Colombia y Nicaragua, un conflicto limítrofe que lleva 30 años

Caballero Negro

Colaborador
Que tal Caballero Negro supongo que tu apoyo a no acatar el fallo de la Haya es bastante probable . Dejame decirte amigo que lo mejor a mediano plazo es que tu país acepte el fallo . No solo son los dimes y diretes donde participan todos en ambos países además el desgaste diplomático creeme se hace insoportable que le vaya bien

Este tema lo ha manejado el gobierno de una forma muy curiosa. Si ud mira las declaraciones que abundan en youtube o cualquier página de internet de la Cancillería y el Presidente de la República, observará que siempre han hablado de acatar el fallo, obviamente no pueden hablar de desacato si tenemos en cuenta que en curso hay otro proceso por la plataforma continental extendida que solicita Nicaragua ante el mismo tribunal.

La tesis que defiende el gobierno y que causa malestar en importantes sectores políticos que defienden tomar una decisión absoluta (el Desacato), es que el fallo se acata pero no se aplica, el gobierno dice que el fallo en la práctica no es aplicable porque afecta sensiblemente la reserva Sea Flower declarada por la UNESCO patrimonio de la humanidad, y porque afecta los derechos de pesca de la comunidad raizal Colombiana del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina. Si la gente de las Islas vive del turismo y la pesca y le quitan el mar en el que pescan pues el perjuicio es grande, si el gobierno permite que otro País tome posesión de ese mar en perjuicio de las comunidades que por generaciones han vivido de eso, pues el golpe político sería desastrozo.

Además, para más INRI, las fronteras de Colombia según la Constitución solo pueden ser alteradas por un tratado de derecho internacional suscrito entre Estados y ratificado por el Congreso de la República, es decir, senado y Cámara de representantes. Así las cosas, por un lado, no hay tratado entre los dos Países para definir la nueva frontera, y Colombia no se va a sentar y dará mil dilaciones a eso. Y por el otro, no creo que haya ningún Congresista en Colombia que vote favorablemente que le quiten 75.000 km cuadrados de mar a su patria y eso no signifique su muerte política.

En la práctica, la Armada sigue custodiando el paralelo 82 que es la línea divisoria de los dos Países según el tratado Esguerra-Bárcenas, que Nicaragua no reconoce. Lo que yo critico es la postura irresoluta del gobierno, sin definiciones, porque ni hace las diligencias para poder integrar el fallo al ordenamiento jurídico Colombiano, ni tampoco desacata el fallosi esa es su intención.

Los argumentos que esgrime para no aplicar el fallo no son absolutos sino relativos, o sea, que que son problemas de trámite interno, que son los derechos de pesca, que es el cuidado de la reserva Sea Flower. O que de una buena vez diga que ese fallo es inconveniente, es antijurídico, es sumamente lesivo, lo que serían razones absolutas para desacatar.
 

Caballero Negro

Colaborador
Nuevamente Colombia presente en La Haya: escenarios posibles ante la justicia internacional

Llegó la hora de la lectura de la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia sobre los dos casos que nos enfrentan con Nicaragua en este tribunal. Es importante tener claridad sobre los diferentes escenarios que se pueden plantear con relación al sentido que puedan llegar a tener las decisiones.

En primer lugar es necesario saber qué es lo que se va a decidir. En este sentido, el próximo jueves 17 de marzo la Corte va a determinar si es, o no, competente para conocer de las demandas presentadas por el gobierno nicaragüense. Es decir, que no va a tomar ninguna decisión de fondo en esta ocasión, razón por lo que no es exacto afirmar, como lo han hecho varios actores políticos en diferentes medios, que la Corte Internacional de Justicia “nuevamente” nos va a quitar más mar. No, reitero que su decisión se centrará en si puede conocer del caso.

En este sentido, hay tres opciones con relación a los dos casos:

1- Que decida que no es competente para conocer de ninguno de los dos litigios.

Sin lugar a dudas este es el mejor escenario para Colombia, aunque el más remoto a mi modo de ver. Si esto llega a suceder será como consecuencia de que la Corte aceptó la interpretación planteada por el equipo jurídico colombiano sobre el carácter inmediato del retiro de Colombia del Pacto de Bogotá. Jurídicamente hablando es difícil que la Corte acepte este argumento, pero no imposible.

2- Que decida que es competente en uno de los casos y en el otro no.

Esta hipótesis tiene a su vez dos opciones. En primer lugar, si la Corte declara que no es competente en el caso relativo al incumplimiento de la sentencia del año 2012, lo hará argumentando que no es el foro adecuado, es decir que no le corresponde a la Corte supervisar el cumplimiento de sus decisiones y, en la medida que, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, ese rol le corresponde al Consejo de Seguridad. Sin embargo, en la medida que la competencia de los casos se ha dado bajo la perspectiva del Pacto de Bogotá habría que acudir primero a la OEA de acuerdo con el artículo 50 del Pacto. En este caso, la Corte estaría dando por terminado el asunto sobre incumplimiento y Nicaragua debería acudir a la OEA y posteriormente a la ONU, para que sean estos organismos los que determinen si realmente hay un incumplimiento por parte de Colombia.

En segundo lugar, la Corte puede decir que no es competente con relación al caso relativo a la Plataforma Continental extendida. La Corte estaría aceptando la argumentación colombiana relativa a que hay cosa juzgada sobre el tema en la medida que, en la sentencia del 19 de noviembre del año 2012, ya delimitó todos los espacios marítimos entre Nicaragua y Colombia. Bajo esta perspectiva, Nicaragua habría perdido cualquier opción de pedir mayores espacios marítimos en el Mar Caribe y quedaríamos solamente frente a un proceso sobre el incumplimiento de la sentencia de 2012, cuyo análisis en el fondo no representaría mayores efectos negativos para el Estado colombiano, en la medida que lo que en el fondo hay es una decisión de un tribunal internacional cuya implementación nunca es fácil.

