Operativo Independencia
- Tema iniciado david82
- Fecha de inicio
Creo que en general, no prescriben los crímenes de cualquier naturaleza y cometidos por quien fueran cometidos, si prescriben a los 10 años todo lo comercial y civil, pero entiendo que esto lo debería confirmar algún abogado del foro.-
FerTrucco
Colaborador
Obviamente que es un tema complejo, con muchos enfoques. Lo que en varios posteos leo apunta a cierta preferencia por parte de la política y la justicia en la manera de encarar el tema. Por caso, ¿quién decide el nivel de control que una agrupación terrorista tiene sobre un territorio? ¿O quién fija los límites de ese territorio?
Algunos posteos más atrás publicaron la tapa de un diario que hablaba de "donación impuesta" a una empresa. No controlaban territorio, no fijaban leyes, pero te imponían gravámenes (y supongo que también los punitorios...). ¿Cuál sería el status territorial de Tucumán? ¿Controlaban la provincia; no la controlaban; controlaban una parte? El operativo Independencia (que titula este thread) no duró diez minutos. La acción guerrillera allí fue mucho más larga. Y no hacía falta que estuvieran parados medio día en una ruta para cobrar peaje. El control lo ejercían de otra manera.
Por otra parte, ¿por qué es lesa humanidad desde 1976, y no desde antes? Si hubo excesos y crímenes por parte de las FFAA, y si según muchos analistas (muchos de ellos políticamente interesados) ya para 1976 la guerrilla estaba bastante menguada, ¿qué diferencia había respecto de lo ocurrido entre 1973 y 1976? Me autorrespondo: que los que ocupaban cargos de gobierno podrían estar presos, cosa que hicieron con cuanto funcionario pudieron desde 1976 en adelante. El único político de peso que recuerdo fue encarcelado fue López Rega. El resto gozó siempre de cierta impunidad.
También me pregunto por qué la diferencia entre un soldado conscripto y un militar de carrera (diferencia que, por cierto, no hicieron ni la justicia ni la política, ya que dejaron a todas las víctimas del terrorismo sin ninguna clase de compensación o acto de justicia). El militar de carrera no se metió en la milicia para que un energúmeno revolucionario le pegue un tiro en la cabeza. No hay un derecho natural a perseguir a gente de uniforme, sencillamente porque me da la gana. El que murió defendiendo el regimiento en Formosa seguramente no pensó en ser militar para eso (podríamos, aunque nos vamos a otra década, mencionar por ejemplo a Fernández Cutiellos).
En cuanto al accionar de la justicia, también creo que hay una mirada tuerta. Para empezar, se creó la Cámara Federal Penal para juzgar a los guerrilleros. Pero no solamente esos quedaron sueltos, sino que además mataron a alguno de los magistrados. Eso no habilita a cometer crímenes del otro lado, pero es muy fácil ahora pontificar con que "tendrían que haber actuado los tribunales". Cuando lo hicieron, corrió sangre de jueces. Si vamos al período desde 1983 en adelante, llama notablemente la atención la energía que se puso para buscar y juzgar a gente de uniforme (¿sería que eran perfectamente ubicables?) por sobre a los guerrilleros. Si uno ve la cantidad de condenados por los múltiples atentados (y sus víctimas), la lista es llamativamente corta. Sin embargo, hacia el personal militar fueron desde los jefes máximos hasta el último suboficial, funcionarios civiles e incluso gente muerta (Giacchino). Y en los procesos actuales, dudo mucho que puedan ser considerados "juicios con la posibilidad de defenderse". Se sabe perfectamente que esos procesos adolecen de múltiples vicios, pero se sigue insistiendo con que son "juicios justos".
La lista puede seguir casi eternamente. Pero creo que es indudable que se está intentando reescribir la historia de una manera bastante torcida.
Algunos posteos más atrás publicaron la tapa de un diario que hablaba de "donación impuesta" a una empresa. No controlaban territorio, no fijaban leyes, pero te imponían gravámenes (y supongo que también los punitorios...). ¿Cuál sería el status territorial de Tucumán? ¿Controlaban la provincia; no la controlaban; controlaban una parte? El operativo Independencia (que titula este thread) no duró diez minutos. La acción guerrillera allí fue mucho más larga. Y no hacía falta que estuvieran parados medio día en una ruta para cobrar peaje. El control lo ejercían de otra manera.
