La purga en Turquía ya afecta a 60.000 personas
262 jueces y fiscales militares han sido suspendidos y 99 generales están procesados
Andrés Mourenza
Estambul
20 JUL 2016 - 21:23 CEST
En medio de
una purga que ya afecta a más de 60.000 personas, el Gobierno turco prepara medidas extraordinarias para controlar la situación tras el fallido intento de golpe de Estado, y para garantizar la estabilidad económica. Según el analista Abdulkadir Selvi, cercano a los islamistas turcos, la instauración del estado de excepción “al menos en varias provincias” fue tratado durante una larga reunión del Consejo de Seguridad Nacional, presidida por el presidente
Recep Tayyip Erdogan.
Militares turcos detenidos, este miércoles a su llegada a un juzgado en Estambul. BULENT KILIC AFP
En la reunión participaron varios ministros y los comandantes de los diversos cuerpos de las Fuerzas Armadas y la Gendarmería. Tras esa cita, se celebró un Consejo de Ministros convocado —bajo la presidencia de Erdogan, no del primer ministro,
Binali Yildirim— con un único punto en el orden del día: evaluar la situación en el país tras la fracasada sublevación militar.
De los 118 generales y almirantes detenidos —cerca de un tercio del total que hay en Turquía—, la mayoría ya ha declarado ante los fiscales que instruyen la causa sobre el intento golpista. Solo tres han sido puestos en libertad, mientras que a 99 se les ha enviado a prisión preventiva bajo los cargos de “subvertir el orden constitucional” e “intento de asesinato del presidente”, entre otros.
Uno de los militares que ha pasado a disposición judicial, el teniente coronel Levent Turkkan, ayudante de campo del Estado Mayor, ha reconocido su participación en
el golpe —aunque aseguró que posteriormente se “arrepintió” al ver que se disparaba contra civiles desarmados— y su adscripción a la comunidad que dirige el clérigo Fetulá Gülen. Turkkan, que en fotos publicadas por el diario Hürriyet aparece cubierto de moratones, aseguró que otros altos mandos oficiales sublevados también pertenecían a la red gülenista y explicó que parte del fracaso del
golpe se debió a que no lograron convencer al jefe de las Fuerzas Armadas, el general Hulusi Akar, de unirse al complot.
Por otro lado, las purgas iniciadas en la Administración del Estado continuaron en varios ministerios y con especial hincapié en el sector de la educación: 6.538 maestros fueron suspendidos de su empleo, con lo que el número de funcionarios cesados, despedidos y apartados de sus cargos desde el sábado se acerca ya a los 60.000, a los que hay que añadir unos 8.000 detenidos por implicación directa en el alzamiento, en su mayoría militares.
Además, a los profesores y empleados de las universidades se les prohibió salir al extranjero y se exigió a los que participan en intercambios fuera de
Turquía que regresen de inmediato. Según una fuente del Gobierno consultada por este diario, tanto las suspensiones como la prohibición de viaje son “medidas temporales para facilitar la investigación” de lo sucedido y evitar que los implicados escapen del país. “Las universidades han sido siempre muy importantes para las juntas militares en Turquía y se cree que ciertos individuos estaban en contacto con células de los militares”, añadió la fuente.
Alarma
Las organizaciones de derechos humanos y hasta
la ONU han mostrado su “alarma” por lo que está ocurriendo en Turquía y exigen que se respeten los procedimientos legales en la investigación sobre el golpe. Una de las últimas víctimas ha sido la revista satírica Leman, cuyo número especial sobre el golpe de Estado fue secuestrado por la policía antes de salir de imprenta.
La agencia crediticia Standard & Poor’s anunció también que rebaja la nota crediticia de Turquía de BB+ a BB con perspectiva negativa, mientras las dos otras grandes agencias de calificación, Fitch y Moody’s, valoran qué decisión tomar. La Bolsa de Estambul se ha desplomado a medida que avanzaba la semana y la lira ha caído a mínimos no vistos desde hace un año. Con todo, el ministro de Finanzas, Mehmet Simsek, ha excluido que se vayan a imponer “controles de capitales”.
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/20/actualidad/1469030085_050624.html