La Revolución pendiente del Ejército mexicano
-Tras un sexenio de lucha contra el 'narco', las Fuerzas Armadas han ganado poder y perdido imagen
-Centrados en la seguridad interna, los militares carecen de doctrina exterior
Luis Prados México 28 ABR 2012 - 23:52 CET
El presidente que salga de las urnas el 1 de julio se encontrará una patata caliente al poco de tomar posesión: cómo frenar la violencia y qué hacer con unas Fuerzas Armadas que mantienen desplegados más de 50.000 soldados, la mitad de su fuerza operativa, en la guerra contra el narcotráfico. En el sexenio que acaba, la institución ha ganado poder y perdido imagen, pero no se ha reformado para afrontar los nuevos tiempos.
La primera batalla de la guerra contra el crimen organizado es la de la imagen. Al riesgo de la corrupción —un general retirado acusado, condenado y exonerado de vínculos con el cartel de Juárez fue asesinado a tiros la semana pasada en un barrio céntrico del DF— se unen las acusaciones por violaciones de los derechos humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha acumulado centenares de denuncias contra el Ejército de las que este solo admite una mínima fracción. La más grave la realizó en noviembre Human Rights Watch al responsabilizar a las Fuerzas Armadas de 170 casos de tortura, 24 ejecuciones extrajudiciales y 39 desapariciones forzadas. Además, de 252 soldados implicados tan solo 19 han sido condenados, según cifras oficiales.
Las autoridades militares reconocen “errores” pero niegan rotundamente violaciones sistemáticas. “La guerra contra el narco supondrá un altísimo coste para el próximo presidente. ¿Cómo salir de esta desgracia?”, se pregunta Rubén Aguilar, ex portavoz del expresidente Vicente Fox (2000-2006) y muy crítico con el combate frontal contra los carteles lanzado por su sucesor, Felipe Calderón, que ha causado más de 47.000 muertos. “El mayor riesgo es que aparezcan vídeos mostrando abusos de soldados como los de EE UU en Irak o Afganistán”, afirma. “Ha habido accidentes pero no voluntad de violar los derechos humanos. Se ha mantenido el control de las tropas”, añade.
El Ejército ha hecho esfuerzos para minimizar estos peligros. “Para evitar la corrupción y que se politicen, los militares rotan mucho. Dos años es el tiempo habitual de estancia en un lugar. Un general puede haber servido en 15 Estados”, apunta Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) experto en temas militares. También, como dice el general Ricardo Trevilla, portavoz de la Secretaría de Defensa, “se ha fortalecido el espíritu de pertenencia, incrementando el salario del soldado un 100%, hasta los 10.000 pesos mensuales [unos 600 euros], y dándole más ventajas para viviendas y becas, lo que ha permitido reducir las deserciones”, que en estos seis años llegaron a los 56.000 casos.
Pese a todo, los militares gozan de amplio respaldo popular. Basta con preguntarle a un vecino de Veracruz o Nuevo León si quiere que se retiren los marinos y los soldados de sus ciudades para obtener el no más rotundo. Según una encuesta de julio de 2011 realizada por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, el 81% de los entrevistados aprobaba el trabajo que realiza la Marina y el 69%, el del Ejército, frente a solo el 40% que lograba la Policía Federal; el 31%, la estatal, o el 24%, los jueces. Un total de 130 soldados han muerto y medio millar resultado heridos en la lucha contra el narco.
Más presupuesto y más efectivos
Pero la implicación de los militares en la guerra contra el narco ante la incapacidad de los cuerpos de policía podría alterar su papel institucional. Así lo cree Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México y profesor del Colegio de la Defensa Nacional durante 30 años: “En las últimas décadas lo más impresionante es que las Fuerzas Armadas han adquirido un poder propio, con más presupuesto y más efectivos, frente al presidencialismo, que ya no existe. Quedan la élite técnico-financiera, la Corte Suprema y los militares como ejes del poder. Si Enrique Peña Nieto, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quiere restaurar el presidencialismo, habrá que ver cómo responden los militares”. El presupuesto militar se ha duplicado desde 2006 pasando de representar el 0,5% del PIB en 2007 al 0,7% en 2011.