Ahora bien, considero que esta última es la opción más probable y que este escenario sería un gran triunfo para Colombia en la Corte, esperemos que así sea.

3- Que decida que es competente para conocer de los dos casos.

Este sería el peor escenario para Colombia y, la verdad, no es grave. Lo único que haría la Corte es decir que puede conocer de los casos sobre el fondo del asunto. Si llegamos a esta etapa procesal y estamos defendiendo los derechos de Colombia a la luz del derecho internacional, estoy convencido de que tenemos todos los argumentos para ganar los procesos y demostrar así que las pretensiones nicaragüenses no tienen sentido alguno.

Por lo pronto, tenemos que esperar a que se pronuncie la Corte este jueves.

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/nuevamente-colombia-presente-haya-escenarios-posibles-j-articulo-622257 ;
 

Caballero Negro

Colaborador
El fallo que Colombia no ha cumplido
Hoy la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronuncia acerca de su competencia para conocer y fallar sobre dos demandas interpuestas por Managua contra Bogotá, posteriores a la sentencia del 19 de noviembre de 2012.


El 19 de noviembre de 2012 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una sentencia que aún genera apasionados debates entre los colombianos. Por un lado, los que se sienten ultrajados porque la Corte “despojó” al país de una porción de mar que, dicen, le pertenecía a Colombia hasta el meridiano 82. Por el otro lado, los que en consonancia con el fallo de excepciones preliminares emitido por la misma CIJ en 2007, consideran que ese meridiano nunca fue el límite marítimo entre Colombia y Nicaragua y que esa sentencia definitiva e inapelable está pendiente de ser cumplida.

En medio de esa discusión y bajo una creciente presión política, el Gobierno de Juan Manuel Santos, que en principio también rechazó la sentencia de 2012 y se declaró indignado con la CIJ, encontró la manera para comunicarles al país y a la Corte Internacional que sí acepta el fallo, pero sólo lo puede implementar mediante un tratado firmado entre Bogotá y Managua. La sentencia C-269 del 2 de mayo de 2014 de la Corte Constitucional proporcionó dicho argumento. Esa sentencia recuerda que la Constitución, en el artículo 101, obliga a que la “modificación” de cualquier límite debe hacerse mediante un tratado aprobado por el Congreso y debidamente ratificado por el presidente.

Esa sentencia le evitó al Gobierno el costo político de implementar un fallo desfavorable para Colombia, pero al mismo tiempo abrió espacio para dos nuevas demandas presentadas por Managua contra Bogotá ante la CIJ. En la primera, del 16 de septiembre de 2013, Nicaragua pide una delimitación de su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. En la segunda, del 26 de noviembre de 2013, Nicaragua pide que la Corte obligue a Colombia a acatar la sentencia de 2012, alega que Colombia no ha cumplido dicha decisión, ha amenazado con el uso de la fuerza en aguas nicaragüenses y ha vulnerado los derechos de los nicaragüenses sobre las aguas que la CIJ les entregó. Este jueves, la CIJ emite un fallo de excepciones preliminares en el que decide si es competente o no para conocer y fallar sobre estas dos nuevas demandas.

Hay una sutileza respecto a la sentencia C-269 de la Corte Constitucional colombiana: la CIJ no “modificó” el límite marítimo entre Colombia y Nicaragua, pues, como la propia CIJ explicó en su sentencia de excepciones preliminares de 2007, tal límite no existía previamente. El meridiano 82 se consideró una línea divisoria de soberanías territoriales, no una frontera marítima –dos conceptos muy distintos en el Derecho del Mar–. El Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, en el que se menciona el meridiano 82 en su acta de canje de 1930, no fue considerado por la CIJ un tratado de fronteras marítimas. Entonces, por lo menos para la CIJ, resulta imposible decir que esa misma corte haya “modificado” las fronteras. Más bien, en el fallo de 2012 dicho tribunal estableció las fronteras marítimas antes inexistentes entre ambos países, entregando a Nicaragua una importante porción de mar al oriente del meridiano 82 y dejando dos cayos colombianos (Quitasueño y Serrana) enclavados en aguas nicaragüenses.

En su sentencia C-269, la Corte Constitucional colombiana aborda el problema de la “modificación”, al interpretar que el artículo 101 de la Constitución también aplica cuando se pretenda “fijar un límite no establecido previamente”. Es decir, la regla sobre modificación de límites aplica también cuando no se están modificando límites, sino cuando se están estableciendo límites no preexistentes. No son pocos los juristas, colombianos y nicaragüenses, que consideran este un artilugio fuera de toda lógica. Desde la perspectiva del derecho internacional, un estado no puede invocar el derecho interno, sea la Constitución o cualquier otra fuente, para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Bien o mal, en medio del manido debate sobre la superioridad del derecho internacional sobre el interno (que no es el tema de esta nota), esto le ha permitido al Gobierno colombiano pasar más de tres años sin acatar el fallo del 19 de noviembre de 2012 y así podría seguir hasta firmar un tratado con Managua. Aunque Nicaragua y Colombia han manifestado su voluntad de negociar en repetidas ocasiones, hasta ahora no se conoce una agenda para este propósito. Y aun cuando se negocie dicho tratado, su aprobación en el Congreso colombiano no está garantizada.

