Brunner
Forista Sancionado o Expulsado
Por otro lado, cabe mencionar la actuación que en algunas cuestiones cupo a la Argentina en las Naciones Unidas. En 1948 la Argentina alcanzó cierto prestigio por la gestión que debió cumplir el canciller Bramuglia, lo cual fue aprovechado ampliamente por la propaganda peronista. Ese año correspondía a la Argentina la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad. Bramuglia debió llevar a cabo una mediación entre las potencias occidentales y la Unión Soviética para solucionar el bloqueo de Berlín en septiembre de 1948, actuación que le ganó el respeto de la comunidad internacional. (55)
La Argentina fijó también su posición en contra el poder de veto de las grandes potencias y postuló el principio de universalidad, es decir la admisión de todos los países que desearan ingresar en la ONU. En octubre de 1946, en la primera Asamblea General, el representante argentino, José Arce, señaló que ese privilegio debía ser suprimido y reemplazado por la mayoría de 2/3 o 3/4 de los miembros. Al año siguiente, en la Segunda Asamblea, la Argentina propuso la convocatoria de una Conferencia General para abolir el veto. La Unión Soviética se opuso a la propuesta argentina, defendiendo el veto como un instrumento fundamental para el funcionamiento de la ONU. Finalmente, la Asamblea creó un Comité Interino para considerar la cuestión. La consecuente enemistad entre el representante argentino Arce y el delegado soviético Vishinsky por la cuestión del veto llevó al gobierno argentino a tener que reemplazar al primero cuando tocó al país presidir el Consejo de Seguridad, a fin de no arriesgar el resultado de la gestión. La cuestión del veto dejó de plantearse cuando Arce dejó su cargo en la ONU. (56)
Por cierto, la política de la Tercera Posición no parece haber tenido confirmación en algunas de las posiciones adoptadas por la Argentina en las Naciones Unidas. En 1946, la Argentina se negó a apoyar en el Consejo de Seguridad la causa de la República de Indonesia y no condenó la agresión llevada a cabo allí por Holanda. No acompañó a la India cuando ésta denunció las discriminaciones contra la población de origen indio en la Unión Sudafricana, y se abstuvo de votar en todas las declaraciones que condenaban la persecución racial en este país. Votó en contra de todas las iniciativas destinadas a obligar a la Unión Sudafricana a liberar el territorio ilegalmente retenido de Africa Sudoccidental. Votó en contra de la iniciativa que propiciaba examinar la política imperial francesa en Marruecos. Respecto de la cuestión de qué gobierno debía tener la representación de China, comenzó con la abstención y luego se inclinó por el régimen de Formosa. En el problema planteado por la guerra de Corea, no acompañó a los países que trataban de alcanzar una solución que limitara el conflicto, apoyando decididamente a Estados Unidos. Por último, se abstuvo cuando debió decidirse si Puerto Rico, las Antillas holandesas y Surinam estaban en condiciones de obtener el gobierno propio. (57)
La posición argentina asumida respecto de la cuestión palestina merece una explicación. Cuando Gran Bretaña decidió retirarse de Palestina, convocó a judíos y árabes a un Conferencia en Londres. Habiendo fracasado las gestiones para alcanzar un acuerdo, el delegado británico ante las Naciones Unidas solicitó al secretario general de la ONU que reuniera a la Asamblea General para tratar el tema. De esta reunión surgió la Comisión Especial de las Naciones Unidas para Palestina. Dicha Comisión recomendó por unanimidad que se terminara el mandato británico y se otorgase la independencia a Palestina; que se acordara un período de transición, se preservara el carácter sagrado de los lugares santos y se conservara la unidad económica de Palestina. Pero los miembros de la Comisión diferían respecto de la cuestión de fondo, que era la constitución del futuro estado. El plan de la mayoría proponía la partición de Palestina en dos estados -judío y árabe- y la internacionalización de Jerusalén; el de la minoría postulaba un estado federal. (58)
En la Segunda Asamblea General de las Naciones Unidas la cuestión se decidió. Se crearon dos Subcomités que presentaron distintos proyectos: uno, propuso un estado judío con un enclave árabe; el otro, un estado unitario. Ambas propuestas fueron elevadas a un Comité ad hoc que el 27 de noviembre de 1947 resolvió que se implementara el plan de Partición con unión económica. Los países árabes sostuvieron que la propuesta del primer comité era ilegal y contraria a la Carta de la ONU. El 29 de noviembre se inició la sesión en que se debía llevar a cabo la votación. La Argentina planteó reparos al plan de partición, señalando que, en lugar de asegurar la paz, esto generaría un grave conflicto. Finalmente la resolución 181 (II), que aprobó y decretó la Partición de Palestina, se tomó por 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones, entre éstas la de la Argentina. El 15 de mayo de 1948 se arriaba la bandera británica en Palestina. Simultáneamente, los judíos proclamaban la creación del Estado de Israel, reconocido el mismo día por Estados Unidos y dos días después por la Unión Soviética. La Argentina lo reconocería en 1949.
