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"...El entonces Secretario de Interior y actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos, RICARDO GIL LAVEDRA, manifestó que el Ministerio de Interior, desde varios meses antes del ataque estaba haciendo un seguimiento de las actividades de la ultraizquierda.
El entonces Secretario General de la Presidencia y actual Viceministro de Interior CARLOS BECERRA, manifestó que la Central Nacional de Inteligencia no tenía capacidad operativa para actuar.
El entonces titular de la Central Nacional de Inteligencia, RICARDO NATALE, manifestó que los sucesos de La Tablada no habían podido preverse porque “los servicios de inteligencia tenían concentrado su accionar sobre la extrema derecha”.
Teniendo en cuenta estas declaraciones es indudable que alguien mentía, ¿TROCCOLI?, ¿BECERRA?, ¿NATALE?, ¿GIL LAVEDRA?, entonces, ¿por qué no se investigó en esta dirección?
Si el ex Ministro TROCCOLI, el entonces titular del COSENA, Almirante BARRY M. HUSSEY y el ex Diputado GABRIEL LABAKE admitieron que en el ataque al cuartel habían participado elementos de la organización subversiva peruana Sendero Luminoso, que desde 1986 utilizaban el Norte Argentino como lugar de descanso y reunión, ¿por qué no se investigó en esta dirección ?
Si en el Artículo 4° del Decreto fundacional del COSENA se reconoció el apoyo internacional a la organización subversiva, ¿por qué no se investigó en esta dirección?
Relacionado con el apoyo internacional, es importante tener en cuenta que en 1988, el entonces Presidente de la Nación RAUL ALFONSIN, agasajó en la quinta de Olivos a quien fuera Ministro de Interior de Nicaragua (y amigo de GORRIARAN MERLO), TOMAS BORGE.- En ese agasajo participaron miembros del Movimiento Todos por la Patria.
De las investigaciones realizadas se supo que no menos de 20 de los terroristas que participaron en el ataque al cuartel provenían de una pasada actuación con las fuerzas sandinistas y que parte del armamento utilizado en el ataque coincidía con una partida vendida a Nicaragua.
Así como se buscan denodadamente los apoyos nacionales e internacionales de los responsables de las nuevas agresiones contra nuestra Patria, materializadas en los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, ¿por qué no se investigó quiénes apoyaron, financiaron, organizaron y dirigieron este atentado?.
De las investigaciones realizadas surge que en la operación actuaron en el orden de 700 subversivos (contando apoyos logístico, de agitación y reservas), calculándose la cifra necesaria para poner en movimiento y sostener una estructura clandestina de esta envergadura, osciló entre los 3 y los 5 millones de dólares (la que contempla lo invertido en armamento, entrenamiento, racionamiento, equipamiento, mantenimiento de la estructura, la compra del campo de San Vicente y otras propiedades, recompensas y organización del resto de la estructura militar).
Si el entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejército, una hora después de ejecutado el ataque al Cuartel informó al Presidente que los atacantes eran elementos de la ultraizquierda, ¿por qué recién cerca del mediodía se autoriza la intervención del Ejército, permitiendo que la Policía Bonaerense cargara en forma exclusiva con el peso de la defensa sabiendo que su capacidad operativa estaba muy por debajo de las circunstancias?
En 1988 la cúpula del MOVIMIENTO TODOS POR LA PATRIA tuvo acceso y difundió las conclusiones de la Conferencia de Ejércitos Americanos, documento de alta confidencialidad del que sólo pudieron haber tomado conocimiento altos funcionarios del gobierno, lo que demuestra la connivencia entre terroristas y gobierno.
Todos estos interrogantes sin respuesta conforman un cuadro de situación que no sólo nos permite comprender el por qué de las medidas que se están instrumentando para dejar en libertad a quienes atentaron contra la Patria, sino que deberían alertarnos sobre lo que puede llegar a suceder en un futuro más o menos inmediato.