Otra pregunta válida es: ¿qué va a negociar Nicaragua? En contra de lo que piensan muchos colombianos, el gobierno de Daniel Ortega se sintió en principio perdedor con el fallo de 2012, pues todas sus peticiones fueron negadas. En septiembre del año pasado, Carlos Argüello, agente nicaragüense ante la CIJ, dijo al comenzar una de sus intervenciones en las audiencias orales ante la Corte que con el fallo de 2012 “Colombia ganó”. No es muy probable que Nicaragua quiera sentarse a negociar sobre lo poco que le entregó la Corte, a la luz de lo mucho que le había pedido. El camino hacia cualquier tratado luce bastante intrincado.

Además de argumentar que no es necesario un tratado bilateral para implementar un fallo de la CIJ, Nicaragua presentó su demanda sobre el incumplimiento del fallo de 2012 con base en otra acción del gobierno colombiano, muy cuestionada adentro y afuera del país. Mediante el decreto 1946 del 9 de septiembre de 2013 estableció una Zona Contigua Integral bajo control de las autoridades colombianas en aguas que, como alegan los nicaragüenses, fueron otorgadas a Nicaragua por la CIJ. Esto no es muy distinto a lo que hizo en junio del año pasado Venezuela con el decreto 1787, que establecía Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular en un área disputada con Colombia en el Golfo de Coquivacoa. Ante esto, recordemos, Bogotá respondió con una nota de protesta exigiendo que se corrigieran las coordenadas de dicha zona y el gobierno venezolano rectificó.

Otro argumento presentado por Nicaragua radica en la presencia de la Armada Nacional hasta el meridiano 82 y en supuestas amenazas de uso de la fuerza por parte de Colombia en áreas que fueron entregadas a ese país por la CIJ en el fallo de 2012. Sobre este particular, la defensa nicaragüense ha dicho que optó por no generar una confrontación y, en cambio, acudir nuevamente a la CIJ. En contra de esto, Colombia alegó que altos funcionarios colombianos y nicaragüenses han opinado que los medios diplomáticos son el camino para manejar los asuntos en el mar Caribe, y que no existe una nota de protesta formal por parte de Managua sobre el uso de la fuerza, ni sobre el establecimiento de la zona contigua.

No es posible adivinar si este jueves la Corte Internacional de Justicia se declarará competente para fallar sobre esta demanda de incumplimiento del fallo de 2012, ni sobre la demanda en la que Nicaragua pide una plataforma continental extendida. Colombia expuso ante la CIJ varias razones por las cuales podría declararse no competente; entre estas, que la denuncia del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), realizada el 27 de noviembre de 2012, tuvo un efecto “inmediato”, por lo que a partir de esa fecha la CIJ no podía conocer nuevas demandas contra Colombia.

En el momento en que usted lee este artículo, probablemente ya se habrá conocido la decisión de la CIJ sobre sus competencias. En todo caso, aquel fallo del 19 de noviembre de 2012 seguirá pendiente de implementación. Y aun cuando la Corte Internacional se declare no competente para conocer de ambas demandas nicaragüenses, lo cual sería el mejor escenario para Colombia, la pregunta que surge es: si bien el Gobierno Nacional ha ganado tiempo con la sentencia de la Corte Constitucional, ¿no le ha salido esto política y jurídicamente más costoso?

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/el-fallo-colombia-no-ha-cumplido-articulo-622535
 

Caballero Negro

Colaborador
No nos pudo ir peor en la vida hoy, todas las excepciones previas presentadas por Colombia fueron rechazadas y por goleada en el conjunto de los Jueces de la Corte Internacional de Justicia en las dos demandas interpuestas por Nicaragua contra Colombia, casi todos negaron las peticiones de Colombia para que se declararan incompetentes.

Ahora toca esperar algunos años mientras estudian el fondo de los dos asuntos, en donde en el peor de los casos nos va a tocar indemnizar a Nicaragua y, nos pueden quitar una porción enorme de la plataforma continental, que son los derechos de explotar y/o usar los recursos del suelo y subsuelo marino. Ahora que se trabe el juicio propiamente dicho esperemos que Colombia sí haga valer todos los argumentos y pruebas que tenga a su alcance de manera diligente.

No como en el pasado Juicio en donde salieron mil argumentos, pruebas y razones de hecho y de derecho cuando ya se había proferido sentencia y no era el estadio procesal para hacerlo.
 

Caballero Negro

Colaborador
Les comento que el presidente acaba de salir por televisión a decir que Colombia no comparecerá más ante ese tribunal porque la providencia que hoy fue proferida es antijurídica y que la CIJ puede palabras más palabras menos decir lo que quiera que las fronteras de Colombia solo se modifican con un tratado ratificado por el Congreso y sancionado por el presidente. De hecho la sentencia del 2012 fue antijurídica también porque afectó derechos de terceros países sobre el área marítima cedida a Nicaragua y perturbó la integridad y salvaguarda jurídica que existía sobre la reserva "Sea flower" que es patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Ese solo hecho es sorpresivo e impensable a la luz del derecho internacional.

Además cercenó de tajo el modo de vida de los pescadores artesanales y la cosmovisión que estos tienen con el mar, inobservó el hecho de que Colombia siempre ha controlado las Islas y el mar. Allí siempre han regido las leyes Colombianas y Nicaragua no tiene como hacer lo mismo.

Colombia es quien ha hecho control sobre la pesca, el contrabando, el narcotráfico y hemos hecho estudios sobre el ecosistema marino, cartográficos, de suelos y subsuelos.

A mi no me cabe en la cabeza que se hayan declarado competentes en el tema de la plataforma continental extendida cuando Colombia no suscribió el susodicho tratado "Convención sobre el Derecho del Mar", por lo que la Corte no puede aplicarle a Colombia unas reglas que no reconoce pues nunca se adhirió por considerarlas inconvenientes. Además ese pedido (Plataforma Continental Extendida) ya fue resuelto en la sentencia del 2012 por lo que hay cosa Juzgada.