Por otra parte, ¿por qué es lesa humanidad desde 1976, y no desde antes? Si hubo excesos y crímenes por parte de las FFAA, y si según muchos analistas (muchos de ellos políticamente interesados) ya para 1976 la guerrilla estaba bastante menguada, ¿qué diferencia había respecto de lo ocurrido entre 1973 y 1976? Me autorrespondo: que los que ocupaban cargos de gobierno podrían estar presos, cosa que hicieron con cuanto funcionario pudieron desde 1976 en adelante. El único político de peso que recuerdo fue encarcelado fue López Rega. El resto gozó siempre de cierta impunidad.
También me pregunto por qué la diferencia entre un soldado conscripto y un militar de carrera (diferencia que, por cierto, no hicieron ni la justicia ni la política, ya que dejaron a todas las víctimas del terrorismo sin ninguna clase de compensación o acto de justicia). El militar de carrera no se metió en la milicia para que un energúmeno revolucionario le pegue un tiro en la cabeza. No hay un derecho natural a perseguir a gente de uniforme, sencillamente porque me da la gana. El que murió defendiendo el regimiento en Formosa seguramente no pensó en ser militar para eso (podríamos, aunque nos vamos a otra década, mencionar por ejemplo a Fernández Cutiellos).
En cuanto al accionar de la justicia, también creo que hay una mirada tuerta. Para empezar, se creó la Cámara Federal Penal para juzgar a los guerrilleros. Pero no solamente esos quedaron sueltos, sino que además mataron a alguno de los magistrados. Eso no habilita a cometer crímenes del otro lado, pero es muy fácil ahora pontificar con que "tendrían que haber actuado los tribunales". Cuando lo hicieron, corrió sangre de jueces. Si vamos al período desde 1983 en adelante, llama notablemente la atención la energía que se puso para buscar y juzgar a gente de uniforme (¿sería que eran perfectamente ubicables?) por sobre a los guerrilleros. Si uno ve la cantidad de condenados por los múltiples atentados (y sus víctimas), la lista es llamativamente corta. Sin embargo, hacia el personal militar fueron desde los jefes máximos hasta el último suboficial, funcionarios civiles e incluso gente muerta (Giacchino). Y en los procesos actuales, dudo mucho que puedan ser considerados "juicios con la posibilidad de defenderse". Se sabe perfectamente que esos procesos adolecen de múltiples vicios, pero se sigue insistiendo con que son "juicios justos".
La lista puede seguir casi eternamente. Pero creo que es indudable que se está intentando reescribir la historia de una manera bastante torcida.
No es tan asi, hay varias causas abiertas por el accionar de la Triple A y la Cámara Federal los declaro imprescriptibles y de lesa humanidad. La Dictadura militar continúo la espiral de crímenes que empezó con el gobierno democrático de Isabel Perón.
Giacchino aparece en varios testimonios de sobrevivientes y de ex soldados, como torturador y "matador". De no haber muerto en Malvinas posiblemente hubiese sido juzgado y condenado, como paso con Astiz , Losito y otros. Que un soldado muera en una guerra no lo exime de los crímenes que pueda haber cometido.
Saludos
FerTrucco
Colaborador
Teniendo en cuenta que estaba más que probado que la Triple A era comandada por López Rega, y que era ministro del PEN y persona de la más estrecha vinculación con Juan Domingo Perón y María Estela Martínez, ¿por qué las responsabilidades de lesa humanidad quedaron limitadas a algunos perejiles, o el propio Brujo, en lugar de subir hasta los más altos niveles (tal como ocurrió del '76 en adelante)?
Según los familiares de desaparecidos, son "innumerables testimonios". En lo que pude googlear, son un puñado de casos en los que de palabra dicen que Giacchino era torturador y asesino. En cualquier proceso penal razonable, eso no alcanza para condenar a nadie. Pero en los procesos judiciales que encaró la Argentina con los delitos de lesa humanidad, el tono de voz, el perfume o cualquier cosa similar alcanza para mandar a alguien a la sombra.
No son un puñado, salvo que tengas una mano enorme y te entren todos los expedientes en donde Giacchino aparece nombrado. Disiento con vos en lo del perfume y que cualquier cosa alcanza para encanar a un genocida, en mi opinión todavía son una mínima proporción los juzgados y condenados. En muchas condenas aparecen repetidos muchos figurines que tenían altos cargos, por ejemplo en la causa Campo de Mayo. Las patotas y grupos de tarea son muy difíciles de desentrañar, la mayoria mueren en paz o dificilmente se los encuentre.
