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SnAkE_OnE
se corta aca ok?
Imputaron a Garré por un contrabando de armas
- Tema iniciado sebastian_porras
- Fecha de inicio
Brunner
Forista Sancionado o Expulsado
Solicitó Garré la recusación de Tiscornia- Es el magistrado que la investiga
La ministra de Defensa, Nilda Garré, recusó al juez penal económico Guillermo Tiscornia, en la causa por supuesto contrabando agravado de armas. Los abogados de la funcionaria presentaron ayer un escrito en el que se acusa a Tiscornia de enemistad con Garré, por lo cual se solicitó que se apartara de la investigación.
Garré usa como antecedente su participación en la comisión acusadora contra el magistrado en el juicio político realizado en 2000.
El 19 de julio último, Tiscornia puso a la ministra de Defensa bajo sospecha pública al enviarle una célula judicial para invitarla a comparecer en el expediente, aunque no hubo entonces una imputación formal en la causa en la cual se investiga la venta de partes de fusiles FAL desde Fabricaciones Militares a una empresa radicada en los Estados Unidos, a un precio que aparece por debajo de los valores de mercado.
Horas después de hacerse pública la sospecha sobre Garré, el Consejo de la Magistratura aprobó comenzar un juicio político contra Tiscornia por un caso previo a esa investigación de supuesto tráfico de armas. El juez Tiscornia aseguró que estudiaba la posibilidad de presentar su renuncia.
"El hecho de que la ministra Garré haya participado por más de un año en la comisión de la Cámara de Diputados cuya finalidad fue sostener la acusación en juicio político del juez Tiscornia ante el Honorable Senado de la Nación se subsume en la causal de recusación prevista por el inciso 8º del artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación", se indicó en el escrito.
También se agregó un cuestionamiento al juez por la forma en que se conocieron los hechos: "El juez Tiscornia decidió confrontar a la ministra con la sociedad a través de los medios masivos de comunicación sin respetar los elementales derechos que le corresponden como ciudadana".
Y se agregó: "Es menester contar con un juez que haga honor a su investidura y que no utilice de modo espurio un proceso judicial en marcha para amortiguar un juicio político seguido en su contra por graves hechos de corrupción ".
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Tambien Finbria hacia acusación formal a su victima, cuando esta trataba de defenderse del puñal que le habian clavado
La ministra de Defensa, Nilda Garré, recusó al juez penal económico Guillermo Tiscornia, en la causa por supuesto contrabando agravado de armas. Los abogados de la funcionaria presentaron ayer un escrito en el que se acusa a Tiscornia de enemistad con Garré, por lo cual se solicitó que se apartara de la investigación.
Garré usa como antecedente su participación en la comisión acusadora contra el magistrado en el juicio político realizado en 2000.
El 19 de julio último, Tiscornia puso a la ministra de Defensa bajo sospecha pública al enviarle una célula judicial para invitarla a comparecer en el expediente, aunque no hubo entonces una imputación formal en la causa en la cual se investiga la venta de partes de fusiles FAL desde Fabricaciones Militares a una empresa radicada en los Estados Unidos, a un precio que aparece por debajo de los valores de mercado.
Horas después de hacerse pública la sospecha sobre Garré, el Consejo de la Magistratura aprobó comenzar un juicio político contra Tiscornia por un caso previo a esa investigación de supuesto tráfico de armas. El juez Tiscornia aseguró que estudiaba la posibilidad de presentar su renuncia.
"El hecho de que la ministra Garré haya participado por más de un año en la comisión de la Cámara de Diputados cuya finalidad fue sostener la acusación en juicio político del juez Tiscornia ante el Honorable Senado de la Nación se subsume en la causal de recusación prevista por el inciso 8º del artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación", se indicó en el escrito.
También se agregó un cuestionamiento al juez por la forma en que se conocieron los hechos: "El juez Tiscornia decidió confrontar a la ministra con la sociedad a través de los medios masivos de comunicación sin respetar los elementales derechos que le corresponden como ciudadana".
Y se agregó: "Es menester contar con un juez que haga honor a su investidura y que no utilice de modo espurio un proceso judicial en marcha para amortiguar un juicio político seguido en su contra por graves hechos de corrupción ".