Hoy los herederos de aquel gobierno, bajo cuyo amparo se llevó a cabo la agresión, vienen tras la consumación de la felonía y para ello recurrirán a un complejo procedimiento judicial que permitirá a los delincuentes transformarse de condenados en procesados y, por medio de una norma de dudosa juridicidad, recuperar la posibilidad de reiniciar su lucha contra la sociedad.
Con esto no harán más que demostrar el desprecio por Instituciones de la Nación, como lo son el Ejército Argentino y las Policías Bonaerense y Federal Argentina que dejaron su saldo de muertos y heridos en la neutralización de aquel ataque, defendiendo el orden constitucional y los intereses de la Patria.
En síntesis, no harán más que demostrar que quienes fueron terroristas en el pasado y no haya hecho público su arrepentimiento por haber atentado contra la Patria, siguen siendo terroristas en el presente y hoy, desde sus cargos de funcionarios, legisladores o jueces continúan buscando la revancha.
Teniendo en cuenta lo expuesto, es necesario que recordemos algunas cosas:
Los autodenominados “defensores de los derechos humanos” ALFREDO BRAVO, ALFREDO VILLALBA, FLOREAL GORINI, SIMÓN LAZARA y ENRIQUE PÉREZ ESQUIVEL, son autores de proyectos de ley y promotores de la intervención de Costa Rica para lograr la libertad de los criminales del MOVIMIENTO TODOS POR LA PATRIA condenados por la justicia.
LEANDRO DESPOUY, representante especial para los derechos humanos en el ámbito internacional de la Cancillería, quien en la década de los ‘70 tuviera que exiliarse por colaborar con las organizaciones terroristas que asolaron nuestra Patria, es uno de los que interviene en el tratamiento del caso ante organismos internacionales.
Quienes impulsan la iniciativa para dejar en libertad a los terroristas, aducen que la Ley de Defensa del Sistema Democrático y del Orden Constitucional, bajo cuyo imperio fueron juzgados y condenados, recién ahora se dan cuenta que la norma constituye una “violación a la garantía de la doble instancia”, es así que:
JORGE TAIANA, Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hijo de quien fuera Ministro de Educación durante el gobierno de HÉCTOR CAMPORA, ambos cuadros de la organización terrorista Montoneros, es uno de los autores del dictamen de esa Comisión que objeta los alcances de la Ley de Defensa de la Democracia en lo referente a la doble instancia judicial y es quien más presiona al gobierno nacional para lograr su modificación y, de esta forma beneficiar a los terroristas.
RICARDO GIL LAVEDRA, Ministro de Justicia y Derechos Humanos del actual gobierno, es otro de los impulsores de la modificación de la Ley con la finalidad de conseguir la libertad de aquellos que fueron juzgados y condenados por haber atentado contra la Patria y sus instituciones, durante un gobierno constitucional.
Para llevar adelante esta iniciativa aduce que la Ley de Defensa de la Democracia vulnera el Pacto de San José de Costa Rica, que fuera incorporado a nuestra Constitución luego de las reformas de 1994, omitiendo el hecho que dicha Ley fue promulgada con anterioridad a la incorporación del Pacto aspecto que, en un Estado de Derecho, sería inaplicable por inconstitucional dado que las normas no pueden tener efecto retroactivo.
No obstante ello, en el supuesto caso que se invoque el Pacto y que la Justicia hiciera lugar a un nuevo juicio, no nos debemos sorprender dado que quienes impulsan la libertad de los terroristas tienen una vasta experiencia en vulnerar el Derecho y así lo demostró el propio GIL LAVEDRA quien, como miembro de la Cámara Federal de la Capital Federal, no tuvo problemas en aceptar como instrumento legal una ley posterior al proceso substanciado para juzgar y condenar a los Comandantes en Jefe que derrotaran militarmente al terrorismo subversivo, en el juicio popular ordenado por el RAÚL ALFONSIN.