Esa Corte no debería gozar de la más mínima confianza para las Instituciones Colombianas, son unos chambones que se visten con togas. Ojalá no sigamos con esta candidez infantil, porque esa Corte se mueve por motivaciones económicas y políticas, así de sencillo.
 

Caballero Negro

Colaborador
Declaración del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre decisiones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya

La Corte Internacional de Justicia acaba de hacer públicas las decisiones sobre su competencia para conocer de dos nuevas demandas presentadas por Nicaragua contra Colombia en el año 2013, a pesar de que Colombia se retiró definitivamente de la jurisdicción de la Corte en noviembre de 2012.

Por una parte, Nicaragua pidió a este tribunal que declarara a nuestro país responsable de haber incumplido el fallo del año 2012, y de haber amenazado con el uso de la fuerza.

La Corte se declaró competente, NO para verificar si Colombia está incumpliendo el fallo de 2012 –como pretendía Nicaragua–, sino sólo si había desconocido los derechos de Nicaragua, a la luz del derecho consuetudinario.

Y reconoció que la presencia de Colombia en las aguas internacionales NO significaba una amenaza del uso de la fuerza.

Por otra parte, en su segunda demanda, Nicaragua solicitó extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, hasta llegar a las proximidades de nuestra propia costa continental en el Caribe.

Esta es una pretensión que ya había planteado antes a la Corte, y que este tribunal había negado en su fallo del año 2012.

Es decir, ese tema ya era cosa juzgada.

Con base en esto, Colombia se opuso de manera tajante a esta pretensión nicaragüense, pues la Corte NO podía volver a conocer de un tema sobre el cual ya había fallado.

No obstante, el tribunal internacional –en un empate pocas veces visto en la Corte– se declaró competente para tramitar esta demanda.

En este pronunciamiento –que es de forma– la Corte de La Haya ha incurrido en unas contradicciones de fondo:

Primero, no respetó su propia sentencia del año 2012.

Segundo, desconoció su Estatuto, que le indica que no puede reabrir un caso ya cerrado.

Y tercero, pretende aplicar a Colombia un tratado del que NO hacemos parte, como es la Convención del Mar.

Por lo mismo –y frente a tales contradicciones–, he decidido que Colombia NO seguirá compareciendo, en este asunto, ante la Corte Internacional de Justicia.

He tomado esta determinación luego de un profundo análisis y diálogo con los expertos que hacen parte del equipo de defensa de Colombia, y luego de haber escuchado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y a los sectores políticos.

Tenemos claro que –cualquiera que sea el resultado final– los límites marítimos de nuestro país sólo pueden ser establecidos o modificados mediante un tratado internacional, como lo dispone el Artículo 101 de nuestra Constitución, y como lo ha dicho nuestra Corte Constitucional en reiteradas ocasiones.

Los temas bilaterales entre Nicaragua y Colombia NO van a seguir sujetos a la decisión de un tercero y deberán abordarse mediante negociaciones directas entre las partes, de conformidad con el derecho internacional.

Colombia respeta el derecho, pero exige también respeto al derecho, y eso es lo que NO ha ocurrido hoy.´

Los colombianos pueden estar tranquilos de que Colombia preservará hasta el último centímetro de nuestro territorio.

Invito a los colombianos –a todos sin excepción, de todos los sectores políticos y ciudadanos– a unirnos y hacer un frente común, firme, inquebrantable, para proteger los más altos intereses de Colombia en nuestro mar Caribe.

http://es.presidencia.gov.co/discursos/Declaracion-del-Presidente-de-Colombia-Juan-Manuel-Santos-sobre-decisiones-de-la-Corte-Internacional-de-Justicia-de-La-Haya ;
 

Sebastian

Colaborador
Realpolitik

Colombia enfrentó esta semana una dura decisión por parte de la Corte de La Haya


Diana Calderón
18 MAR 2016 - 20:40 CET
Colombia enfrentó esta semana una de las más duras decisiones por parte de un tribunal internacional, la Corte de La Haya, a pesar de haber alegado que habíamos salido de esa jurisdicción con la renuncia al conocido Pacto de Bogotá en 2013. Nicaragua ganó un nuevo round en sus pretensiones en el Caribe de la mano de unos jueces cuya incoherencia debe ser analizada a fondo.

Se esperaba que esa Corte dijera que no era competente para conocer de un supuesto incumplimiento de Colombia a una sentencia que en 2012 nos quitó 70 mil kilómetros de mar en el archipiélago de San Andrés y Providencia, y que tampoco lo fuera para estudiar la nueva pretensión de Nicaragua, que entiéndase bien, quiere extender su plataforma continental más allá de las 200 millas que le reconoció el fallo del 19 de noviembre de 2012.

Pero no. La Corte de Justicia de la Haya se declaró competente en los dos casos y lo hizo en contravía de sus estatutos que plantean que no puede reabrirse un caso ya cerrado, y menos aún aplicarle a Colombia un tratado al que no pertenecemos ni hemos suscrito, como es el de la Convención de Límites marítimos de Naciones Unidas.

Pero en buena hora una situación como esta nos puso ante la paradoja de ver a un país unido. El presidente Santos dijo que Colombia no comparecerá más ante esa Corte y recibió el apoyo de todos los sectores políticos en cabeza de los expresidentes Cesar Gaviria y Alvaro Uribe. Sí de Alvaro Uribe, su principal opositor que ha dicho que es mejor 100 años de tensiones diplomáticas a ceder un centímetro de la patria.