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Tambien Finbria hacia acusación formal a su victima, cuando esta trataba de defenderse del puñal que le habian clavado
Guitro01
Forista Sancionado o Expulsado
La verdad que es una lastima que haya sido justamente este juez, que esta tan involucrado en hechos de corrupcion ... ya que todos los sectores han reconocido que esto le resta seriedad a la acusacion, a punto de que pareciera un manotazo de ahogado ... lindo nene este Tiscornia
Un fiscal acusó al juez Tiscornia de pedir una coima de 4 millones de dólares
El fiscal Rívolo tomó la denuncia de una empresa investigada por contrabando. Uno de sus directivos filmó con una cámara oculta a un supuesto emisario del juez.
Un juez del fuero Penal Económico, Guillermo Tiscornia, fue denunciado por exigir un presunto soborno de 4 millones de dólares. Le habría pedido el dinero a los directivos de una empresa a la que investiga por contrabando como condición para no procesarlos.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que la denuncia la formuló ayer el fiscal federal Carlos Rívolo, luego de que los supuestos damnificados registraran con cámaras ocultas las conversaciones con un posible emisario de Tiscornia. Llevarán el caso el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Luis Comparatore.
Además del juez, fueron denunciados su padre, Agustín, y Jorge Barck. Agustín Ernesto Tiscornia es un ex juez en lo Civil que en 1969 estuvo preso por irregularidades en la tramitación de millonarias sucesiones de su juzgado. Barck, con domicilios en Santa Cruz, es quien quedó grabado pidiendo los 4 millones.
El dinero tenía que ponerlo la filial argentina de Codere S.A., una firma española dedicada a los juegos de azar. Tiscornia lleva una causa —la 5.646 de su juzgado— en la que se investiga si Codere Argentina cometió algún delito económico al traer al país unas máquinas tragamonedas.
Canicoba Corral ordenó anoche varios allanamientos: en la sede de El Fangote, una de las sociedades de Barck, en la zona de Las Cañitas; en el estudio de Tiscornia padre, en Maipú al 700, y en su casa, en la Recoleta. De ahí se habría secuestrado —entre otras cosas— copia de la causa Codere.
Según la información sobre la que trabajó Rívolo, el vicepresidente de esa empresa, Héctor Luna, recibió el primer llamado por este tema el 16 de febrero pasado. Un hombre le dijo que lo llamaba "por un procesamiento" y le recomendó que se comunicara con Barck. Luna lo contactó y mandó a una persona a reunirse dos veces con él; esa persona fue en ambas oportunidades con una cámara escondida en la corbata.
En la grabación, se ve a Barck confirmando las cifras y comunicándose —o simulando— hablar desde su celular con alguien muy cercano a Tiscornia. El arreglo era que los 4 millones de dólares debían depositarse en una casa de cambios. Luna es patrocinado por el abogado Hugo Wortman.
Tiscornia, de 51 años, es juez desde 1993. En 1996 procesó por 36.846 supuestos casos de contrabando a un funcionario de la Aduana muy cercano al entonces ministro Domingo Cavallo, Domingo Parino, pero el tribunal oral terminó denunciándolo a él. También fue cuestionado por su actuación como secretario en un sumario sobre contrabando de autos. Y ya al frente del juzgado en lo Penal Económico número 7, lo denunciaron por manejos en una causa sobre la mafia del oro y otra contra el empresario menemista Alberto Samid.
Por la aduana paralela, Tiscornia fue exculpado por la mayoría peronista del Senado en 2001. En 2004, zafó de un dictamen adverso por falta de quórum en el Consejo de la Magistratura.
Y hay mas ....
Acusan al juez Tiscornia de copiar planteos de abogados defensores
En un fallo transcribió párrafos textuales de la defensa y llegó a escribir "mi defendido" en lugar de "el imputado". También, porque sus superiores le anularon 200 decisiones. Y, además, registraron 500 pedidos de prórroga.
El pedido de juicio político contra el juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia se debe a que copió planteos de una defensa, le anularon 200 de sus decisiones y a que pidió más de 500 prórrogas, entre otras razones.
Estas denuncias, a las que accedió Clarín, están contenidas en un expediente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, cuyo plenario decidirá el 9 de agosto si le inicia un juicio político a Tiscornia.
