuparse de los derechos humanos de hoy a raíz de una grave denuncia. La auditoría sobre el Proyecto X (iniciado en 2005 durante la gestión de Aníbal Fernández) permitirá a Nilda Garré profundizar la política contra la criminalización de la protesta social.
¿?
Por Horacio Verbitsky
El Proyecto X
El gobierno no tuvo tiempo de celebrar esta inesperada reivindicación, cuando el canal de noticias del Grupo Clarín concedió su espacio central a una grave denuncia, que llevaba tres meses en la Justicia y de la que sólo este diario había dado cuenta. En noviembre del año pasado, el delegado Javier Hermosilla sostuvo que Gendarmería realizaba tareas ilegales de Inteligencia durante cortes y movilizaciones, lo cual dio lugar a un expediente en el juzgado de Norberto Oyarbide. Según sus respectivos buscadores electrónicos, ni Clarín ni La Nación habrían considerado digna de su atención la denuncia cuando se presentó. En cambio, en enero, La Nación publicó una entrevista apologética al jefe de personal de Kraft Foods, Sergio Prendoné Pita. Cuando aún no había terminado el programa, la ministra de Seguridad Nilda Garré envió a tres funcionarios a revisar los materiales acumulados en la sede de Gendarmería y dejó bajo precinto los lugares donde se guardaban. En su página electrónica, Garré descalificó a los políticos que acusaron de “vulnerar derechos y perseguir manifestantes y luchadores sociales” al gobierno que, como reconoce Videla, terminó con la impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado y sostuvo “la no criminalización de la protesta social y los límites a la acción policial en esas situaciones”. Agregó que no decidiría sin reflexión pero que sería inflexible si se confirmara el espionaje. Para ello ordenó una auditoría sobre el contenido del software denominado Proyecto X, cuyas conclusiones se conocerán luego de Carnaval.
En su respuesta a Oyarbide, el Director Nacional, Héctor Schenone, reveló que poseía tres bases de datos:
- SAG (Sistema de Antecedentes de Gendarmería), que permite la consulta on line de “antecedentes de personas, armas y vehículos” sobre los cuales la justicia haya dictado medidas cautelares, y sus movimientos en las fronteras.
- SGO (Sistema de Gestión Operativa), en el que se registran todos los procedimientos policiales y judiciales realizados por la Gendarmería.
- Proyecto X, definido como “herramienta de análisis y orientativa en causas judiciales, así como en apoyo informativo a Unidades Operativas de Investigaciones Judiciales e Inteligencia criminal”. Incluye las propias actuaciones sobre lavado de activos de origen delictivo, para responder a jueces y fiscales que piden identificar lugares, vehículos y personas.
A su manera
Schenone agrega que esas tareas pueden realizarse ante la presunta comisión de un delito de acción pública de acuerdo con el artículo 183 del Código Procesal, pero lo interpreta a su manera. Dice que el personal podrá realizar la tarea en forma discreta o encubierta (vistiendo de civil), con el fin de “impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación”. Pero sólo la parte encomillada corresponde al código, que se refiere a delitos, no a manifestaciones sociales, en las que de ninguna manera contempla la actuación policial encubierta o de civil. Por el contrario, está prohibida por las normas establecidas por el Ministerio de Seguridad. Schenone también menciona entre su marco jurídico la ley 25.326 de protección de datos personales (de 2000), que veda recoger datos “por medios desleales, fraudulentos” (artículo 4); almacenar “datos sensibles” (artículo 7), definidos como aquellos que revelen “opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical” (artículo 2). El tratamiento de los datos personales (aunque no sean sensibles) sólo se permite con el “consentimiento libre, expreso e informado”. Para recabarlos, debe informarse con qué finalidad serán tratados y quienes pueden ser sus destinatarios (artículo 6). En 2005, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales calificó como infracción leve recoger datos sin información ni consentimiento; como infracción grave utilizar ardid o engaño y como infracción muy grave tratar esos datos “con menosprecio de los principios y garantías” constitucionales, “cuando con ello se impida o atente contra el ejercicio de los derechos fundamentales”.