Hay algo que se llama corporación política y es como un pacto de no agresión no firmado, en donde responsables como Isabel, Menem, De La Rua, y otros- teniendo motivos para ir en cana unas cuantas décadas o de por vida-gozan de libertad. Imaginate que si el argentinazo del 2001 no pudo meter en cana a un presidente....
FerTrucco
Colaborador
Al menos por los casos que conozco (varios de primera mano), las acusaciones son bastante ridículas. Se invierte la carga de la prueba (el acusado debe demostrar que es inocente), y la construcción de las causas es bastante arbitraria. Como si fuera poco, después los encargados de "impartir justicia" (el tribunal) puede estar compuesto casualmente por ex militantes de las "fuerzas revolucionarias".
Si la misma lógica y modo de acción se aplicara al delito policial cotidiano, los mismos fogoneros de las causas de lesa armarían un escándalo por violaciones de derechos.
O sea, la "justicia" impartida en las causas de lesa humanidad previas a 1976 llega hasta gente de uniforme (no a los responsables políticos), mientras que la "justicia" impartida en las causas de lesa humanidad post 1976 llega hasta gente de uniforme (incluyendo a aquellos que tenían responsabilidad política). ¿Entendí bien?
Si lo vas a analizar desde una visión negacionista, va a ser dificil discutirlo. No conozco juez "revolucionario", si fiscales o jueces que suelen estar mas cerca de los genocidas. Hay muchos civiles juzgados y condenados, no es sólo hasta el "uniforme". El Fiscal general de Mar del Plata, para darte un ejemplo, esta citado a indagatoria en un juzgado federal de San Martin por dos causas de lesa humanidad. Y ya son dos jueces que se excusaron o por ejemplo, el año pasado, la Legislatura Bonaerense no hizo lugar a un pedido de juicio politico. Ahi la corporación politica también le da una mano a estos elementos residuales de la dictadura, algunos como este fiscal, Fabian Uriel Fernandez Garello, con mucho poder.
El caso me toca de cerca por un familiar que fué víctima de la represión ilegal, por eso hay que ser muy cuidadoso mas allá de las posiciones de cada uno.
FerTrucco
Colaborador
Bueno, ponele la etiqueta de negacionista, si te resulta más cómodo. Corre por tu cuenta.
Sobre los jueces "revolucionarios", me refiero a casos como este:
En el caso de la jueza Noli, la Sala IV sostuvo que existirían elementos de público acceso que permitirían avalar la hipótesis de que la magistrada formó parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y que, al igual que el juez Pérez Villalobo, se habría reunido con algunos de los querellantes sin anoticiar de ello a las defensas.
https://www.lanacion.com.ar/1944480-jueces-parciales-sentencias-nulas
También hay gestos políticos notables: Hebe de Bonafini abrazada a Milani, Estela de Carlotto disculpando a Rodríguez Saá, y Balza haciéndose el sota respecto de la carta que le mandó a Videla. Pareciera que en algunos casos, dependiendo del juego político de turno del implicado la dispensa de parte de ciertos sectores es rápida.
Los años '70 (sin ánimos de poner un límite temporal a los años de plomo) fueron horribles para la sociedad. Tanto por la violencia que se desplegó, como por las vidas tronchadas, como por las hipocresías demostradas en un contexto tan espeluznante. En lo personal, el tema lo conozco de cerca, y he visto muy poco cuidado de parte de muchos la hablar al respecto.
Sobre los jueces "revolucionarios", me refiero a casos como este:
En el caso de la jueza Noli, la Sala IV sostuvo que existirían elementos de público acceso que permitirían avalar la hipótesis de que la magistrada formó parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y que, al igual que el juez Pérez Villalobo, se habría reunido con algunos de los querellantes sin anoticiar de ello a las defensas.
https://www.lanacion.com.ar/1944480-jueces-parciales-sentencias-nulas
¿Civiles de qué jerarquía política? Vos mismo mencionaste que la corporación política se cuida a sí misma. Por lo que se puede deducir de lo acontecido hasta ahora, ese cuidado se aplica con frecuencia: ni un solo funcionario de alto rango condenado por los crímenes pre '76. Tampoco por lo que sucedió en La Tablada en 1989.
