Greenpeace denunció el plan nuclear del Gobierno
La ONG cuestionó las intenciones del gobierno de continuar con la construcción de la planta nuclear iniciada por la dictadura.
Terminar Atucha II siginifica, según Greenpeace, "asumir un temerario riesgo tecnológico al no contar siquiera con los proveedores originales".
El anuncio de una posible “cooperación nuclear” entre Brasil y la Argentina, realizado hoy durante la reunión de mandatarios en la Cancillería, trajo consigo las primeras reacciones.
La cooperación de la que hablaron los jefes de Estado incluye la transferencia de tecnología en materia de uranio enriquecido y apoyos mutuos para la construcción de plantas atómicas. Lo que implica, a su vez, que vuelva a sobrevolar la posibilidad de terminar la construcción de la planta Atucha II, iniciada por la última dictadura militar y reflotada (al menos en intenciones) por cada uno de los gobiernos que le siguieron.
Son, en efecto, las intenciones que aparecen nuevamente hoy en el gobierno de Cristina Fernández. “Lo nuclear, lamentablemente, sigue generando una dosis de fascinación en la dirigencia política que permite adoptar las decisiones más disparatadas en términos económicos, energéticos y ambientales”, denunció Juan Carlos Villalonga, director Político de Greenpeace Argentina.
Ya cuando Néstor Kirchner presentó a comienzos de 2004 su plan energético, Greenpeace señaló que debía "tenerse en cuenta que la decisión de construir Atucha II fue adoptada dentro de otro marco político, notablemente diferente del contexto energético y tecnológico a más de dos décadas de diferencia”, agregó Villalonga.
Según Villalonga, “los gastos de Atucha II formaron parte de una serie de desmesuras cometidas dentro del denominado Plan Nuclear Argentino durante la dictadura militar. Concluir el proyecto significa aumentar ese desatino y asumir un temerario riesgo tecnológico al no contar siquiera con los proveedores originales”. Y agregó que “ terminar Atucha II sale por lo menos unas 20 veces más que cerrar el proyecto”.
“Atucha II es un proyecto equivocado, de alto riesgo, caro, tecnológicamente obsoleto, un pesado legado de la dictadura militar. Querer reflotar este proyecto a raíz de la crisis energética es un error, hay modos mucho más eficaces de encarar la crisis y de invertir el dinero del Estado”, concluyó Villalonga.