En otro orden de cosas, desde la asunción de Perón a la presidencia, era perceptible la preocupación de la jerarquía militar por restaurar el poder militar argentino, perdido durante la Segunda Guerra Mundial, en virtud de la posición de neutralidad asumida por el gobierno argentino, que le había vedado el acceso a las compras de armamentos por el sistema de Préstamo y Arriendo. Al llegar Perón al gobierno, el embargo de armas dispuesto por Estados Unidos estaba todavía en vigencia, con el propósito de que la Argentina cumpliera con los acuerdos de Chapultepec. Incluso, en virtud de la existencia de un acuerdo de caballeros, el embargo debía ser respetado por Gran Bretaña y Canadá. Como ya se dijo, la Argentina logró un paso significativo en contra de dicho embargo, cuando, a comienzos de 1947, el gobierno británico comunicó al norteamericano que en adelante trataría al gobierno argentino en un pie de igualdad con los demás países latinoamericanos. Potash señala que la fecha de este anuncio, realizado el 27 de enero, inmediatamente posterior a la de 13 de febrero del acuerdo anglo-argentino, en que se decidiera la compra de los ferrocarriles británicos por el gobierno argentino, sugiere que hubo una vinculación de ambas cuestiones. El hecho de que en el convenio anglo-argentino no se hiciera mención de la utilización de las libras bloqueadas para el pago de los mismos, tendría que ver con la decisión de Perón de utilizar esas libras para el pago de armamento británico. (59)
De esta manera, y no obstante las objeciones interpuestas por Estados Unidos, las negociaciones iniciadas por el gobierno argentino con su par británico fructificaron en mayo de 1947, con la aprobación por el gobierno británico de contratos por los cuales empresas británicas entregarían a la Argentina cien aviones de caza y un número de bombarderos. El valor de los aviones encargados a Gran Bretaña era de unos 20 millones de libras esterlinas. (60)
No obstante, el gobierno de Perón tenía el compromiso -derivado del acuerdo de Chapultepec- de reequipar el ejército e implementar un programa de estandarización de armas, entrenamiento y organización propuesto por la Junta Interamericana de Defensa. Pero, como el embargo norteamericano continuaba, el ministro de Guerra, José Humberto Sosa Molina, amenazó con tener en cuenta ofrecimientos de fabricantes europeos como Skoda. En estas circunstancias, en junio de 1947 el presidente Truman anunciaba en Washington que su gobierno consideraba que la Argentina había cumplido con los compromisos establecidos en el Acta de Chapultepec y que se reanudarían las conversaciones sobre la defensa recíproca. En noviembre, Perón logró un primer ofrecimiento de 50 cañones antiaéreos. A fines del mismo mes, llegaba a Buenos Aires un alto oficial norteamericano con el propósito de inspeccionar unidades, conocer las necesidades del ejército argentino y recibir el pedido de asesores norteamericanos para el uso del material.
Finalmente, luego de una visita del general Sosa Molina a Estados Unidos, se llegó a un acuerdo en junio de 1948. Este consistía en la venta de equipo en depósito, con exclusión de vehículos, para seis unidades mecanizadas. Poco después, en octubre, se acordaron los detalles sobre la instalación de una misión militar -la primera de ejército- en Buenos Aires. Posteriormente, se adquirió material de rezago en Estados Unidos y en Europa. Para fines de abril de 1949, la Argentina había adquirido equipo militar al gobierno de Estados Unidos por 1.400.000 dólares, y un adicional de 6.800.000 dólares de equipo (valor nominal) al precio de propiedad de rezago de 748.000 dólares. (61)
Simultáneamente, la delegación argentina ante la Junta Interamericana de Defensa colaboraba en la formulación del “Plan Maestro para la defensa del Hemisferio Occidental”, si bien este organismo no tenía todavía la misión planificadora que se le otorgaría más tarde. El plan respondía a los intereses estratégicos de Estados Unidos, y la Junta constituía un espacio para mantener contactos bilaterales con los estados mayores latinoamericanos. No obstante, hasta 1950 Perón trató de obstaculizar el objetivo norteamericano de lograr un consejo militar interamericano y de formalizar una alianza militar. (62)
En 1951, la Cuarta Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores otorgaba a la Junta Interamericana de Defensa funciones de planificación, recomendando la cooperación de las fuerzas armadas en la defensa del hemisferio. En ese año, Estados Unidos sancionó la ley de Asistencia Militar para la Mutua Defensa entre Estados Unidos y los países latinoamericanos. Asimismo la Junta Interamericana de Defensa convirtió el Plan Maestro en un Plan General para la Defensa del Continente, que fue aprobado en noviembre de 1951. Este plan se ajustaba a los objetivos del Estado Mayor norteamericano y contemplaba la necesidad de firmar acuerdos bilaterales. Ecuador fue el primer país en suscribir un acuerdo militar en virtud de la implementación de esta política; Brasil también lo hizo en ese año. En 1955 casi todos los gobiernos latinoamericanos habían firmado acuerdos de este tipo con Estados Unidos. Las únicas excepciones eran México y la Argentina. (63)