Santos dijo que Colombia va a defender su soberanía hasta la muerte y su canciller María Angela Holguín advirtió que la Corte respondió con argumentos débiles un trabajo serio, jurídico y concienzudo.

Qué viene ahora, es lo que estamos obligados a analizar pues la decisión de la Corte, que no fue creada para modificar acuerdos entre los países, es preservar por ejemplo el orden público internacional y con esto ha creado una situación muy riesgosa en el Caribe. Lo ha advertido el ex presidente Gaviria, puede terminar por ampliarse para resolver y atender grandes intereses en Asia.

Menciona por ejemplo el viceministro de justicia y analista Miguel Ceballos, autor con el ex canciller Noemí Sanín, del libro la “Llegada del Dragón”, las islas que China construye entre Filipinas y Vietnam y hace propuestas de fondo para entrar en el escenario de las soluciones. Dice Ceballos que Colombia debe proponer la reforma a los estatutos de la Corte para garantizar a futuro por ejemplo la participación activa de los afectados, de las víctimas de sus decisiones. Y este punto sí que ha sido un reclamo válido de la población.

Howard Bush-Howard, raizal doctorado en Inglaterra en Relaciones internacionales, defensor de los derechos de su comunidad, es quizá una de las voces a las que debe escuchar el gobierno colombiano en este momento. Él reconoce la pertinencia de la decisión de no seguir compareciendo ante la CIJ a pesar de los riesgos diplomáticos y de la presión que puedan ejercer países de la región, pero sobre todo reconoce que Nicaragua se va a sentir más fuerte y puede incrementar sus hostigamientos militares y por ejemplo entrar a pescar en las zonas de Quitasueño y Serranilla como ya lo viene haciendo.

Para negociar un tratado o acuerdo de límites con Nicaragua, de ser esa la decisión, hay unos mínimos que exige el analista Hector Riveros y es que solo nos sentaremos cuando Nicaragua acepte las normas que reconocemos en esas materias. Entre tanto, se pondría proponer la creación de zonas comunes para la pesca y el medio ambiente. El senador Ivan Duque del Centro Democrático incluye mecanismos de tránsito y uso.

Otras voces advierten que la decisión de no aceptar el ordenamiento jurídico internacional tiene implicaciones muy delicadas porque podría significar que el país reconoce las competencias de los tribunales según su conveniencia. Es posible que en los próximos años tengamos que atender alguna consecuencia de esta medida, pero siempre será menor esa que habernos entregado, que seguir perdiendo territorio. Ojalá los partidos, las cortes y los gremios sigan cerrando filas en torno al Gobierno y su defensa de la soberanía y la dignidad de la nación.

Muchas naciones en el mundo entre las que están Estados Unidos, Francia, Argentina han decidido no acatar fallos de la CIJ y, como ellos, Colombia también puede acudir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es realpolitik.

* Diana Calderón, es directora de informativos y de Hora 20 de Caracol Radio, Colombia @Dianacalderonf
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/18/colombia/1458329956_415526.html
 

Sebastian

Colaborador
Nicaragua “agradece a Dios y a la Virgen” la decisión de La Haya

El ejecutivo de Daniel Ortega exige que Colombia acate las decisiones de la Corte Internacional sobre el litigio territorial


Carlos Salinas
Managua 18 MAR 2016 - 21:10 CET

El presidente colombiano Santos calificó de injuriosa la decisión de la CIJ. Cesar Carrión EFE
El Gobierno de Nicaragua celebró este viernes la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, de declararse competente para juzgar dos demandas interpuestas por el Gobierno de Managua contra Colombia, país al que acusa de violar las zonas marítimas ya delimitadas por la CIJ en 2012, decisión que tensó aún más las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Nicaragua también pide a la Corte que falle sobre su reclamo de ampliar su plataforma continental en el mar Caribe, petición que fue acogida por los jueces del alto tribunal de Naciones Unidas. “¡Cuánto agradecemos a Dios por esa enorme victoria de Nicaragua en La Haya!”, dijo Rosario Murillo, primera dama nicaragüense y portavoz del gobierno sandinista que encabeza el exguerrillero Daniel Ortega. “Nuestro agradecimiento a Dios y a nuestra Madre María, para nosotros los católicos, por esas bendiciones y esa protección que hay sobre nuestro país”, dijo Murillo.

En un comunicado oficial el Gobierno de Ortega dijo que “toma esta oportunidad para reafirmar su firme compromiso con el Estado de Derecho a nivel internacional y la solución pacífica de las controversias entre los Estados”. En la nota el Ejecutivo sandinista afirma que este país centroamericano ha mantenido una “reiterada presencia” en el tribunal internacional, al que ha acudido desde 1984 para dirimir controversias territoriales con sus vecinos Costa Rica, Honduras y Colombia.

“Por esta razón, Nicaragua siempre ha esperado reciprocidad, en este sentido, de los demás Estados partes en una controversia que ha sido sometida a decisión de la Corte Internacional de Justicia, cuyos Fallos son inapelables y de ineludible cumplimiento”, se lee en el documento oficial.

Carlos Argüello, representante de Nicaragua ante la CIJ, dijo que la decisión de la Corte es “una victoria total para Nicaragua”, que manda “un mensaje claro: que las Sentencias de la Corte tienen que respetarse. ¡Y punto!”

“Espero que esto de alguna manera haga comprender a los colombianos que cuando la Corte falla algo es para cumplirse”, agregó el diplomático.