El Protocolo sobre el funcionamiento del “Proyect X” (sic) sostiene que se usa “para registrar las relaciones asociadas con personas y organizaciones delictivas” y los ejemplos suministrados se refieren a vehículos “utilizados para transportar estupefacientes”, lo cual sugiere cuál es su origen, sobre todo cuando se conoce el currículum de Schenone, uno de los hombres de la DEA en la Argentina. En la definición de “Eventos”, el Protocolo menciona: “atentado explosivo, movimiento de personas, de armas, de drogas, de químicos, de explosivos”. El software es similar al Excalibur y al VAIC Telemétrico de la Policía Bonaerense. En la ficha que identifica a cada persona, un campo está reservado a su personalidad y hábitos, si es reservada, tímida, introvertida, extrovertida, si bebe, fuma o es mujeriego. Al instruir sobre la carga de datos de organizaciones, el Protocolo ejemplifica con nombres significativos, como “Los Maras” o “El King SRL”, y entre sus actividades posibles enumera narcotráfico, contrabando, trata de personas, lavado de dinero, adulteración de documento, piratas del asfalto.
Teoría y práctica
Otra cosa es la aplicación práctica. Schenone menciona la ley de Inteligencia Nacional, pero no parece advertir que sólo permite a las fuerzas de seguridad realizar tareas dirigidas a esclarecer ilícitos y es taxativa al prohibirles la búsqueda de información, la producción de inteligencia o el almacenamiento de datos sobre personas por su opinión política o por “su adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”, como es el caso. En todas las actas, labradas de 2007 en adelante, ante manifestaciones de obreros de Kraft Foods, Electroingeniería o la línea de colectivos 60, los jueces de San Isidro, San Martín y Campana (Sandra Arroyo Guzmán, Juan Manuel Yalj y Adrián González Charvay), solicitan identificar a los dirigentes o representantes en la manifestación, fotografiarlos, filmarlos y enviar el material al juzgado. En una clara demostración sobre la existencia de un banco de datos sobre militantes sociales y políticos, cada vez que es nombrado el delegado Hermosilla, distintos oficiales de la Gendarmería lo identifican con involuntario humor como “alienado (sic) al Partido Obrero (PO)”. En la televisión, Hermosilla aclaró que su alienación no era con el Partido Obrero sino con el PTS. En todos los casos, los jueces se refieren a una “presunta infracción al artículo 194 del Código Penal”, es decir aquel que reprime con prisión de tres meses a dos años a quien, “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes” e instruyen a los gendarmes para notificarles que están cometiendo un delito. En un corte, los manifestantes respondieron:
–No estamos cometiendo un delito sino reclamando un derecho.
Los partes que los jefes de cada operativo remiten a Sus Señorías, podrán servir para la defensa de aquellos a quienes los celosos jueces intentan procesar: consignan que los manifestantes reclaman “la reincorporación de los trabajadores despedidos y la mejora de las condiciones sanitarias” y explican que son “trabajadores despedidos, familiares y amigos”. Los colectiveros de la línea 60 pedían acatamiento a un dictamen del Ministerio de Trabajo sobre “la correcta liquidación de sus salarios”. Sólo en un caso, el 10 de setiembre de 2009, la forma sorpresiva en que comenzó el corte y el sembrado de cubiertas sobre la autopista produjo un choque. Pero los propios gendarmes consignan que “sólo se produjeron daños materiales”. El parte incluye fotos del auto estropeado y de los dirigentes Néstor Pitrola y Vilma Ripol hablando con un megáfono. Otro informe del Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo, donde tiene asiento la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería, comienza detallando que la multinacional estadounidense “despidió a 160 trabajadores, incluidos tres miembros de la comisión directiva del gremio nacional”. El autor indica el 30 de setiembre de 2009, que el origen de la información son los medios de comunicación locales. Señala con precisión que los trabajadores reclamaban “medidas de salubridad por la Gripe H1N1, asueto para desinfectar la planta, licencias para personas enfermas”. Agrega que la comisión interna, los despedidos y sus familiares, contaron con el apoyo de militantes de organizaciones sociales, políticas, gremiales, estudiantiles, de derechos humanos, que realizaron paros, acampes en la planta y corte de la Panamericana “para denunciar la situación por la que atravesaba la planta”. Esos informes son expresivos de la cuestión de fondo. No dejan dudas de que las movilizaciones se realizan en pos de reivindicaciones laborales legítimas. Pero al mismo tiempo el corte de la ruta esta tipificado como un delito en el Código Penal. La resolución depende del valor que privilegien, en cada momento, el gobierno y el juez. Se trata, en definitiva, de una cuestión política.