El logro del reequipamiento militar fue una pequeña satisfacción para Perón en el difícil año de 1948. En el mismo mes de junio en que se llegaba a un acuerdo con Estados Unidos por la cuestión de las armas, el gobierno recibía la noticia de que no habría compras del Plan Marshall en la Argentina. Esto provocaba un tremendo problema económico al país, agudizando la escasez de dólares necesarios para pagar las importaciones. Miranda tomó entonces la decisión de que las empresas extranjeras no podrían girar sus dividendos, lo cual fue interpretado por el embajador norteamericano como una represalia. El problema económico generó una virulenta campaña anti-norteamericana en la prensa oficialista argentina. Es probable que toda esta situación provocara la acusación en contra del ex agregado cultural a la embajada norteamericana entre 1941 y 1946, John F. Griffiths, de participar en un complot para matar al presidente Perón y su esposa descubierto en septiembre de 1948. Finalmente, el asunto de la implicación norteamericana en el complot y la campaña anti-norteamericana comenzaron a desaparecer de la prensa hacia el mes de noviembre. (64)
Debe señalarse que, a partir de junio de 1948, la política del gobierno argentino hacia Estados Unidos fue ambivalente. En el ámbito interno, el gobierno demostró un fuerte anti-americanismo a fin de obtener apoyo popular para la reforma constitucional que permitiera al presidente su reelección. En Washington, en cambio, los funcionarios argentinos trataban de alcanzar un acuerdo económico con el gobierno norteamericano. El país tenía en esos momentos una deuda con bancos americanos de más de 300 millones de dólares. En su visita no oficial a Estados Unidos a fines de septiembre, el presidente del Banco Central, Orlando Maroglio, había sugerido un crédito recíproco entre el Export-Import Bank y el Banco Central. Esto contradecía la prédica del influyente presidente del Consejo Económico Nacional, Miranda, quien había sostenido que se cortaría ambas manos antes de firmar un crédito o préstamo en dólares. Al regresar a Buenos Aires, Maroglio fue licenciado de su cargo, aunque luego se lo repuso en el mismo. No obstante, el regreso a Buenos Aires del canciller Bramuglia y del nuevo embajador en Estados Unidos, Jerónimo Remorino, parece haber incidido en que Miranda presentara su renuncia en enero de 1949. Los primeros compartían la idea de que era necesario establecer vínculos económicos más cercanos con Estados Unidos. Bramuglia había evitado involucrarse en las disputas económicas dentro del gobierno, pero no estaba conforme con la política de Miranda. (65)
El gobierno argentino anunció un cambio en la conducción económica el 19 de enero de 1949. Se crearon dos ministerios, uno de Economía y otro de Finanzas, colocando al frente de ellos a Roberto A. Ares y a Alfredo Gómez Morales. El último asumió también la presidencia del Banco Central que dejaba Maroglio. Los nuevos funcionarios eran considerados hombres de Bramuglia y nombrados a su instancia. Eran partidarios de cambios fundamentales: la abolición del IAPI, la eliminación de los controles de exportación y una mayor cooperación con Estados Unidos. Los funcionarios nacionalistas, apoyados por la esposa del presidente, en cambio, se oponían a que los grupos privados volvieran a obtener posiciones relevantes en el comercio exterior; rechazaban las concesiones a grupos económicos extranjeros y sostenían que la afiliación a organismos internacionales era contraria a la independencia económica. No obstante, los nuevos ministros comenzaron su plan de acción. Así, el consejero económico de la embajada argentina en Washington anunciaba que la Argentina enviaría pronto un representante a Estados Unidos para discutir asuntos económicos y concertar un préstamo. Por la misma época, el secretario de Estado Marshall también renunciaba y Dean Acheson era nombrado en su lugar. La última designación planteaba un interrogante, pues Acheson había estado asociado a la política dura hacia la Argentina. (66)
En 1949, dos cuestiones generaron preocupación en el gobierno norteamericano respecto de la Argentina. Una fue un artículo de la nueva Constitución argentina, que comenzó a regir en marzo de ese año. El artículo 40 establecía que los servicios públicos pertenecían al estado y podían ser adquiridos por compra o expropiación. El gobierno norteamericano percibió en dicho artículo una amenaza para las compañías norteamericanas, considerando que podría no haber indemnización y resolvió aconsejar al capital privado norteamericano no invertir en la Argentina bajo esas condiciones. La segunda cuestión fue el tratado anglo-argentino que otorgaba a Gran Bretaña una participación importante en el mercado argentino y que generó preocupación en círculos norteamericanos. No obstante, la creación de una comisión mixta para estudiar las relaciones comerciales y tratar de aportar soluciones trajo un principio de solución hacia fines de año, cuando diseñó un programa que proponía incrementar las exportaciones argentinas a Estados Unidos como una manera de disminuir la escasez de dólares y de facilitar compras en ese país. Al mismo tiempo comenzaba la negociación de la Argentina para obtener un crédito de fuente norteamericana. (67)