También hay gestos políticos notables: Hebe de Bonafini abrazada a Milani, Estela de Carlotto disculpando a Rodríguez Saá, y Balza haciéndose el sota respecto de la carta que le mandó a Videla. Pareciera que en algunos casos, dependiendo del juego político de turno del implicado la dispensa de parte de ciertos sectores es rápida.
Los años '70 (sin ánimos de poner un límite temporal a los años de plomo) fueron horribles para la sociedad. Tanto por la violencia que se desplegó, como por las vidas tronchadas, como por las hipocresías demostradas en un contexto tan espeluznante. En lo personal, el tema lo conozco de cerca, y he visto muy poco cuidado de parte de muchos la hablar al respecto.
La afirmación es porque recordè que en el tópico Torturas en Malvinas interveniste dudando de la veracidad de las denuncias, a pesar que algunos foreros VGM afirmaban conocer de primera mano los casos. Y acá también sembrás las dudas, todo bien. Te dejo un saludo
Tras décadas de este juego perverso el sistema judicial colapsa en un mar de expedientes que esconden las verdaderas causas de esta inactividad donde cualquier trámite se convierte en un vía crucis.
Se podrán esgrimir muchas causas (atraso presupuestario, falta de controles, escasa idoneidad, falta de presión de la sociedad y cierta complacencia burocrática) pero muchos consideramos que la verdadera razón de este marasmo tiene fecha y hora de inicio, el 28 de abril de 1974, a las 14,30 hs., dos meses antes de la muerte de Juan Domingo Perón (en pleno proceso democrático), cuando Marino Amador Fernández y Raúl Argemi descargaron sus metralletas a quemarropas sobre el Dr. Jorge Vicente Quiroga, ex juez de la Cámara Federal Penal. ¿La causa? El juez Quiroga había condenado a los miembros del ERP, camaradas de sus victimarios, por crímenes subversivos. Quiroga se desangró en la vereda y murió dos horas más tarde en el Hospital Rawson.
La inteligencia del ERP para llegar a Quiroga había obtenido esa información de las confesiones del juez Bianco, arrancadas bajo tortura.
Los asesinos fueron capturados semanas más tarde en su domicilio de Ramos Mejía, donde hallaron armas de guerra, explosivos y documentos falsos. Por tal razón fueron condenados a 25 años de prisión, pero estas penas no se cumplieron y fueron liberados por amnistías y reducciones de condena, menos de 10 años más tarde. Para ellos hubo olvido y perdón. No fue así para los muertos por la subversión.
Actualmente Argemi vive en España recordando sus años de plomo, años en los que también ultimó al almirante Quijada. Gracias a “sus proezas”, fue indemnizado y de allí viajó a Madrid, donde desarrolló una exitosa carrera como escritor. Estos y otros actos terroristas detalla en sus novelas (que han ganado el premio Hammett), pero en sus largos reportajes de nada se arrepiente ni menciona la muerte del juez o el almirante (solo destila rencor).
En la foto “el tio ” Campora ,los jovenes traviesos del ERP y ex Procurador General de la Nación, Esteban Righi.
El Dr. Jorge Vicente Quiroga fue asesinado un 28 de abril de 1974, en Capital Federal. El Dr. Quiroga había sido designado como integrante de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, dedicada a juzgar en instancia única y juicio oral a los autores de actos terroristas, por lo cual había tomado parte en los procesos por la fuga del Penal de Rawson, el copamiento del aeropuerto de Trelew, y el secuestro del avión de Austral, entre otros. Asi trato la subversion terrorista de los ’70 a los jueces que, en democracia, juzgaron sus aberrantes crímenes: Asesinándolos para imprimir terror a quienes se atrevieran a juzgarlos en juicio justo y democrático. La barbarie comenzó con la acción irracional de liberarlos por parte del presidente terrorista Héctor José Cámpora a través de un indulto que permitio la venganza contra los jueces que los habian juzgado y condenado en democracia y fué Cámpora responsable, como jefe de estado que luego nadie se atreviera
Se podrán esgrimir muchas causas (atraso presupuestario, falta de controles, escasa idoneidad, falta de presión de la sociedad y cierta complacencia burocrática) pero muchos consideramos que la verdadera razón de este marasmo tiene fecha y hora de inicio, el 28 de abril de 1974, a las 14,30 hs., dos meses antes de la muerte de Juan Domingo Perón (en pleno proceso democrático), cuando Marino Amador Fernández y Raúl Argemi descargaron sus metralletas a quemarropas sobre el Dr. Jorge Vicente Quiroga, ex juez de la Cámara Federal Penal. ¿La causa? El juez Quiroga había condenado a los miembros del ERP, camaradas de sus victimarios, por crímenes subversivos. Quiroga se desangró en la vereda y murió dos horas más tarde en el Hospital Rawson.