La noticia de la Corte se da cuatro meses después de que esa misma institución fallara contra Nicaragua en otra disputa limítrofe, esa vez con Costa Rica. En diciembre pasado los jueces de la CIJ reconocieron la soberanía costarricense en un pantanoso territorio fronterizo, determinaron que Managua violó la soberanía de su vecino con presencia militar y su derecho de navegación sobre el Río San Juan. Ese fallo estableció que Nicaragua debe indemnizar a Costa Rica por el daño ambiental causado por trabajos de dragado que en la zona fronteriza. Ortega dijo que aceptaba el fallo y que acataría la sentencia de la Corte.

La nueva decisión de la CIJ llega en un momento de incertidumbre política en Nicaragua, país que celebrará elecciones presidenciales en noviembre próximo. Hasta el momento el tribunal electoral no ha convocado a las elecciones y hay especulaciones sobre una supuesta crisis a lo interno del Frente Sandinista —el partido gobernante— en relación a si el presidente Ortega correrá nuevamente como candidato presidencial —sería su tercer periodo electoral continúo tras su regreso al poder en 2007— o si nombrará a otra persona, entre ellas a la primera dama Murillo, que —según fuentes del sandinismo— tiene aspiraciones presidenciales. “Ella es más inteligente que Ortega. Ella debería ser la candidata presidencial”, dijo recientemente la escritora Gioconda Belli a la revista Cotrapoder, de Guatemala.

Además, la más reciente encuesta de la firma Cid Gallup muestra un deterioro en la imagen del Presidente de parte de los nicaragüenses. De acuerdo con esos resultados, Ortega tiene un 57% de opinión favorable, 20% menos que en 2014, cuando las opiniones positivas alcanzaban el 77%. Murillo, por su parte, tiene una opinión favorable mayor a la del Presidente, con un 62%.
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/18/america/1458323792_576016.html
 

Caballero Negro

Colaborador
Entrevista a César Gaviria:

¿Nosotros alegamos que no se nos podía aplicar una convención que no nos cobija porque no la hemos suscrito?

Pues claro que sí. Lo que pasa es que la Corte está buscando subterfugios. De hecho, no es que hayan dicho que nos van a aplicar la Convención del Mar sino el derecho consuetudinario, y dan a entender que la Convención del Mar es parte de ese derecho consuetudinario, lo cual es nuevo porque la Corte no lo había dicho antes y es muy difícil de comprender. La Corte nos tiene de conejillo de Indias. Está tratando de autootorgarse facultades que hasta ahora no tenía y que no han sido de la Corte, y hemos terminado siendo víctimas de ese intento, cosa absolutamente inaceptable. Es muy difícil entender que la Corte Internacional de Justicia produzca sentencias tan contrarias al derecho internacional, a su propia tradición, a su propio reglamento.

¿Y por qué nos iba a ***** de conejillo de Indias?

Porque hay en otros continentes problemas de delimitación mucho más serios y complejos, y está buscando la manera de meterse en ellos, como se metió entre Colombia y Nicaragua. A nosotros nos demandaron ante la Corte, y se suponía que ella actuaba por petición de las partes. En este caso actuó solo por petición de Nicaragua. Desde allí empezó a atropellar los derechos de Colombia y nosotros, a confiar en que era un organismo ecuánime y confiable. La administración Pastrana tomó la decisión correcta de defendernos de una demanda en la que Nicaragua pretendía quedarse con San Andrés y Providencia. Hay internacionalistas que dicen que fue un error, yo no lo apreció así.

http://www.eltiempo.com/politica/pa...a-sobre-el-pronunciamiento-de-la-cij/16542946
 

Caballero Negro

Colaborador
El gran canal de Nicaragua podría dañar para siempre el mar
Por Cristina Castro, Editora De SEMANA*
Colombia sostiene ante la Corte IDH que la megaobra que piensa construir el presidente Ortega tiene consecuencias ambientales nefastas y pidió una opinión consultiva a ese organismo. ¿Qué significa?

El litigio entre Colombia y Nicaragua tendrá un nuevo frente de batalla. Hace unos meses, en la más absoluta reserva, la Cancillería envió una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que interceda en la disputa que tienen ambos países. Se trata de una petición de opinión consultiva, un mecanismo judicial alterno que tiene ese alto tribunal con el fin de pronunciarse sobre temas de gran relevancia para el continente.

Colombia radicó una comunicación ante el secretario general de la CIDH, Pablo Saavedra Alessandri, el 14 de marzo del 2016. En términos generales la consulta que hace el Estado ante ese organismo es de qué forma se debe interpretar el Pacto de San José cuando existe el riesgo de que la construcción de grandes obras de infraestructura “afecte de forma grave el medio ambiente marino de la región del Gran Caribe”.

La pregunta tiene bastante peso y lo que señale la Corte podrá ser determinante para el futuro del Caribe. En el 2012, Nicaragua ganó el pleito que tenía con Colombia en la Corte Internacional de Justicia. El resultado fue la adjudicación de 75.000 kilómetros de mar a ese país centroamericano.

A principios de este año, el vecino país notificó que va por más y que también tiene aspiraciones de obtener en ese mismo una extensión aún mayor de plataforma continental hasta 350 millas. La Corte de la Haya se declaró competente en marzo pasado para estudiar otras dos demandas.

La tierra prometida

El presidente Daniel Ortega ha apostado su futuro político a esta pelea. El pleito con Colombia no sólo le ha hecho ganar puntos en la política interna, sino que tiene en el mar Caribe su principal proyecto económico. Ortega quiere construir allí un “gran canal interoceánico” en alianza con empresarios chinos.

El proyecto es muy ambicioso. Se calcula que tendría 278 kilómetros de extensión y afectaría 277 poblados. Se sabe que está contemplado que tenga aeropuerto, centros comerciales, zonas francas, entre otras cosas. El presidente se ha referido a esta idea muchas veces como la Tierra Prometida.