Hijo de la Revolución y padre del Estado priista, el Ejército nunca fue golpista ni entrenado por EE UU. Sin embargo, explica Benítez, “siempre ha estado enfocado en la seguridad interna y carece de doctrina de guerra exterior”. El enemigo eran los movimientos sociales o políticos —los jóvenes del 68, los grupos guerrilleros en los setenta, el zapatismo en los noventa— y nunca hasta ahora las organizaciones criminales.
Con esa tradición, en México se establece, a diferencia de lo que ocurre en Sudamérica, una relación cívico-militar basada en la autonomía de las Fuerzas Armadas a cambio de su lealtad al presidente. Ejemplo de esa autonomía es que los generales aún hoy presentan una terna al jefe del Estado para que elija a uno de ellos como secretario de Defensa.
Sin embargo, este esquema amenaza con resquebrajarse. Por una parte, el auge del crimen organizado obligó a los militares a combatir un enemigo transnacional sin tener experiencia en cooperación internacional —el presidente Ernesto Zedillo fue el primero que desplegó tropas en el exterior, en Centroamérica, para proteger a las víctimas del huracán Mitch en 1998— y siendo casi tabú recibir ayuda de EE UU. Por otra, la era del presidencialismo autoritario acabó con la salida del PRI del poder en 2000.
Por estas razones muchos analistas e intelectuales consideran la reforma militar tan inaplazable como la fiscal o la energética, creen necesario dotarse de una doctrina de seguridad nacional y proponen un ministro civil de Defensa formando un Estado Mayor Conjunto del Ejército y la Marina, divididos actualmente en dos ministerios. Desde dentro, el general Trevilla afirma: “Nuestro pensamiento jamás va a ser el de policías y es difícil que participemos en misiones en el exterior con tantos problemas internos. Necesitamos una política de defensa que nos dé un rumbo”.
Salvo el candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, que ha prometido acuartelar a los militares en seis meses, ni Peña Nieto ni Josefina Vázquez Mota, por el Partido Acción Nacional (PAN), han concretado sus propuestas más allá de asegurar firmeza contra el crimen organizado. Y ninguno de los tres ha dicho una palabra sobre su visión de las Fuerzas Armadas o la participación de estas en la proyección exterior de México.
-Tras un sexenio de lucha contra el 'narco', las Fuerzas Armadas han ganado poder y perdido imagen
-Centrados en la seguridad interna, los militares carecen de doctrina exterior
Luis Prados México 28 ABR 2012 - 23:52 CET
El presidente que salga de las urnas el 1 de julio se encontrará una patata caliente al poco de tomar posesión: cómo frenar la violencia y qué hacer con unas Fuerzas Armadas que mantienen desplegados más de 50.000 soldados, la mitad de su fuerza operativa, en la guerra contra el narcotráfico. En el sexenio que acaba, la institución ha ganado poder y perdido imagen, pero no se ha reformado para afrontar los nuevos tiempos.
La primera batalla de la guerra contra el crimen organizado es la de la imagen. Al riesgo de la corrupción —un general retirado acusado, condenado y exonerado de vínculos con el cartel de Juárez fue asesinado a tiros la semana pasada en un barrio céntrico del DF— se unen las acusaciones por violaciones de los derechos humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha acumulado centenares de denuncias contra el Ejército de las que este solo admite una mínima fracción. La más grave la realizó en noviembre Human Rights Watch al responsabilizar a las Fuerzas Armadas de 170 casos de tortura, 24 ejecuciones extrajudiciales y 39 desapariciones forzadas. Además, de 252 soldados implicados tan solo 19 han sido condenados, según cifras oficiales.
Las autoridades militares reconocen “errores” pero niegan rotundamente violaciones sistemáticas. “La guerra contra el narco supondrá un altísimo coste para el próximo presidente. ¿Cómo salir de esta desgracia?”, se pregunta Rubén Aguilar, ex portavoz del expresidente Vicente Fox (2000-2006) y muy crítico con el combate frontal contra los carteles lanzado por su sucesor, Felipe Calderón, que ha causado más de 47.000 muertos. “El mayor riesgo es que aparezcan vídeos mostrando abusos de soldados como los de EE UU en Irak o Afganistán”, afirma. “Ha habido accidentes pero no voluntad de violar los derechos humanos. Se ha mantenido el control de las tropas”, añade.