La inteligencia del ERP para llegar a Quiroga había obtenido esa información de las confesiones del juez Bianco, arrancadas bajo tortura.
Los asesinos fueron capturados semanas más tarde en su domicilio de Ramos Mejía, donde hallaron armas de guerra, explosivos y documentos falsos. Por tal razón fueron condenados a 25 años de prisión, pero estas penas no se cumplieron y fueron liberados por amnistías y reducciones de condena, menos de 10 años más tarde. Para ellos hubo olvido y perdón. No fue así para los muertos por la subversión.
Actualmente Argemi vive en España recordando sus años de plomo, años en los que también ultimó al almirante Quijada. Gracias a “sus proezas”, fue indemnizado y de allí viajó a Madrid, donde desarrolló una exitosa carrera como escritor. Estos y otros actos terroristas detalla en sus novelas (que han ganado el premio Hammett), pero en sus largos reportajes de nada se arrepiente ni menciona la muerte del juez o el almirante (solo destila rencor).
En la foto “el tio ” Campora ,los jovenes traviesos del ERP y ex Procurador General de la Nación, Esteban Righi.
El Dr. Jorge Vicente Quiroga fue asesinado un 28 de abril de 1974, en Capital Federal. El Dr. Quiroga había sido designado como integrante de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, dedicada a juzgar en instancia única y juicio oral a los autores de actos terroristas, por lo cual había tomado parte en los procesos por la fuga del Penal de Rawson, el copamiento del aeropuerto de Trelew, y el secuestro del avión de Austral, entre otros. Asi trato la subversion terrorista de los ’70 a los jueces que, en democracia, juzgaron sus aberrantes crímenes: Asesinándolos para imprimir terror a quienes se atrevieran a juzgarlos en juicio justo y democrático. La barbarie comenzó con la acción irracional de liberarlos por parte del presidente terrorista Héctor José Cámpora a través de un indulto que permitio la venganza contra los jueces que los habian juzgado y condenado en democracia y fué Cámpora responsable, como jefe de estado que luego nadie se atreviera
AGRAVIO A LA MEMORIA DE UN JUEZ
Por disposición del presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Gustavo Bruzzone, se retiró del frente del edificio de ese tribunal la placa que recordaba al juez Jorge Vicente Quiroga, vilmente asesinado por activistas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 28 de abril de 1974.
Quiroga había actuado en la Cámara Federal en lo Penal en el juzgamiento de casos de terrorismo en todo el ámbito de la Nación. La decisión del juez Bruzzone respondió al pedido de un dirigente sindical, probablemente impulsado por estamentos oficiales empeñados en su visión sesgada y unilateral de la violencia de los años setenta.
Debe recordarse que la Cámara Federal en lo Penal, creada en mayo de 1971, había tratado los delitos cometidos por los grupos terroristas, en el marco de la ley y del debido proceso. A partir de su creación tuvo una intensa actividad en correspondencia con la profusa acción de los grupos subversivos. Antes de su desmantelamiento había dictado más de dos mil condenas y encarcelamientos.
El 25 de mayo de 1973, inmediatamente luego de la asunción de Héctor Cámpora como presidente de la Nación, fue dictada una ley de amnistía votada por la totalidad de los legisladores con sólo dos excepciones. Así se dispuso la liberación de todos los terroristas encarcelados y, al mismo tiempo, la Cámara Federal fue suprimida. La disparatada hipótesis de que a esos grupos sólo los animaba la defensa de la democracia en tiempos de gobiernos de facto quedó rápidamente refutada, cuando retomaron las armas contra el propio gobierno constitucional de signo peronista.
La escalada de sangre y fuego marcó una época de violencia que dejó heridas que aún no han cicatrizado.
Hoy puede afirmarse que aquella amnistía y el desmantelamiento de la Cámara Federal fueron determinantes del camino sangriento con que continuó el accionar guerrillero y que también influyeron, como un antecedente frustrante, en la elección de los métodos ilegales para reprimir el terrorismo cuando desbordó las fuerzas del orden y la capacidad del Poder Judicial. La clase política no ha reconocido aún debidamente su responsabilidad en aquellas decisiones, particularmente en la destrucción del instrumento judicial al que pertenecía el juez Quiroga.