Según contó al diario madrileño El País el poeta y exministro nicaragüense Ernesto Cardenal, Ortega hizo que el Congreso aprobara en un día una ley para construir ese canal. El empresario chino a cargo de esa megaobra es Wang Jing. Según denuncia Cardenal, como quedó aprobada la concesión no se requerirán permisos, licencias o estudios previos.

La megaobra ha despertado una enorme polémica en especial respecto a sus impactos ambientales. Cardenal señala que “el afamado Centro Humboldt ha declarado que la construcción de este canal y sus proyectos asociados son la mayor amenaza para las condiciones ambientales del país en toda su historia”.

La mayoría apunta a que si el canal se construye, Nicaragua podría destruir su Gran Lago, el segundo más grande de América Latina después del Titicaca. La razón sería que este espejo de agua dulce recibiría el agua salada del mar, pues el canal lo atravesarían para los barcos. “Todas nuestras aguas, superficiales y subterráneas, serán entregadas a un chino”, denunciaba el exministro.

La consulta verde

Ese megaproyecto es la principal razón de la petición de Colombia ante la Corte Interamericana. En el documento, los abogados sostienen que la opinión de ese organismo será vital para determinar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de ambos Estados. Agrega que es necesario fortalecer una “conciencia universal” respecto a la importancia de cuidar regiones valiosas ambientalmente. Y le pide a la Corte que puntualice sobre cuáles son los compromisos que tienen los países en la protección de la naturaleza y la importancia de los estudios ambientales para determinar los impactos que podría producir una megaobra de esa dimensión en el mundo marino.

En el documento dice que “esta problemática es de interés no sólo de los Estados de la región del Gran Caribe –cuya población isleña y costera se puede ver directamente afectada por los daños ambientales que sufra esa región–, sino también de la comunidad internacional”.

Colombia argumenta que el mar Caribe es considerado “el corazón de la biodiversidad del Atlántico” y la “fuente de recursos que sustenta el medio de vida de las poblaciones costeras y contribuye al crecimiento económico de la región”. Citando estudios científicos, se desprende que una intervención de gran magnitud podría poner en riesgo los 110 millones de personas que viven en esas zonas y la pesca, que representa no sólo la forma de vida de sus habitantes, sino el 6 % de esa industria en el mundo.

La Cancillería explica que la región marina se compone de tres ecosistemas principales: los arrecifes de coral, los manglares y los lechos de algas marinas. Todos albergan especies de fauna y flora excepcionales, pero se caracterizan por ser muy frágiles frente a la irrupción del hombre. En ese sentido, advierte que un proyecto de esa naturaleza podría generar daños irreversibles en ese patrimonio natural de la humanidad.

Efecto dominó

Si el canal interoceánico se llegara a construir, uno de los mayores tesoros de los colombianos también sufriría. Según la petición del país ante la Corte Interamericana, se afectaría gravemente la reserva Sea Flower. En el año 2000, por su riqueza natural, la Unesco le otorgó a una porción del mar del país la mayor categoría de protección que tienen los ecosistemas marinos. La reserva ocupa 300.000 km², lo cual la convierte en una de las más grandes del mundo.

Colombia sostiene que la construcción del Gran Canal arrasaría con esa riqueza. Está comprobado que este tipo de obras aumentan los sedimentos y la contaminación, lo que genera la asfixia de los corales, lechos de algas y manglares. Si eso sucede, el efecto en cadena que se produce es letal. Muchos peces mueren y la vegetación marina se deteriora.

Eso a la larga lo que termina produciendo son enormes daños para las poblaciones que habitan cerca del mar. Por un lado, porque las aguas pueden ser navegables pero no hay vida dentro de estas. La pesca disminuiría. Y los ecosistemas serían cada vez más frágiles. Es decir, menos resistentes a soportar los embates del clima, en un momento en que el calentamiento global y fenómenos como el del Niño y la Niña producen grandes estragos. Si el mar no está saludable, las zonas costeras se vuelven vulnerables y cada vez más propicias a sufrir por inundaciones o sequías.

Un caso histórico

La petición de Colombia en la Corte Interamericana ha producido gran expectativa. Semana.com se comunicó con altos funcionarios de esa entidad quienes confirmaron que no existen antecedentes de una consulta de este tipo.

Si el alto tribunal se pronuncia, y se sabe ya que lo hará, este sería el primer estudio ambiental de un litigio entre dos países. Sería la primera vez también que ese organismo daría directrices sobre la construcción de proyectos de infraestructura transfronterizos que puedan afectar el medio ambiente, una situación que cada vez más común.

Hay un punto concreto sobre el cual la Corte podría pronunciarse: la obligatoriedad de hacer estudios de impacto ambiental previos antes de ejecutar grandes obras. Como Nicaragua se ha negado a presentar este requisito, Colombia pide a la Corte que deje claro que los Estados tienen la obligación de asegurarse de que sus proyectos no van a tener graves implicaciones en el medio ambiente y la seguridad de los Estados vecinos.

La semana pasada, el tribunal hemisférico hizo pública la solicitud de Colombia. La primera medida fue abrir un espacio para que todos los interesados puedan presentar su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta. Esa fase estará disponible hasta el próximo 19 de septiembre.

Seguramente muchos participarán. En un momento en que la protección del medio ambiente es una de las principales preocupaciones de la humanidad, estos debates que aterrizan en la práctica el concepto de desarrollo sostenible despiertan gran interés y expectativa. El concepto que emita ese organismo podrá hacer girar el rumbo de lo que ha sido una de las discusiones más apasionadas de la política internacional del país.