El Ejército ha hecho esfuerzos para minimizar estos peligros. “Para evitar la corrupción y que se politicen, los militares rotan mucho. Dos años es el tiempo habitual de estancia en un lugar. Un general puede haber servido en 15 Estados”, apunta Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) experto en temas militares. También, como dice el general Ricardo Trevilla, portavoz de la Secretaría de Defensa, “se ha fortalecido el espíritu de pertenencia, incrementando el salario del soldado un 100%, hasta los 10.000 pesos mensuales [unos 600 euros], y dándole más ventajas para viviendas y becas, lo que ha permitido reducir las deserciones”, que en estos seis años llegaron a los 56.000 casos.
Pese a todo, los militares gozan de amplio respaldo popular. Basta con preguntarle a un vecino de Veracruz o Nuevo León si quiere que se retiren los marinos y los soldados de sus ciudades para obtener el no más rotundo. Según una encuesta de julio de 2011 realizada por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, el 81% de los entrevistados aprobaba el trabajo que realiza la Marina y el 69%, el del Ejército, frente a solo el 40% que lograba la Policía Federal; el 31%, la estatal, o el 24%, los jueces. Un total de 130 soldados han muerto y medio millar resultado heridos en la lucha contra el narco.
Más presupuesto y más efectivos
Pero la implicación de los militares en la guerra contra el narco ante la incapacidad de los cuerpos de policía podría alterar su papel institucional. Así lo cree Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México y profesor del Colegio de la Defensa Nacional durante 30 años: “En las últimas décadas lo más impresionante es que las Fuerzas Armadas han adquirido un poder propio, con más presupuesto y más efectivos, frente al presidencialismo, que ya no existe. Quedan la élite técnico-financiera, la Corte Suprema y los militares como ejes del poder. Si Enrique Peña Nieto, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quiere restaurar el presidencialismo, habrá que ver cómo responden los militares”. El presupuesto militar se ha duplicado desde 2006 pasando de representar el 0,5% del PIB en 2007 al 0,7% en 2011.
Hijo de la Revolución y padre del Estado priista, el Ejército nunca fue golpista ni entrenado por EE UU. Sin embargo, explica Benítez, “siempre ha estado enfocado en la seguridad interna y carece de doctrina de guerra exterior”. El enemigo eran los movimientos sociales o políticos —los jóvenes del 68, los grupos guerrilleros en los setenta, el zapatismo en los noventa— y nunca hasta ahora las organizaciones criminales.
Con esa tradición, en México se establece, a diferencia de lo que ocurre en Sudamérica, una relación cívico-militar basada en la autonomía de las Fuerzas Armadas a cambio de su lealtad al presidente. Ejemplo de esa autonomía es que los generales aún hoy presentan una terna al jefe del Estado para que elija a uno de ellos como secretario de Defensa.
Sin embargo, este esquema amenaza con resquebrajarse. Por una parte, el auge del crimen organizado obligó a los militares a combatir un enemigo transnacional sin tener experiencia en cooperación internacional —el presidente Ernesto Zedillo fue el primero que desplegó tropas en el exterior, en Centroamérica, para proteger a las víctimas del huracán Mitch en 1998— y siendo casi tabú recibir ayuda de EE UU. Por otra, la era del presidencialismo autoritario acabó con la salida del PRI del poder en 2000.
Por estas razones muchos analistas e intelectuales consideran la reforma militar tan inaplazable como la fiscal o la energética, creen necesario dotarse de una doctrina de seguridad nacional y proponen un ministro civil de Defensa formando un Estado Mayor Conjunto del Ejército y la Marina, divididos actualmente en dos ministerios. Desde dentro, el general Trevilla afirma: “Nuestro pensamiento jamás va a ser el de policías y es difícil que participemos en misiones en el exterior con tantos problemas internos. Necesitamos una política de defensa que nos dé un rumbo”.
Salvo el candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, que ha prometido acuartelar a los militares en seis meses, ni Peña Nieto ni Josefina Vázquez Mota, por el Partido Acción Nacional (PAN), han concretado sus propuestas más allá de asegurar firmeza contra el crimen organizado. Y ninguno de los tres ha dicho una palabra sobre su visión de las Fuerzas Armadas o la participación de estas en la proyección exterior de México.
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