El proceso de entendimiento llevó en 1950 a la concesión de un crédito del Export-Import Bank de 125 millones de dólares a la Argentina. La contrapartida del mismo fue la ratificación por el Congreso argentino del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en Río de Janeiro en 1947. El crédito fue otorgado para cancelar deudas comerciales atrasadas y no para la adquisición de equipos industriales y agrícolas en el mercado norteamericano como deseaba el gobierno argentino. El hecho de que el crédito fuera anunciado en mayo de 1950 y la ratificación del Congreso argentino fuera decidida a fines de junio fue visto como un indicio de que los dos asuntos estaban vinculados. Giacalone sostiene que ambas decisiones pueden haber estado más conectadas con el comienzo de la guerra de Corea que entre sí. (68) Para Escudé, en cambio, la concurrencia de la acrecentada vulnerabilidad argentina y el deseo del gobierno norteamericano de que la Argentina cooperara con su política hemisférica y ratificara el TIAR permitió que se pusiera en práctica uno de los mecanismos de presión internacional: la denominada issue-linkage o vinculación temática de cuestiones. Mediante ésta, Estados Unidos podía conceder ayuda financiera que atemperara la crisis económica argentina a cambio de la deseada ratificación. (69)
Según constaba en una declaración de política secreta del Departamento de Estado del 21 de marzo de 1950, los objetivos del gobierno de Estados Unidos frente a la Argentina para ese año eran los siguientes: 1) obtener la cooperación argentina en la defensa del hemisferio occidental; 2) inducir a la Argentina a adoptar políticas que fortalezcan las fuerzas que apuntalan la paz y un modo de vida democrático; 3) crear y mantener un clima favorable de opinión entre los argentinos respecto de Estados Unidos y sus políticas; y 4) alentar y ayudar a la Argentina a establecer una economía bien balanceada como fuerza de estabilidad hemisférica capaz de cooperar económicamente, interesada en dicha cooperación y fértil para el desarrollo de principios democráticos. (70)
El memorándum sugería incluso la vinculación de cuestiones como instrumento de presión. En el subtítulo “Relaciones económicas norteamericano argentinas, decía:
Créditos en dólares pueden ofrecer una solución posible para la escasez de divisas de la Argentina. Como resultado de una sugerencia nuestra, el Export-Import Bank ha realizado un estudio preliminar de las necesidades crediticias argentinas y de su capacidad para hacer frente luego a su servicio. El Banco ha sido informado que, aunque no hay una objeción política básica a créditos en dólares para la Argentina, nosotros pasaremos revista a las relaciones norteamericano-argentinas mientras el Banco prosigue con el análisis de las consideraciones económicas, como una base para llegar a una decisión. (71)
Significaba esto que el crédito permanecía en estudio pero su concesión quedaba supeditada a consideraciones políticas.
En el mismo mes de marzo en que se emitía el documento anterior, arribaba a Buenos Aires, el secretario asistente de Estado, Edward G. Miller. Las conversaciones con miembros del gobierno argentino giraron en torno a la firma de un acuerdo comercial que reemplazara el tratado de 1853 y a la pendiente ratificación del TIAR por el Congreso argentino. Miller no pudo obtener precisión del gobierno argentino acerca de cuándo se produciría la mencionada ratificación. Recibió en cambio seguridades del presidente Perón de que el artículo 40 de la Constitución no sería aplicado en contra de intereses norteamericanos. El secretario norteamericano dio a entender al gobierno argentino que si las relaciones entre ambos gobiernos proseguían en la dirección adecuada, la Argentina recibiría un crédito significativo, dejando así planteada muy sutilmente la vinculación crédito-ratificación del TIAR. También quedó acordado que la comisión mixta se trasladaría de Washington a Buenos Aires. (72)
El mes de marzo fue asimismo testigo de una intensa actividad oficial norteamericana en Buenos Aires. Llegaron a esta ciudad Joseph P. Davies, ex embajador en Rusia; Paul V. McNutt, ex comisionado en Filipinas; el general Hoyt S. Vandenberg, jefe del estado mayor de la fuerza aérea; y George F. Kennan, consejero del Departamento de Estado. El mismo mes, el ministro Cereijo partió para Washington para asistir a la primera reunión del Consejo Económico y Social de la Organización de Estados Americanos. Esta conferencia especial comenzó el 20 de marzo de 1950 y el ministro argentino fue elegido su presidente. En Washington, Cereijo anunció las medidas tomadas por el gobierno argentino para resolver los problemas con las compañías norteamericanas. El ministro también entregó una invitación al presidente Truman para visitar la Argentina, lo cual produjo cierta inquietud en el Departamento de Estado; la prensa norteamericana no aprobaría una visita a la Argentina dado que ésta implicaría una invitación a Perón a visitar Estados Unidos.