Los medios oficiales de aquella época y buena parte de la oposición política descalificaron la actuación de la Cámara Federal en lo Penal, no obstante que ésta había sido un brazo eficiente y equilibrado de la Justicia. Con una clara intención denigrante, se la denominó “El Camarón” y luego de su supresión se dejó a sus integrantes expuestos, sin protección, a la venganza de quienes habían sido juzgados y luego liberados. Se sucedieron así los atentados y varios de aquellos hombres que habían actuado con responsabilidad y valentía se vieron obligados a salir del país. El doctor Quiroga no quiso hacerlo y pagó con su vida. La placa que lo recordaba constituía un mínimo homenaje a su contribución a la Justicia. Su remoción, que motivó un acto de desagravio llevado a cabo días atrás, no puede encontrar ninguna justificación más que la perduración del odio y del espíritu de venganza de quienes fueron responsables de tanta sangre y hoy se encuentran encaramados en el poder.
Fuente:http://www.lanacion.com.ar/
Por disposición del presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Gustavo Bruzzone, se retiró del frente del edificio de ese tribunal la placa que recordaba al juez Jorge Vicente Quiroga, vilmente asesinado por activistas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 28 de abril de 1974.
Quiroga había actuado en la Cámara Federal en lo Penal en el juzgamiento de casos de terrorismo en todo el ámbito de la Nación. La decisión del juez Bruzzone respondió al pedido de un dirigente sindical, probablemente impulsado por estamentos oficiales empeñados en su visión sesgada y unilateral de la violencia de los años setenta.
Debe recordarse que la Cámara Federal en lo Penal, creada en mayo de 1971, había tratado los delitos cometidos por los grupos terroristas, en el marco de la ley y del debido proceso. A partir de su creación tuvo una intensa actividad en correspondencia con la profusa acción de los grupos subversivos. Antes de su desmantelamiento había dictado más de dos mil condenas y encarcelamientos.
El 25 de mayo de 1973, inmediatamente luego de la asunción de Héctor Cámpora como presidente de la Nación, fue dictada una ley de amnistía votada por la totalidad de los legisladores con sólo dos excepciones. Así se dispuso la liberación de todos los terroristas encarcelados y, al mismo tiempo, la Cámara Federal fue suprimida. La disparatada hipótesis de que a esos grupos sólo los animaba la defensa de la democracia en tiempos de gobiernos de facto quedó rápidamente refutada, cuando retomaron las armas contra el propio gobierno constitucional de signo peronista.
La escalada de sangre y fuego marcó una época de violencia que dejó heridas que aún no han cicatrizado.
Hoy puede afirmarse que aquella amnistía y el desmantelamiento de la Cámara Federal fueron determinantes del camino sangriento con que continuó el accionar guerrillero y que también influyeron, como un antecedente frustrante, en la elección de los métodos ilegales para reprimir el terrorismo cuando desbordó las fuerzas del orden y la capacidad del Poder Judicial. La clase política no ha reconocido aún debidamente su responsabilidad en aquellas decisiones, particularmente en la destrucción del instrumento judicial al que pertenecía el juez Quiroga.
Los medios oficiales de aquella época y buena parte de la oposición política descalificaron la actuación de la Cámara Federal en lo Penal, no obstante que ésta había sido un brazo eficiente y equilibrado de la Justicia. Con una clara intención denigrante, se la denominó “El Camarón” y luego de su supresión se dejó a sus integrantes expuestos, sin protección, a la venganza de quienes habían sido juzgados y luego liberados. Se sucedieron así los atentados y varios de aquellos hombres que habían actuado con responsabilidad y valentía se vieron obligados a salir del país. El doctor Quiroga no quiso hacerlo y pagó con su vida. La placa que lo recordaba constituía un mínimo homenaje a su contribución a la Justicia. Su remoción, que motivó un acto de desagravio llevado a cabo días atrás, no puede encontrar ninguna justificación más que la perduración del odio y del espíritu de venganza de quienes fueron responsables de tanta sangre y hoy se encuentran encaramados en el poder.