Cobertura y encubrimiento
Uno de los informes menciona a Hermosilla y al delegado Ramón Bogado como “responsables de las acciones directas”, dice que también produjeron “intimidación del resto de los empleados” (que no describe), “rotura de instalaciones, resistencia a la autoridad”. Para derivar al terreno de la penalización un conflicto que reconoce como laboral sostiene que, con los cortes, “los referentes que apoyan al sector de despedidos” habrían “puesto en riesgo la integridad física tanto de los manifestantes como de terceros”. También identifica a los centros de estudiantes que cortaron la avenida Córdoba frente a la Facultad de Ciencias Económicas porteña y prevé en qué lugares podrían realizarse nuevos cortes. En el terreno, casi sin excepciones, los responsables de Gendarmería negocian la apertura de un carril para permitir el tránsito, o la extensión temporal de la obstrucción, y todo termina sin golpes ni detenidos. Pero detrás vienen los jueces. Una de las actas de procedimiento, manuscrita en Pablo Nogués en agosto del año pasado, indica que 50 manifestantes cortaron la ruta 8, “en reclamo de mejores condiciones laborales y salariales” y la reincorporación de 30 despedidos, de la fábrica Autobat. El delegado, a quien Gendarmería menciona como “ciudadano Mendoza, José” informó que levantarían la medida “una vez que realicen denuncia pública de la situación ante medios televisivos”, lo cual delimita con precisión la pacífica lógica del método. Pero en noviembre, la jueza Arroyo Salgado usó esa Acta para abrir una causa contra Mendoza y en forma explícita requirió a Gendamería “la realización de tareas de Inteligencia por el término de cinco días”, tendientes a identificar a otros participantes en el corte, cuyos nombres y apodos presuntos menciona. Lo que los dirigentes gremiales y políticos denuncian es el uso posterior de los datos recogidos en esos procedimientos para procesar a sus participantes, es decir, criminalizar un reclamo legítimo. A partir de esa lista de nombres, Gendarmería los cruzó con el padrón electoral y distintas bases de datos de acceso público, para conocer sus domicilios y lugares de trabajo. Luego envió personal a realizar entrevistas “en forma encubierta” o realizó constataciones telefónicas “bajo técnicas de entrevistas encubiertas y una cobertura de información”. La defensa de Schenone de que sólo actuaron por indicación judicial es menos sólida de lo que parece. Por más que la firme un juez, la orden de hacer Inteligencia sobre trabajadores en huelga o movilización es ilegal.
Protocolos
Mientras el ex ministro Aníbal Fernández negaba la existencia del Protocolo X (que se puso en funcionamiento durante su gestión, en 2005) Garré revisó con el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Miguel Angel Bermejo, el cumplimiento del protocolo de actuación de fuerzas de seguridad y policiales en manifestaciones públicas. El ministerio estableció “Criterios Mínimos de Actuación”, a los cuales adhirieron ya 19 de las 24 jurisdicciones del país (faltan la Ciudad Autónoma, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Corrientes). Del primer encuentro del Consejo, en marzo de 2011, en el que se marcó “el respeto y la protección de los derechos” de los manifestantes, participó la entonces presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, Griselda Baldata, de la Coalición Cívica-ARI, integrante del Acuerdo de Seguridad Democrática. El Protocolo procura resolver los conflictos sin daños “para la integridad física de las personas” ya estén involucradas o no en la manifestación. Con ese objeto, prohíbe la portación de armas de fuego al personal que pudiera entrar en contacto directo con los manifestantes. Las postas de goma sólo son admitidas con fines defensivos, en caso de peligro para la integridad física de cualquiera de las partes presentes. Todo el personal de seguridad debe lucir una identificación clara que se advierta a simple vista y respetar en cada etapa del operativo la Ley de Inteligencia Nacional. El Ministerio está impulsando estos lineamientos en todo el país, con cursos de capacitación para los cuerpos provinciales. Antes de que concluya la auditoría, parece evidente la contradicción entre esta línea central de trabajo y los procedimientos con anuencia judicial que ha estado realizando la Gendarmería. Es tan desatinado pretender que el espionaje se produjo por orden de Garré o de la presidente CFK, como disimular su gravedad. Los pasos fundamentales dados desde 2003 para controlar el uso de la fuerza y la actuación policial en manifestaciones públicas deberían complementarse con una política explícita de no criminalización por vía judicial de los activistas sociales y la misma voluntad política que el gobierno ha mostrado para fijar pautas a las provincias petroleras y mineras, puede aplicarse para impedir que las fuerzas provinciales continúen respondiendo con violencia a reclamos por la tierra, la vivienda, los derechos de comunidades nativas o las protestas ambientales. La auditoría del Proyecto X puede ser un nuevo punto de partida.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-187923-2012-02-19.html
EL perrito estuvo aporreando desesperadamente el teclado para armar un "bando" en el cual, por un lado dejarlo pegado a Anibaul y por otro resguardar a su brazo ejecutor, Garre. Joya, dejo pegados a ambos porque reforzo el hecho de que el proyecto "de caruXa" existe y que estaba en conocimiento de la conducción politica del Ministerio de IN-Seguridad.