Al regresar a la Argentina a mediados de mayo, acompañado por el embajador Remorino, el ministro Cereijo declaró a la prensa que esperaba recibir confirmación del crédito. En efecto, ésta se produjo el 17 de mayo, a través del presidente del Export-Import Bank. No obstante, las negociaciones continuaron hasta mediados de noviembre, cuando la concesión del crédito se hizo finalmente efectiva, lo cual demostró que los norteamericanos mantuvieron su instrumento de presión en operación hasta que la ratificación del tratado y algunas otras cuestiones estuvieran solucionadas. El gobierno argentino, que se había expuesto a las críticas por la tramitación del crédito, pretendió hacerlo pasar por un crédito otorgado a un grupo de bancos privados y no al gobierno mismo. Sin embargo, funcionarios argentinos habían participado en Washington de las negociaciones para la obtención del mismo y el Banco Central garantizaba el pago de la deuda. (73)
La Argentina fijó también su posición en contra el poder de veto de las grandes potencias y postuló el principio de universalidad, es decir la admisión de todos los países que desearan ingresar en la ONU. En octubre de 1946, en la primera Asamblea General, el representante argentino, José Arce, señaló que ese privilegio debía ser suprimido y reemplazado por la mayoría de 2/3 o 3/4 de los miembros. Al año siguiente, en la Segunda Asamblea, la Argentina propuso la convocatoria de una Conferencia General para abolir el veto. La Unión Soviética se opuso a la propuesta argentina, defendiendo el veto como un instrumento fundamental para el funcionamiento de la ONU. Finalmente, la Asamblea creó un Comité Interino para considerar la cuestión. La consecuente enemistad entre el representante argentino Arce y el delegado soviético Vishinsky por la cuestión del veto llevó al gobierno argentino a tener que reemplazar al primero cuando tocó al país presidir el Consejo de Seguridad, a fin de no arriesgar el resultado de la gestión. La cuestión del veto dejó de plantearse cuando Arce dejó su cargo en la ONU. (56)
Por cierto, la política de la Tercera Posición no parece haber tenido confirmación en algunas de las posiciones adoptadas por la Argentina en las Naciones Unidas. En 1946, la Argentina se negó a apoyar en el Consejo de Seguridad la causa de la República de Indonesia y no condenó la agresión llevada a cabo allí por Holanda. No acompañó a la India cuando ésta denunció las discriminaciones contra la población de origen indio en la Unión Sudafricana, y se abstuvo de votar en todas las declaraciones que condenaban la persecución racial en este país. Votó en contra de todas las iniciativas destinadas a obligar a la Unión Sudafricana a liberar el territorio ilegalmente retenido de Africa Sudoccidental. Votó en contra de la iniciativa que propiciaba examinar la política imperial francesa en Marruecos. Respecto de la cuestión de qué gobierno debía tener la representación de China, comenzó con la abstención y luego se inclinó por el régimen de Formosa. En el problema planteado por la guerra de Corea, no acompañó a los países que trataban de alcanzar una solución que limitara el conflicto, apoyando decididamente a Estados Unidos. Por último, se abstuvo cuando debió decidirse si Puerto Rico, las Antillas holandesas y Surinam estaban en condiciones de obtener el gobierno propio. (57)
La posición argentina asumida respecto de la cuestión palestina merece una explicación. Cuando Gran Bretaña decidió retirarse de Palestina, convocó a judíos y árabes a un Conferencia en Londres. Habiendo fracasado las gestiones para alcanzar un acuerdo, el delegado británico ante las Naciones Unidas solicitó al secretario general de la ONU que reuniera a la Asamblea General para tratar el tema. De esta reunión surgió la Comisión Especial de las Naciones Unidas para Palestina. Dicha Comisión recomendó por unanimidad que se terminara el mandato británico y se otorgase la independencia a Palestina; que se acordara un período de transición, se preservara el carácter sagrado de los lugares santos y se conservara la unidad económica de Palestina. Pero los miembros de la Comisión diferían respecto de la cuestión de fondo, que era la constitución del futuro estado. El plan de la mayoría proponía la partición de Palestina en dos estados -judío y árabe- y la internacionalización de Jerusalén; el de la minoría postulaba un estado federal. (58)
En la Segunda Asamblea General de las Naciones Unidas la cuestión se decidió. Se crearon dos Subcomités que presentaron distintos proyectos: uno, propuso un estado judío con un enclave árabe; el otro, un estado unitario. Ambas propuestas fueron elevadas a un Comité ad hoc que el 27 de noviembre de 1947 resolvió que se implementara el plan de Partición con unión económica. Los países árabes sostuvieron que la propuesta del primer comité era ilegal y contraria a la Carta de la ONU. El 29 de noviembre se inició la sesión en que se debía llevar a cabo la votación. La Argentina planteó reparos al plan de partición, señalando que, en lugar de asegurar la paz, esto generaría un grave conflicto. Finalmente la resolución 181 (II), que aprobó y decretó la Partición de Palestina, se tomó por 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones, entre éstas la de la Argentina. El 15 de mayo de 1948 se arriaba la bandera británica en Palestina. Simultáneamente, los judíos proclamaban la creación del Estado de Israel, reconocido el mismo día por Estados Unidos y dos días después por la Unión Soviética. La Argentina lo reconocería en 1949.