*Editora de Medio Ambiente

Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/el-gran-canal-de-nicaragua-podria-danar-el-mar/474954
 
la haya no tiene ninguna forma como hacer cumplir este fallo solo actua como parte mas no puede hacer cumplir los fallos y menos un fallo tan viciado como este. seguimos patrullando nuestras aguas y no aceptamos un fallo que va contra nuestra constitución, no tenemos porqué perder territorio para bien del que dirán
 

Caballero Negro

Colaborador
Nicaragua aparca el plan de construir un canal como el de Panamá

El proyecto no aparece entre los planes de infraestructura del Gobierno hasta 2021. Managua apuesta por una nueva autovía que vertebrará el país y atraerá inversión extranjera.

Ahora que se está desvaneciendo el proyecto de 50.000 millones de dólares liderado por China para construir en Nicaragua un canal interoceánico que compitiera con el de Panamá, el país centroamericano está buscando nuevos proyectos, más prosaicos, para atraer inversión extranjera y promover el crecimiento económico.

...

http://www.expansion.com/latinoamer...rial/2017/06/12/593d3fae468aeb5e0a8b4611.html
 

SuperEtendard

Colaborador
Colaborador
Entrevista a César Gaviria:

¿Nosotros alegamos que no se nos podía aplicar una convención que no nos cobija porque no la hemos suscrito?

Pues claro que sí. Lo que pasa es que la Corte está buscando subterfugios. De hecho, no es que hayan dicho que nos van a aplicar la Convención del Mar sino el derecho consuetudinario, y dan a entender que la Convención del Mar es parte de ese derecho consuetudinario, lo cual es nuevo porque la Corte no lo había dicho antes y es muy difícil de comprender. La Corte nos tiene de conejillo de Indias. Está tratando de autootorgarse facultades que hasta ahora no tenía y que no han sido de la Corte, y hemos terminado siendo víctimas de ese intento, cosa absolutamente inaceptable. Es muy difícil entender que la Corte Internacional de Justicia produzca sentencias tan contrarias al derecho internacional, a su propia tradición, a su propio reglamento.

¿Y por qué nos iba a ***** de conejillo de Indias?

Porque hay en otros continentes problemas de delimitación mucho más serios y complejos, y está buscando la manera de meterse en ellos, como se metió entre Colombia y Nicaragua. A nosotros nos demandaron ante la Corte, y se suponía que ella actuaba por petición de las partes. En este caso actuó solo por petición de Nicaragua. Desde allí empezó a atropellar los derechos de Colombia y nosotros, a confiar en que era un organismo ecuánime y confiable. La administración Pastrana tomó la decisión correcta de defendernos de una demanda en la que Nicaragua pretendía quedarse con San Andrés y Providencia. Hay internacionalistas que dicen que fue un error, yo no lo apreció así.

http://www.eltiempo.com/politica/pa...a-sobre-el-pronunciamiento-de-la-cij/16542946

La verdad que no entiendo por que nuestros países siguen recurriendo a este tipo de organizaciones.

No veo a USA, Rusia, China, Reino Unido, Francia, etc. recurrir a ellos; ni siquiera cumplir con resoluciones de la ONU...

Saludos
 

Caballero Negro

Colaborador
Colombia contestará demanda de Nicaragua por plataforma extendida
El país centroamericano alega que tiene derechos sobre el suelo marino más allá de las 200 millas náuticas desde su costa.

Colprensa/ Archivo

EFE
27/09/2017 - 20:39 COT


Colombia radicará mañana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, la contestación a la demanda presentada por Nicaragua hace cuatro años para que se le conceda una plataforma continental extendida en el Mar Caribe.

En dicha demanda, que fue elevada ante la CIJ el 16 de septiembre de 2013, el país centroamericano alega que tiene derechos sobre el suelo marino más allá de las 200 millas náuticas desde su costa, una pretensión rechazada por Colombia.

La contramemoria que será presentada por el equipo de abogados del Estado colombiano se basa en argumentos orientados a defender con firmeza la integridad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los derechos de Colombia en el Mar Caribe, según puso conocer hoy Efe.

En este escrito, Colombia responderá con detalle a los alegatos planteados por Nicaragua con la cual tiene un litigio marítimo en el Mar Caribe.

El caso se remonta a noviembre de 2012 cuando la CIJ redefinió la frontera marítima entre ambos países, con la que Nicaragua ganó territorio en el Caribe.

Esa decisión fue considerada "inaplicable" por Colombia porque los límites del país no pueden ser modificados por terceros sino por el Congreso.

Tras ese fallo, el país centroamericano presentó en 2013 dos nuevas demandas contra Colombia, una de las cuales es la pretensión de la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas, y la otra, del 26 de noviembre del mismo año, argumentando que se ha incumplido el fallo que redefinió los límites marítimos entre ambos países.

En agosto de 2014 el Estado colombiano presentó excepciones preliminares en el proceso indicando que la Corte no tenía competencia y que la demanda no era admisible.

Sin embargo, el 17 de marzo de 2016 la CIJ rechazó esas objeciones y se declaró competente para juzgar las dos demandas de Nicaragua en una votación que terminó empatada con ocho jueces a favor y ocho en contra, lo que hizo necesario el voto ponderado del presidente de la Corte, algo que hasta entonces había ocurrido únicamente dos veces.

La Corte dio entonces plazo a Nicaragua hasta el 28 de septiembre de 2016 para sustentar su demanda y a Colombia hasta el 28 de septiembre de 2017 para presentar su defensa.

Desde que Nicaragua presentó las nueva demandas, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha enfatizado que "los colombianos pueden estar seguros" de que juntos defenderán "hasta el último centímetro" del territorio nacional.



http://caracol.com.co/radio/2017/09/28/internacional/1506555628_416777.html
 
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