El jueves pasado, Tiscornia imputó a la ministra de Defensa, Nilda Garré, en una causa por contrabando de repuestos de fusiles. Al día siguiente se le pidió el juicio político y él amenazó con renunciar para "no ver tres veces la misma película", en alusión a dos juicios políticos que tuvo antes y de los que fue salvado por el menemismo,
El dictamen contra Tiscornia lo elaboró el representante de los abogados, Santiago Montagna, aunque el motor de la denuncia es, desde el año pasado, la senadora kirchnerista Diana Conti.
En el expediente figura una denuncia de Tiscornia contra los miembros de la sala B de la Cámara de Apelaciones de su fuero -Marcos Grabivker, Roberto Hornos y Alberto Pizzatelli- porque le anularon una absolución en una causa por contrabando llamada "Ulrich, Carlos y otros". Es por haber transcripto casi textualmente argumentos de las defensas. Tiscornia negó haberse copiado los planteos de la defensa, aunque dijo que compartía sus fundamentos y atribuyó a un "error de tipeo" los textuales de los defensores.
La Cámara había denunciado que en el fallo Tiscornia escribió frases como:
# "'Mi pupilo', 'mi asistido', o 'mi defendido'" en lugar de "el imputado" (ver facsímil).
# "Al final de cada párrafo por el cual se habían resaltado algunas frases por la defensa de Ulrich, el señor defensor aclaró: 'lo resaltado me pertenece...', al respecto (el juez) también se atribuyó aquella pertenencia al resaltar las mismas frases").
"Como transcribió casi totalmente los argumentos presentados por las defensas", el Consejo rechazó la denuncia de Tiscornia contra sus superiores y la incorporó en su acusación.
Otra prueba es una auditoría sobre 50 causas de Tiscornia. De allí surge que la Cámara de Apelaciones anuló 200 decisiones de su juzgado, entre 1994 y el 2007. También registraron 500 pedidos de prórroga a los plazos legales. Y que en su legajo personal figura que "fue apercibido y multado y que recibió, además 14 llamados de atención".
Pero la acusación más fuerte pesa sobre la forma en que Tiscornia manejó la causa por supuesto contrabando contra la empresa española CODERE, que administra tragamonedas y bingos en la provincia de Buenos Aires.
El consejero Montagna sostuvo que Tiscornia posibilitó que "terceras personas directamente vinculadas a él (su padre Agustín), exigieran a CODERE... bajo amenazas de sufrir un mal futuro, el pago de una suma de 4 millones de dólares... a cambio de dictar el sobreseimiento de esa empresa". Este pedido de dinero -que Tiscornia niega- está siendo investigado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Por esta razón, la Comisión de Disciplina pide su juicio político sólo por "mal desempeño de sus funciones".
Otra de las denuncias la hizo Enrique Piana -quien está condenado por el caso de la Mafia del Oro- y afirmó que en 1995 el padre del juez le solicitó 1.200.000 dólares para "cajonear" esa causa que, en un principio, tenía el juez Tiscornia.
Tiscornia padre, según la denuncia, tiene US$ 1.100.000 en el ABN Bank de Montevideo e hizo préstamos a su hijo que no fi guran en sus declaraciones juradas de impuestos.
Un fiscal acusó al juez Tiscornia de pedir una coima de 4 millones de dólares
El fiscal Rívolo tomó la denuncia de una empresa investigada por contrabando. Uno de sus directivos filmó con una cámara oculta a un supuesto emisario del juez.
Un juez del fuero Penal Económico, Guillermo Tiscornia, fue denunciado por exigir un presunto soborno de 4 millones de dólares. Le habría pedido el dinero a los directivos de una empresa a la que investiga por contrabando como condición para no procesarlos.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que la denuncia la formuló ayer el fiscal federal Carlos Rívolo, luego de que los supuestos damnificados registraran con cámaras ocultas las conversaciones con un posible emisario de Tiscornia. Llevarán el caso el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Luis Comparatore.
Además del juez, fueron denunciados su padre, Agustín, y Jorge Barck. Agustín Ernesto Tiscornia es un ex juez en lo Civil que en 1969 estuvo preso por irregularidades en la tramitación de millonarias sucesiones de su juzgado. Barck, con domicilios en Santa Cruz, es quien quedó grabado pidiendo los 4 millones.