El gobierno no tuvo tiempo de celebrar el reportaje en que el ex dictador Videla valoró su política contra las violaciones a los derechos humanos de ayer, cuando debió ocuparse de los derechos humanos de hoy a raíz de una grave denuncia. La auditoría sobre el Proyecto X (iniciado en 2005 durante la gestión de Aníbal Fernández) permitirá a Nilda Garré profundizar la política contra la criminalización de la protesta social.
¿? Por Horacio Verbitsky
El Proyecto X
El gobierno no tuvo tiempo de celebrar esta inesperada reivindicación, cuando el canal de noticias del Grupo Clarín concedió su espacio central a una grave denuncia, que llevaba tres meses en la Justicia y de la que sólo este diario había dado cuenta. En noviembre del año pasado, el delegado Javier Hermosilla sostuvo que Gendarmería realizaba tareas ilegales de Inteligencia durante cortes y movilizaciones, lo cual dio lugar a un expediente en el juzgado de Norberto Oyarbide. Según sus respectivos buscadores electrónicos, ni Clarín ni La Nación habrían considerado digna de su atención la denuncia cuando se presentó. En cambio, en enero, La Nación publicó una entrevista apologética al jefe de personal de Kraft Foods, Sergio Prendoné Pita. Cuando aún no había terminado el programa, la ministra de Seguridad Nilda Garré envió a tres funcionarios a revisar los materiales acumulados en la sede de Gendarmería y dejó bajo precinto los lugares donde se guardaban. En su página electrónica, Garré descalificó a los políticos que acusaron de “vulnerar derechos y perseguir manifestantes y luchadores sociales” al gobierno que, como reconoce Videla, terminó con la impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado y sostuvo “la no criminalización de la protesta social y los límites a la acción policial en esas situaciones”. Agregó que no decidiría sin reflexión pero que sería inflexible si se confirmara el espionaje. Para ello ordenó una auditoría sobre el contenido del software denominado Proyecto X, cuyas conclusiones se conocerán luego de Carnaval.
En su respuesta a Oyarbide, el Director Nacional, Héctor Schenone, reveló que poseía tres bases de datos:
- SAG (Sistema de Antecedentes de Gendarmería), que permite la consulta on line de “antecedentes de personas, armas y vehículos” sobre los cuales la justicia haya dictado medidas cautelares, y sus movimientos en las fronteras.
- SGO (Sistema de Gestión Operativa), en el que se registran todos los procedimientos policiales y judiciales realizados por la Gendarmería.
- Proyecto X, definido como “herramienta de análisis y orientativa en causas judiciales, así como en apoyo informativo a Unidades Operativas de Investigaciones Judiciales e Inteligencia criminal”. Incluye las propias actuaciones sobre lavado de activos de origen delictivo, para responder a jueces y fiscales que piden identificar lugares, vehículos y personas.
A su manera
Schenone agrega que esas tareas pueden realizarse ante la presunta comisión de un delito de acción pública de acuerdo con el artículo 183 del Código Procesal, pero lo interpreta a su manera. Dice que el personal podrá realizar la tarea en forma discreta o encubierta (vistiendo de civil), con el fin de “impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación”. Pero sólo la parte encomillada corresponde al código, que se refiere a delitos, no a manifestaciones sociales, en las que de ninguna manera contempla la actuación policial encubierta o de civil. Por el contrario, está prohibida por las normas establecidas por el Ministerio de Seguridad. Schenone también menciona entre su marco jurídico la ley 25.326 de protección de datos personales (de 2000), que veda recoger datos “por medios desleales, fraudulentos” (artículo 4); almacenar “datos sensibles” (artículo 7), definidos como aquellos que revelen “opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical” (artículo 2). El tratamiento de los datos personales (aunque no sean sensibles) sólo se permite con el “consentimiento libre, expreso e informado”. Para recabarlos, debe informarse con qué finalidad serán tratados y quienes pueden ser sus destinatarios (artículo 6). En 2005, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales calificó como infracción leve recoger datos sin información ni consentimiento; como infracción grave utilizar ardid o engaño y como infracción muy grave tratar esos datos “con menosprecio de los principios y garantías” constitucionales, “cuando con ello se impida o atente contra el ejercicio de los derechos fundamentales”.