Fuente:http://www.lanacion.com.ar/
Martes, 18 de junio de 2013
La noticia completa en https://losandes.com.ar/article/quitan-cuadro-juez-juzgo-guerrilleros-murio-asesinado-721418
La Cámara del Crimen resolvió descolgar de un despacho el cuadro del ex juez Jorge Quiroga
(....)
En una ajustadísima votación de 9 a 7, un Acuerdo General del tribunal resolvió quitar el cuadro y una leyenda alusiva de homenaje a Quiroga instalada en el Juzgado de Instrucción número 20, interinamente a cargo de la jueza Elizabeth Paisán.
Los camaristas Gustavo Bruzzone, María Laura Garrigós de Rébori, Mirta López González, Alfredo Barbarosch, Mariano Scotto, Luis Bunge Campos, Mario Filozof, Ricardo Pinto y Jorge Rimondi votaron a favor de la medida, en sintonía con una decisión adoptada el año pasado respecto de una placa colocada en el frente de la sede del tribunal.
Bruzzone entendió que la decisión de emplazar el cuadro "fue una clara decisión política, con una enorme carga ideológica que repercute hasta el presente, adoptada por este tribunal durante una dictadura y que se alineaba e identificaba con los postulados políticos y culturales que, por la fuerza, venían impuestos a toda la sociedad por los que formaban parte de la conducción de ese gobierno de facto".
"No revisar esa decisión política es convalidar que el Poder Judicial, y quienes lo integramos, somos un continuo homogéneo que, formalmente, y más allá de los mismos tribunales donde desarrollamos nuestro trabajo, cumple con una función supuestamente aséptica y que no provoca consecuencias más allá de las decisiones jurisdiccionales que adoptamos", añadió.
A su voto se adhirieron Garrigós de Rébori y López González, en tanto que Barbarosch subrayó que Quiroga "ha sido juez de un tribunal especial creado por un gobierno de facto, en franca contradicción a la Constitución Nacional, jurando por los estatutos el proceso militar durante la época del terrorismo de Estado".
En el mismo sentido, Filozof opino que "cuando el Poder Legislativo y Ejecutivo se reúnen en una personal el Judicial sólo tiene en sus manos el poder de un opresor, ya para juzgar delitos, diferencias entre particulares u ordenar la ejecución de lo que decidan conforme el sistema legal".
La noticia completa en https://losandes.com.ar/article/quitan-cuadro-juez-juzgo-guerrilleros-murio-asesinado-721418
La Cámara del Crimen resolvió descolgar de un despacho el cuadro del ex juez Jorge Quiroga
(....)
En una ajustadísima votación de 9 a 7, un Acuerdo General del tribunal resolvió quitar el cuadro y una leyenda alusiva de homenaje a Quiroga instalada en el Juzgado de Instrucción número 20, interinamente a cargo de la jueza Elizabeth Paisán.
Los camaristas Gustavo Bruzzone, María Laura Garrigós de Rébori, Mirta López González, Alfredo Barbarosch, Mariano Scotto, Luis Bunge Campos, Mario Filozof, Ricardo Pinto y Jorge Rimondi votaron a favor de la medida, en sintonía con una decisión adoptada el año pasado respecto de una placa colocada en el frente de la sede del tribunal.
Bruzzone entendió que la decisión de emplazar el cuadro "fue una clara decisión política, con una enorme carga ideológica que repercute hasta el presente, adoptada por este tribunal durante una dictadura y que se alineaba e identificaba con los postulados políticos y culturales que, por la fuerza, venían impuestos a toda la sociedad por los que formaban parte de la conducción de ese gobierno de facto".
"No revisar esa decisión política es convalidar que el Poder Judicial, y quienes lo integramos, somos un continuo homogéneo que, formalmente, y más allá de los mismos tribunales donde desarrollamos nuestro trabajo, cumple con una función supuestamente aséptica y que no provoca consecuencias más allá de las decisiones jurisdiccionales que adoptamos", añadió.
A su voto se adhirieron Garrigós de Rébori y López González, en tanto que Barbarosch subrayó que Quiroga "ha sido juez de un tribunal especial creado por un gobierno de facto, en franca contradicción a la Constitución Nacional, jurando por los estatutos el proceso militar durante la época del terrorismo de Estado".
En el mismo sentido, Filozof opino que "cuando el Poder Legislativo y Ejecutivo se reúnen en una personal el Judicial sólo tiene en sus manos el poder de un opresor, ya para juzgar delitos, diferencias entre particulares u ordenar la ejecución de lo que decidan conforme el sistema legal".