El dinero tenía que ponerlo la filial argentina de Codere S.A., una firma española dedicada a los juegos de azar. Tiscornia lleva una causa —la 5.646 de su juzgado— en la que se investiga si Codere Argentina cometió algún delito económico al traer al país unas máquinas tragamonedas.
Canicoba Corral ordenó anoche varios allanamientos: en la sede de El Fangote, una de las sociedades de Barck, en la zona de Las Cañitas; en el estudio de Tiscornia padre, en Maipú al 700, y en su casa, en la Recoleta. De ahí se habría secuestrado —entre otras cosas— copia de la causa Codere.
Según la información sobre la que trabajó Rívolo, el vicepresidente de esa empresa, Héctor Luna, recibió el primer llamado por este tema el 16 de febrero pasado. Un hombre le dijo que lo llamaba "por un procesamiento" y le recomendó que se comunicara con Barck. Luna lo contactó y mandó a una persona a reunirse dos veces con él; esa persona fue en ambas oportunidades con una cámara escondida en la corbata.
En la grabación, se ve a Barck confirmando las cifras y comunicándose —o simulando— hablar desde su celular con alguien muy cercano a Tiscornia. El arreglo era que los 4 millones de dólares debían depositarse en una casa de cambios. Luna es patrocinado por el abogado Hugo Wortman.
Tiscornia, de 51 años, es juez desde 1993. En 1996 procesó por 36.846 supuestos casos de contrabando a un funcionario de la Aduana muy cercano al entonces ministro Domingo Cavallo, Domingo Parino, pero el tribunal oral terminó denunciándolo a él. También fue cuestionado por su actuación como secretario en un sumario sobre contrabando de autos. Y ya al frente del juzgado en lo Penal Económico número 7, lo denunciaron por manejos en una causa sobre la mafia del oro y otra contra el empresario menemista Alberto Samid.
Por la aduana paralela, Tiscornia fue exculpado por la mayoría peronista del Senado en 2001. En 2004, zafó de un dictamen adverso por falta de quórum en el Consejo de la Magistratura.
Y hay mas ....
Acusan al juez Tiscornia de copiar planteos de abogados defensores
En un fallo transcribió párrafos textuales de la defensa y llegó a escribir "mi defendido" en lugar de "el imputado". También, porque sus superiores le anularon 200 decisiones. Y, además, registraron 500 pedidos de prórroga.
El pedido de juicio político contra el juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia se debe a que copió planteos de una defensa, le anularon 200 de sus decisiones y a que pidió más de 500 prórrogas, entre otras razones.
Estas denuncias, a las que accedió Clarín, están contenidas en un expediente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, cuyo plenario decidirá el 9 de agosto si le inicia un juicio político a Tiscornia.
El jueves pasado, Tiscornia imputó a la ministra de Defensa, Nilda Garré, en una causa por contrabando de repuestos de fusiles. Al día siguiente se le pidió el juicio político y él amenazó con renunciar para "no ver tres veces la misma película", en alusión a dos juicios políticos que tuvo antes y de los que fue salvado por el menemismo,
El dictamen contra Tiscornia lo elaboró el representante de los abogados, Santiago Montagna, aunque el motor de la denuncia es, desde el año pasado, la senadora kirchnerista Diana Conti.
En el expediente figura una denuncia de Tiscornia contra los miembros de la sala B de la Cámara de Apelaciones de su fuero -Marcos Grabivker, Roberto Hornos y Alberto Pizzatelli- porque le anularon una absolución en una causa por contrabando llamada "Ulrich, Carlos y otros". Es por haber transcripto casi textualmente argumentos de las defensas. Tiscornia negó haberse copiado los planteos de la defensa, aunque dijo que compartía sus fundamentos y atribuyó a un "error de tipeo" los textuales de los defensores.
La Cámara había denunciado que en el fallo Tiscornia escribió frases como:
# "'Mi pupilo', 'mi asistido', o 'mi defendido'" en lugar de "el imputado" (ver facsímil).
# "Al final de cada párrafo por el cual se habían resaltado algunas frases por la defensa de Ulrich, el señor defensor aclaró: 'lo resaltado me pertenece...', al respecto (el juez) también se atribuyó aquella pertenencia al resaltar las mismas frases").
"Como transcribió casi totalmente los argumentos presentados por las defensas", el Consejo rechazó la denuncia de Tiscornia contra sus superiores y la incorporó en su acusación.