El Protocolo sobre el funcionamiento del “Proyect X” (sic) sostiene que se usa “para registrar las relaciones asociadas con personas y organizaciones delictivas” y los ejemplos suministrados se refieren a vehículos “utilizados para transportar estupefacientes”, lo cual sugiere cuál es su origen, sobre todo cuando se conoce el currículum de Schenone, uno de los hombres de la DEA en la Argentina. En la definición de “Eventos”, el Protocolo menciona: “atentado explosivo, movimiento de personas, de armas, de drogas, de químicos, de explosivos”. El software es similar al Excalibur y al VAIC Telemétrico de la Policía Bonaerense. En la ficha que identifica a cada persona, un campo está reservado a su personalidad y hábitos, si es reservada, tímida, introvertida, extrovertida, si bebe, fuma o es mujeriego. Al instruir sobre la carga de datos de organizaciones, el Protocolo ejemplifica con nombres significativos, como “Los Maras” o “El King SRL”, y entre sus actividades posibles enumera narcotráfico, contrabando, trata de personas, lavado de dinero, adulteración de documento, piratas del asfalto.
Teoría y práctica
Otra cosa es la aplicación práctica. Schenone menciona la ley de Inteligencia Nacional, pero no parece advertir que sólo permite a las fuerzas de seguridad realizar tareas dirigidas a esclarecer ilícitos y es taxativa al prohibirles la búsqueda de información, la producción de inteligencia o el almacenamiento de datos sobre personas por su opinión política o por “su adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”, como es el caso. En todas las actas, labradas de 2007 en adelante, ante manifestaciones de obreros de Kraft Foods, Electroingeniería o la línea de colectivos 60, los jueces de San Isidro, San Martín y Campana (Sandra Arroyo Guzmán, Juan Manuel Yalj y Adrián González Charvay), solicitan identificar a los dirigentes o representantes en la manifestación, fotografiarlos, filmarlos y enviar el material al juzgado. En una clara demostración sobre la existencia de un banco de datos sobre militantes sociales y políticos, cada vez que es nombrado el delegado Hermosilla, distintos oficiales de la Gendarmería lo identifican con involuntario humor como “alienado (sic) al Partido Obrero (PO)”. En la televisión, Hermosilla aclaró que su alienación no era con el Partido Obrero sino con el PTS. En todos los casos, los jueces se refieren a una “presunta infracción al artículo 194 del Código Penal”, es decir aquel que reprime con prisión de tres meses a dos años a quien, “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes” e instruyen a los gendarmes para notificarles que están cometiendo un delito. En un corte, los manifestantes respondieron:
–No estamos cometiendo un delito sino reclamando un derecho.
Los partes que los jefes de cada operativo remiten a Sus Señorías, podrán servir para la defensa de aquellos a quienes los celosos jueces intentan procesar: consignan que los manifestantes reclaman “la reincorporación de los trabajadores despedidos y la mejora de las condiciones sanitarias” y explican que son “trabajadores despedidos, familiares y amigos”. Los colectiveros de la línea 60 pedían acatamiento a un dictamen del Ministerio de Trabajo sobre “la correcta liquidación de sus salarios”. Sólo en un caso, el 10 de setiembre de 2009, la forma sorpresiva en que comenzó el corte y el sembrado de cubiertas sobre la autopista produjo un choque. Pero los propios gendarmes consignan que “sólo se produjeron daños materiales”. El parte incluye fotos del auto estropeado y de los dirigentes Néstor Pitrola y Vilma Ripol hablando con un megáfono. Otro informe del Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo, donde tiene asiento la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería, comienza detallando que la multinacional estadounidense “despidió a 160 trabajadores, incluidos tres miembros de la comisión directiva del gremio nacional”. El autor indica el 30 de setiembre de 2009, que el origen de la información son los medios de comunicación locales. Señala con precisión que los trabajadores reclamaban “medidas de salubridad por la Gripe H1N1, asueto para desinfectar la planta, licencias para personas enfermas”. Agrega que la comisión interna, los despedidos y sus familiares, contaron con el apoyo de militantes de organizaciones sociales, políticas, gremiales, estudiantiles, de derechos humanos, que realizaron paros, acampes en la planta y corte de la Panamericana “para denunciar la situación por la que atravesaba la planta”. Esos informes son expresivos de la cuestión de fondo. No dejan dudas de que las movilizaciones se realizan en pos de reivindicaciones laborales legítimas. Pero al mismo tiempo el corte de la ruta esta tipificado como un delito en el Código Penal. La resolución depende del valor que privilegien, en cada momento, el gobierno y el juez. Se trata, en definitiva, de una cuestión política.
