Rusia responde a las nuevas sanciones de EE UU con la salida de diplomáticos estadounidenses
Washington tendrá que recortar su número de trabajadores en Moscú y no podrá usar unas instalaciones
Rodrigo Fernández
Joan Faus
Moscú / Washington
28 JUL 2017 - 18:55 CEST
Rusia ordenó este viernes disminuir el número de diplomáticos de
Estados Unidos en Moscú y sus consulados, además de prohibirles el uso de un complejo de descanso y unos almacenes. A pesar de la retórica empleada, las medidas, que no incluyen la acusación de espionaje de ningún estadounidense ni la expulsión de nadie en concreto, son señal de que los halcones en el Kremlin perdieron, al menos de momento, y vencieron los que todavía piensan que se puede mejorar la relación con el país más poderoso del mundo.
El anuncio de Moscú llega al día siguiente de que el Senado estadounidense
aprobara, por una amplísima mayoría, imponer nuevas sanciones a Rusia por su presunta injerencia electoral y su papel en las crisis de Ucrania y Siria. La ley limita la capacidad del presidente estadounidense de retirar las penalizaciones, lo que supone un claro desafío a
Donald Trump. El mandatario debe decidir ahora si firma la ley, que refleja la profunda desconfianza generalizada que despierta su acercamiento a Moscú, o la veta, consciente de que probablemente los legisladores podrían anular su veto.
Sin embargo, las medidas adoptadas por el Kremlin no son una respuesta directa a las sanciones del Congreso sino a las que adoptó la Administración de Barack Obama el pasado diciembre por la supuesta intromisión electoral de Moscú. Los servicios de inteligencia estadounidenses acusan a Rusia de orquestar una campaña de ciberataques para ayudar a Trump a ganar los comicios de noviembre. El Kremlin lo niega, y el republicano es escéptico y dice sufrir una “caza de brujas”. Un fiscal especial y el Congreso investigan si el entorno de Trump se coordinó con las acciones rusas.
Obama expulsó en diciembre de EE UU a 35 diplomáticos rusos acusados de ser agentes de inteligencia, a los que dio 72 horas para abandonar el país. El presidente ruso, Vladímir Putin, sorprendió a todos cuando decidió entonces no responder simétricamente, es decir, aplicar el mismo castigo a los estadounidenses como era la tradición.
Ante la falta de progreso en las relaciones con Washington desde el inicio de la presidencia de Trump, en Moscú aumentó el número de políticos y funcionarios partidarios de responder a EE UU y de los que querían que la respuesta fuera dura. El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, confirmó en junio que estaban estudiando las medidas a tomar ante la negativa de Washington de desbloquear las casas de descanso de los diplomáticos rusos en EE UU, mientras que algunos medios decían que se preparaba la expulsión de una treintena de diplomáticos norteamericanos.
La declaración rusa de este viernes advierte de que Moscú se reserva el “derecho a adoptar, en base al principio de reciprocidad, otras medidas que pueden afectar a los derechos de EE UU”, y habla de la “extrema agresividad” de Washington, al que acusa de emprender “groseras acciones antirusas con el pretexto, completamente inventado, de una injerencia rusa en sus asuntos internos” y adoptar “sanciones ilegales” contra Moscú.
Antes de entrar a la Casa Blanca, Trump
elogió repetidamente a Putin, y sugirió que podría levantar las sanciones a Rusia impuestas por Obama en diciembre. Tras reunirse por primera vez con Putin, el 7 de julio en Hamburgo, Trump abogó por aparcar el asunto de la intromisión electoral y buscar áreas de cooperación bilateral. El Congreso ha puesto ahora serias trabas a ese deseo de deshielo y ha mandado un mensaje de contundencia al republicano.
La ley limita la capacidad del presidente de retirar las penalizaciones y da al Congreso un plazo de al menos 30 días para votar cualquier cambio que trate de hacer el presidente. Para levantar las sanciones relacionadas con los ciberataques rusos durante la campaña, Trump tendría que demostrar a los legisladores que existen pruebas de que Rusia ha tratado de limitar esas actividades. Y para retirar los castigos por las intromisiones territoriales rusas en Ucrania, tendría que certificar que las causas se han solventado.
El Ministerio de Exteriores ruso cree que la ley del Congreso “ha demostrado con claridad meridiana que las relaciones con Rusia se han convertido en rehén de la lucha política interna en Estados Unidos” y que con ella pretende garantizar una posición ventajosa de Washington en la economía mundial.
La norma también ha distanciado a EE UU y Europa. Encabezados por
Alemania, varios países y las autoridades comunitarias han manifestado su preocupación y
han amenazado con represalias dado que la ley permite penalizar a las empresas europeas que contribuyan al desarrollo del sector energético ruso. La cláusula podría afectar especialmente al proyecto de gasoducto
Nord Stream 2, entre Rusia y Alemania, en el que participan firmas alemanas, francesas, austriacas y angloholandesas
Flexibilidad con Europa
La ley concede mayor o menor margen de maniobra a Trump. Por ejemplo, respecto a los proyectos energéticos rusos, establece que el presidente “puede” imponer sanciones y que deberían ser en coordinación con los socios europeos, lo cual rebaja la posibilidad de que se decreten. Las penalizaciones podrían suponer la prohibición de acceso a financiación de bancos estadounidenses o de concesión de visados para viajar a EE UU. También podrían bloquearse las propiedades en el país de las personas sancionadas o excluirlas de licencias de exportación.
En cambio, la legislación es mucho más rígida en otros campos. Establece que el presidente “impondrá” sanciones a los sectores de inteligencia y defensa rusos. También tendrá que castigar a las personas relacionadas con ciberataques del Gobierno ruso contra otros gobiernos o instituciones democráticas, pero quién escoge a los individuos es el mandatario. También tiene que sancionar a quienes presten apoyo material, financiero o tecnológico a Siria en el desarrollo de armas químicas o misiles balísticos. Las penalizaciones supondrán el bloqueo de activos en EE UU y la denegación de visados de viaje.
En cuanto a los proyectos energéticos, se permite castigar una inversión que contribuya “directamente y significativamente” a la capacidad de Rusia de construir tuberías de exportación de energía. Lo mismo sucede con la facilitación de “bienes, servicios, tecnología, información o apoyo que facilite directamente y significativamente el mantenimiento o expansión” de nuevos o viejos oleoductos o gasoductos. El objetivo es estrangular aún más la economía rusa, que ya languidece por el efecto de tres años de sanciones por la crisis ucrania.
455 diplomáticos
A diferencia de las sanciones de la Casa Blanca en diciembre, la respuesta del Kremlin no acusa a ningún diplomático de espía ni se expulsa a nadie en concreto, limitándose a ordenar reducir el personal al mismo número que tienen los rusos en Estados Unidos, es decir, a 455 personas. Además, les otorga más de un mes de plazo para que cumplan con este requisito y deja en manos de Washington la posibilidad de decidir quiénes se quedan y quiénes se van. O sea, nada parecido a una respuesta simétrica, lo que significa que Vladímir Putin no ha perdido las esperanzas de ver un repunte en las relaciones con Washington.
De todas formas, el que Moscú restablezca la paridad en el número de personal de las representaciones diplomáticas es un serio inconveniente para Washington, ya que, según algunas fuentes, cientos de personas se verán afectadas y tendrán que regresar a EE UU.
https://elpais.com/internacional/2017/07/28/actualidad/1501239421_771347.html