La información es incorrecta, fue un juez de un tribunal especial creado por la dictadura de Lanusse.
la informacion se va completando
La Cámara Federal Penal
El 28 de mayo de 1971, el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse promulgó la ley 19.053, creando la Cámara Federal Penal de la Nación, porque los juzgados federales estaban desbordados e impotentes para hacer frente a la violencia armada. Imaginada por el genio del ministro de Justicia, Jaime Perriaux, dicha Cámara estaría compuesta por tres salas, integradas cada una por tres jueces probos de demostrada formación jurídica. Ninguno de los nueve jueces era un improvisado. Cargaban en sus espaldas largos años en el foro judicial. Los jueces fueron: Ernesto Ure, Juan Carlos Díaz Reynolds, Carlos Enrique Malbrán (Sala 1); César Black, Eduardo Munilla Lacasa y Jaime Smart (Sala 2); Tomás Barrera Aguirre (luego reemplazado por Esteban Vergara), Jorge Vicente Quiroga y Mario Fernández Badesich (Sala 3). A su vez, cada juzgado tenía un secretario y su respectivo fiscal, además del necesario personal judicial.
Dos hechos promovieron la formación de la CAFEPE: el copamiento de la localidad de Garín por comandos de las FAR, el 30 de julio de 1970, y el asalto a un camión del Ejército en el que es ejecutado el teniente Mario César Azúa y herido el soldado Hugo Alberto Vacca, en abril de 1971.
La gestación del alto tribunal no estuvo desprovista de presiones castrenses y eso generó un retraso en el comienzo de sus tareas. Una de las tantas objeciones que ponían los sectores más duros del Ejército era sobre el destino que debía darse a los detenidos por las fuerzas militares y, en ese caso, quién debía sustanciar las investigaciones correspondientes, porque hasta ese momento los uniformados llevaban el peso de la contrainsurgencia. Los camaristas se negaron a jurar si no se modificaba —y además esa modificación debía ser pública antes del juramento— la ley 19.081 que regulaba la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha antiguerrillera. En definitiva, de lo que se trataba era de pelear a la violencia revolucionaria —“la guerra popular prolongada”, como sostenían las organizaciones armadas— con la ley en la mano.
El 6 de julio de 1971, por el decreto 2.100, artículo 2º, se señaló: “Si como consecuencia de las operaciones militares efectuadas por aplicación de la ley número 19.081, se produjere la detención de personas, tal circunstancia se comunicará por la vía más rápida a la Cámara Federal Penal de la Nación. Sin perjuicio de ello, y dentro de las 24 horas, se pondrán los detenidos, los elementos probatorios obtenidos y las actuaciones que hayan labrado a disposición del mencionado tribunal”. De esa manera, los camaristas trazaron una raya entre las jurisdicciones de los jueces y los miembros de las Fuerzas Armadas.
Cumplida esta exigencia, que hacía recaer en el alto tribunal civil la potestad absoluta de la administración de la justicia —y sus procedimientos—, el miércoles 7 de julio, en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de la Nación, prestaron juramento los nueve camaristas y los tres fiscales que la integraron. Se hicieron cargo Marcelo Tomás Barrera Aguirre (luego reemplazado por Esteban Vergara), César Black, Juan Carlos Díaz Reynolds, Mario A. Fernández Badesich, Carlos Enrique Malbrán, Eduardo H. Munilla Lacasa, Jorge V. Quiroga, Jaime Lamont Smart y Ernesto B. Ure. Como fiscales lo hicieron Osvaldo Santiago Fassi, Jorge R. González Novillo y Gabino J. Salas.
Cumplida esta exigencia, que hacía recaer en el alto tribunal civil la potestad absoluta de la administración de la justicia —y sus procedimientos—, el miércoles 7 de julio, en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de la Nación, prestaron juramento los nueve camaristas y los tres fiscales que la integraron. Se hicieron cargo Marcelo Tomás Barrera Aguirre (luego reemplazado por Esteban Vergara), César Black, Juan Carlos Díaz Reynolds, Mario A. Fernández Badesich, Carlos Enrique Malbrán, Eduardo H. Munilla Lacasa, Jorge V. Quiroga, Jaime Lamont Smart y Ernesto B. Ure. Como fiscales lo hicieron Osvaldo Santiago Fassi, Jorge R. González Novillo y Gabino J. Salas.
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