Cobertura y encubrimiento
Uno de los informes menciona a Hermosilla y al delegado Ramón Bogado como “responsables de las acciones directas”, dice que también produjeron “intimidación del resto de los empleados” (que no describe), “rotura de instalaciones, resistencia a la autoridad”. Para derivar al terreno de la penalización un conflicto que reconoce como laboral sostiene que, con los cortes, “los referentes que apoyan al sector de despedidos” habrían “puesto en riesgo la integridad física tanto de los manifestantes como de terceros”. También identifica a los centros de estudiantes que cortaron la avenida Córdoba frente a la Facultad de Ciencias Económicas porteña y prevé en qué lugares podrían realizarse nuevos cortes. En el terreno, casi sin excepciones, los responsables de Gendarmería negocian la apertura de un carril para permitir el tránsito, o la extensión temporal de la obstrucción, y todo termina sin golpes ni detenidos. Pero detrás vienen los jueces. Una de las actas de procedimiento, manuscrita en Pablo Nogués en agosto del año pasado, indica que 50 manifestantes cortaron la ruta 8, “en reclamo de mejores condiciones laborales y salariales” y la reincorporación de 30 despedidos, de la fábrica Autobat. El delegado, a quien Gendarmería menciona como “ciudadano Mendoza, José” informó que levantarían la medida “una vez que realicen denuncia pública de la situación ante medios televisivos”, lo cual delimita con precisión la pacífica lógica del método. Pero en noviembre, la jueza Arroyo Salgado usó esa Acta para abrir una causa contra Mendoza y en forma explícita requirió a Gendamería “la realización de tareas de Inteligencia por el término de cinco días”, tendientes a identificar a otros participantes en el corte, cuyos nombres y apodos presuntos menciona. Lo que los dirigentes gremiales y políticos denuncian es el uso posterior de los datos recogidos en esos procedimientos para procesar a sus participantes, es decir, criminalizar un reclamo legítimo. A partir de esa lista de nombres, Gendarmería los cruzó con el padrón electoral y distintas bases de datos de acceso público, para conocer sus domicilios y lugares de trabajo. Luego envió personal a realizar entrevistas “en forma encubierta” o realizó constataciones telefónicas “bajo técnicas de entrevistas encubiertas y una cobertura de información”. La defensa de Schenone de que sólo actuaron por indicación judicial es menos sólida de lo que parece. Por más que la firme un juez, la orden de hacer Inteligencia sobre trabajadores en huelga o movilización es ilegal.
Protocolos
Mientras el ex ministro Aníbal Fernández negaba la existencia del Protocolo X (que se puso en funcionamiento durante su gestión, en 2005) Garré revisó con el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Miguel Angel Bermejo, el cumplimiento del protocolo de actuación de fuerzas de seguridad y policiales en manifestaciones públicas. El ministerio estableció “Criterios Mínimos de Actuación”, a los cuales adhirieron ya 19 de las 24 jurisdicciones del país (faltan la Ciudad Autónoma, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Corrientes). Del primer encuentro del Consejo, en marzo de 2011, en el que se marcó “el respeto y la protección de los derechos” de los manifestantes, participó la entonces presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, Griselda Baldata, de la Coalición Cívica-ARI, integrante del Acuerdo de Seguridad Democrática. El Protocolo procura resolver los conflictos sin daños “para la integridad física de las personas” ya estén involucradas o no en la manifestación. Con ese objeto, prohíbe la portación de armas de fuego al personal que pudiera entrar en contacto directo con los manifestantes. Las postas de goma sólo son admitidas con fines defensivos, en caso de peligro para la integridad física de cualquiera de las partes presentes. Todo el personal de seguridad debe lucir una identificación clara que se advierta a simple vista y respetar en cada etapa del operativo la Ley de Inteligencia Nacional. El Ministerio está impulsando estos lineamientos en todo el país, con cursos de capacitación para los cuerpos provinciales. Antes de que concluya la auditoría, parece evidente la contradicción entre esta línea central de trabajo y los procedimientos con anuencia judicial que ha estado realizando la Gendarmería. Es tan desatinado pretender que el espionaje se produjo por orden de Garré o de la presidente CFK, como disimular su gravedad. Los pasos fundamentales dados desde 2003 para controlar el uso de la fuerza y la actuación policial en manifestaciones públicas deberían complementarse con una política explícita de no criminalización por vía judicial de los activistas sociales y la misma voluntad política que el gobierno ha mostrado para fijar pautas a las provincias petroleras y mineras, puede aplicarse para impedir que las fuerzas provinciales continúen respondiendo con violencia a reclamos por la tierra, la vivienda, los derechos de comunidades nativas o las protestas ambientales. La auditoría del Proyecto X puede ser un nuevo punto de partida.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-187923-2012-02-19.html
EL perrito estuvo aporreando desesperadamente el teclado para armar un "bando" en el cual, por un lado dejarlo pegado a Anibaul y por otro resguardar a su brazo ejecutor, Garre. Joya, dejo pegados a ambos porque reforzo el hecho de que el proyecto "de caruXa" existe y que estaba en conocimiento de la conducción politica del Ministerio de IN-Seguridad.
