Las tumbas sin nombre de Cachemira
Cuando en 2008 Abdul Qadeer Dar llegó con su equipo al pueblo de Kichama, en el distrito de Baramulla, se encontró con un mar de tumbas sin identificar. Así que fueron a preguntar al más indicado de la aldea: el sepulturero. "Sólo sé que las fuerzas de seguridad trajeron los cadáveres, me pidieron que los enterrase y lo hice. No tengo ni idea de quiénes son", les dijo. Sólo allí hallaron más de 200 cuerpos. "Así empezó una investigación que nos llevó a otros lugares de Cachemira en los que vimos miles de fosas comunes", recuerda el activista, que dirige la organización Voice of Victims.
Los grupos locales de derechos humanos han identificado unas 7.000 tumbas en sólo cinco distritos, de los 22 que tiene Jammu y Cachemira, el único estado indio de mayoría musulmana. Se trata en la mayoría de los casos de sepulturas ocultas en bosques, huertos o praderas, sobre todo en aldeas del valle de Cachemira y en la zona fronteriza con Pakistán, donde el acceso es difícil. Suelen ser grupos de dos, cinco o quince tumbas. Las más antiguas están cubiertas por la maleza o el musgo. No tienen ni lápida, ni marca, ni nada que identifique quién yace allí. Son cuerpos sin vida en tumbas sin nombre.
Los entierros masivos datan de los 90, los años más violentos, cuando una insurgencia local, armada y avivada por Pakistán, se alzó contra el gobierno indio para reivindicar la independencia de Cachemira, región reclamada por los dos países desde 1947. El conflicto perdura y hoy es una de las zonas más militarizadas del mundo, pero en aquella década se dispararon las denuncias de secuestros, torturas, violaciones y asesinatos extrajudiciales a manos de los militares y policías indios. Las cifras no oficiales sitúan en 70.000 los muertos en los últimos 30 años.
Entrado ya el nuevo siglo llegaron los primeros hallazgos de un secreto a voces que recorría toda la región. Las tumbas salieron a flote. Aunque el Gobierno indio siempre ha mantenido que los muertos de las fosas son insurgentes paquistaníes, el primer reconocimiento oficial no se produjo hasta 2011, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos admitió que había fosas con unos 2.100 cuerpos sin identificar y que otros 500 resultaron ser civiles cachemires que se daban por desaparecidos. Tras ese resultado, se frenó la exhumación de cadáveres.
Secuestrados, ejecutados y enterrados
"El Gobierno sabe que hay miles de tumbas pero no quieren exhumarlas ni hacer pruebas de ADN porque dicen que habría problemas de orden público si se identificaran los cadáveres", asegura Khurram Parvez, de la Coalición de la Sociedad Civil de Jammu y Cachemira (JKCCS), que se pregunta: "¿Cómo va a pasar eso si los cuerpos supuestamente son de insurgentes paquistaníes?". La JKCCS lidera la búsqueda de fosas en Cachemira y apila centenares de denuncias y testimonios, cada cual más macabro. "Nosotros sólo queremos saber quién está vivo y quién está muerto, pero creemos que el Gobierno quiere ocultar algo. Estamos seguros de que muchos desaparecidos fueron secuestrados, ejecutados y enterrados por las fuerzas indias".
Se cree que en Cachemira entre 8.000 y 10.000 personas han sido desaparecidas a la fuerza desde que estalló la insurgencia. El Gobierno rebaja la cifra a menos de la mitad. No se sabe si yacen en tumbas ocultas, si huyeron a Pakistán, si continúan detenidos o si algún día volverán a casa. Muchos familiares se abrazan a una esperanza que se va limando con el paso del tiempo. La ONU dice que los cachemires tienen "derecho a saber la verdad".
La historia de Parveena Ahangar comienza un 18 de agosto de 1990, el último día que vio a su hijo. Esa noche, varios hombres llegan a la casa familiar en la que el chico se encuentra estudiando. "¡Javaid! ¡Javaid! ¡Javaid!", gritan desde la puerta. Cuando Javaid lo oye, suelta los libros y, atemorizado, salta por la ventana. Cae al suelo y le levantan los agentes, que le detienen y se lo llevan a comisaría. Nadie le volverá a ver con vida. "Mi hijo sólo tenía 16 años, así que pensé que sería un malentendido, que le interrogarían y le dejarían libre", recuerda la mujer, que se pasó años buscándole en hospitales, en cuarteles, en cárceles. Las autoridades acabaron reconociendo que su hijo era inocente, que se trató de un error de identidad porque un insurgente se llamaba igual. "Intentaron comprar mi silencio, me ofrecieron un millón de rupias (13.500 euros) y un trabajo, pero me negué a aceptarlo, el dinero no puede comprar la vida de mi hijo".