Otra prueba es una auditoría sobre 50 causas de Tiscornia. De allí surge que la Cámara de Apelaciones anuló 200 decisiones de su juzgado, entre 1994 y el 2007. También registraron 500 pedidos de prórroga a los plazos legales. Y que en su legajo personal figura que "fue apercibido y multado y que recibió, además 14 llamados de atención".
Pero la acusación más fuerte pesa sobre la forma en que Tiscornia manejó la causa por supuesto contrabando contra la empresa española CODERE, que administra tragamonedas y bingos en la provincia de Buenos Aires.
El consejero Montagna sostuvo que Tiscornia posibilitó que "terceras personas directamente vinculadas a él (su padre Agustín), exigieran a CODERE... bajo amenazas de sufrir un mal futuro, el pago de una suma de 4 millones de dólares... a cambio de dictar el sobreseimiento de esa empresa". Este pedido de dinero -que Tiscornia niega- está siendo investigado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Por esta razón, la Comisión de Disciplina pide su juicio político sólo por "mal desempeño de sus funciones".
Otra de las denuncias la hizo Enrique Piana -quien está condenado por el caso de la Mafia del Oro- y afirmó que en 1995 el padre del juez le solicitó 1.200.000 dólares para "cajonear" esa causa que, en un principio, tenía el juez Tiscornia.
Tiscornia padre, según la denuncia, tiene US$ 1.100.000 en el ABN Bank de Montevideo e hizo préstamos a su hijo que no fi guran en sus declaraciones juradas de impuestos.
Iconoclasta
Colaborador
Tendrian que pasar la causa a otro juzgado.
Pero la causa a Garre tiene que seguir, y seguramente asi sera.
Saludos,
Hernán.
Pero la causa a Garre tiene que seguir, y seguramente asi sera.
Saludos,
Hernán.
Por la salud del sistema institucional, en el que las estructuras jurídicas priman por sobre los individuos, no importa si el juez acusador tiene en ciernes un juicio político, y esa no debiera ser la "coartada" para zafar que tengan los imputados, si las acusaciones son pertinentes, pues entonces que cambien de juzgado, pero que no sea una excusa para que no pase nada...
Guitro01 dijo:
Guitro, no puede restarle credibilidad al caso ya que la denunciante es la aduana, es decir no se basaron en una investigación de un fiscal . Al juez le cayó ó tomo la causa ( ignoro como se asignan ) . Recordá los palos que se tiranon Garré y el director de la aduana .
Saludos
Armas: Garré retrucó a Tiscornia e insistió en que la función de su ministerio "no es fijar precios"
La ministra de Defensa afirmó esta mañana: "Sí me hubiera querido meter en la subfacturación, la Aduana me habría dicho que no era mi competencia". El juez Tiscornia, que ya la investigaba por contrabando de armas, la imputó por presunto fraude contra la administración pública, al entender que admitió "una operación ruinosa" en perjuicio del Estado.
La ministra de Defensa, Nilda Garré, reiteró hoy que la función de su cartera "no es fijar precios" en las exportaciones de material bélico y aclaró que en la nueva causa judicial por "fraude al Estado" se tendrá que investigar si efectivamente se trató de una subfacturación de precios.
La titular de Defensa se refirió así a la causa abierta semanas atrás por "contrabando de armas" iniciada por el juez Guillermo Tiscornia y que derivó en una nueva investigación por supuesto fraude contra la administración pública en la venta de 6.739 fusiles a Estados Unidos.
Clarín informo hoy que Tiscornia denunció a la ministra por fraude contra la administración pública por haber admitido "una operación ruinosa" en perjuicio del Estado.
El expediente se abrió en febrero pasado, cuando la Aduana frenó un embarque de 6.739 kilos de partes de fusiles que iban a venderse por apenas 2.664 dólares a la empresa de un argentino radicado en Connecticut. Además de Garré, Tiscornia investiga por contrabando al ex interventor de Fabricaciones Militares, Marcelo Bellisi, entre otros.
Garré volvió a aclarar que "no es competencia" de su cartera fijar precios y que si "me hubiera querido meter en la subfacturación, la Aduana me hubiera dicho que no era mi competencia".
