NO ME CIERRAN LOS NUMEROS.
TRAFICO DE ARMAS: SUBMARINOS ARGENTINOS A POLONIA
Un ex ministro de Defensa busca despegarse de Al Kassar
Humberto Romero dice que nunca estuvo con el traficante
Y niega haber firmado la autorización para que aquél vendiera los sumergibles
La operación no se concretó, porque el sirio fue encarcelado en España
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LUIS GARASIN
El ex ministro de Defensa Humberto Romero afirmó ayer a Clarín que nunca recibí al señor Monzer Al Kassar, y negó tener conocimiento de una supuesta autorización -con su firma- para la venta de siete submarinos a Polonia, presentada por los abogados del traficante sirio.No hay constancia -añadió Romero- de que este señor haya cumplido con los requisitos establecidos en el decreto del 29 de junio de 1990, que fijaba las pautas para ofrecer armas argentinas en el exterior.Romero, que estuvo al frente de la cartera de Defensa entre enero de 1990 y enero de 1991, fue mencionado por Al Kassar en una entrevista que Clarín publicó el último domingo, como el funcionario que autorizó la venta de los sumergibles, así como la transacción de una partida de Tanques Argentinos Medianos (TAM).El sirio dijo que la operación no se pudo concretar porque él fue detenido en España en 1992 por orden del juez Baltasar Garzón, en relación con hechos de terrorismo internacional, por los cuales fue sobreseído dos años después.El ex ministro explicó ayer que durante su gestión se promulgó un decreto con los requisitos que debían cumplir las personas físicas o jurídicas que se interesaran en la venta de armas y equipos en el exterior, que debían figurar en un registro.Los poderes o autorizaciones para ventas o contrataciones en el extranjero por parte de organismos o empresas dependientes de Defensa deberán contar con la aprobación expresa del suscripto, dice el artículo 1 del decreto.Asimismo, el texto agrega que las empresas o personas autorizadas debían suministrar una serie de informes precisos sobre sus antecedentes, la empresa que las autorizaba, la cantidad de operaciones, los países donde operarían y el tiempo de vigencia, entre otras exigencias.El ex ministro aseguró que el decreto se cumplió durante mi gestión, pero evitó pronunciarse sobre lo que pudo haber ocurrido en las gestiones posteriores de ese ministerio.Yo no tengo más que decir -afirmó Romero-. Que se busque en los registros. Y añadió: Desconozco haber firmado ese documento presentado en España, que, por otra parte, no tiene fecha.Esa supuesta autorización para la venta de siete submarinos había sido presentada por los abogados de Al Kassar como prueba de que su representado había ejercido una actividad lícita en la Argentina, con conocimiento del gobierno nacional.El documento, con membrete del Ministerio de Defensa, pero sin fecha, tiene una firma que se atribuye a Romero y ofrece al sirio en firme lo siguiente:Tres (3) submarinos TR-1700 (en construcción) de 2.200 toneladas. Precio unitario (terminados), 210 millones de dólares.Dos (2) submarinos TR-1700 (en servicio) de 2.200 toneladas. Precio unitario, 180 millones.Dos submarinos 209 (en reparaciones) de 1.100 toneladas. Precio unitario (terminados), US$ 60 millones.Con posterioridad, Al Kassar solicitó el envío de explicaciones técnicas sobre los sumergibles TR-1700, supuestamente destinadas al gobierno de Polonia, que figuraba como presunto comprador. El fax de respuesta fue agregado a la causa judicial de extradición solicitada por el Gobierno argentino.Es difícil creer que el país interesado por esa compra fuese Polonia, porque no tiene una flota que justifique la adquisición de ese tipo de buques. Además, en 1990 -cuando se supone iba a realizarse la negociación- ese país no estaba en saludable situación económica como para dedicar 1.110 millones de dólares a la compra de este tipo de armamento.Por eso se cree que Al Kassar tenía como clientes a Taiwán y a Irak, en una típica operación de triangulación para evadir embargos o complicaciones políticas de orden internacional. Por otra parte, la táctica de la defensa del traficante sirio trataba de poner de manifiesto que éste, también procesado por haber obtenido un pasaporte argentino mediante un trámite excepcionalmente rápido y sospechado de irregularidades, tenía relación con el Gobierno de Buenos Aires. Y que la prosecución de la causa iba a originar una situación difícil para las relaciones con España.El tema de esos documentos agregados al expediente fue motivo de preguntas por parte del periodismo al presidente Carlos Menem, en una conferencia de prensa con Felipe González durante una de sus visitas a España. Menem respondió que era la primera versión que tengo sobre este tema.Ante la insistencia de la prensa, Menem afirmó que no tenía conocimiento de la cuestión a no ser que se haya hecho en forma individual, sin comunicar a las autoridades, es decir al Poder Ejecutivo.