Iconoclasta
Colaborador
Purga en Gendarmería: Garré pasó a retiro a 19 comandantes
Luego de conocerse el Proyecto X, Seguridad promovió una de los mayores pases a retiro en los últimos diez años; el jefe de la fuerza mantuvo su cargo
En medio de la polémica por tareas de inteligencia contra sindicalistas y organizaciones sociales, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, decidió un fuerte recambio en la cúpula de Gendarmería Nacional. Fue la purga más grande de la última década: pasaron a retiro a 19 comandantes, pero se ratificó al jefe de la fuerza, Héctor Schenone.
En un comunicado oficial, Seguridad advirtió que el recambio corresponde al "ciclo normal de ascensos y pases a retiros", y afirmaron que no se corresponden por el escándalo generado a raíz el Proyecto X . También se registraron algunas modificaciones entre los oficiales de Prefectura y la Policía Federal, pero no tan significativos.
El director de Inteligencia Criminal, Marcelo Martinengo, fue uno de los comandantes obligados a pasar a retiro. También fue removido el director de Personal, Jorge Nieto; el director de Operaciones, Jorge Cabral; y el director de Apoyo, Daniel Pérez.
En Prefectura el recambio alcanzó sólo a dos prefectos generales y dos prefectos mayores. En la órbita de la Policía Federal se pasaron a retiro a tres comisarios mayores, pero a ninguno de su máxima conducción.
PROYECTO X
La existencia de este programa fue dada a conocer por el propio Schenone en una causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. Es un registro con datos reunidos por gendarmes (según el jefe de los gendarmes, siempre con conocimiento de la Justicia) sobre personas presuntamente investigadas por delitos. Tiene un altísimo nivel de detalle de cada uno. Incluye rubros tales como "teléfono", "otros medios de comunicación", "transporte" y "recursos financieros".
Cómo obtuvo Gendarmería esta información está bajo sospecha. Según la denuncia, la fuerza recurrió a "tareas de inteligencia ilegal"; por ejemplo, infiltrándose en marchas y cortes de ruta..
http://www.lanacion.com.ar/1450049-purga-en-gendarmeria-garre-paso-a-retiro-a-19-comandantes
--- merged: Feb 19, 2012 7:18 PM ---
Purga en Gendarmería: Garré pasó a retiro a 19 comandantes
Luego de conocerse el Proyecto X, Seguridad promovió una de los mayores pases a retiro en los últimos diez años; el jefe de la fuerza mantuvo su cargo
En medio de la polémica por tareas de inteligencia contra sindicalistas y organizaciones sociales, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, decidió un fuerte recambio en la cúpula de Gendarmería Nacional. Fue la purga más grande de la última década: pasaron a retiro a 19 comandantes, pero se ratificó al jefe de la fuerza, Héctor Schenone.
En un comunicado oficial, Seguridad advirtió que el recambio corresponde al "ciclo normal de ascensos y pases a retiros", y afirmaron que no se corresponden por el escándalo generado a raíz el Proyecto X . También se registraron algunas modificaciones entre los oficiales de Prefectura y la Policía Federal, pero no tan significativos.
El director de Inteligencia Criminal, Marcelo Martinengo, fue uno de los comandantes obligados a pasar a retiro. También fue removido el director de Personal, Jorge Nieto; el director de Operaciones, Jorge Cabral; y el director de Apoyo, Daniel Pérez.
En Prefectura el recambio alcanzó sólo a dos prefectos generales y dos prefectos mayores. En la órbita de la Policía Federal se pasaron a retiro a tres comisarios mayores, pero a ninguno de su máxima conducción.
PROYECTO X
La existencia de este programa fue dada a conocer por el propio Schenone en una causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. Es un registro con datos reunidos por gendarmes (según el jefe de los gendarmes, siempre con conocimiento de la Justicia) sobre personas presuntamente investigadas por delitos. Tiene un altísimo nivel de detalle de cada uno. Incluye rubros tales como "teléfono", "otros medios de comunicación", "transporte" y "recursos financieros".
Cómo obtuvo Gendarmería esta información está bajo sospecha. Según la denuncia, la fuerza recurrió a "tareas de inteligencia ilegal"; por ejemplo, infiltrándose en marchas y cortes de ruta..
http://www.lanacion.com.ar/1450049-purga-en-gendarmeria-garre-paso-a-retiro-a-19-comandantes
Luego de conocerse el Proyecto X, Seguridad promovió una de los mayores pases a retiro en los últimos diez años; el jefe de la fuerza mantuvo su cargo
En medio de la polémica por tareas de inteligencia contra sindicalistas y organizaciones sociales, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, decidió un fuerte recambio en la cúpula de Gendarmería Nacional. Fue la purga más grande de la última década: pasaron a retiro a 19 comandantes, pero se ratificó al jefe de la fuerza, Héctor Schenone.
