El Ejército egipcio, el dueño de todas las llaves.
Los uniformados han perpetrado un golpe en dos actos: la disolución del Parlamento ordenada el pasado jueves por la justicia fue completada ayer con unas enmiendas constitucionales que preservan la autonomía absoluta de una poderosa estructura paralela al Estado y salvaguardan además su influencia en la construcción de la nueva arquitectura institucional.
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas -liderado por Husein Tantaui, ministro de Defensa de Mubarak durante dos décadas- ha conseguido con esta jugada perfecta un doble colchón: Mantiene su territorio y sus decisiones fuera de la mudanza democrática en contra de la opinión de la escena política y designa a la Asamblea encargada de redactar la nueva Constitución que debe fijar este beneficioso 'statu quo'.
El judas de los partidos políticos
Los pasillos del poder castrense seguirán así alejados de los focos y de la mirada de unos egipcios que sólo empezaron a conocer a su Ejército cuando llegó al poder el 11 de febrero de 2011 tras la renuncia del autócrata. Es entonces cuando muchos sitúan el verdadero golpe a una transición que desde el primer segundo se convirtió en un embrollo legal plagado de errores y jalonado por disturbios callejeros que las altas esferas administraron con mano de hierro.
Durante estos 16 meses de transición, los militares han jugado al "divide y vencerás" con las fuerzas políticas. Todos las facciones, liberales e islamistas, han ido variando su posición y cambiando de pareja pero siempre con los uniformados de fondo.
Si en marzo de 2011 los islamistas se coaligaron con las Fuerzas Armadas para respaldar en un referendo popular la declaración constitucional, el pasado noviembre fueron los liberales quienes apoyaron el borrador de principios supraconstitucionales propuesto por el Gobierno para la elaboración de la Carta Magna ante el temor de que los Hermanos Musulmanes y los salafistas (ultraconservadores) monopolizaran la Asamblea Constituyente y conspiraran contra el Estado civil.
Azote de la calle revolucionaria
Más allá del terreno político, los militares han perdido crédito en calle a pasos de gigante por la represión continuada de las protestas y su incapacidad para evitar matanzas como la de los cristianos en octubre pasado o el desastre del estadio de Port Said a finales de enero.
Sus equivocaciones, apuntaladas por el burdo cambio de lealtades de unos medios públicos que dejaron de rendir culto al dictador para postrarse ante los militares, ha extendido la imagen de que solo se ha sustituido un autócrata anciano y enfermo por una veintena de altos cargos militares a las órdenes del mariscal de campo Husein Tantaui, a quien en tono jocoso algunos tuiteros felicitaban ayer como el verdadero ganador de las presidenciales.
En su declaración constituyente, la Junta juró fidelidad a "la libertad, el imperio de la ley, la igualdad, la democracia pluralista, la justicia social y la erradicación de la corrupción". Pero, en su accidentada travesía, han reproducido las prácticas más terribles de la dictadura. Y, en algunos casos, han llegado incluso a superar al maestro. Más de 12.000 civiles han comparecido ante tribunales militares por "matonería", "insultos al ejército" o "tenencia ilegal de armas" y una veintena de mujeres fue sometida a terribles pruebas de virginidad.
El Ejército, que recibe unos mil millones de euros anuales de Estados Unidos en concepto de ayuda militar, ha patrocinado una dura campaña de "acoso y derribo" de las organizaciones civiles al acusarlas de recibir fondos del exterior. Lejos de apaciguar, los soldados han abierto nuevos y dolorosos frentes.
En marzo de 2011, los vecinos coptos de un barrio cairota fueron atacados y, según los testigos, los vehículos blindados llegaron tarde y adoptaron una postura neutral. Y en octubre convirtieron una manifestación pacífica de cristianos en un baño de sangre con 28 fallecidos. Al calor del asalto a la embajada israelí el pasado septiembre, la Junta Militar no solo retrasó su promesa de derogar la Ley de Emergencia, una norma que permite detenciones sin cargos y que expiró a fines de este mayo, sino que aprovechó para ampliar su ámbito de aplicación a la publicación de rumores, la interrupción del tráfico o el delito de "atentar contra la libertad de trabajar".