En declaraciones a Radio Uno, la ministra de Defensa sostuvo que es "el exportador", en este caso Fabricaciones Militares, quien fija los precios y que la justicia "deberá investigar los motivos (y determinar) si hubo fraude deliberado o no".
El juez Tiscornia había involucrado a la ministra Garré en una causa por contrabando de material bélico a los Estados Unidos, hecho que fue considerado como "una jugada política" del magistrado ante el inminente pedido de juicio político de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura por mal desempeńo en sus funciones.
En ese sentido, Garré acusó al juez Tiscornia de "arbitrario" porque consideró que debería "tener muy claro" la competencia de la Comisión que integra con los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, encargada de emitir "una licencia previa al trámite del exportador" de material bélico.
(Fuente: Télam)
La ministra de Defensa afirmó esta mañana: "Sí me hubiera querido meter en la subfacturación, la Aduana me habría dicho que no era mi competencia". El juez Tiscornia, que ya la investigaba por contrabando de armas, la imputó por presunto fraude contra la administración pública, al entender que admitió "una operación ruinosa" en perjuicio del Estado.
La ministra de Defensa, Nilda Garré, reiteró hoy que la función de su cartera "no es fijar precios" en las exportaciones de material bélico y aclaró que en la nueva causa judicial por "fraude al Estado" se tendrá que investigar si efectivamente se trató de una subfacturación de precios.
La titular de Defensa se refirió así a la causa abierta semanas atrás por "contrabando de armas" iniciada por el juez Guillermo Tiscornia y que derivó en una nueva investigación por supuesto fraude contra la administración pública en la venta de 6.739 fusiles a Estados Unidos.
Clarín informo hoy que Tiscornia denunció a la ministra por fraude contra la administración pública por haber admitido "una operación ruinosa" en perjuicio del Estado.
El expediente se abrió en febrero pasado, cuando la Aduana frenó un embarque de 6.739 kilos de partes de fusiles que iban a venderse por apenas 2.664 dólares a la empresa de un argentino radicado en Connecticut. Además de Garré, Tiscornia investiga por contrabando al ex interventor de Fabricaciones Militares, Marcelo Bellisi, entre otros.
Garré volvió a aclarar que "no es competencia" de su cartera fijar precios y que si "me hubiera querido meter en la subfacturación, la Aduana me hubiera dicho que no era mi competencia".
En declaraciones a Radio Uno, la ministra de Defensa sostuvo que es "el exportador", en este caso Fabricaciones Militares, quien fija los precios y que la justicia "deberá investigar los motivos (y determinar) si hubo fraude deliberado o no".
El juez Tiscornia había involucrado a la ministra Garré en una causa por contrabando de material bélico a los Estados Unidos, hecho que fue considerado como "una jugada política" del magistrado ante el inminente pedido de juicio político de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura por mal desempeńo en sus funciones.
En ese sentido, Garré acusó al juez Tiscornia de "arbitrario" porque consideró que debería "tener muy claro" la competencia de la Comisión que integra con los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, encargada de emitir "una licencia previa al trámite del exportador" de material bélico.
(Fuente: Télam)
CAUSA POR CONTRABANDO DE ARMAS EN LA QUE IMPUTARON A LA MINISTRA DE DEFENSA
EE.UU. aportó datos clave sobre el contrabando de repuestos de fusiles
El argentino que los compró los valuó en US$ 90.000, aunque se facturaron a US$ 2.600.
El ex presidente de la empresa JLD Enterprises, José Luis Díaz, afirmó al gobierno de Estados Unidos que el cargamento de 6.700 kilos de repuestos de fusiles FAL y FAP argentinos, cotizado a la Aduana con un valor de 2.600 dólares, "tiene un costo de 90 mil dólares".
Se trata de la exportación de partes de fusiles a EE.UU. que el polémico juez en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia investiga en una causa por supuesto contrabando y en la que intenta involucrar a la ministra de Defensa, Nilda Garré. Tiscornia también hizo abrir otra causa en el fuero federal contra la ministra por haber hecho una "operación ruinosa" contra el Estado argentino (ver Garré...).
Las declaraciones de Díaz se conocieron en fuentes oficiales a pocos días de que el Consejo de la Magistratura decida si acepta un pedido de juicio político contra Tiscornia por mal desempeño de funciones. La diputada kirchnerista Diana Conti lo acusa de haber permitido que su padre, Luis Tiscornia, supuestamente pidiera una coima de 4 millones de dólares a la empresa española CODERE en una causa en la que se investiga el contrabando de tragamonedas.