En un comunicado oficial, Seguridad advirtió que el recambio corresponde al "ciclo normal de ascensos y pases a retiros", y afirmaron que no se corresponden por el escándalo generado a raíz el Proyecto X . También se registraron algunas modificaciones entre los oficiales de Prefectura y la Policía Federal, pero no tan significativos.
El director de Inteligencia Criminal, Marcelo Martinengo, fue uno de los comandantes obligados a pasar a retiro. También fue removido el director de Personal, Jorge Nieto; el director de Operaciones, Jorge Cabral; y el director de Apoyo, Daniel Pérez.
En Prefectura el recambio alcanzó sólo a dos prefectos generales y dos prefectos mayores. En la órbita de la Policía Federal se pasaron a retiro a tres comisarios mayores, pero a ninguno de su máxima conducción.
PROYECTO X
La existencia de este programa fue dada a conocer por el propio Schenone en una causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. Es un registro con datos reunidos por gendarmes (según el jefe de los gendarmes, siempre con conocimiento de la Justicia) sobre personas presuntamente investigadas por delitos. Tiene un altísimo nivel de detalle de cada uno. Incluye rubros tales como "teléfono", "otros medios de comunicación", "transporte" y "recursos financieros".
Cómo obtuvo Gendarmería esta información está bajo sospecha. Según la denuncia, la fuerza recurrió a "tareas de inteligencia ilegal"; por ejemplo, infiltrándose en marchas y cortes de ruta..
http://www.lanacion.com.ar/1450049-purga-en-gendarmeria-garre-paso-a-retiro-a-19-comandantes
--- merged: Feb 19, 2012 7:18 PM ---
Purga en Gendarmería: Garré pasó a retiro a 19 comandantes
Luego de conocerse el Proyecto X, Seguridad promovió una de los mayores pases a retiro en los últimos diez años; el jefe de la fuerza mantuvo su cargo
En medio de la polémica por tareas de inteligencia contra sindicalistas y organizaciones sociales, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, decidió un fuerte recambio en la cúpula de Gendarmería Nacional. Fue la purga más grande de la última década: pasaron a retiro a 19 comandantes, pero se ratificó al jefe de la fuerza, Héctor Schenone.
En un comunicado oficial, Seguridad advirtió que el recambio corresponde al "ciclo normal de ascensos y pases a retiros", y afirmaron que no se corresponden por el escándalo generado a raíz el Proyecto X . También se registraron algunas modificaciones entre los oficiales de Prefectura y la Policía Federal, pero no tan significativos.
El director de Inteligencia Criminal, Marcelo Martinengo, fue uno de los comandantes obligados a pasar a retiro. También fue removido el director de Personal, Jorge Nieto; el director de Operaciones, Jorge Cabral; y el director de Apoyo, Daniel Pérez.
En Prefectura el recambio alcanzó sólo a dos prefectos generales y dos prefectos mayores. En la órbita de la Policía Federal se pasaron a retiro a tres comisarios mayores, pero a ninguno de su máxima conducción.
PROYECTO X
La existencia de este programa fue dada a conocer por el propio Schenone en una causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. Es un registro con datos reunidos por gendarmes (según el jefe de los gendarmes, siempre con conocimiento de la Justicia) sobre personas presuntamente investigadas por delitos. Tiene un altísimo nivel de detalle de cada uno. Incluye rubros tales como "teléfono", "otros medios de comunicación", "transporte" y "recursos financieros".
Cómo obtuvo Gendarmería esta información está bajo sospecha. Según la denuncia, la fuerza recurrió a "tareas de inteligencia ilegal"; por ejemplo, infiltrándose en marchas y cortes de ruta..
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Iconoclasta
Colaborador
No me acuerdo ahora al Jefe de la ARA que lo involucraron por espionaje de gente que estaba muuuy por debajo de el.
Minimo la deberian remover por inutil.
Con respecto a lo que tanto traes a colacion que no tiene nada que ver con el tema es algo logico que a mucha gente no le interese como a mi por ejemplo, es un caso de alcance local. El ministerio de seguridad y GN son de alcance nacional y nos afecta a todos los Argentinos.
En mi caso me cruso con GN casi todos los dias y minimo una vez por semana, no me hacen gracia este tipo de cosas.
Garre se quiere lavar las manos.
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