El pasado miércoles un decreto del Ministerio de Justicia autorizó a la policía y la Inteligencia militares a arrestar civiles sin orden judicial por "delitos comunes". Un vago término que incluye "daños a la seguridad del Estado, desobediencia civil y difamación a las autoridades".
Un emporio económico
Junto a la fuerza bruta, el poder legislativo y la influencia política, el Ejército tiene la llave de la economía local. "La contribución exacta de los militares al mercado de consumo local se desconoce pero las estimaciones señalan que podrían controlar hasta el 40 por ciento de la economía. En algunos sectores, como el de las bombonas de gas, son los únicos proveedores", explica a EL MUNDO.es Robert Springborg, profesor de la estadounidense Naval Postgraduate School y experto en las Fuerzas Armadas egipcias.
Hasta la sopa tiene cierto ritmo marcial en la tierra de los faraones. El modo literal de la expresión sucede cada vez que una madre egipcia prepara un caldo a base de 'Reina', una marca de pasta elaborada en una factoría propiedad del Ministerio de Producción Militar. De sus cuarteles también proceden el agua mineral y los encurtidos "Safi", los zumos y las salsas 'Sinaí', las mermeladas 'Faraón' y el pollo 'Watania' (Nacional). La receta de este imperio económico sujeto a silencio castrense posee una lista interminable de ingredientes: Hoteles y complejos turísticos, inmobiliarias, servicios de limpieza, carpinterías o fábricas de electrodomésticos, productos químicos y automóviles.
La lucrativa fórmula de los generales nació en 1820 por orden de Mohamed Ali. En un ataque de patriotismo, el padre del Egipto moderno se propuso producir uniformes y pequeñas armas. Pero su época dorada llegaría tras el Golpe de Estado de 1952 y el ascenso de Gamal Abdel Naser. Tres décadas de conflicto y cinco guerras después, la firma del tratado de paz con el vecino Israel en 1979 obligó a congelar el ardor guerrero y adelgazar la tropa. La industria militar acogió entonces a la legión de soldados desmovilizados. El derrocado Hosni Mubarak probó la eficacia de su maquinaria en marzo de 2008 cuando, acosado por la crisis del pan subvencionado, confió a la red de panaderías del ejército la tarea de saciar el hambre de sus súbditos.
Un golpe de efecto que también ejecutó el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el año pasado al entregar unos 750 millones de euros al Banco Central en un intento de sostener la cotización de la libra egipcia.
Las cifras reales de este emporio siguen ocultas bajo la alfombra. La clave -declara la activista Sally Toma, promotora de una campaña audiovisual que denuncia las mentiras de los uniformados- es "descubrir lo que todo el mundo sabe" pero que, en el caso de las actividades económicas, "resulta poco preciso". Las sombras con incluso más alargadas si se cuentan los negocios privados de oficiales jubilados y una red de influencias y poder que ha crecido al calor de seis décadas de régimen militar.
El abultado bolsillo de la élite castrense contrasta con una raquítica economía incapaz de detener la hemorragia de reservas de divisa extranjera, el derrumbe del turismo o la huida de los inversores internacionales. La inestabilidad política ha agravado además la carestía de la mitad de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. Ajenos al drama, los uniformados consideran su actual autonomía económica una de las líneas rojas infranqueables en la Constitución. Según Springborg, la Junta "solo está comprometida con una democracia muy limitada que no incluye el control civil sobre sí mismos". Curtido en los tiempos de Naser, Tantaui, aboga por un modelo centrado en "la defensa del Estado como actor económico, el control militar y el antiamericanismo".
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/18/internacional/1340033942.html