Cumpliendo con su promesa de colaboración, Díaz fue interrogado por el Departamento de Seguridad Territorial de los EE.UU. y su testimonio fue enviado a la Justicia el 31 de julio pasado. De las 173 importaciones de armas y repuestos desde la Argentina desde 1998 hasta la fecha 34 provienen de Fabricaciones Militares, señala el informe.
En el testimonio, al que tuvo acceso Clarín, Díaz afirmo que desde hace un año y medio su empresa JLD Enterprises pertenece a Everett Weed de la compañía PTR-91 aunque él sigue relacionado con la firma.
Díaz dijo que el cargamento fue comprado en un lote de rezago y por licitación y que lo pagó por adelantado. Precisó que los contratos los negoció con el ex interventor de Fabricaciones Militares Marcelo Belessi. Ante una pregunta, señaló que "el costo del cargamento actual, retenido por las autoridades argentinas, sería de aproximadamente 90 mil dólares".
Se trata de un dato importante porque Fabricaciones Militares -que no depende del Ministerio de Defensa sino del Ministerio de Planificación- y la despachante de Aduana que firmaron los papeles para el cargamento retenido de 6.700 kilos de repuestos, afirmaron que el valor total era de 2.600 dólares. Por eso se investiga una supuesta subfacturación.
Seguidamente, Díaz afirmó que "el señor Luis Gallardo (de la empresa Elemantals Guns) es el intermediario entre JLD/PTR-91 en la compra de rezagos militares de Fabricaciones Militares". Consultado por Clarín Gallardo dijo que conoce a Díaz, que a veces ha evaluado material de Fabricaciones Militares "pero no fui el intermediario de esta operación. Fue una venta directa".
En el informe del gobierno de EE.UU. se subraya que "no tienen evidencia de que dichas partes hayan sido exportadas a terceros países", en alusión a versiones periodísticas -que no fueron publicadas por Clarín- según las cuales éstas habían terminado en manos de las guerrillas de la FARC de Colombia o del terrorismo internacional. Además, CITEFA dijo en un informe que con estas partes sólo se podía armar el 66 por ciento de un FAL.
http://www.clarin.com/diario/2007/08/04/elpais/p-01201.htm
EE.UU. aportó datos clave sobre el contrabando de repuestos de fusiles
El argentino que los compró los valuó en US$ 90.000, aunque se facturaron a US$ 2.600.
El ex presidente de la empresa JLD Enterprises, José Luis Díaz, afirmó al gobierno de Estados Unidos que el cargamento de 6.700 kilos de repuestos de fusiles FAL y FAP argentinos, cotizado a la Aduana con un valor de 2.600 dólares, "tiene un costo de 90 mil dólares".
Se trata de la exportación de partes de fusiles a EE.UU. que el polémico juez en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia investiga en una causa por supuesto contrabando y en la que intenta involucrar a la ministra de Defensa, Nilda Garré. Tiscornia también hizo abrir otra causa en el fuero federal contra la ministra por haber hecho una "operación ruinosa" contra el Estado argentino (ver Garré...).
Las declaraciones de Díaz se conocieron en fuentes oficiales a pocos días de que el Consejo de la Magistratura decida si acepta un pedido de juicio político contra Tiscornia por mal desempeño de funciones. La diputada kirchnerista Diana Conti lo acusa de haber permitido que su padre, Luis Tiscornia, supuestamente pidiera una coima de 4 millones de dólares a la empresa española CODERE en una causa en la que se investiga el contrabando de tragamonedas.
Cumpliendo con su promesa de colaboración, Díaz fue interrogado por el Departamento de Seguridad Territorial de los EE.UU. y su testimonio fue enviado a la Justicia el 31 de julio pasado. De las 173 importaciones de armas y repuestos desde la Argentina desde 1998 hasta la fecha 34 provienen de Fabricaciones Militares, señala el informe.
En el testimonio, al que tuvo acceso Clarín, Díaz afirmo que desde hace un año y medio su empresa JLD Enterprises pertenece a Everett Weed de la compañía PTR-91 aunque él sigue relacionado con la firma.
