Italia inicia su misión en Libia para controlar la inmigración y confisca el barco de una ONG
Italia sigue centrando sus esfuerzos en controlar la situación que se vive en el Mediterráneo a cuenta de la crisis migratoria. Desde hoy una flotilla de barcos italianos patrullará en aguas libias para ayudar al país africano a combatir a los traficantes de inmigrantes que operan allí. El primer barco italiano viajó hasta Libia inmediatamente después de que el Parlamento diera luz verde a la misión naval.
Esta iniciativa ha surgido a partir de la petición, el pasado 23 de julio, de "apoyo técnico y naval" para la Guardia Costera libia del jefe del Gobierno de Unidad Nacional, Fayed Al Serraj , el único reconocido por la ONU y que cuenta con el apoyo de Italia. "Lo que hemos aprobado no es ni más ni menos que lo que nos ha pedido el Gobierno libio", decía al respecto el primer ministro Italiano, Paolo Gentiloni.
La operación, tal y como explicó la ministra italiana de Defensa, Roberta Pinotti, consistirá en un "apoyo logístico, técnico y operativo a las autoridades navales libias", a las que acompañarán en actividades conjuntas y coordinadas y se desarrollará hasta el 31 de diciembre. También apuntó que en el caso de un enfrentamiento con los traficantes de personas, la defensa de los militares italianos "será lícita".
La decisión de Roma de llevar sus barcos a Libia ha sido duramente criticada. 'Open Migration', un proyecto lanzado como base de datos y portal de noticias sobre migraciones ha escrito que "aunque el Gobierno italiano haya negado efectuar devoluciones de migrantes, en la práctica la misión parará las embarcaciones antes de su llegada a aguas internacionales".
La ONG Intermón Oxfam ha señalado que esto conlleva el riesgo de dejar atrapados a los inmigrantes "en un infierno al otro lado del mar", aludiendo a las múltiples torturas, detenciones ilegales y abusos documentados por varias organizaciones en Libia, que carece de un sistema de asilo y penaliza las entradas y estancias irregulares.
Para Amnistía Internacional, esta misión "no está concebida para poner fin a la creciente cifra de muertes en el Mediterráneo central, sino más bien para impedir la llegada de personas refugiadas y migrantes a las costas italianas".
El cometido de la operación italiana es ayudar a las autoridades locales a hacer frente a las redes de tráfico de personas que actúan sin control en las costas del país africano. Del total de 95.215 inmigrantes que llegaron a Italia a través del mar en lo que va de año, el 97% partió de playas libias, según el Ministerio del Interior italiano.
Esta misión naval ha obtenido el visto bueno del Parlamento dos días después de que el Ejecutivo firmara con algunas ONG un código de conducta para los rescates en el mar.
Una ONG, acusada de colaborar con las mafias
Casi a la par que comenzaban las labores en Libia, el barco de una de las ONG que no suscribió este código ha sido confiscado de forma preventiva por las autoridades de Trapani y permanece retenido en el puerto de Lampedusa. A la propietaria de la nave, la organización alemana Jugend Rettet, se le acusa de favorecer la inmigración clandestina durante sus operaciones de salvamento. El fiscal de Trapani, Ambrogio Cartosio, ha explicado ante los medios que su rechazo al código de conducta no ha tenido ninguna influencia en la decisión judicial.
Ha explicado que la confiscación se ha producido ahora porque han constatado un "peligro serio de reiteración de la actividad delictiva" a bordo de la nave.
Aunque la investigación, que se inició en octubre del año pasado, se encuentra todavía en fase preliminar, y las pesquisas siguen en curso, el fiscal ha apuntado a "graves indicios de contactos y encuentros" entre miembros del equipo del 'Iuventa', de bandera holandesa y los traficantes de personas.
Atendiendo a su reconstrucción, los inmigrantes iban escoltados por las mafias hasta la embarcación de la ONG, donde eran "entregados" a algún miembro de la tripulación, en aguas próximas a Libia. En concreto se refirió a tres hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2016 y el 18 y 26 del pasado junio.
El fiscal, que no ha querido dar detalles a los medios acerca de cómo nació o se está desarrollando la investigación, ha preferido mantener la prudencia y descartó por el momento la posibilidad de una "colaboración estable entre los traficantes libios y el barco de la organización. "Los fines de ambas partes son bien distintos", añadió argumentando que a unos los mueve el dinero y a los segundos, los motivos humanitarios y calificó como "ciencia ficción" un hipotético acuerdo entre las ONG y los traficantes de personas.
El delito de favorecimiento de la inmigración clandestina en Italia está penado con hasta tres años de prisión ampliables hasta los 15 si se da el agravante de que la persona introducida ilegalmente en el país sufre explotación.
http://www.elmundo.es/internacional/2017/08/02/59821d4c22601d371c8b4631.html