RAMÓN TORRES MOLINA, diputado nacional por el FREPASO, fue cuadro de las Fuerzas Armadas Peronistas diseñadas en LA HABANA en los ’60 y ’70, purgó una condena por haber participado en el intento foquista de TACO RALO y fue abogado defensor de los miembros del Movimiento Todos por la Patria que participaron del ataque al Cuartel es autor de un proyecto por el que se pretende modificar la Ley de Defensa de la Democracia para lograr que los terroristas queden en libertad.
MARTA FERNÁNDEZ, abogada defensora de los terroristas del MOVIMIENTO TODOS POR LA PATRIA y del criminal ENRIQUE HAROLDO GORRIARAN MERLO, fue la esposa de CARLOS ALBERTO BURGOS, uno de los cabecillas del ataque al Cuartel y cofundadora, junto con su marido de la revista Entre Todos que diera luz a la organización terrorista, es otro de los personajes que más actúa a nivel nacional e internacional, juntamente con ALFREDO BRAVO y ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL.
Para el logro del objetivo que se han fijado utilizan la excusa de defender los derechos humanos de quienes se los negaron a los militares y policías vilmente asesinados durante el ataque, como los soldados TADEO TADIA, CARDOZO, GRILLO y DÍAZ; el Comisario GARCÍA GARCÍA; el Teniente Primero ROLON; los suboficiales ALBORNOZ, ORNE y SORIA o el Teniente Coronel FERNÁNDEZ CUTIELLOS.
El entonces Secretario de Justicia ENRIQUE PAIXAO, expresó que cuando se decidió juzgar a los terroristas por la Ley 23.077 (de defensa del sistema democrático y del orden constitucional), que es lo que hoy se cuestiona, se tuvo en cuenta la configuración de la asociación ilícita dado que el MTP había realizado una acción que puso en peligro la vigencia de la Constitución Nacional y que era una organización que reunía las siguientes características contempladas en la Ley:
• Estaba integrada por 10 ó más individuos.
• Poseía organización militar o tipo militar.
• Tenía estructura celular.
• Disponía de armas de guerra y explosivos de gran poder ofensivo.
• Operaba en más de una de las jurisdicciones políticas del país.
• Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior.
Esta Ley resaltaba que la sentencia será dictada en INSTANCIA UNICA por las Cámara Federales de Apelaciones competentes.
Las excusas que hoy se esgrimen para dejar en libertad a los terroristas ponen en evidencia que esta Ley tenía otros destinatarios al incluir como característica para la configuración de la “asociación ilícita” que quienes se alzasen en contra de la democracia o la Constitución debía estar contar por uno ó más oficiales o suboficiales de las FF.AA. o de Seguridad.
Quienes fueron los abogados defensores de los terroristas, en su mayoría son activistas dentro las organizaciones pseudodefensoras de derechos humanos:
EDUARDO BARCESAT – Liga Argentina por los Derechos del Hombre, candidato a Senador por la Izquierda Unida.
ALICIA OIVEIRA – CELS, actual Defensora del Pueblo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
OCTAVIO CARSEN – CELS
EDUARDO SALERNO – Asociación Americana de Juristas
RAÚL SCHNABELL- Liga Argentina por los Derechos del Hombre
HÉCTOR TRAJTEMBERG – Liga Argentina por los Derechos del Hombre
GABRIEL LERNER – Liga Argentina por los Derechos del Hombre
ELENA MORENO – Comisión de Familiares Detenidos –Desaparecidos por Razones Políticas.
ÁNGEL DI PAOLA – Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
RAMÓN TORRES MOLINA – Terrorista de las FAP (estuvo detenido por su participación en el intento guerrillero de TACO RALO – Hoy es Diputado por el FREPASO.
MARTHA FERNANDEZ – Esposa del terrorista del MOVIMIENTO TODOS POR LA PATRIA CARLOS BURGOS
TILSA ALBANI
PATRIA PALENQUE
MARCELO PALENQUE
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