Díaz dijo que el cargamento fue comprado en un lote de rezago y por licitación y que lo pagó por adelantado. Precisó que los contratos los negoció con el ex interventor de Fabricaciones Militares Marcelo Belessi. Ante una pregunta, señaló que "el costo del cargamento actual, retenido por las autoridades argentinas, sería de aproximadamente 90 mil dólares".
Se trata de un dato importante porque Fabricaciones Militares -que no depende del Ministerio de Defensa sino del Ministerio de Planificación- y la despachante de Aduana que firmaron los papeles para el cargamento retenido de 6.700 kilos de repuestos, afirmaron que el valor total era de 2.600 dólares. Por eso se investiga una supuesta subfacturación.
Seguidamente, Díaz afirmó que "el señor Luis Gallardo (de la empresa Elemantals Guns) es el intermediario entre JLD/PTR-91 en la compra de rezagos militares de Fabricaciones Militares". Consultado por Clarín Gallardo dijo que conoce a Díaz, que a veces ha evaluado material de Fabricaciones Militares "pero no fui el intermediario de esta operación. Fue una venta directa".
En el informe del gobierno de EE.UU. se subraya que "no tienen evidencia de que dichas partes hayan sido exportadas a terceros países", en alusión a versiones periodísticas -que no fueron publicadas por Clarín- según las cuales éstas habían terminado en manos de las guerrillas de la FARC de Colombia o del terrorismo internacional. Además, CITEFA dijo en un informe que con estas partes sólo se podía armar el 66 por ciento de un FAL.
http://www.clarin.com/diario/2007/08/04/elpais/p-01201.htm
Una nueva denuncia complica aún más a Nilda Garré
Además de la imputación hecha por el juez Guillermo Tiscornia, ahora se acusa a la ministra de Defensa de defraudación contra la administración pública en la venta de armas al exterior
Una legisladora del PRO llegó hasta el despacho del juez Ariel Lijo argumentando que la funcionaria “suscribió una operación ruinosa para el Estado”.
A diferencia de la anterior investigación, en el fuero penal y económico – que pretende dilucidar si hubo evasión fiscal- ahora se busca esclarecer las responsabilidades penales de la ministra.
La diputada Nora Ginsburg sospecha que las reiteradas ventas al exterior a costos reducidos tenía como último objeto la subfacturación, generando así “una matriz de corrupción”.
Mediante la denuncia, se le pide al magistrado que solicite al ministerio de Defensa dictámenes específicos y legales sobre la negociación, recordando que la titular de la cartera dijo públicamente no conocer qué es un fusil FAL.
http://www.infobae.com/contenidos/330336-100799-0-Una-nueva-denuncia-complica-aún-más-Nilda-Garré
Además de la imputación hecha por el juez Guillermo Tiscornia, ahora se acusa a la ministra de Defensa de defraudación contra la administración pública en la venta de armas al exterior
Una legisladora del PRO llegó hasta el despacho del juez Ariel Lijo argumentando que la funcionaria “suscribió una operación ruinosa para el Estado”.
A diferencia de la anterior investigación, en el fuero penal y económico – que pretende dilucidar si hubo evasión fiscal- ahora se busca esclarecer las responsabilidades penales de la ministra.
La diputada Nora Ginsburg sospecha que las reiteradas ventas al exterior a costos reducidos tenía como último objeto la subfacturación, generando así “una matriz de corrupción”.
Mediante la denuncia, se le pide al magistrado que solicite al ministerio de Defensa dictámenes específicos y legales sobre la negociación, recordando que la titular de la cartera dijo públicamente no conocer qué es un fusil FAL.
http://www.infobae.com/contenidos/330336-100799-0-Una-nueva-denuncia-complica-aún-más-Nilda-Garré
S
SnAkE_OnE
Guitro01 dijo:
asi sean 20$, es ilegal e impropio de un funcionario publico
S
SnAkE_OnE
ni te cuento...segun mis datos...jamas se afano tanto y tan descaradamente desde 1994
pero tampoco lamentablemente es moneda corriente solo de este gobierno, es una conducta
pero tampoco lamentablemente es moneda corriente solo de este gobierno, es una conducta
Iconoclasta
Colaborador
SnAkE_OnE dijo:
Adhiero, el monto no hace a la cuestión.
Saludos,
Hernán.