En 1994, cuando preparaba su caso para llevarlo ante la Justicia, Parveena vio que muchas familias se encontraban en situación similar y decidió fundar la Asociación de Padres de Personas Desaparecidas (APDP), formada por madres que no saben dónde están sus hijos, por mujeres que no saben dónde están sus maridos.
'Viudas a medias'
"La mayoría de mujeres no se ha vuelto a casar porque siguen esperando su regreso o porque desconocen que pueden volver a casarse pasado un tiempo", afirma Omaid Nazir, coordinador de APDP, que cuenta que las propiedades, a nombre de los maridos, también suelen ocasionar problemas. Una persona se da por muerta de forma legal siete años después de que se haya denunciado su desaparición. Es entonces cuando se puede solicitar una pequeña compensación, pero en APDP señalan que es un proceso largo, tedioso, y que las familias suelen abandonar la causa. "Los peores años son los cinco primeros, cuando todo son incertidumbres. Luego, sobre todo pasados los diez, se afronta la situación, pero aun así muchos todavía esperan a que sus seres queridos vuelvan", explica Nazir.
Safiya Azad es una 'half widow' (viuda a medias). Su marido Himayoon fue detenido por las fuerzas de seguridad en 1993, pocos meses después de que naciese su bebé. No le ha vuelto a ver. Desde entonces, en cada cumpleaños, Safiya fotografía a su hijo y guarda el retrato. Quiere que su esposo, cuando salga de la cárcel en la que ella cree que está, vea cómo su hijo ha ido creciendo todo este tiempo. "Un día sonará la puerta y será él. Le esperaré hasta mi último aliento".
Parveena también confía en volver a ver con vida a su hijo. "No sé si le habrán tratado bien las tropas indias", dice en un tono nada ilusionado. Durante la conversación, la mujer no levanta mucho la voz, es sosegada y lenta, pero se acelera y se le iluminan los ojos cuando piensa en los tres hombres responsables de su detención. Les conoce, sabe sus nombres. Los capitanes Katoch y Dhanush y el mayor Gupta. Cuando piensa qué haría con ellos, levanta los brazos y estrangula un cuello imaginario. "Ha pasado tanto tiempo que ya no les diría nada, les mataría". No han pagado por lo que hicieron.
Inmunidad militar
Las fuerzas de seguridad indias están protegidas por la AFSPA, una polémica ley que les otorga generosas facultades ante la sospecha de acciones terroristas y que les evita el paso por tribunales civiles. "No hay un proceso legal normal. La justicia falla porque el Sistema defiende a los autores de los crímenes: eso se llama terrorismo de Estado", afirma Qadeer, de Voice of Victims. Organismos como HRW o Amnistía Internacional han denunciado también las detenciones arbitrarias que se llevan a cabo bajo la Ley de Seguridad Pública. "En 28 años no ha habido ni una condena al personal militar por violar los derechos humanos, las autoridades cuentan con una impunidad absoluta", asegura el activista Parvez.
Más allá de la inmunidad militar, existe otro temor entre las víctimas de este conflicto y es el miedo al olvido. Para luchar contra la desmemoria, en APDP han creado un calendario: cada mes es una persona desaparecida. Enero es Shabir Ahmad Gasi, un vendedor de frutas que desapareció en 2000 cuando varios militares se lo llevaron de su hogar. Febrero es Nazir Ahmad Deka, desaparecido en 2006 en Srinagar. Una investigación al año siguiente revelaría que había muerto a manos de las militares. Marzo es Mansoor Wani, abril es Ghulam Mohi-ud-din Dar... no hay meses suficientes en los últimos 30 años para los miles de desaparecidos de Cachemira. En APDP persisten: "No permitiremos que el Estado borre su memoria. Es nuestra responsabilidad no olvidarles".
http://www.elmundo.es/internacional/2017/07/03/5958c72ee2704eb57c8b4589.html
