El acuerdo entre el oficialismo y la oposición destrabó la crisis de la Constituyente boliviana
Finalmente, tras seis meses de discusiones, se llegó a un consenso sobre el conflicto sobre la modalidad de votación. Los artículos de la futura Carta Magna se aprobarán con dos tercios de los delegados hasta el 2 de julio. En caso de no alcanzarse esa mayoría, los puntos conflictivos irán a referendo popular.
La Asamblea Constituyente de Bolivia logró destrabarse con un amplio acuerdo, tras seis meses de discusiones, para aprobar los artículos de la futura carta magna por dos tercios de sus miembros hasta el próximo 2 de julio.
El acuerdo establece además que en caso de no alcanzarse esa mayoría, los puntos conflictivos irán a referendo popular.
Con el apoyo de 225 de los 247 asambleístas presentes (el total del cuerpo es de 255 miembros), la Asamblea reformuló anoche el polémico artículo 70 de su reglamento sobre la modalidad de votación del futuro texto constitucional.
El texto tratado incluyó alguna variante sobre la última propuesta de negociación ofrecida por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
La oposición logró incorporar que en los artículos en que no se alcancen los dos tercios pasen a la Comisión de Concertación -último paso antes de ir a referendo- tanto las propuestas de mayoría como las de minoría, según informó la agencia estatal ABI.
El referendo sobre cada punto sin acuerdo se realizará también sobre la base de las dos propuestas -mayoritaria y de minoría-, según precisó el diario paceño La Razón.
Hasta ayer miércoles, las bancadas del MAS y de la opositora Unidad Nacional (UN), principales impulsores del acuerdo, no habían logrado los dos tercios necesarios para reformular el crucial artículo 70.
Finalmente, la Asamblea logró por la noche que se aceptara la propuesta del constituyente Guillermo Richter, del opositor Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), para insistir en la búsqueda de coincidencias y reconsiderar el polémico punto reglamentario.
Tras un prolongado cuarto intermedio, se aprobó con 225 votos incorporar un párrafo referido a la presentación de dictámenes por mayoría y minoría, como reclamaba la oposición.
Rubén Darío Cuellar, jefe de la bancada de la alianza conservadora Poder Democrático y Social (Podemos), manifestó su acuerdo con esa modificación del artículo 70, aunque aclaró que "las dificultades que puedan presentarse deberán resolverse en el trabajo de la Asamblea".
Por su parte, Mirtha Jiménez, subjefa de la bancada del MAS, dijo que con la modificación del artículo 70 su partido viabilizó la labor en la Asamblea Constituyente y que en adelante sólo queda trabajar en las comisiones para acelerar la entrega de la nueva Constitución Política el próximo 6 de agosto.
Según los cálculos de oficialistas y opositores, cerca de 90 por ciento de la nueva Constitución será consensuado y sólo algunos artículos llegarían al referendo para que la ciudadanía resuelva lo que las 16 fuerzas políticas con representación en la Asamblea Constituyente no puedan acordar.
El jefe de la bancada de diputados del MAS, Gustavo Torrico, dijo a fines de enero a Télam que los puntos en los que supone que no habrá acuerdo son los referidos a la justicia, al estatuto sobre las autonomías y la ley de tierras.
Ayer, la bancada de asambleístas del MAS decidió inicialmente no reabrir el debate para reformular el reglamento de votación, pero una posterior intervención del vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, reabrió esa instancia.
El jefe de la bancada del MAS, Román Loayza, dijo que "para nosotros, el proceso de concertación con la oposición está cerrado; ellos querían dos tercios, hemos aceptado, pero llegado el momento de la votación ellos no hicieron los dos tercios".
Según el representante del oficialismo, la intención de los partidos de la oposición es "destruir la Constituyente".
Oscar Ortiz, de Podemos, señaló que apoyar esa propuesta "era dar un cheque en blanco al MAS para que apruebe la nueva Constitución por mayoría absoluta".
Pero finalmente se impuso en el oficialismo la postura de García Linera, quien afirmó que "el artículo 70 no es un artículo cerrado".