En otro orden de cosas, desde la asunción de Perón a la presidencia, era perceptible la preocupación de la jerarquía militar por restaurar el poder militar argentino, perdido durante la Segunda Guerra Mundial, en virtud de la posición de neutralidad asumida por el gobierno argentino, que le había vedado el acceso a las compras de armamentos por el sistema de Préstamo y Arriendo. Al llegar Perón al gobierno, el embargo de armas dispuesto por Estados Unidos estaba todavía en vigencia, con el propósito de que la Argentina cumpliera con los acuerdos de Chapultepec. Incluso, en virtud de la existencia de un acuerdo de caballeros, el embargo debía ser respetado por Gran Bretaña y Canadá. Como ya se dijo, la Argentina logró un paso significativo en contra de dicho embargo, cuando, a comienzos de 1947, el gobierno británico comunicó al norteamericano que en adelante trataría al gobierno argentino en un pie de igualdad con los demás países latinoamericanos. Potash señala que la fecha de este anuncio, realizado el 27 de enero, inmediatamente posterior a la de 13 de febrero del acuerdo anglo-argentino, en que se decidiera la compra de los ferrocarriles británicos por el gobierno argentino, sugiere que hubo una vinculación de ambas cuestiones. El hecho de que en el convenio anglo-argentino no se hiciera mención de la utilización de las libras bloqueadas para el pago de los mismos, tendría que ver con la decisión de Perón de utilizar esas libras para el pago de armamento británico. (59)
De esta manera, y no obstante las objeciones interpuestas por Estados Unidos, las negociaciones iniciadas por el gobierno argentino con su par británico fructificaron en mayo de 1947, con la aprobación por el gobierno británico de contratos por los cuales empresas británicas entregarían a la Argentina cien aviones de caza y un número de bombarderos. El valor de los aviones encargados a Gran Bretaña era de unos 20 millones de libras esterlinas. (60)
No obstante, el gobierno de Perón tenía el compromiso -derivado del acuerdo de Chapultepec- de reequipar el ejército e implementar un programa de estandarización de armas, entrenamiento y organización propuesto por la Junta Interamericana de Defensa. Pero, como el embargo norteamericano continuaba, el ministro de Guerra, José Humberto Sosa Molina, amenazó con tener en cuenta ofrecimientos de fabricantes europeos como Skoda. En estas circunstancias, en junio de 1947 el presidente Truman anunciaba en Washington que su gobierno consideraba que la Argentina había cumplido con los compromisos establecidos en el Acta de Chapultepec y que se reanudarían las conversaciones sobre la defensa recíproca. En noviembre, Perón logró un primer ofrecimiento de 50 cañones antiaéreos. A fines del mismo mes, llegaba a Buenos Aires un alto oficial norteamericano con el propósito de inspeccionar unidades, conocer las necesidades del ejército argentino y recibir el pedido de asesores norteamericanos para el uso del material.
Finalmente, luego de una visita del general Sosa Molina a Estados Unidos, se llegó a un acuerdo en junio de 1948. Este consistía en la venta de equipo en depósito, con exclusión de vehículos, para seis unidades mecanizadas. Poco después, en octubre, se acordaron los detalles sobre la instalación de una misión militar -la primera de ejército- en Buenos Aires. Posteriormente, se adquirió material de rezago en Estados Unidos y en Europa. Para fines de abril de 1949, la Argentina había adquirido equipo militar al gobierno de Estados Unidos por 1.400.000 dólares, y un adicional de 6.800.000 dólares de equipo (valor nominal) al precio de propiedad de rezago de 748.000 dólares. (61)
Simultáneamente, la delegación argentina ante la Junta Interamericana de Defensa colaboraba en la formulación del “Plan Maestro para la defensa del Hemisferio Occidental”, si bien este organismo no tenía todavía la misión planificadora que se le otorgaría más tarde. El plan respondía a los intereses estratégicos de Estados Unidos, y la Junta constituía un espacio para mantener contactos bilaterales con los estados mayores latinoamericanos. No obstante, hasta 1950 Perón trató de obstaculizar el objetivo norteamericano de lograr un consejo militar interamericano y de formalizar una alianza militar. (62)
En 1951, la Cuarta Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores otorgaba a la Junta Interamericana de Defensa funciones de planificación, recomendando la cooperación de las fuerzas armadas en la defensa del hemisferio. En ese año, Estados Unidos sancionó la ley de Asistencia Militar para la Mutua Defensa entre Estados Unidos y los países latinoamericanos. Asimismo la Junta Interamericana de Defensa convirtió el Plan Maestro en un Plan General para la Defensa del Continente, que fue aprobado en noviembre de 1951. Este plan se ajustaba a los objetivos del Estado Mayor norteamericano y contemplaba la necesidad de firmar acuerdos bilaterales. Ecuador fue el primer país en suscribir un acuerdo militar en virtud de la implementación de esta política; Brasil también lo hizo en ese año. En 1955 casi todos los gobiernos latinoamericanos habían firmado acuerdos de este tipo con Estados Unidos. Las únicas excepciones eran México y la Argentina. (63)
El logro del reequipamiento militar fue una pequeña satisfacción para Perón en el difícil año de 1948. En el mismo mes de junio en que se llegaba a un acuerdo con Estados Unidos por la cuestión de las armas, el gobierno recibía la noticia de que no habría compras del Plan Marshall en la Argentina. Esto provocaba un tremendo problema económico al país, agudizando la escasez de dólares necesarios para pagar las importaciones. Miranda tomó entonces la decisión de que las empresas extranjeras no podrían girar sus dividendos, lo cual fue interpretado por el embajador norteamericano como una represalia. El problema económico generó una virulenta campaña anti-norteamericana en la prensa oficialista argentina. Es probable que toda esta situación provocara la acusación en contra del ex agregado cultural a la embajada norteamericana entre 1941 y 1946, John F. Griffiths, de participar en un complot para matar al presidente Perón y su esposa descubierto en septiembre de 1948. Finalmente, el asunto de la implicación norteamericana en el complot y la campaña anti-norteamericana comenzaron a desaparecer de la prensa hacia el mes de noviembre. (64)
Debe señalarse que, a partir de junio de 1948, la política del gobierno argentino hacia Estados Unidos fue ambivalente. En el ámbito interno, el gobierno demostró un fuerte anti-americanismo a fin de obtener apoyo popular para la reforma constitucional que permitiera al presidente su reelección. En Washington, en cambio, los funcionarios argentinos trataban de alcanzar un acuerdo económico con el gobierno norteamericano. El país tenía en esos momentos una deuda con bancos americanos de más de 300 millones de dólares. En su visita no oficial a Estados Unidos a fines de septiembre, el presidente del Banco Central, Orlando Maroglio, había sugerido un crédito recíproco entre el Export-Import Bank y el Banco Central. Esto contradecía la prédica del influyente presidente del Consejo Económico Nacional, Miranda, quien había sostenido que se cortaría ambas manos antes de firmar un crédito o préstamo en dólares. Al regresar a Buenos Aires, Maroglio fue licenciado de su cargo, aunque luego se lo repuso en el mismo. No obstante, el regreso a Buenos Aires del canciller Bramuglia y del nuevo embajador en Estados Unidos, Jerónimo Remorino, parece haber incidido en que Miranda presentara su renuncia en enero de 1949. Los primeros compartían la idea de que era necesario establecer vínculos económicos más cercanos con Estados Unidos. Bramuglia había evitado involucrarse en las disputas económicas dentro del gobierno, pero no estaba conforme con la política de Miranda. (65)
El gobierno argentino anunció un cambio en la conducción económica el 19 de enero de 1949. Se crearon dos ministerios, uno de Economía y otro de Finanzas, colocando al frente de ellos a Roberto A. Ares y a Alfredo Gómez Morales. El último asumió también la presidencia del Banco Central que dejaba Maroglio. Los nuevos funcionarios eran considerados hombres de Bramuglia y nombrados a su instancia. Eran partidarios de cambios fundamentales: la abolición del IAPI, la eliminación de los controles de exportación y una mayor cooperación con Estados Unidos. Los funcionarios nacionalistas, apoyados por la esposa del presidente, en cambio, se oponían a que los grupos privados volvieran a obtener posiciones relevantes en el comercio exterior; rechazaban las concesiones a grupos económicos extranjeros y sostenían que la afiliación a organismos internacionales era contraria a la independencia económica. No obstante, los nuevos ministros comenzaron su plan de acción. Así, el consejero económico de la embajada argentina en Washington anunciaba que la Argentina enviaría pronto un representante a Estados Unidos para discutir asuntos económicos y concertar un préstamo. Por la misma época, el secretario de Estado Marshall también renunciaba y Dean Acheson era nombrado en su lugar. La última designación planteaba un interrogante, pues Acheson había estado asociado a la política dura hacia la Argentina. (66)
En 1949, dos cuestiones generaron preocupación en el gobierno norteamericano respecto de la Argentina. Una fue un artículo de la nueva Constitución argentina, que comenzó a regir en marzo de ese año. El artículo 40 establecía que los servicios públicos pertenecían al estado y podían ser adquiridos por compra o expropiación. El gobierno norteamericano percibió en dicho artículo una amenaza para las compañías norteamericanas, considerando que podría no haber indemnización y resolvió aconsejar al capital privado norteamericano no invertir en la Argentina bajo esas condiciones. La segunda cuestión fue el tratado anglo-argentino que otorgaba a Gran Bretaña una participación importante en el mercado argentino y que generó preocupación en círculos norteamericanos. No obstante, la creación de una comisión mixta para estudiar las relaciones comerciales y tratar de aportar soluciones trajo un principio de solución hacia fines de año, cuando diseñó un programa que proponía incrementar las exportaciones argentinas a Estados Unidos como una manera de disminuir la escasez de dólares y de facilitar compras en ese país. Al mismo tiempo comenzaba la negociación de la Argentina para obtener un crédito de fuente norteamericana. (67)
El proceso de entendimiento llevó en 1950 a la concesión de un crédito del Export-Import Bank de 125 millones de dólares a la Argentina. La contrapartida del mismo fue la ratificación por el Congreso argentino del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en Río de Janeiro en 1947. El crédito fue otorgado para cancelar deudas comerciales atrasadas y no para la adquisición de equipos industriales y agrícolas en el mercado norteamericano como deseaba el gobierno argentino. El hecho de que el crédito fuera anunciado en mayo de 1950 y la ratificación del Congreso argentino fuera decidida a fines de junio fue visto como un indicio de que los dos asuntos estaban vinculados. Giacalone sostiene que ambas decisiones pueden haber estado más conectadas con el comienzo de la guerra de Corea que entre sí. (68) Para Escudé, en cambio, la concurrencia de la acrecentada vulnerabilidad argentina y el deseo del gobierno norteamericano de que la Argentina cooperara con su política hemisférica y ratificara el TIAR permitió que se pusiera en práctica uno de los mecanismos de presión internacional: la denominada issue-linkage o vinculación temática de cuestiones. Mediante ésta, Estados Unidos podía conceder ayuda financiera que atemperara la crisis económica argentina a cambio de la deseada ratificación. (69)
Según constaba en una declaración de política secreta del Departamento de Estado del 21 de marzo de 1950, los objetivos del gobierno de Estados Unidos frente a la Argentina para ese año eran los siguientes: 1) obtener la cooperación argentina en la defensa del hemisferio occidental; 2) inducir a la Argentina a adoptar políticas que fortalezcan las fuerzas que apuntalan la paz y un modo de vida democrático; 3) crear y mantener un clima favorable de opinión entre los argentinos respecto de Estados Unidos y sus políticas; y 4) alentar y ayudar a la Argentina a establecer una economía bien balanceada como fuerza de estabilidad hemisférica capaz de cooperar económicamente, interesada en dicha cooperación y fértil para el desarrollo de principios democráticos. (70)
El memorándum sugería incluso la vinculación de cuestiones como instrumento de presión. En el subtítulo “Relaciones económicas norteamericano argentinas, decía:
Créditos en dólares pueden ofrecer una solución posible para la escasez de divisas de la Argentina. Como resultado de una sugerencia nuestra, el Export-Import Bank ha realizado un estudio preliminar de las necesidades crediticias argentinas y de su capacidad para hacer frente luego a su servicio. El Banco ha sido informado que, aunque no hay una objeción política básica a créditos en dólares para la Argentina, nosotros pasaremos revista a las relaciones norteamericano-argentinas mientras el Banco prosigue con el análisis de las consideraciones económicas, como una base para llegar a una decisión. (71)
Significaba esto que el crédito permanecía en estudio pero su concesión quedaba supeditada a consideraciones políticas.
En el mismo mes de marzo en que se emitía el documento anterior, arribaba a Buenos Aires, el secretario asistente de Estado, Edward G. Miller. Las conversaciones con miembros del gobierno argentino giraron en torno a la firma de un acuerdo comercial que reemplazara el tratado de 1853 y a la pendiente ratificación del TIAR por el Congreso argentino. Miller no pudo obtener precisión del gobierno argentino acerca de cuándo se produciría la mencionada ratificación. Recibió en cambio seguridades del presidente Perón de que el artículo 40 de la Constitución no sería aplicado en contra de intereses norteamericanos. El secretario norteamericano dio a entender al gobierno argentino que si las relaciones entre ambos gobiernos proseguían en la dirección adecuada, la Argentina recibiría un crédito significativo, dejando así planteada muy sutilmente la vinculación crédito-ratificación del TIAR. También quedó acordado que la comisión mixta se trasladaría de Washington a Buenos Aires. (72)
El mes de marzo fue asimismo testigo de una intensa actividad oficial norteamericana en Buenos Aires. Llegaron a esta ciudad Joseph P. Davies, ex embajador en Rusia; Paul V. McNutt, ex comisionado en Filipinas; el general Hoyt S. Vandenberg, jefe del estado mayor de la fuerza aérea; y George F. Kennan, consejero del Departamento de Estado. El mismo mes, el ministro Cereijo partió para Washington para asistir a la primera reunión del Consejo Económico y Social de la Organización de Estados Americanos. Esta conferencia especial comenzó el 20 de marzo de 1950 y el ministro argentino fue elegido su presidente. En Washington, Cereijo anunció las medidas tomadas por el gobierno argentino para resolver los problemas con las compañías norteamericanas. El ministro también entregó una invitación al presidente Truman para visitar la Argentina, lo cual produjo cierta inquietud en el Departamento de Estado; la prensa norteamericana no aprobaría una visita a la Argentina dado que ésta implicaría una invitación a Perón a visitar Estados Unidos.
Al regresar a la Argentina a mediados de mayo, acompañado por el embajador Remorino, el ministro Cereijo declaró a la prensa que esperaba recibir confirmación del crédito. En efecto, ésta se produjo el 17 de mayo, a través del presidente del Export-Import Bank. No obstante, las negociaciones continuaron hasta mediados de noviembre, cuando la concesión del crédito se hizo finalmente efectiva, lo cual demostró que los norteamericanos mantuvieron su instrumento de presión en operación hasta que la ratificación del tratado y algunas otras cuestiones estuvieran solucionadas. El gobierno argentino, que se había expuesto a las críticas por la tramitación del crédito, pretendió hacerlo pasar por un crédito otorgado a un grupo de bancos privados y no al gobierno mismo. Sin embargo, funcionarios argentinos habían participado en Washington de las negociaciones para la obtención del mismo y el Banco Central garantizaba el pago de la deuda. (73)
